Información pública sobre la trata de personas (AR0084)

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
Los servicios de justicia destinados a las víctimas de la trata de personas se encuentran en un proceso de fortalecimiento permanente. Un servicio correcto y efectivo hacia la población objetivo requiere mejorar las estrategias de articulación institucional y lograr sistemas de información abiertos. La fragmentación institucional existente junto con la multiplicidad de servicios involucrados y la dimensión territorial del país dificultan abordar este problema de manera integral y plantean desafíos de coordinación y articulación entre los diferentes actores. La ausencia de un sistema de información con datos oficiales sobre trata dificulta, por un lado, la realización de diagnósticos situacionales para la formulación de políticas públicas. Por otro lado, es una barrera para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) influir en las decisiones tomadas por el Estado sobre este tema y ejercer el control ciudadano.

¿Cuál es el compromiso?
La propuesta es garantizar el acceso a la información pública sobre la trata de personas para garantizar un enfoque innovador y abierto al sistema de justicia. Este compromiso se basará en (1) la apertura de datos estadísticos, (2) la apertura de información sobre las políticas implementadas en los procesos de asistencia y apoyo a las víctimas de la trata de personas por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y (3) El desarrollo de áreas de diálogo y articulación con la sociedad civil y otros actores institucionales que aborden este tema.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?
La publicación de las bases de datos del Programa Nacional para el Rescate y Acompañamiento de Víctimas Condenados por el Delito de Trata de Personas (PNR) y la información proporcionada por el Consejo Federal de Trata y las OSC permitirán tener clave datos para la realización de diagnósticos situacionales y la formulación de políticas públicas especialmente diseñadas para abordar este problema. Asimismo, será una herramienta fundamental para todas las organizaciones de la sociedad civil, distribuidas en todo el territorio nacional, ya que contarán con instrumentos de consulta y, a su vez, podrán ser actores activos para la colaboración y la información. El desarrollo de reuniones de trabajo y colaboración inter e intrainstitucionales promoverá la articulación entre las partes interesadas responsables de las políticas de trata y las organizaciones de la sociedad civil involucradas para lograr un enfoque integral del problema.

¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP?
El compromiso es principalmente relevante para la transparencia, ya que sistematizará y publicará información PNR en formatos abiertos que actualmente no está disponible. El acceso a información sobre dispositivos de asistencia y datos estadísticos oficiales sobre este problema facilitará el conocimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil para monitorear las acciones del PNR y colaborar proporcionando nueva información.

Información Adicional
El compromiso está vinculado a los ODS 5, 10 y 16.

6. Trata de personas

Este compromiso se basará en (1) la apertura de datos estadísticos, (2) la apertura de información sobre las políticas implementadas en los procesos de atención y acompañamiento a víctimas de trata de personas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y (3) el desarrollo de un entorno de diálogo y articulación con la sociedad civil y otros actores institucionales que abordan la temática.

Objetivo principal

Garantizar el acceso a la información pública sobre trata de personas que asegure un enfoque de innovación y apertura del sistema de justicia.

Hitos

6.1 Publicación de bases de datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas (PNR) en formatos abiertos en el Portal datos.jus.gob.ar

6.1.1 Análisis, sistematización y publicación de estadísticas sobre:

• Víctimas rescatadas (segmentadas por sexo, edad, nacionalidad, tipo de explotación, comunidad indígena)
• asistencias brindadas
• Denuncias a la linea 145
• Casos judicializados
• Capacitaciones realizadas

6.1.2 Publicación de Convenios nacionales e internacionales suscritos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

6.2. Realización de reuniones semestrales de trabajo con actores institucionales y OSC vinculados a la temática de la trata de personas sobre procesos de restitución de derechos para afianzar la articulación institucional y el diálogo con la sociedad civil.

6.3. Sistematización de los recursos existentes para brindar asistencia a las víctimas de trata de personas (con sus datos de contacto y ubicación geográfica) en un sitio web que contempla una actualización semestral.

6.4. Realización de al menos dos (2) capacitaciones a las áreas que trabajan temas de trata para sumar datos a la Plataforma (temáticas: trata de personas, el uso de la plataforma, Ley de Derechos y Garantías de Víctimas de Delito, entre otras).

6.5. Apertura de datos sobre los procesos de asistencia directa a víctimas conforme al artículo 11 de la Ley 27508.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Analisis del compromiso

Este compromiso persigue el objetivo de garantizar el acceso a la información pública e implementar mecanismos de acción en relación con la trata de personas, un tema relevante de la agenda de derechos a nivel nacional. El camino escogido para ello es, por un lado, la apertura de datos estadísticos y de información sobre las políticas implementadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de atención y acompañamiento a víctimas de trata de personas; y, por el otro, el desarrollo de espacios de diálogo y coordinación con la sociedad civil y otros actores institucionales interesados. Según el planteo del compromiso, la ausencia de un sistema de información con datos oficiales sobre trata dificulta al Estado el diagnóstico de la situación y la formulación de políticas públicas, ya la sociedad civil la labor de incidencia y monitoreo.

El compromiso es verificable porque sus hitos suponen la realización de actividades y la producción de entregables observables: la publicación de las bases de datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, de los datos disponibles sobre los procesos de asistencia directa a víctimas y de los convenios internacionales sobre el tema suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la publicación de recursos útiles para las víctimas en una plataforma en línea; la administración de capacitaciones internas; y la realización de reuniones semestrales con actores institucionales y OSC que trabajan en el tema. El compromiso se destaca por el nivel de detalle en relación con actividades y entregables, lo cual facilitará la tarea de monitorear su cumplimiento.

El compromiso es relevante ante todo al valor del acceso a la información, ya que se centra en la sistematización y publicación de información que actualmente no se encuentra disponible. Además, tiene un componente secundario de participación, en la medida en que uno de sus hitos consiste en la realización de reuniones semestrales de trabajo con OSC sobre procesos de restitución de derechos. Un detalle no menor que no está especificado en el texto es si dichas reuniones serán de carácter informativo, consultivo o decisorio.

La inclusión del compromiso en el plan de acción obedeció a la intención de incluir temas infrecuentes en la agenda de gobierno abierto, relevantes para la agenda de derechos, importantes para organizaciones de base con presencia en el territorio, y ausentes de los planes de acción anteriores . En ese sentido, la representante de una OSC en la Mesa Nacional resaltó que, por su temática, este fue uno de los compromisos más innovadores del plan, ya que vinculó dos agendas que no solían dialogar: la agenda de gobierno abierto, más institucionalista, y la agenda temática de las organizaciones de base con vínculos directos con las víctimas y sus familiares [ 26 ].

En efecto, en el proceso de cocreación del compromiso intervinieron numerosos OSC, desde las participantes usuales, enfocadas en temas institucionales y de gobernanza democrática, hasta organizaciones especializadas en la lucha contra la trata y la asistencia a las víctimas, pasando por organizaciones feministas, de mujeres, y centradas en la problemática más amplia de la inequidad de género. En este caso, según varias fuentes de sociedad civil consultadas, la debilidad de participación se aplica no del lado de sociedad civil sino del gobierno. Tal como lo subrayó la citada integrante de la Mesa Nacional, hay muchas áreas del Estado involucradas en la temática, pero solo algunas de ellas estaban sentadas a la mesa para elaborar el compromiso [ 27 ]. Según la representante de otra OSC participante, Mujeres en Igualdad, la propuesta de esta organización de incorporar a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal, fue desestimada. La propuesta se fundaba en el hecho de que la trata es un delito federal y en la convicción de que "lo importante es prevenir antes de llegar al rescate de víctimas" [ 28 ].

Por efecto de estas ausencias la ambición del compromiso se resintió, ya que no todas las bases de datos cuya apertura fue solicitada por la sociedad civil podrán ser incluidas [ 29 ]. Asimismo, Mujeres en Igualdad aspiraba a que el compromiso incluyera un componente educativo acoplado a la cabal implementación de la ley de educación sexual integral (ESI) en todos los distritos, elemento que tampoco fue incluido en el compromiso. Según consignado la DGA, este elemento estaba siendo discutido en paralelo en vistas de otro compromiso que habría de ser asumido por el Ministerio de Educación, y que finalmente no prosperó. Como tampoco pudo ser integrado en este compromiso, el componente ESI quedó fuera del plan de acción. [ 30 ].

Con todo, gobierno y sociedad civil coinciden en admitir que la línea de base es baja: actualmente, ni el gobierno cuenta con toda la información necesaria para diagnosticar correctamente la situación y orientar sus políticas, ni la sociedad civil cuenta con la que necesita para sentar posición, incidir sobre dichas políticas y monitorearlas. En consecuencia, aún con las limitaciones de alcance ya apuntadas, es de esperar que, de ser implementado en su totalidad, el compromiso tenga un impacto moderado, ya que sistematizará y publicará parte de la información hoy no disponible, y creará espacios para que la sociedad civil y el gobierno pueden trabajar juntos para profundizar los cambios.

Compromiso 6. Trata de personas

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierta? Sí

● Potencial para obtener resultados: moderado

• Cumplimientoesencialmente
• ¿Abrió el Gobierno?marginalmente

El compromiso se implementó en forma sustancial. El organismo a cargo produjo una sistematización de datos sobre víctimas rescatadas, segmentados según las variables previstas, los cuales fueron incorporados al Portal de Justicia Abierta. [ 11 ]. El compromiso reportó pasos conducentes a la firma de convenios, aunque no fue posible encontrar el sitio donde están publicados los convenios suscriptos a la fecha. Se realizaron las reuniones previstas en el marco de los encuentros anuales del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; Sin embargo, no parece haber tratado de reuniones periódicas de trabajo con actores de la sociedad civil, ni existe constancia de sus resultados.

Asimismo, el organismo dispuso un espacio [ 12 ] en el sitio de la Jefatura de Gabinete de Ministros en Argentina.gob.ar para presentar los recursos disponibles: línea de denuncias, estadísticas (con el último informe mensual disponible, pero sin acceso a la serie histórica), archivo con puntos focales de asistencia a nivel provincial, y archivos con la normativa del fondo de asistencia directa a víctimas. Se realizaron las capacitaciones comprometidas y, si bien se puso en marcha la conformación del fondo fiduciario de asistencia a víctimas, no se concretó el último hito de apertura de datos, que habría de materializarse en un sitio web de consulta pública –y de utilidad práctica. para el usuario final– sobre mecanismos y fondos de asistencia.

La participación de la sociedad civil en la implementación y el seguimiento del compromiso fue muy limitada, posiblemente porque no tuvo la ambición que la sociedad civil había impulsado en el proceso de cocreación. Los efectos de su implementación sobre el acceso a la información se estiman como marginales porque no representó una diferencia significativa en relación con la información disponible con anterioridad.