Sistematizar información sobre políticas de salud sexual y reproductiva (AR0093)

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
La salud es un derecho humano fundamental. Su ejercicio efectivo por parte de los ciudadanos implica, ante todo, conocer las políticas públicas implementadas. Tener información clara y oportuna facilita la participación y el monitoreo de los ciudadanos, y brinda una mayor transparencia a la administración. De hecho, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), especialmente aquellas involucradas en problemas de salud sexual, afirmaron en diferentes espacios la necesidad de que el Estado cumpla con esta premisa. Con respecto a la salud sexual y la salud reproductiva, es evidente la ausencia de información pública disponible que explique las acciones y políticas llevadas a cabo por el Estado. Las dificultades para acceder a los datos sobre estos temas limitan las posibilidades de monitorear el progreso o la ausencia de políticas públicas, en particular por parte de las OSC que llevan a cabo acciones de promoción para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

¿Cuál es el compromiso?
Este compromiso tiene como objetivo producir, sistematizar y poner a disposición información sobre la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva. En este sentido, la Secretaría de Salud generará y publicará datos sobre insumos distribuidos (métodos anticonceptivos generales y a largo plazo) desglosados ​​por provincia e insumos. También difundirá datos sobre la capacitación realizada a pedido de las provincias en temas de salud sexual y reproductiva; y mantendrá reuniones con organizaciones de la sociedad civil (OSC) para compartir el progreso realizado en la implementación de estas iniciativas y recibir aportes e ideas que contribuyan a mejorar la información disponible y generar sinergias entre el gobierno y la sociedad civil. A través de este compromiso, se espera garantizar el acceso a información completa y oportuna sobre las políticas implementadas a nivel federal con respecto a la salud sexual y reproductiva que permite a las comunidades interesadas analizarla como parte de sus agendas de trabajo.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?
Se proporcionará información sobre la implementación de políticas sobre salud sexual y salud reproductiva desglosadas territorialmente, lo cual ha sido requerido por las organizaciones de la sociedad civil interesadas en estos temas. De esta manera, se espera que la publicación de información sistematizada facilite el monitoreo y amplíe las posibilidades de promoción, especialmente por parte de las OSC dedicadas a esta agenda a nivel federal, en la búsqueda del ejercicio pleno del derecho a la sexualidad responsable.

¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP?
El compromiso es principalmente relevante para la transparencia, ya que facilita el acceso a la información que actualmente no se produce o no está disponible sobre cuestiones fundamentales como la salud sexual y la salud reproductiva.

Información Adicional
Este compromiso está alineado con la Agenda 2030 y su ODS 3 sobre salud y bienestar, en particular con el objetivo 3.7, que se refiere a "garantizar el acceso universal a los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, la información y la educación, y integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales ".

15. Sexualidad y derechos

Este compromiso tiene por objetivo producir, sistematizar y disponibilizar información sobre la implementación de políticas de salud sexual y salud reproductiva. En esa línea, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación [actual Ministerio de Salud de la Nación] construirá y publicará datos sobre insumos distribuidos (métodos anticonceptivos en general y de larga duración) desagregados por provincia e insumo. También difundirá datos sobre las capacitaciones realizadas a demanda de las provincias en temáticas de salud sexual y salud reproductiva; y realizar encuentros con organizaciones de sociedad civil (OSC) para compartir avances en la implementación de estas iniciativas y recibir aportes e ideas que contribuyan a mejorar la información disponible y generar sinergias entre gobierno y sociedad civil.

Objetivo principal

Garantizar el acceso a información completa y oportuna sobre políticas implementadas a nivel federal en materia de salud sexual y salud reproductiva que permita a la comunidad especialmente interesada analizarla como parte de sus agendas de trabajo.

Hitos

15.1 Publicación trimestral de datos sobre la cantidad de métodos anticonceptivos distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, desglosados ​​por provincia y por insumo, así como disponibilidad anual de la cantidad total de la población cubierta con los métodos distribuidos.

15.2 Publicación trimestral de la cantidad de capacitaciones que se realicen a los equipos de salud en las jurisdicciones que lo soliciten sobre: ​​consejería en salud sexual y salud reproductiva; métodos anticonceptivos en general y de Larga Duración (LARCs); diversidad sexual y corporal; y anticoncepción Inmediata en el Post Evento Obstétrico (AIPE).

15.3 Realización de al menos dos encuentros de retroalimentación entre la sociedad civil y la Secretaría de Gobierno de Salud para verificar avances en el compromiso y recibir ideas, con miras a identificar sinergias.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Analisis del compromiso

A partir de la constatación de que la ausencia de (o las dificultades de acceso a) informaciones relevantes sobre las acciones y políticas gubernamentales en materia de salud sexual y reproductiva limita las posibilidades de monitoreo de la sociedad civil, este compromiso se propone facilitar el acceso a información completa y oportuna sobre las políticas implementadas a nivel federal en esa área. Con ese objetivo, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación (actualmente Ministerio de Salud) sistematizará y publicará series de datos sobre la distribución de métodos anticonceptivos, desagregados por provincia e insumo, consignando la cobertura poblacional alcanzada; así como acerca de las capacitaciones realizadas a demanda de las provincias en temáticas de salud sexual y salud reproductiva, desagregadas por localidad y por tema. Además, el compromiso incluye la realización de encuentros con OSC para recoger sus aportes conducentes a la ampliación y el mejoramiento de la información disponible.

Dado que sus tres hitos se traducen en actividades observables y se operacionalizan en entregables tangibles (encuentros con sociedad civil, datos publicados), el compromiso considerado es verificable.

El compromiso es relevante para el valor del acceso a la información tal como lo define OGP, ya que apunta a facilitar el acceso a datos actualmente no disponibles o de difícil acceso que resultan fundamentales para la labor de incidencia de las OSC especializadas en derechos de las mujeres y salud sexual y reproductiva. Además, contiene un componente secundario de participación ciudadana, en la medida en que incluye un mínimo de dos “encuentros de retroalimentación” con OSC, destinado a “verificar avances en el compromiso y recibir ideas, con miras a identificar sinergias”.

Tal como lo señalóon las representantes de dos OSC que participaron del proceso de cocreación, ACIJ y la Fundación Huésped, el compromiso fue incluido en el plan a raíz de una demanda de la sociedad civil, que una de ellas también identificó como una demanda de la ciudadanía en general [ 78 ]. Ambas fuentes, sin embargo, coincidieron en afirmar que parte de la sustancia de la propuesta original terminó perdiéndose en el curso de la negociación que tuvo lugar en la mesa de diálogo y el proceso subsiguiente.

Desde ACIJ, Julieta Izcurdia describe que la propuesta inicial de su organización, secundada por varias más, consiste en “transparentar el seguimiento físico del programa de Educación Sexual Integral (ESI, del Ministerio de Educación) en las diferentes provincias. La propuesta se combinó con otra vinculada con la transparencia y el monitoreo de las políticas de sexualidad y derechos a cargo de la Secretaría de Salud [pero] a la [mesa de diálogo] solo asistieron representantes de esta última. Tuvimos otra reunión con el Ministerio de Educación, que se comprometió publicar cierta información, pero [esto] no fue plasmado en el compromiso final ” [ 79 ], que eventualmente no incluirá este ministerio [ 80 ].

Desde la perspectiva de Betiana Cáceres, de la Fundación Huésped, “el compromiso se fue definiendo en función de ese pedido [de la sociedad civil] y lo que el gobierno estaba dispuesto a abrir”, que evidentemente no aparecieron los datos acerca de la implementación del programa ESI. Así, Cáceres estima que, en relación con los componentes de educación, la sociedad civil fue apenas informada, ya que “el gobierno modificó unilateralmente el texto que ya había sido discutido, se [le] pidieron explicaciones y los argumentos no fueron satisfactorios” [ 81 ]. Con todo, la experiencia arrojó un resultado positivo, que podrá capitalizarse en el futuro: como lo señala la DGA, la participación de jóvenes en la mesa de diálogo “desencadenó conversaciones diferentes, o más profundas, sobre lo observado por organizaciones. Las jóvenes presentaban la problemática real de lo experimentado en sus escuelas (lo que a su vez plantean las OSC), y si bien no se gestó el compromiso, se les abrió una línea de interlocución con funcionarios que ellas hasta ese momento desconocían ” [ 82 ].

Por su parte, en relación con el componente de salud, que quedó plasmado en el compromiso, la sociedad civil sí habría sido escuchada e involucrada (“se ​​logró un acuerdo positivo aunque el gobierno no mostró flexibilidad sobre el pedido de que la publicación fuera en formato abierto ”), percepción que coinciden con la de nuestras fuentes en la Secretaría de Gobierno de Salud [ 83 ].

El compromiso eventualmente incluido en el plan tiene ambiciones limitadas, tanto por haber dejado de lado un componente que la sociedad civil consideraba central, como por el hecho de que, como lo subraya la representante de una OSC especializada en el tema, la mayor parte de la información comprometida en materia de salud sexual y reproductiva ya existe: el compromiso no supone la construcción de indicadores ni el relevamiento de datos nuevos, sino más bien la desagregación de datos ya disponibles y la puesta a disposición del público de información que solía ser de uso exclusivamente estatal, ya la que las OSC especializadas eventualmente lograban acceder, pero con cierta dificultad. En lo sucesivo, el acceso simplificado a información más desagregada facilitará la labor de monitoreo de la sociedad civil, especialmente a nivel provincial, donde la opacidad suele ser mayor. En ese sentido, es de destacar la oportunidad, habilitada por el compromiso, de hacer un seguimiento más riguroso de la cadena de suministros e impulsar iniciativas que comprometan a los gobiernos provinciales. Sin embargo, en función de las limitaciones mencionadas, se espera que, de ser implementado según está redactado, el compromiso tenga un impacto menor.

Compromiso 15. Sexualidad y derechos

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierta? Sí

● Potencial para obtener resultados: Menor

● Cumplimiento: sustancial

● ¿Abrió el Gobierno? marginalmente

Este compromiso se implementó en una versión ligeramente modificada en relación con la originalmente incluida en el plan de acción. Para dar cuenta de la entrada en vigor de la Ley Nº27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el 24 de enero de 2021, el compromiso pasó a incluir, entre las informaciones de publicación requerida, las referidas a capacitaciones sobre interrupción legal del embarazo (marco legal, modelo de atención, lineamientos técnicos, estrategias de abordaje) en las provincias.

Los datos sobre la cantidad de métodos anticonceptivos distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, desglosados ​​por provincia y por insumo, se publicaron trimestralmente solo en el año 2021. [ 38 ], lo mismo que los datos sobre capacitaciones [ 39 ]. En noviembre de 2020 se realizó el primero de los encuentros de retroalimentación con la sociedad civil pautados en el compromiso, el cual contó con buena participación.

El funcionario consultado informó que el compromiso se implementó correctamente, aunque las capacitaciones y reuniones debieron realizarse de forma remota. Sin embargo, dada su escasa ambición, su efecto sobre la apertura gubernamental se considera marginal: “A partir del aporte sanitario por parte de las jurisdicciones, los distintos organismos públicos y privados cuentan con la información necesaria para ajustar o generar nuevas políticas públicas respecto de la materia” [ 40 ].