Encuesta de necesidades legales (AR0083)

• Encuesta de necesidades legales (Agosto de 1, 2020)

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
En el mundo hay alrededor de 1.500 millones de personas que sufren la falta de acceso a la justicia. Según el último "Diagnóstico sobre necesidades legales no satisfechas y niveles de acceso a la justicia", publicado por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y basado en la primera Encuesta de necesidades legales no satisfechas (ULN) realizada en un A escala federal, en Argentina, en 2016, se estimó que 2 de cada 10 personas caían en la categoría de ULN. Esto significa que habían sufrido un problema legal que no podían resolver por sí mismos, y al mismo tiempo estaban insatisfechos con la asistencia recibida o con el resultado obtenido del proceso legal. El mismo estudio señaló la persistencia de barreras, tanto objetivas como subjetivas, que dificultan el acceso a la justicia en nuestro país, y también señaló que las necesidades legales tienden a concentrarse: la insatisfacción o la falta de respuesta a una necesidad legal puede desencadenar la aparición de otras, simultáneo o consecutivo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sostiene 92 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país que, desde 2017, han ayudado a 535.187 personas a satisfacer sus necesidades legales en 903.089 casos. Esta red cuenta con más de 250 puntos de acceso a representación legal gratuita, mostrando así una presencia federal y descentralizada que prevé garantizar el acceso a la justicia en todo el país, con énfasis en ayudar a las personas en condiciones vulnerables. En 2019, al menos 70 organizaciones de la sociedad civil (OSC) -muchas de las cuales trabajan de manera constante con estos grupos vulnerables-, reunidas en torno al Acuerdo de Acceso a la Justicia, contribuyeron al debate presentando una lista de 120 propuestas que buscan mejorar los niveles de acceso a la justicia de esta población. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considera su punto de vista de especial interés, ya que representa un aporte potencialmente valioso para el desarrollo y monitoreo de políticas públicas implementadas en este campo. Este compromiso busca abordar el problema de la falta de acceso a la justicia en nuestro país mediante la construcción de un servicio de justicia más eficiente y transparente que pueda ayudar a lograr mayores niveles de satisfacción de las necesidades legales de las personas a través de un diseño colaborativo entre el Estado y la sociedad civil.

¿Cuál es el compromiso?
El compromiso consiste en recopilar sistemáticamente evidencia sobre las necesidades legales de las personas en nuestro país mediante la realización de la segunda y tercera encuesta sobre ULN, y la publicación de sus resultados en formatos abiertos. Esta evidencia servirá como insumo para el diseño participativo de nuevos mecanismos de acceso a la justicia, en el contexto de una mesa redonda de diálogo entre las instituciones del sistema de justicia y la sociedad civil. Asimismo, se fortalecerá y reajustará el sistema de atención virtual que facilita el acceso a la información sobre los servicios y derechos de la justicia.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?
Una política de acceso a la justicia con un enfoque "centrado en las personas" implica poner las necesidades, demandas y experiencias de las personas en el centro de la evidencia utilizada para el proceso de toma de decisiones. La apertura de los datos recopilados a través de las encuestas ULN puede, en combinación con los datos administrativos producidos por las instituciones del sector judicial, generar un fuerte impacto al servir como materia prima para el diseño colaborativo y el monitoreo de políticas públicas basadas en evidencia. Este compromiso tiene un fuerte potencial de impacto, ya que puede contribuir a acelerar la reducción de la brecha de justicia (entendida como la proporción de personas cuyas necesidades legales no están satisfechas) en nuestro país.

¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP?
El compromiso es relevante para la participación ciudadana, ya que establece una instancia participativa y de co-creación con las OSC para discutir el diseño e implementación de la tercera encuesta ULN, y, en base a los resultados de este instrumento, discute políticas y mecanismos tanto para el seguimiento como para el seguimiento. para promover el acceso a la justicia, entre otros temas. También implica transparencia, porque la información de las bases de datos de encuestas ULN se publicará en formatos abiertos en el portal de datos del Ministerio. Además, este compromiso conlleva responsabilidad dado que prevé instancias de monitoreo social de los Centros de Acceso a la Justicia.

Información Adicional
Este compromiso se implementará a través de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia. La Fuerza de Tarea sobre Justicia estimó la cifra de 1.5 millones de personas con necesidades legales insatisfechas dentro de la iniciativa Conquistadores para sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Más información sobre https://www.justice.sdg16.plus/

El "Diagnóstico sobre necesidades legales no satisfechas y niveles de acceso a la justicia" publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2017 está disponible en:
http://www.jus.gob.ar/media/3234696/diagnosticoinformefinaldic2016.pdf

Más información sobre el Acuerdo de Acceso a la Justicia en https://porelaccesoalajusticia.org/

5. Acceso a la justicia

El compromiso consiste en la recolección sistemática de evidencia sobre las necesidades jurídicas de las personas en nuestro a través de la realización de la segunda y tercera Encuestas de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y su posterior apertura a la sociedad. Para ello, se producirán y publicarán en formatos abiertos sus resultados. Esta evidencia servirá como insumo para un diseño participativo de nuevos mecanismos de acceso a la justicia, en el contexto de una nueva mesa de diálogo entre instituciones del sistema de justicia y la sociedad civil. Asimismo, se fortalecerá y readecuará el sistema de atención virtual que facilite el acceso a la información de servicios de justicia y en derechos.

Objetivo principal

Ayudar a acelerar la reducción de la brecha de justicia (entendida como la proporción de personas necesidades jurídicas se encuentran insatisfechas) en nuestro país.

Hitos

5.1 Difusión de segunda y realización de tercera encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas; y publicación de datos de la primera encuesta en formatos abiertos en el portal datos.jus.gob.ar

5.2 Ampliación y actualización semestral de las bases de datos del sistema informático de los Centros de Acceso a Justicia (SICAJ) y realización de actividades de difusión para promover el uso de la información.

5.3 Implementación y readecuación del sistema de atención virtual que facilita el acceso a la información de servicios de justicia y en derechos.

5.4 Realización con frecuencia cuatrimestral de una Mesa de Acceso a la Justicia -representantes de las OSC, instituciones del sistema de justicia, universidades- para discutir el diseño e implementación de la tercera encuesta de NJI, debatir las políticas a partir de los resultados de las encuestas, acordar estrategias de fusión de derechos y de articulación interinstitucional, analizar propuestas de nuevos instrumentos de acceso a la justicia y monitoreo de los existentes y discutir protocolos de atención virtual y derivaciones.

5.5 Apertura y promoción de espacios para el monitoreo social de los Centros de Acceso a la Justicia con frecuencia semestral

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Analisis del compromiso

El compromiso parte de un diagnóstico que establece las dimensiones del déficit de acceso a la justicia en Argentina: según el más reciente estudio publicado por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizado en base a la primera encuesta nacional de necesidades jurídicas insatisfechas, en 2016 alrededor de dos de cada 10 personas tenían necesidades jurídicas insatisfechas (NJI), es decir, hay un problema jurídico que no puede resolver por sí mismo, encontraron dificultades para asesorarse o no estaban conformes con el asesoramiento recibido o con el resultado del proceso judicial [ 22 ].

En ese marco, el compromiso se planteó el objetivo de contribuir a cerrar la brecha de acceso a la justicia, reduciendo la proporción de personas con NJI. En dirección de ese objetivo, se propuso recolectar evidencia empírica sobre dicha brecha la realización de la segunda encuesta de NJI y el diseño y la implementación (con participación de la sociedad civil) de la tercera, publicando sus resultados en formatos abiertos, con la expectativa de que su diseminación oriente la formulación de políticas públicas basadas en evidencia; la ampliación y actualización periódica de las bases de datos de los Centros de Acceso a la Justicia (actualmente 92, con 250 puntos de acceso en todo el país) y la creación de espacios para el monitoreo social de estos órganos; y la readecuación del sistema de atención virtual existente. Dado que todos sus hitos consiste en actividades observables y se operacionalizan en entregables tangibles, el compromiso es verificable.

El compromiso es relevante tanto para el valor del acceso a la información - puesto que busca poner a disposición del público información de valor para la toma de decisiones - como para el principio de la participación ciudadana, dado que busca integrar a la sociedad civil organizada en una Mesa de Acceso a la Justicia con funciones de diseño, recolección de información y monitoreo de políticas para el área, ya la ciudadanía en general en la promoción y el monitoreo del funcionamiento de los Centros de Acceso a la Justicia.

La inclusión del compromiso en el plan se justifica por el hecho de que se ubica en la intersección entre un tema de la agenda histórica de las OSC que más intensamente participa en los procesos de gobierno abierto, y una preocupación del gobierno que ha redundado en recientes innovaciones de política pública, tales como las encuestas de NJI y el establecimiento de los Centros de Acceso a la Justicia. En interés de la sociedad civil en el tema se vio reflejado en el Acuerdo por el Acceso a la Justicia, una agenda de120 propuestas de reforma lanzada en diciembre de 2018, con la adhesión de 70 OSC [ 23 ].

El compromiso fue valorado positivamente por los actores consultados, tanto por el hecho de que se centra en la búsqueda de soluciones para un problema acuciante, que tiene efectos negativos sobre las vidas de cientos de miles de personas, como por el hecho de que recoge una preocupación preexistente de la sociedad civil. Sin embargo, algunas fuentes de sociedad civil señalaron que la ambición del compromiso se vio menoscabada por el hecho de que eventualmente solo fueron integradas las propuestas que corresponden a “lo que podría generar o articular los organismos que estaban presentes” en la mesa de cocreación, lo cual imp que no se comprometiera al Estado “de manera integral” a generar toda la información que hoy no está disponible [ 24 ]. El gobierno, por su parte, aseguró que “se comprometió lo potencialmente viable en un contexto de transición por parte de las autoridades presentes y hasta los responsables de la agenda” [ 25 ].

En todo caso, es posible que la magnitud de los cambios que resulten de la implementación del compromiso dependiente en gran medida de la conformación, dinámica de trabajo y margen de acción que se conceda a la Mesa de Acceso a la Justicia, la instancia participativa que integrará a representantes de sociedad civil, instituciones de justicia y universidades, y de las decisiones que se adopten e implementen desde dicha instancia. Si los resultados de la encuesta son utilizados para comprender mejor las razones por las cuales determinados grupos de población fuerte padecen un déficit de acceso a la justicia e implementar medidas que ataquen directamente esas causas, es posible que el compromiso tenga un impacto positivo. No obstante, puesto que no es posible antes de una ciencia cierta la dinámica que adoptará la Mesa de Acceso a la Justicia, en función exclusivamente del texto del compromiso se asigna a éste un impacto potencial moderado.

Compromiso 5. Acceso a la justicia

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierta? Sí

● Potencial para obtener resultados: moderado

● Cumplimiento: completo

● ¿Abrió el Gobierno? sin resultados iniciales que reportar

El compromiso fue implementado en su versión reformulada para el período 2019-2022, que experimentó cambios importantes en relación con su versión original, la cual estaba centrada en la realización de una nueva edición de la encuesta nacional de necesidades jurídicas insatisfechas, la ampliación y actualización. periódica de las bases de datos de los Centros de Acceso a la Justicia y la creación de espacios para el monitoreo social de estos órganos, y la readecuación del sistema de atención virtual existente.

La versión reformulada del compromiso, en cambio, se centró en el desarrollo colaborativo de una guía de buenas prácticas para la derivación entre instituciones, la creación de observatorios locales con perspectiva de género, la realización de operativos territoriales, la provisión de capacitación y la producción. de diagnósticos en materia de derechos vulnerados. Cabe señalar que buena parte de los elementos que justificaron la clasificación del compromiso original como relevante para los valores del acceso a la información y la participación ciudadana no estuvieron presentes en el compromiso efectivamente implementado.

El compromiso fue implementado en su totalidad: se realizaron reuniones de frecuencia cuatrimestral con instituciones nacionales y locales, aunque con escasa si es que alguna participación de la sociedad civil, de las que surgió un borrador de manual de buenas prácticas para la derivación entre instituciones. [ 10 ]. Se crearon siete observatorios regionales, se avanzó en la realización de diagnósticos, se realizó una serie de operativos territoriales locales y se brindó capacitación con perspectiva de género a operadores de justicia y agentes de los Centros de Acceso a la Justicia en diversas temáticas, tales como niñez y adolescencia, discapacidad, derechos sexuales y reproductivos y violencia institucional.

Más allá de la utilidad que la implementación del compromiso pudiera tener en términos del mejoramiento de la gestión en materia de acceso a la justicia, es difícil detectar efectos en materia de apertura gubernamental, es decir, en la creación de oportunidades o mecanismos de participación ciudadana. , acceso a la información o rendición de cuentas.