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Argentina

Federalización de la Ley Micaela (AR0091)

Visión General

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Argentina 2019-2022

Ciclo del plan de acción: 2019

Estado: Activo

Instituciones

Institución principal: Instituto Nacional de la Mujer (INAM).

Instituciones de apoyo: FEIM, FUNDEPS, ACIJ y ELA

Áreas de política

Creación de capacidades, Género, Judicial, Justicia, Compromisos locales, Comunidades marginadas, Parlamentos abiertos, Participación en la elaboración de leyes., Participación pública, Objetivos de Desarrollo Sostenible

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de Argentina 2019-2021

Estelares: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, participación cívica

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Descripción del producto

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
Argentina ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos y participa activamente en los esfuerzos para implementar la Agenda 2030. A pesar de esto, la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema grave y persistente. Los registros oficiales revelan 251 feminicidios directos y 22 víctimas de feminicidios relacionados durante 2017 (1 mujer cada 28 horas). Como en 2016, la tasa de feminicidios del país es de 1 feminicidio por cada 100,000 mujeres, aunque con fuertes variaciones entre las diferentes jurisdicciones provinciales (OM, 2017). El compromiso aborda la federalización de la Ley Micaela No. 27499. Esta Ley surgió del feminicidio de Micaela García en 2017, una joven que fue violada y asesinada en la ciudad de Gualeguay por Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes penales que fue en libertad condicional, beneficio otorgado por la Justicia de la provincia de Entre Ríos. La Ley establece capacitación obligatoria sobre género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en el servicio público en todos los niveles y jerarquías en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. El Instituto Nacional de la Mujer es la autoridad para aplicar esta ley y se encarga de capacitar a las más altas autoridades de las tres ramas. El resto de las personas incluidas en este estándar llevarán a cabo la capacitación en el formato establecido por las agencias respectivas en las que desempeñan sus funciones. En este sentido, es esencial promover la federalización de la Ley de Micaela para que pueda ser adoptada por las jurisdicciones provinciales a fin de ampliar las capacitaciones sobre género y violencia contra las mujeres en los poderes provinciales.
El artículo 10 de la Ley invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias a adherirse.
● Hasta ahora, las jurisdicciones que se han adherido incluyen: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Salta, Córdoba, La Rioja, Misiones, Neuquén, Santa Cruz.
● Además, las siguientes provincias están en proceso de adherirse a la Ley: Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, San Luis, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El INAM trabaja de manera articulada con los gobiernos provinciales a través del Consejo Federal de Mujeres. El Consejo se reúne en diferentes provincias al menos 3 veces al año y está compuesto por representantes de los gobiernos provinciales, en general, las autoridades de género de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un espacio que tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto entre la nación y las provincias, al estilo de otros consejos como educación, justicia, infancia, entre otros. Asimismo, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil se creó en virtud del artículo 9 de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en las Áreas donde desarrollan sus Relaciones Interpersonales No. 26485. El Consejo está compuesto por dos organizaciones por provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lleva a un total de 48 representantes. Es un espacio de asesoramiento y consulta para la sociedad y una mesa redonda para la participación en la discusión de políticas públicas sobre cuestiones de género.

¿Cuál es el compromiso?
El objetivo general de este compromiso es avanzar en la federalización de la Ley Micaela promoviendo la adhesión de las provincias. Para este fin, el compromiso propone que el Instituto Nacional de la Mujer trabaje en este tema en coordinación con el Consejo Federal de la Mujer (CFM) y el Consejo Asesor de la Sociedad Civil (CCSC). Junto con el CFM, personal de se capacitarán los equipos de mujeres y representantes de los poderes legislativos y judiciales provinciales. Además, el INAM ayudará técnicamente a las organizaciones que conforman el Consejo Asesor a desarrollar campañas para promover la adhesión a la ley. Finalmente, el INAM, en el marco de las reuniones del Consejo Consultivo, informará sobre los resultados del monitoreo relacionado con el grado de implementación de la Ley en las provincias adheridas.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?
A través del cumplimiento de la Ley, cada una de las diferentes jurisdicciones puede tener un órgano de gobierno que será responsable de certificar la calidad de la capacitación brindada y de ofrecer capacitación a las máximas autoridades. Se espera que las personas que trabajan en las provincias puedan recibir capacitación sobre: ​​regulaciones nacionales e internacionales sobre el tema, contenidos conceptuales, herramientas y recursos básicos para la identificación y orientación en casos de violencia de género. El consenso entre las áreas provinciales y el INAM sobre las directrices clave para desarrollar contenidos permitirá establecer una línea de base a partir de la cual avanzar progresivamente para garantizar que el 100% de los funcionarios públicos y funcionarios estatales estén capacitados en perspectiva de género. Como institución rectora responsable de la ejecución de la Ley, el INAM considera que esta capacitación estatal en género y violencia contra las mujeres, tanto a nivel nacional como provincial, contribuirá positivamente a la transformación cultural hacia una sociedad justa e igualitaria.

¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP?
El compromiso es relevante para la transparencia, ya que se publicará información de las agencias provinciales que trabajan en la agenda de género. Asimismo, los ciudadanos podrán conocer el grado de implementación de la Ley Micaela en las provincias que se adhieren al acceder al informe de monitoreo sobre: ​​las organizaciones que brindan capacitación en materia de género y derechos de las mujeres, la cantidad de personas alcanzadas y los datos sobre el progreso de los programas de capacitación dentro de cada agencia.

Información Adicional
● En relación con el presupuesto, como se refleja en el art. 9 de la Ley 27.499 “los gastos exigidos por esta ley se tomarán de los créditos correspondientes a las partidas presupuestarias de los organismos públicos relacionados”.
● La capacitación obligatoria en cuestiones de género forma parte de las 35 acciones clave del Plan para la igualdad de derechos y oportunidades (2018-2020).
● Asimismo, la elaboración participativa de este Plan fue uno de los compromisos del INAM en el marco del Tercer Plan de Acción de Argentina OGP.
● El Plan para la igualdad de derechos y oportunidades se enmarca dentro de los Objetivos del Gobierno (punto 53) y está alineado con el ODS 5.

Resumen de estado intermedio de IRM

13. Federalización de la Ley Micaela

El compromiso propone que el Instituto Nacional de las Mujeres trabaje [en pos de la federalización de la Ley N ° 27499 sobre violencia de género] de manera coordinada con el Consejo Federal de las Mujeres (CFM) y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil ( CCSC). Con el CFM se capacitará a personal de los equipos de las áreas de mujer y representantes de los poderes legislativos y judiciales provinciales. Además, el INAM asistirá técnicamente a las organizaciones que conforman el Consejo Consultivo para desarrollar campañas de promoción de adhesión de la ley. Finalmente, el INAM reportará los resultados del monitoreo sobre el grado de implementación de la Ley en las provincias que adhirieron, en el marco de las reuniones del Consejo Consultivo.

Objetivo principal

Avanzar en la federalización de la Ley Micaela mediante la promoción de adhesión de las provincias.

Hitos

13.1 Elaboración de un mapeo público de organismos de los diferentes poderes que trabajan la agenda de género en todas las provincias.

13.2 Articulación, en el marco de las reuniones del Consejo Federal de las Mujeres, de acciones que contemplen la realización de un Curso "Formador de Formadores en Ley Micaela" para al menos una persona del equipo interdisciplinario de las áreas mujer y representantes del Poder Legislativo y Poder Judicial a nivel provincial.

13.3 Prestación de asistencia a las organizaciones que forman parte del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el desarrollo de campañas para promover la adhesión y la implementación efectiva de la Ley en las provincias.

13.4 Realización de informe de INAM sobre los resultados del monitoreo sobre el grado de implementación de la Ley en las provincias que adhirieron en el marco de las reuniones del Consejo Consultivo.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Evaluación del informe de diseño de IRM

Verificable:

Relevante:

Participación ciudadana, Acceso a la información

Impacto potencial:

Menor

Análisis del compromiso

El objetivo del compromiso es federalizar la Ley 27.499 (Ley Micaela), promoviendo su adopción a nivel provincial en cumplimiento de su artículo 10, que invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya las provincias a adherirse [71]. La ley - que mandata la capacitación en materia de género y violencia contra las mujeres para funcionarios / as públicos / as de todos los niveles en las tres ramas del gobierno federal - lleva el nombre de Micaela García, una joven de Gualeguay, Entre Ríos, que en 2017 fue víctima de violación y femicidio. La responsabilidad por la impartición de la capacitación que manda la ley recae sobre el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) [72], que también es el organismo a cargo de este compromiso.

Para avanzar en la federalización de la Ley Micaela, el compromiso propone que el INAM trabaje esta temática de manera coordinada con el Consejo Federal de las Mujeres (CFM), integrado por representantes provinciales; y con el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC), proveyendo capacitaciones al personal de las áreas pertinentes de los gobiernos provinciales y asistencia técnica a las OSC del CCSC que desarrollaron campañas para promover la adhesión y la implementación de la ley.

El compromiso es verificable, dado que todas las actividades planificadas para cumplir el objetivo planteado son observables y es esperable que tengan resultados tangibles. Ellas incluyen la elaboración de un mapeo de organismos provinciales dedicados a temas de género; la coordinación, a través del CFM, de la impartición de un curso para formadores, destinado a por lo menos un funcionario en condiciones de replicarlo en cada poder de cada provincia involucrada; la prestación de asistencia técnica a OSC; y la producción de un informe con los resultados del monitoreo de la implementación de la Ley Micaela en las provincias.

Sin restar importancia a esta ley, se valora que el compromiso no versa sobre un problema que pareciera reclamar una solución basada en los valores del gobierno abierto: su objetivo de fondo es lograr la adhesión a la ley por parte de las provincias. El compromiso es relevante para los valores de participación ciudadana (bajo la forma de capacitaciones de las OSC involucradas en la campaña) y transparencia y acceso a la información (puesta a disposición del público de información sobre organismos provinciales que trabajan la agenda de género y grados de adhesión a implementación de la ley), pero estos componentes no son su eje vertebrador.

Sin lugar a dudas, en Argentina la violencia de género es un problema persistente y - gracias a la labor desplegada por la sociedad civil - cada vez más visible. Según el Informe 2019 de Femicidios publicado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, durante 2019 se registraron en Argentina 252 víctimas directas de femicidios, incluidos cinco travesticidios o transfemicidios - una tasa de 1,1 cada 100.000 mujeres, la misma que en 2017 y 2018. [73]. En los últimos años, la violencia de género ha sido, junto con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, un tema central para el movimiento feminista y de promoción de los derechos de las mujeres en Argentina.

La prominencia del tema de que trata es un factor central que da cuenta de la inclusión de este compromiso en el plan de acción. Tal como lo dijo una representante de la OSC Fundeps, “compromisos vinculados a género fue sin dudas la lectura de una demanda social. Sobre todo en un contexto nacional en el que se dieron grandes debates alrededor del tema a partir del año 2018 ” [74]. Además, se buscó dar continuidad al trabajo emprendido con éxito, también bajo el liderazgo del INAM, en el plan de acción anterior, con el compromiso “Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017 -2019 ”.

Sin embargo, según actores de sociedad civil presentes en el proceso de cocreación, en esta oportunidad la sustancia del compromiso fue moldeada de antemano por el organismo de gobierno a cargo, en función de sus propias prioridades, sin incidencia significativa de la sociedad civil sobre el resultado [75]. El compromiso resultante no refleja con claridad de qué forma aplicar los principios de gobierno abierto podría marcar la diferencia en la solución del problema planteado. Pese a que el proceso de adhesión a la ley es relevante como medio para su generalización, el compromiso es muy poco ambicioso en sus objetivos. De hecho, a la fecha de su formulación ya se obtuvo avances: se encuentra adherido a la Ley Micaela nueve de las 23 provincias - Buenos Aires, Chaco, Chubut, Salta, Córdoba, La Rioja, Misiones, Neuquén y Santa Cruz - y otras siete, además de la ciudad de Buenos Aires, estaban en proceso de hacerlo. Además, no se observa mayor diferencia entre las actividades propuestas en el compromiso y las que el IMAM hubiera realizado de todos modos en su ausencia [76]. En consecuencia, se analizará que la implementación de este compromiso, de completarse tal como está planteado, tendrá un impacto menor.

[71] Cf. Ley 27.499, Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, disponible en http://tiny.cc/efuwmz.
[72] Recategorizado como Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a partir de diciembre de 2019.
[73] Cf. “Resumen: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 2019”, disponible en https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/resumen2019fem.pdf. Según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora que sí nos ven, una iniciativa de la sociedad civil surgida al calor de las manifestaciones masivas del #NiUnaMenos, el año 2019 dejó en el país un saldo de 327 femicidios, uno cada 26 horas. Véase La Nación, 30/12/19, “Registran 327 femicidios en lo que va del año, uno cada 27 horas”, http://tiny.cc/w4twmz.
[74] Cf. representante de Fundeps, respuesta a encuesta, 08/04/20.
[75] La DGA explico que “el compromiso se priorizó en abril de 2019 por la posibilidad de postulación del entonces INAM al Trust Fund de OGP para implementación de compromisos. Los responsables del INAM presentaron la idea en una reunión con la Mesa Nacional, ya partir de los intercambios se envió la propuesta del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples ampliado, junto con las cartas de respaldo […]. Se acordó organizar la mesa de diálogo una vez recibida la respuesta del Banco Mundial, prevista para mayo-junio. Al no tener respuesta, se avanzó en diseñar un compromiso 'cumplible' sin recursos adicionales, lo que afectó su ambición. Se acordó que se obtenerse el fondo se profundizaría. En octubre de 2019 se informó a Argentina que el fondo no fue asignado al país ”. Cf. Carolina Cornejo, DGA, escrito, 9/07/20; minutas de la Mesa Nacional del 15/04/19, disponibles en http://tiny.cc/55sosz.
[76] Una fuente de sociedad civil mencionó al respecto que, “al momento de creación del compromiso, el mismo INAM dijo que varias de esas actividades ya tenía comenzadas o no le sería muy difícil hacerlas”. Cf. representante de Fundeps, respuesta a encuesta, 08/04/20.

Compromisos

  1. Transparencia en las industrias extractivas

    AR0079, 2019, Acceso a la información

  2. Mapa interactivo para información sobre pueblos indígenas

    AR0080, 2019, desarrollo de capacidades

  3. Transparencia Presupuestaria

    AR0081, 2019, Acceso a la información

  4. Apertura de información en el sistema de contratación de obras públicas

    AR0082, 2019, Acceso a la información

  5. Encuesta de necesidades legales

    AR0083, 2019, Acceso a la información

  6. Información pública sobre la trata de personas

    AR0084, 2019, Acceso a la información

  7. Publicación de datos de agua y saneamiento

    AR0085, 2019, E-Government

  8. Transparencia del Consejo Judicial Nacional

    AR0086, 2019, Acceso a la información

  9. Recomendaciones transparentes de la Oficina General de Auditoría

    AR0087, 2019, anticorrupción

  10. Diagnóstico Penitenciario Federal

    AR0088, 2019, Acceso a la información

  11. Iniciativa de transparencia activa

    AR0089, 2019, Acceso a la información

  12. Programa Federal de Gobierno Abierto

    AR0090, 2019, desarrollo de capacidades

  13. Federalización de la Ley Micaela

    AR0091, 2019, desarrollo de capacidades

  14. Datos de empleo desglosados ​​por género

    AR0092, 2019, Acceso a la información

  15. Sistematizar información sobre políticas de salud sexual y reproductiva

    AR0093, 2019, desarrollo de capacidades

  16. Plan de Acción del Congreso Abierto

    AR0094, 2019, Parlamentos abiertos

  17. Seguimiento del programa integral de educación sexual

    AR0095, 2019, Acceso a la información

  18. Diseño del plan de acción del Open Congress

    AR0096, 2019, E-Government

  19. Apertura de información sobre el proceso de selección de jueces

    AR0035, 2017, Acceso a la justicia

  20. Apertura de información pública sobre procedimientos disciplinarios para jueces

    AR0036, 2017, Acceso a la información

  21. Segunda Etapa del Portal "Datos.Jus.Gov.Ar"

    AR0037, 2017, Acceso a la información

  22. Abrir en los archivos de proceso de cambio para abrir gobierno

    AR0038, 2017, Acceso a la información

  23. Llevar el presupuesto a los ciudadanos: presupuesto de difusión de facturas y seguimiento de la prioridad de las políticas públicas

    AR0039, 2017, E-Government

  24. Sistema Integrado de Información Minera

    AR0040, 2017, anticorrupción

  25. Portal de datos productivos

    AR0041, 2017, Acceso a la información

  26. Plataforma sobre Cambio Climático: Transparencia de Información y Acción

    AR0042, 2017, Acceso a la información

  27. Implementación del Estándar de Datos para Adquisiciones Abiertas (EDCA)

    AR0043, 2017, Acceso a la información

  28. Información de apertura Equidad de género en ciencia y tecnología para influir en la política pública

    AR0044, 2017, Acceso a la información

  29. Compromiso destacado Datos de apertura del Congreso Nacional

    AR0045, 2017, Acceso a la información

  30. Transparencia y participación en la política de salud: implementación de mecanismos para prevenir conflictos de intereses

    AR0046, 2017, anticorrupción

  31. Profundizar la apertura y la transparencia de la información relacionada con la adquisición y contratación de PAMI

    AR0047, 2017, Acceso a la información

  32. Elaboración de un proyecto de ley de financiación de partidos políticos

    AR0048, 2017, anticorrupción

  33. Seguimiento del Plan de acción nacional para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra la mujer 2017-2019

    AR0049, 2017, Acceso a la información

  34. Publicación de recomendaciones de auditoría en las cárceles argentinas

    AR0050, 2017, Acceso a la información

  35. Fortalecimiento del régimen de informes de divulgación financiera e intereses

    AR0051, 2017, anticorrupción

  36. Publicación proactiva de informes y auditorías por parte de la Contraloría General

    AR0052, 2017, anticorrupción

  37. Desarrollo de capacidades en el análisis de cuentas públicas para actores específicos

    AR0053, 2017, E-Government

  38. Junta Nacional de Proyectos Prioritarios del Ministerio de Modernización

    AR0054, 2017, E-Government

  39. Mejorando el Mecanismo de Iniciativa Popular

    AR0055, 2017, Apertura fiscal

  40. Capacitación práctica sobre gobierno abierto

    AR0056, 2017, desarrollo de capacidades

  41. Desarrollo participativo de un plan nacional para la igualdad de oportunidades

    AR0057, 2017, Género

  42. Promoción de mecanismos para involucrar a la sociedad civil en el ciclo de auditoría

    AR0058, 2017, Acceso a la información

  43. Apertura de espacios de debate y capacitación sobre el proceso electoral en Argentina

    AR0059, 2017, anticorrupción

  44. Consulta pública para la generación de datos estadísticos sobre educación

    AR0060, 2017, desarrollo de capacidades

  45. Fortalecimiento del Área de Participación Ciudadana "Compromiso con la Educación"

    AR0061, 2017, E-Government

  46. Participación ciudadana en el ciclo de políticas culturales Inicio Programas Historia y cultura del Bicentenario

    AR0062, 2017, E-Government

  47. Percepciones y representaciones de personas con discapacidad en instituciones de servicio

    AR0063, 2017, desarrollo de capacidades

  48. Bureau of Policy Dialogue Habitat

    AR0064, 2017, E-Government

  49. Guía joven

    AR0065, 2017, E-Government

  50. Laboratorio de innovación para garantizar organismos de derechos y control externo

    AR0066, 2017, desarrollo de capacidades

  51. Tecnología y proceso electoral

    AR0067, 2017, anticorrupción

  52. Promoción y fortalecimiento de políticas de gobierno abierto en los municipios de la provincia

    AR0068, 2017, Acceso a la información

  53. Compromiso destacado Open Urban Observatory Works: responsabilidad y participación ciudadana

    AR0069, 2017, Acceso a la información

  54. Plataforma de Enlace de Organizaciones Civiles y el Gobierno Provincial

    AR0070, 2017, desarrollo de capacidades

  55. Fortalecimiento de políticas de gobierno abierto: para promover la participación ciudadana en Chubut

    AR0071, 2017, desarrollo de capacidades

  56. Institucionalización de políticas de gobierno abierto en la provincia de Córdoba

    AR0072, 2017, Acceso a la información

  57. Red de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y el estado

    AR0073, 2017, E-Government

  58. Ampliación del ecosistema de acceso a la información en los municipios

    AR0074, 2017, Acceso a la información

  59. Fortalecimiento de políticas de datos abiertos en municipios de la provincia de Mendoza

    AR0075, 2017, Acceso a la información

  60. Plataforma participativa para la protección ciudadana

    AR0076, 2017, E-Government

  61. Preparación participativa de un proyecto de Ley de Gobierno Abierto Provincial

    AR0077, 2017, Legislación y Regulación

  62. Servicio de Información de Apertura Justicia

    AR0078, 2017, Acceso a la información

  63. Capacidades estatales en gobierno abierto

    AR0020, 2015, desarrollo de capacidades

  64. Portal de datos públicos

    AR0021, 2015, Acceso a la información

  65. Políticas participativas para personas con discapacidad

    AR0022, 2015, desarrollo de capacidades

  66. Reglas de publicidad

    AR0023, 2015, Acceso a la información

  67. Universidad Abierta

    AR0024, 2015, Acceso a la información

  68. Nuevos compromisos en promedio

    AR0025, 2015, Participación pública

  69. Mesa Redonda

    AR0026, 2015, Compromisos locales

  70. Estadísticas de la seguridad social

    AR0027, 2015, Acceso a la información

  71. Federalización de prácticas de gobierno abierto

    AR0028, 2015, desarrollo de capacidades

  72. Plataforma Piloto Información Pública

    AR0029, 2015, Acceso a la información

  73. Plataforma "Justicia 2020"

    AR0030, 2015, Acceso a la información

  74. Map Support

    AR0031, 2015, E-Government

  75. Tecnología de unidad de red virtual

    AR0032, 2015, E-Government

  76. Unidad Virtual de Enlace Tecnológico - Gestión de Datos

    AR0033, 2015, Acceso a la información

  77. Transparencia de informacion

    AR0034, 2015, Acceso a la información

  78. Firma digital

    AR0001, 2013, E-Government

  79. Software público argentino

    AR0002, 2013, E-Government

  80. Programa Nacional de Información de Infraestructura Crítica y Seguridad Cibernética (ICIC) e Internet Sano

    AR0003, 2013, desarrollo de capacidades

  81. Sistema Electrónico de Adquisiciones

    AR0004, 2013, anticorrupción

  82. Despapelización

    AR0005, 2013, E-Government

  83. Expansión de la Encuesta Ict (ENTIC)

    AR0006, 2013, desarrollo de capacidades

  84. Crear un portal de datos públicos

    AR0007, 2013, Acceso a la información

  85. Manual de Mejores Prácticas Gobierno Abierto

    AR0008, 2013,

  86. Portal de nuevos procedimientos

    AR0009, 2013, E-Government

  87. Mapa del estado

    AR0010, 2013, desarrollo de capacidades

  88. Plan de formación de enlaces y los responsables del acceso a la información pública

    AR0011, 2013, desarrollo de capacidades

  89. Matriz de procesamiento de datos del Decreto 1172 / 2004

    AR0012, 2013, Acceso a la información

  90. Proyecto de ley para reformar el poder judicial

    AR0013, 2013, Acceso a la información

  91. Federalización de los Grupos de Trabajo de la Agenda Digital

    AR0014, 2013, E-Government

  92. Evento nacional de gobierno abierto

    AR0015, 2013, Acceso a la información

  93. Hackathon Public Data

    AR0016, 2013, desarrollo de capacidades

  94. Fomentar mecanismos de participación proporcionados por el Decreto 1172-1104

    AR0017, 2013, Acceso a la información

  95. Regulación de la Ley 26654

    AR0018, 2013, desarrollo de capacidades

  96. Programa Ciudadano de Carta de Compromiso Mejorado

    AR0019, 2013, desarrollo de capacidades

Open Government Partnership