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Argentina

Iniciativa de transparencia activa (AR0089)

Visión General

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Argentina 2019-2022

Ciclo del plan de acción: 2019

Estado: Activo

Instituciones

Institución principal: Agencia de acceso a la información pública

Instituciones de apoyo: ACIJ, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo

Áreas de política

Acceso a la información, Gobierno Electrónico, Participación pública, Derecho de información

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de Argentina 2019-2021

Estelares: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, participación cívica

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Descripción del producto

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
Desde 2017, la Ley FOIA se ha implementado en Argentina. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es la institución responsable de supervisar la aplicación de la ley. La Ley contempla un capítulo sobre Transparencia activa, y su artículo 32 establece la información que las instituciones incluidas en la ley deben publicar de acuerdo con su especificidad (por ejemplo, escalas salariales, estructura organizativa funcional, contratos públicos, obras, licitaciones, promociones, adquisición de bienes y servicios, entre otros). Además, establece que la información debe ser completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos. Entre sus competencias, la AAIP debe publicar estadísticas que permitan conocer el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Durante 2018 y 2019, la Agencia implementó una metodología piloto que permitió la creación de una primera junta de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los ministerios y secretarías con rango ministerial del Ejecutivo (solo cubriendo organizaciones centralizadas). Como resultado, podríamos observar que el cumplimiento de estas obligaciones es desigual. Al mismo tiempo, desde la implementación de la Ley hasta el primer semestre de 2019, el Ejecutivo recibió más de 7,000 solicitudes para acceder a información pública. El volumen de estos pedidos se duplicó año tras año y su tasa de crecimiento se ha mantenido estable. A este respecto, la Agencia entiende que una parte importante de estas solicitudes podría ser rechazada si se cumplieran las obligaciones de transparencia activa, reduciendo así la carga administrativa del Estado.

¿Cuál es el compromiso?
Este compromiso tiene como objetivo diseñar en colaboración con la sociedad civil una metodología para medir y monitorear el cumplimiento del artículo 32 (transparencia activa) de la Ley FOIA por parte de los sujetos obligados. El resultado será un índice de transparencia activa, que se publicará en una pizarra interactiva y será accesible al público en general. La metodología se presentará a los sujetos obligados, antes de su implementación. En 2020 comenzará a implementarse en la institución centralizada (ministerios y secretarías con rango ministerial) del poder ejecutivo y una selección de otros sujetos obligados cuya selección se acuerda con la sociedad civil. Para alentar el cumplimiento de la norma y poner a disposición del público la información, se desarrollará un tablero interactivo para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, que incluirá mecanismos para que el usuario informe los hallazgos y los errores de la encuesta.

Al final del compromiso se espera lograr:
● Una mejora en el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados analizados.
● Una medición sostenible en el tiempo y de mayor calidad.
● Escalabilidad.
● Una plataforma pública amigable para que los ciudadanos accedan a información sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?
La creación y publicación de un índice de transparencia activa generará incentivos específicos para los sujetos sujetos a la ley para cumplir con el capítulo de transparencia activa. Asimismo, el diseño de la metodología acordada con la sociedad civil y su aplicación a partir de 2020 logrará escalabilidad en las mediciones e incorporará temas más obligados que actualmente no se alcanzan. Todo el proceso será monitoreado y documentado para permitir el análisis, la evolución y el impacto de esta política.

¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP?
El compromiso es relevante para la transparencia, ya que fomenta la publicación proactiva de información por parte de las agencias del poder ejecutivo nacional, las empresas contratantes, los beneficiarios y los partidos políticos. De esta manera, permite el acceso de los ciudadanos a la información. La elaboración y publicación de un índice de cumplimiento en el área de transparencia activa, por parte de las instituciones mencionadas, implica una herramienta que contribuye al conocimiento y la supervisión ciudadana. También incorpora la participación ciudadana, ya que la metodología para construir el índice será co-creada con la sociedad civil.

Resumen de estado intermedio de IRM

11. Índice de transparencia activa

El compromiso propone diseñar colaborativamente con sociedad civil una metodología para realizar la medición y seguimiento del cumplimiento del art. 32 (transparencia activa) de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de los sujetos obligados. El resultado será la construcción de un Índice de Transparencia Activa, que se publicará en un tablero interactivo y accesible al público en general. La metodología será presentada ante los sujetos obligados, previo a su aplicación. La implementación comenzará en 2020 en los organismos centralizados (ministerios y secretarías con rango ministerial) del poder ejecutivo y una selección de otros sujetos obligados acordada con sociedad civil. Para incentivar el tablero de cumplimiento de la norma y disponibilizar la información a la ciudadanía, se desarrollará un interactivo de cumplimiento de transparencia activa, que contará con mecanismos para que el usuario pueda informar hallazgos y errores de relevamiento.

Objetivo principal

[Permitir a la ciudadanía] acceder a la información del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa [y mejorar] el cumplimiento de las obligaciones [por parte de los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública] analizados.

Hitos

11.1 Diseño colaborativo de transparencia de metodología y conjunto de indicadores y mecanismos de relevamiento (disponibilidad, completitud, formato y actualización, accesibilidad) para la elaboración de un índice de activa.

11.2 Presentación junto a una sociedad civil de la metodología a sujetos obligados.

11.3 Relevamiento y aplicación de la metodología.

11.4 Implementación de un tablero interactivo de cumplimiento de transparencia activa.

11.5 Publicación de resultados y recomendaciones metodológicas por parte de las OSC y sujetos obligados.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Evaluación del informe de diseño de IRM

Verificable:

Relevante:

Acceso a la información, Participación ciudadana

Impacto potencial:

Moderado

Análisis del compromiso

El compromiso parte del análisis del estado de a partir de la entrada en vigencia, en 2017, de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), específicamente en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. En efecto, el artículo 32 de la Ley de Acceso determina la información que deben publicar proactivamente los sujetos obligados (tales como estructura, escalas salariales, licitaciones, contrataciones, adquisiciones, concursos, compras y obras) y consigna que dicha información debe ser completa, digitalizada, en formatos abiertos, y actualizada. A partir de 2018, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), el organismo a cargo del compromiso, implementó un tablero de seguimiento y recolectó estadísticas (en principio limitadas a ministerios y secretarías con rango ministerial en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional ) que dieron cuenta de un cumplimiento dispar de estas obligaciones por parte de los sujetos obligados por la ley [50]. Asimismo, el volumen de solicitudes de información pública ha tendido a aumentar [51], y la AAIP considera que una buena parte de esos podrían requerir ser evacuados sin recurrir a solicitudes de información si los sujetos obligados cumplieran sus obligaciones de transparencia activa.

En función de este diagnóstico, el compromiso apunta a aumentar los niveles de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa la elaboración de una metodología de seguimiento mediante el cumplimiento de dichas obligaciones para recoger datos conducentes a la confección de un Índice de Transparencia Activa, herramienta que se pondrá a disposición de la ciudadanía. La metodología será diseñada colaborativamente con la sociedad civil, y se aplicará en primer lugar a los organismos centrales del Poder Ejecutivo Nacional que la AAIP ya venía monitoreando.

Dado que todos sus hitos consiste en actividades observables y se operacionalizan en entregables tangibles (un espacio de colaboración con sociedad civil, una metodología de seguimiento con indicadores y mecanismos, un conjunto de datos resultantes del relevamiento, un tablero interactivo en línea, un índice de transparencia activa, un documento de síntesis y recomendaciones, eventos de presentación y diseminación), el compromiso es verificable. Al final del período de implementación del compromiso, se espera contar con datos fiables relativos al cumplimiento de obligaciones de transparencia activa de un conjunto (no la totalidad) de sujetos obligados y una plataforma de acceso público y de utilidad para la ciudadanía y las OSC. En un plazo un poco mayor, se espera que el empleo continuo de estos mecanismos redunde en mayores niveles de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.

El compromiso es relevante para el valor del acceso a la información - puesto que busca incentivar la publicación proactiva de información por parte de los organismos públicos - y para el de la participación ciudadana, dado que apunta a involucrar a las OSC en la labor de diseñar la herramienta de seguimiento y el índice, ya la ciudadanía en general en el control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de las autoridades. En cambio, no se lo considera relevante para el principio de rendición de cuentas porque no establece mecanismos de respuesta de los funcionarios frente a las exigencias que podrían plantear la ciudadanía. La herramienta propuesta parece ser un buen mecanismo de diagnóstico, pero - aunque uno de los objetivos declarados del compromiso es lograr “una mejora en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados analizados” - no está claro por intermedio de qué mecanismos la visibilización de los incumplimientos incentivaría el mayor cumplimiento de dichas obligaciones.

Tal como lo señalaron tanto las OSC de la Mesa Nacional que participaron en su formulación como la funcionaria a cargo del compromiso, éste fue “producto de una demanda de un sector (OSC, especialistas, funcionarias / os) dedicado a trabajar las agendas de transparencia y acceso a la información pública ” [52] y fue en el plan tras un proceso auténtico de cocreación, con participación elevada, debate amplio y muchos aportes de actores con los conocimientos técnicos incluidos adecuados [53].

La principal limitación del compromiso tal como figura en el texto publicado es que no abarcaría a la totalidad de los sujetos obligados por la Ley de Acceso [54], reduciendo el alcance de sus potenciales beneficios. En efecto, el texto del compromiso enuncia que “la implementación comenzará en 2020 en los organismos centralizados (ministerios y secretarías con rango ministerial) del poder ejecutivo y una selección de otros sujetos obligados acordada con sociedad civil”. Según fuentes de sociedad civil consultadas a poco de la publicación del Plan de Acción, la exclusión de organismos descentralizados o sin rango ministerial dejaría afuera a muchas áreas prioritarias para la agenda de la sociedad civil, y en las cuales sería de prever que continúen los déficits de publicación proactiva [55]. Sin embargo, la posibilidad de incluir “una selección de otros sujetos obligados acordada con la sociedad civil” presentaba la oportunidad de un alcance mayor, y consultados nuevamente tras el inicio de las actividades pautadas, gobierno y sociedad civil coincidieron en afirmar que luego de dos reuniones entre la AAIP y las OSC involucradas se optó por una metodología de relevamiento pública que incluiría a otros sujetos obligados además de a la administración central [56].

Habida cuenta de los beneficios esperables de su implementación, así como de la limitación referida a la imprecisión sobre los mecanismos que incentivarían a los sujetos obligados a cumplir en mayor medida con sus obligaciones de transparencia activa, la investigadora del IRM estima que el compromiso, de seguir implementándose tal como está siendo encarado, tendrá un impacto moderado.

[50] Cf. AAIP, Transparencia activa, disponible en http://tiny.cc/flhwmz.
[51] Según se informa en la página de la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina.gob.ar, desde que la ley comenzó a implementarse, en octubre de 2017, se recibieron (hasta mayo de 2020) 1231 solicitudes. La página consigna solamente la tasa de respuesta (78%) y la demora promedio (17 días), pero no permite acceder a los contenidos de las solicitudes o de las respuestas brindadas.
[52] Cf. ACIJ, respuesta a encuesta, 08/04/20; representante de sociedad civil en Mesa Nacional, grupo focal, 26/03/20.
[53] Cf. Eugenia Braguinsky, Directora Nacional de Acceso a la Información Pública, en grupo focal, 26/03/20.
[54] Según el artículo 7 de la Ley 27.275, “son sujetos obligados a brindar información pública: a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social; b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito; c) El Poder Judicial de la Nación; d) El Ministerio Público Fiscal de la Nación; e) El Ministerio Público de la Defensa; f) El Consejo de la Magistratura; g) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias; h) Las empresas y en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal; i) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual; j) Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que haya otorgado fondos públicos, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente relacionada con los fondos públicos recibidos; k) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional; l) Personas jurídicas públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por el derecho público, y en lo que se refiera a la información producida o relacionada con los fondos públicos recibidos; m) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional; n) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales; o) El Banco Central de la República Argentina; p) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación; q) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente ”.
[55] Véase por ejemplo ACIJ, respuesta a encuesta, 08/04/20.
[56] Cf. Carolina Cornejo, DGA, escrito, 6/07/20; Joaquín Caprarulo, ACIJ, comunicación escrita, 13/08/20. Según destacó este último, “el índice que estamos co-construyendo tiene como propósito establecer una metodología que le permita a la AAIP controlar (en algunos casos con una regularidad mucho más alta que en otros) la totalidad del universo que le toca supervisar por mandato de la ley, [pasando] de 26 instituciones […] a 245 (suma de los 96 descentralizados, 56 empresas y sociedades del Estado, 67 universidades, y eventualmente y solo a pedido de la sociedad civil, también controlaría a los partidos políticos) ”. Si bien “los resultados del índice se harían públicos, […] más allá de eso creo que no están previstos nuevos mecanismos correctivos distintos a los que ya usa la AAIP”. El representante de sociedad civil consultado también consideró que la implementación del compromiso supondría “un cambio importante. No deja de ser una obligación que la AAIP tiene por ley desde su entrada en vigor en 2017, pero dada la complejidad de la tarea es muy relevante que esté avanzando en el punto ”.

Compromisos

  1. Transparencia en las industrias extractivas

    AR0079, 2019, Acceso a la información

  2. Mapa interactivo para información sobre pueblos indígenas

    AR0080, 2019, desarrollo de capacidades

  3. Transparencia Presupuestaria

    AR0081, 2019, Acceso a la información

  4. Apertura de información en el sistema de contratación de obras públicas

    AR0082, 2019, Acceso a la información

  5. Encuesta de necesidades legales

    AR0083, 2019, Acceso a la información

  6. Información pública sobre la trata de personas

    AR0084, 2019, Acceso a la información

  7. Publicación de datos de agua y saneamiento

    AR0085, 2019, E-Government

  8. Transparencia del Consejo Judicial Nacional

    AR0086, 2019, Acceso a la información

  9. Recomendaciones transparentes de la Oficina General de Auditoría

    AR0087, 2019, anticorrupción

  10. Diagnóstico Penitenciario Federal

    AR0088, 2019, Acceso a la información

  11. Iniciativa de transparencia activa

    AR0089, 2019, Acceso a la información

  12. Programa Federal de Gobierno Abierto

    AR0090, 2019, desarrollo de capacidades

  13. Federalización de la Ley Micaela

    AR0091, 2019, desarrollo de capacidades

  14. Datos de empleo desglosados ​​por género

    AR0092, 2019, Acceso a la información

  15. Sistematizar información sobre políticas de salud sexual y reproductiva

    AR0093, 2019, desarrollo de capacidades

  16. Plan de Acción del Congreso Abierto

    AR0094, 2019, Parlamentos abiertos

  17. Seguimiento del programa integral de educación sexual

    AR0095, 2019, Acceso a la información

  18. Diseño del plan de acción del Open Congress

    AR0096, 2019, E-Government

  19. Apertura de información sobre el proceso de selección de jueces

    AR0035, 2017, Acceso a la justicia

  20. Apertura de información pública sobre procedimientos disciplinarios para jueces

    AR0036, 2017, Acceso a la información

  21. Segunda Etapa del Portal "Datos.Jus.Gov.Ar"

    AR0037, 2017, Acceso a la información

  22. Abrir en los archivos de proceso de cambio para abrir gobierno

    AR0038, 2017, Acceso a la información

  23. Llevar el presupuesto a los ciudadanos: presupuesto de difusión de facturas y seguimiento de la prioridad de las políticas públicas

    AR0039, 2017, E-Government

  24. Sistema Integrado de Información Minera

    AR0040, 2017, anticorrupción

  25. Portal de datos productivos

    AR0041, 2017, Acceso a la información

  26. Plataforma sobre Cambio Climático: Transparencia de Información y Acción

    AR0042, 2017, Acceso a la información

  27. Implementación del Estándar de Datos para Adquisiciones Abiertas (EDCA)

    AR0043, 2017, Acceso a la información

  28. Información de apertura Equidad de género en ciencia y tecnología para influir en la política pública

    AR0044, 2017, Acceso a la información

  29. Compromiso destacado Datos de apertura del Congreso Nacional

    AR0045, 2017, Acceso a la información

  30. Transparencia y participación en la política de salud: implementación de mecanismos para prevenir conflictos de intereses

    AR0046, 2017, anticorrupción

  31. Profundizar la apertura y la transparencia de la información relacionada con la adquisición y contratación de PAMI

    AR0047, 2017, Acceso a la información

  32. Elaboración de un proyecto de ley de financiación de partidos políticos

    AR0048, 2017, anticorrupción

  33. Seguimiento del Plan de acción nacional para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra la mujer 2017-2019

    AR0049, 2017, Acceso a la información

  34. Publicación de recomendaciones de auditoría en las cárceles argentinas

    AR0050, 2017, Acceso a la información

  35. Fortalecimiento del régimen de informes de divulgación financiera e intereses

    AR0051, 2017, anticorrupción

  36. Publicación proactiva de informes y auditorías por parte de la Contraloría General

    AR0052, 2017, anticorrupción

  37. Desarrollo de capacidades en el análisis de cuentas públicas para actores específicos

    AR0053, 2017, E-Government

  38. Junta Nacional de Proyectos Prioritarios del Ministerio de Modernización

    AR0054, 2017, E-Government

  39. Mejorando el Mecanismo de Iniciativa Popular

    AR0055, 2017, Apertura fiscal

  40. Capacitación práctica sobre gobierno abierto

    AR0056, 2017, desarrollo de capacidades

  41. Desarrollo participativo de un plan nacional para la igualdad de oportunidades

    AR0057, 2017, Género

  42. Promoción de mecanismos para involucrar a la sociedad civil en el ciclo de auditoría

    AR0058, 2017, Acceso a la información

  43. Apertura de espacios de debate y capacitación sobre el proceso electoral en Argentina

    AR0059, 2017, anticorrupción

  44. Consulta pública para la generación de datos estadísticos sobre educación

    AR0060, 2017, desarrollo de capacidades

  45. Fortalecimiento del Área de Participación Ciudadana "Compromiso con la Educación"

    AR0061, 2017, E-Government

  46. Participación ciudadana en el ciclo de políticas culturales Inicio Programas Historia y cultura del Bicentenario

    AR0062, 2017, E-Government

  47. Percepciones y representaciones de personas con discapacidad en instituciones de servicio

    AR0063, 2017, desarrollo de capacidades

  48. Bureau of Policy Dialogue Habitat

    AR0064, 2017, E-Government

  49. Guía joven

    AR0065, 2017, E-Government

  50. Laboratorio de innovación para garantizar organismos de derechos y control externo

    AR0066, 2017, desarrollo de capacidades

  51. Tecnología y proceso electoral

    AR0067, 2017, anticorrupción

  52. Promoción y fortalecimiento de políticas de gobierno abierto en los municipios de la provincia

    AR0068, 2017, Acceso a la información

  53. Compromiso destacado Open Urban Observatory Works: responsabilidad y participación ciudadana

    AR0069, 2017, Acceso a la información

  54. Plataforma de Enlace de Organizaciones Civiles y el Gobierno Provincial

    AR0070, 2017, desarrollo de capacidades

  55. Fortalecimiento de políticas de gobierno abierto: para promover la participación ciudadana en Chubut

    AR0071, 2017, desarrollo de capacidades

  56. Institucionalización de políticas de gobierno abierto en la provincia de Córdoba

    AR0072, 2017, Acceso a la información

  57. Red de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y el estado

    AR0073, 2017, E-Government

  58. Ampliación del ecosistema de acceso a la información en los municipios

    AR0074, 2017, Acceso a la información

  59. Fortalecimiento de políticas de datos abiertos en municipios de la provincia de Mendoza

    AR0075, 2017, Acceso a la información

  60. Plataforma participativa para la protección ciudadana

    AR0076, 2017, E-Government

  61. Preparación participativa de un proyecto de Ley de Gobierno Abierto Provincial

    AR0077, 2017, Legislación y Regulación

  62. Servicio de Información de Apertura Justicia

    AR0078, 2017, Acceso a la información

  63. Capacidades estatales en gobierno abierto

    AR0020, 2015, desarrollo de capacidades

  64. Portal de datos públicos

    AR0021, 2015, Acceso a la información

  65. Políticas participativas para personas con discapacidad

    AR0022, 2015, desarrollo de capacidades

  66. Reglas de publicidad

    AR0023, 2015, Acceso a la información

  67. Universidad Abierta

    AR0024, 2015, Acceso a la información

  68. Nuevos compromisos en promedio

    AR0025, 2015, Participación pública

  69. Mesa Redonda

    AR0026, 2015, Compromisos locales

  70. Estadísticas de la seguridad social

    AR0027, 2015, Acceso a la información

  71. Federalización de prácticas de gobierno abierto

    AR0028, 2015, desarrollo de capacidades

  72. Plataforma Piloto Información Pública

    AR0029, 2015, Acceso a la información

  73. Plataforma "Justicia 2020"

    AR0030, 2015, Acceso a la información

  74. Map Support

    AR0031, 2015, E-Government

  75. Tecnología de unidad de red virtual

    AR0032, 2015, E-Government

  76. Unidad Virtual de Enlace Tecnológico - Gestión de Datos

    AR0033, 2015, Acceso a la información

  77. Transparencia de informacion

    AR0034, 2015, Acceso a la información

  78. Firma digital

    AR0001, 2013, E-Government

  79. Software público argentino

    AR0002, 2013, E-Government

  80. Programa Nacional de Información de Infraestructura Crítica y Seguridad Cibernética (ICIC) e Internet Sano

    AR0003, 2013, desarrollo de capacidades

  81. Sistema Electrónico de Adquisiciones

    AR0004, 2013, anticorrupción

  82. Despapelización

    AR0005, 2013, E-Government

  83. Expansión de la Encuesta Ict (ENTIC)

    AR0006, 2013, desarrollo de capacidades

  84. Crear un portal de datos públicos

    AR0007, 2013, Acceso a la información

  85. Manual de Mejores Prácticas Gobierno Abierto

    AR0008, 2013,

  86. Portal de nuevos procedimientos

    AR0009, 2013, E-Government

  87. Mapa del estado

    AR0010, 2013, desarrollo de capacidades

  88. Plan de formación de enlaces y los responsables del acceso a la información pública

    AR0011, 2013, desarrollo de capacidades

  89. Matriz de procesamiento de datos del Decreto 1172 / 2004

    AR0012, 2013, Acceso a la información

  90. Proyecto de ley para reformar el poder judicial

    AR0013, 2013, Acceso a la información

  91. Federalización de los Grupos de Trabajo de la Agenda Digital

    AR0014, 2013, E-Government

  92. Evento nacional de gobierno abierto

    AR0015, 2013, Acceso a la información

  93. Hackathon Public Data

    AR0016, 2013, desarrollo de capacidades

  94. Fomentar mecanismos de participación proporcionados por el Decreto 1172-1104

    AR0017, 2013, Acceso a la información

  95. Regulación de la Ley 26654

    AR0018, 2013, desarrollo de capacidades

  96. Programa Ciudadano de Carta de Compromiso Mejorado

    AR0019, 2013, desarrollo de capacidades

Open Government Partnership