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Chile

Desarrollar en colaboración una propuesta de política sobre la creación de un registro de propietarios reales (beneficiarios finales - BF) Business (CL0061)

Descripción

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de Acción de Chile 2018-2020

Ciclo del Plan de Acción: 2018

Estatus

Instituciones

Institución Líder: Unidad de Análisis Financiero

Institución(es) de apoyo: Servicio de Impuestos Internos - Contraloría General de la República - Dirección de Compras Públicas - Ministerio Secretaría General de la Presidencia - Servicio Nacional de Aduanas - Tesorería General de la República - Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Observatorio del Gasto Fiscal - Chile Transparente - Agrupaciones de proveedores del Estado; - Open Contracting Partnership - Iniciativa de Propiedad Abierta - Espacio Público

Áreas de política

Anticorrupción e integridad, Beneficiarios reales, Democratización de la toma de decisiones, Sector privado, Participación pública, Gobierno regulatorio

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de Resultados Transitorios de Chile 2018-2020, Informe de Diseño de Chile 2018-2020

Primeros resultados: sin datos de IRM

Diseño i

Verificable: Sí

Relevante para los valores de OGP: Sí

Ambición (consulta: definición): Bajo

Implementación i

Terminación:

Descripción

Nombre del compromiso: Construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de
dueños reales (beneficiarios finales - BF) de empresas
Plazo de ejecución: 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2020
Institución o actor responsable de la
implementación
Unidad de Análisis Financiero
Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?
El concepto de beneficiario final o propietarios reales de las empresas ha
irrumpido en la agenda nacional e internacional como uno de los
aspectos más relevantes a la hora de garantizar la transparencia en el
acceso al mercado público, los subsidios periódicos, la prevención del
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la prevención de
la corrupción y el fraude en transacciones entre entes privados y
públicos.
La figura del Beneficiario final ha sido definida por variables
internacionales vinculantes para Chile, como las 40 Recomendaciones
del GAFI y el Estándar Común de Información de la OCDE, y se refiere a la (s)
Persona (s) natural (es) que finalmente posee o controla a una persona
jurídica.
La más alta exigencia internacional en esta materia apunta a la creación
de registros centralizados y de acceso público de beneficiarios finales
que identificó a las personas naturales que en última
instancia detentan el control sobre entidades jurídicas que entran en
transacciones e intercambios con el Estado, a través de las compras
públicos o acceso a subsidios.
A nivel internacional se multiplican los esfuerzos para transparentar los
dueños finales de empresas, toda vez que la opacidad en la propiedad
de vehículos corporativos puede ser abusado para facilitar actividades
criminales, con altos costos para Estado, para la sociedad y el propio
sector empresarial.
A pesar de contar con distintas bases de datos, Chile carece de un
registro centralizado de beneficiarios finales, generando problemas de
transparencia, competencia y riesgos de corrupción entre empresas y,
especialmente en las compras públicas.
Las experiencias de la Unión Europea, Inglaterra, y países de
Latinoamérica, como Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, y
Uruguay, evidencian que es posible avanzar hacia un registro
centralizado y público de esta información. La falta de datos de dueños reales impide saber qué tan competitivo o
concentrado son los mercados y especialmente el mercado público,
además la opacidad facilita los medios para cometer ilícitos como
colusión, lavado de activos y riesgos de cooptación de funcionarios
públicos por parte de empresas. Un riesgo similar se da en el caso de
subsidios a empresas, donde actualmente es complejo prevenir
conflictos de interés, sin contar con datos de calidad sobre los
beneficiarios finales de las respectivas empresas.
A mayor abundamiento, la inexistencia de un registro centralizado de
beneficiarios finales impedidos que Chile de pleno cumplimiento a
instrumentos internacionales que han suscrito y que serán objeto de
evaluación internacional durante el año 2019:
- Proceso de Evaluación Mutua Gafilat del Sistema Nacional
Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del
terrorismo (ALA / CFT).
- Proceso de monitoreo del cumplimiento del Común
Reporte Estándar de Autoridades Tributarias de la OCDE.
- Proceso de Evaluación de la Convención de Naciones Unidas
contra la corrupción, que hace mención expresa de la
necesidad de identificación de los beneficiarios finales, en
frente particular al lavado de activos provenientes de
actuaciones corruptas.
¿Cuál es el compromiso? Construir colaborativamente en conjunto con diversos actores, una
propuesta de política sobre creación de un registro centralizado de
personas naturales que son dueños finales (beneficiarios finales) de las
empresas en Chile y evaluar su transparencia, especialmente para
empresas que hacen negocios con el Estado o que reciben subsidios
estados, para dar cumplimiento a las recomendaciones de GAFI y OCDE
en la materia.
¿Cómo contribuir a resolver la
problemática?
Estudiar la factibilidad técnica para las empresas en Chile registren
con datos verosímiles y actualizados sus estructuras sociales hasta la
o las personas naturales que finalmente controlan las empresas desde
cierto umbral (por ejemplo el 10% de propiedad) o con otra regla que
permite la adecuada trazabilidad, y estudiar su transparencia,
especialmente cuando son oferentes en una compra pública o cuando
recibimos subsidios estatales, lo que permite generar el camino para el
diseño y la implementación de un registro centralizado que permita
dotar de transparencia al sistema de compras públicas, la libre
competencia en el mercado público y privado, la prevención de ilícitos,
como el LA / FT, la corrupción y el fraude y dar cumplimiento cabal a los
vinculados internacionalmente GAFI y OCDE vinculantes para Chile.
La propuesta incluye:
- Estudio experiencia comparada: Se desarrollará un estudio en
profundidad de los registros de dueños de empresas ya
establecidos (y transparentados) en otros países.
- Propuesta de sistema nacional: Se presentará una propuesta
cómo llevar a cabo un registro en Chile. Propuesta de reforma legislativa: Se realizará una propuesta de
cambios al marco regulatorio actual.
- Sugerencias de Transparencia: Se presentará una sugerencia
acerca de los tipos de accesos se requieren dar a este
registro, para personas físicas o jurídicas, tanto del
ámbito público como privado.
¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?
Transparencia: El compromiso está enfocado en fortalecer la
transparencia de las operaciones que se realizan en el mercado
público, promoviendo mayor probidad y control del gasto público junto
con la prevención de delitos (LA / FT, Corrupción y fraude).
Colaboración: El compromiso permite co-crear a través de una alianza
de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil un camino
claro, concreto y factible para implementar en Chile una herramienta
de transparencia vital y necesarias a la luz de los desafíos institucionales y
las exigencias internacionales (GAFI y OCDE).
Participación: El presente compromiso incluye un rol activo de
organizaciones de la sociedad civil, para participar en el debate público,
entregar aportes y entregar contribuciones que lleven a una gobernanza
más sensible, innovadora y efectiva.
Innovación: El compromiso busca identificar las experiencias
tecnológicas más innovadoras y específicas de la experiencia comparada
para su implementación local.
Información adicional Vinculación con otros programas de gobierno: El presente proyecto se
vincula con los esfuerzos que está realizando el SII con la
implementación del CRS de las Autoridades Tributarias de la OCDE.
Vinculación con el plan nacional de desarrollo o con planos sectoriales:
El compromiso se vincula directamente con la Estrategia Nacional
Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo 2018-
2020, que en su línea Estratégica N ° 1 de Actualización Normativa, N ° 3
de Investigación Patrimonial y Activos Decomisados ​​y N ° 5 de
Coordinación y Cooperación interinstitucional, identificaron la creación
de un registro centralizado de beneficiarios finales como uno de los
aspectos relevantes y necesarios en el país para la prevención y
detección de LA / FT y delitos previos. No está de más señalar que
La Estrategia Nacional ALA / CFT 2014-2017 incluye un capítulo específico
solo para Transparencia y Beneficiario final, que culminó con la emisión
de la circular 57 de la UAF.
Vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible: El compromiso
de Estudio de factibilidad de Registro de Beneficiarios finales comprende
se vincula directamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 de las Naciones Unidas, el cual implica dotar de mayor
transparencia al aparato público y la ciudadanía para fortalecer a través
de alianzas de trabajo público-privadas para la prevención de
corrupción, fraude y LA / FT, a través de la aplicación de los principios de
transparencia, colaboración, participación e innovación, para contribuir al cumplimiento del objetivo 16 de la agenda 2030 de “garantizar el acceso
a la justicia para todos ".
Para lograr que existan sociedades pacíficas, justas e inclusivas, se hacen
propias las metas específicas del objetivo precedentemente
mencionado, las cuales buscan:
- 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y
devolución de los activos robados y luchar contra todas las
formas de delincuencia organizada;
- 16.5 Reduce la dificultad y la corrupción en el soborno
todas sus formas;
- 16.6 Crear a todos los niveles instituciones fácilmente y
transparentes que rindan cuentas;
- 16.10 garantiza el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales;
- 16.11 Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes,
incluso mediante la cooperación internacional, para crear a
todos los niveles, especialmente en los países en desarrollo,
la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y
la delincuencia
Finalmente, es preciso señalar que este compromiso cuenta con la
voluntad y respaldo institucional para su ejecución (estructura
organizacional y factibilidad presupuestaria), por parte de la Unidad de
Análisis Financiero.
Actividad y producto entregable Fecha de inicio Fecha de término
Etapa 1: Estudio de Factibilidad.
Para la realización del Estudio, se
programan los siguientes hitos:
- Sub-etapa 1: Conformación de
equipo interinstitucional públicoprivado.
- Sub-etapa 2: Diseño de
cronograma de trabajo y
asignación de responsabilidades.
- Sub-etapa 3: Ejecución del
cronograma de trabajo.
El estudio contemplará dos aspectos
fundamentales:
- Registro:
- Tipos de registros:
Estudio sobre tipos de
registros: Registro en
línea versus registro
basado en
declaraciones juradas.
Análisis de la
Experiencia
1 de diciembre de 2018 1 de septiembre de 2019 internacional en la
materia, como, por
ejemplo, el Reino Unido
y la Unión Europea. Se
entiende que dicho
registro debe seguir las
recomendaciones de
Grupo de acción
Financiera Internacional
(GAFI).
- Sanciones posibles: En
caso de consideración
como registro basado
en declaraciones
juradas: Investigar y
analizar las posibles
dudas que se
aplicarán si las personas
jurídicas autorizadas
información falsa o no
brindan información.
- Umbrales: Analizar las
alternativas de
umbrales para la
obligación de informe
por parte de dueños de
empresas, y otras
alternativas disponibles,
para cumplir el objetivo
de garantizar la
trazabilidad dentro de
estructuras en base de
cascadas
- Transparencia del Registro:
- Análisis sobre quién
debería tener acceso a
la información sobre los
beneficiarios finales y
qué tipo de información
se debe proporcionar.
- Promover la
transparencia del
registro en caso de
todas las empresas que
participan en el
mercado público.
- Acerca de la protección
de datos personales:
Analizar e incorporar
consideraciones a la
protección de las
personas que pueden estar en riesgo a través
de la divulgación de esta
información.
Etapa 2: Elaboración de Informe final. 1 de septiembre de 2019 1 de febrero de 2020
Etapa 3: Consulta Pública.
Enviar las conclusiones a consulta pública
y considerar aportes del sector
empresarial y civil.
1 de marzo de 2020 1 de mayo de 2020
Etapa 4: Comisión de reforma legislativa.
Nombrar una comisión para considerar
cambios en la legislación chilena
necesarios para la implementación del
registro.
1 de mayo de 2020 1 de agosto de 2020
Etapa 5: Publicación de informe final. 1 de agosto de 2020 30 de agosto de 2020
Información de contacto
Nombre de la persona responsable Javier Cruz Tamburrino
Título, Departamento Director de la Unidad de Análisis Financiero
Correo electrónico y teléfono jcruz@uaf.gov.cl / + 56224393000
Otros actores
involucrados
Actores de
Gobierno
- Servicio de Impuestos Internos
- Contraloría General de la República
- Dirección de Compras Públicas
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Servicio Nacional de Aduanas
- Tesorería General de la República
- Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y
Transparencia
OSC, sector
privado,
organizaciones
multilaterales
grupos de trabajo
- Observatorio del Gasto Fiscal
- Chile Transparente
- Agrupaciones de proveedores del Estado;
- Asociación de contratación abierta
- Iniciativa de propiedad abierta
- Espacio Público

Resumen de estado intermedio de IRM

11. Construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de propietarios reales (beneficiarios finales - BF) de empresas

¿Cuál es el compromiso?

Construir colaborativamente en conjunto con diversos actores, una propuesta de política sobre creación de un registro centralizado de personas naturales que son dueños finales (beneficiarios finales) de las empresas en Chile y evaluar su transparencia, especialmente para empresas que hacen negocios con el Estado o que recibir subsidios estatales, para dar cumplimiento a las recomendaciones de GAFI y OECD en la materia.

¿Cómo contribuir a resolver la problematica?

La propuesta incluye:
- Estudio experiencia comparada: Se desarrollará un estudio en profundidad de los registros de propietarios de empresas ya establecidos (y transparentados) en otros países.
- Propuesta de sistema nacional: Se presentó una propuesta de cómo llevar a cabo un registro en Chile.

- Propuesta de reforma legislativa: Se ejecutará una propuesta de cambios al marco regulatorio actual.
- Sugerencias de Transparencia: Se presentará una sugerencia acerca de los tipos de accesos que se deben dar a este registro, para personas naturales o jurídicas, tanto del ámbito público como privado.

Hitos y actividades

Etapa 1: Estudio de Factibilidad. Para la realización del Estudio, se programan los siguientes hitos:
- Sub-etapa 1: Conformación de equipo interinstitucional público-privado.
- Sub-etapa 2: Diseño de cronograma de trabajo y responsabilidades.
- Subetapa 3: Ejecución del cronograma de trabajo.

El estudio contemplará dos aspectos fundamentales:
- Registro: - Tipos de registros: Estudio sobre tipos de registros: Registro en línea versus registro basado en declaraciones juradas. Análisis de la experiencia internacional en la materia, como, por ejemplo, el Reino Unido y la Unión Europea. Se entiende que dicho registro debe seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Sanciones posibles: En caso de considerar como registro basado en declaraciones juradas: Investigar y analizar las posibles sanciones que se aplicarán si las personas jurídicas proporcionan información falsa o no brindan información.
- Umbrales: Analizar las alternativas de umbrales para la obligación de reporte por parte de los dueños de empresas, y otras alternativas disponibles, para cumplir el objetivo de asegurar la trazabilidad dentro de estructuras en base de cascadas.
- Transparencia del Registro: - Análisis sobre quién debería tener acceso a la información sobre los beneficiarios finales y qué tipo de información se debe proporcionar.
- Promover la transparencia del registro en caso de todas las empresas que participen en el mercado público.
- Acerca de la protección de datos personales: Analizar e incorporar consideración a la protección de las personas que podrían estar en riesgo a través de la divulgación de esta información.

Etapa 2: Elaboración de Informe final.

Etapa 3: Consulta Pública. Enviar las conclusiones a una consulta pública y considerar aportes del sector empresarial y civil.

Etapa 4: Comisión de reforma legislativa. Nombrar una comisión para considerar cambios en la legislación chilena necesaria para la implementación del registro.

Etapa 5: Publicación de informe final. [ 45 ]

Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2018 Fecha de término: 31 de agosto de 2020

Resumen del compromiso

verificabilidad

Relevancia frente a los valores de la AGA (como está redactado)

impacto potencial

Cumplimiento

¿Contribuyó a la apertura del Gobierno?

No es suficiente para ser verificable

Es suficientemente pacifico para ser verificable

Acceso a la información

Participación ciudadana

Rendición de cuentas

Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas.

Ninguno

Menor

Moderado

Transformador

No iniciado

Limitado

Sustancial

Completar

empeoró

No hay cambios

marginalmente

Significativamente

Sobresaliente

1. General

Evaluado al final del ciclo del plan de acción

Evaluado al final del ciclo del plan de acción

Contexto y objetivos

La OCDE establece que al sector de públicos como uno de los espacios de compras estatales más vulnerables ante la corrupción, no solo por el volumen de las transacciones o los altos intereses financieros, sino porque los procesos suelen ser complejos, por la posible cercanía de funcionarios públicos con grandes empresas, y por la multitud de actores interesados [ 46 ].

En un contexto como el chileno, donde han existido en los últimos años varios casos de corrupción que han erosionado la confianza en las instituciones (ver Contexto), no han sido pocas los estamentos públicos, las organizaciones sociales y entidades privadas que apoyan la idea de un registro que dé cuenta de los beneficiarios finales de las empresas que busquen participar en compras públicas, todo con la finalidad de una transparencia mayor, evitar prácticas anti competitivas y desincentivar acciones de corrupción [ 47 ]. Es más, ya en el 2017 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) establece que los sujetos obligados del sector financiero deben presentar una declaración sobre la identidad de los beneficiarios finales de sus empresas. [ 48 ], por lo que se evidencia cierto interés en estos temas de antemano.

En este contexto, el presente compromiso se propone crear, de manera colaborativa con los actores interesados, una propuesta para generar un registro unificado de beneficiarios finales de empresas privadas, con especial énfasis en aquellas que reciben subsidios o que postulan a compras públicas. En cuanto a su relevancia en cuanto a los valores AGA, se observa en el cuerpo del compromiso la realización de consultas públicas e invitación a diversos actores sociales, aunque no se especifica ni quiénes incluyen dichos actores ni el grado de incidencia que tendrían en el informe . Sin embargo, de llevarse a cabo estas estrategias, cabría como relevante al valor de participación ciudadana. En cuanto al valor de acceso a la información, el compromiso no se centra en generar el registro propiamente dicho, sino por hacer un informe sobre cómo dicho registro podría implementarse. En este sentido, dado que no se genera nueva información pública a través de las acciones establecidas en este compromiso, no se haría relevante para este valor AGA.

Los puntos planteados por el compromiso son claros y detallados, lo que permite hacer una revisión de cumplimiento al terminar el plan de acción. Aun así, no se incluye mayor detalle sobre los procesos participativos, los posibles invitados a colaborar y su nivel de incidencia en el informe final.

En cuanto a su impacto potencial, este compromiso fue el mejor evaluado por los representantes de la sociedad civil y de la academia, así como por el representante del PNUD y la funcionaria de la Comisión de Probidad y Transparencia, todos miembros de la Mesa de Gobierno Abierto. Las razones para esta evaluación van desde el mismo diseño, pues ha sido una iniciativa que provino de sociedad civil y que está siendo avalado por la UAF como entidad estatal responsable, además de encontrar construido el compromiso de manera colaborativa y con gran interés entre las partes . Además, es un tema que resulta muy importante por su capacidad de transformación, puesto se consolida como un paso fundamental para dar cuenta de una necesidad ya detectada por informes internacionales. Todos los entrevistados marcaron la importancia temática y contextual de esta iniciativa, y remarcaron que sería una acción que, de llegar a buen término, podría llegar a ser transformadora.

Sin embargo, el compromiso se limita a realizar un informe consultado que podrá servir de insumo para la realización posterior, aunque no específico si se crearía en un futuro una herramienta pública e interconectada en formato de datos abiertos, condiciones necesarias para que el impacto de un registro de beneficiarios reales sea mayor.

El consultor del BID coincide en parte con esta apreciación. Tiene una visión más crítica, basada fundamentalmente en que el compromiso busca generar una iniciativa política, pero no llega a comprometerse con la creación del registro como tal. En este sentido, el entrevistado mencionó entonces que, aun siendo un paso significativo, el cumplimiento de este compromiso no necesariamente implica que el modelo construido acabe adoptándose.

Teniendo en cuenta que el proceso de diálogo ya existe en la elaboración del presente compromiso, que su mismo diseño ya implicó un trabajo colectivo, y que su finalidad busca atender un tema de suma importancia en el contexto chileno, se entiende que existe una voluntad manifiesta por parte de la UAF por involucrarse en este tema a profundidad, y aun cuando este sea un primer paso, ya marca un cambio significativo en cuanto a la apertura estatal y la colaboración entre actores sociales. Ahora, al no implicar un cambio concreto, sino la creación de una propuesta de cambio, se entiende entonces que el compromiso tiene un impacto potencial menor.

Siguientes pasos

Como ya hemos mencionado, este compromiso puede ser un paso importante en cuanto a un primer paso para la implementación del registro de los últimos beneficiarios. Aun así, sería interesante observar el nivel de involucramiento ciudadano en el proceso de creación no solo del informe, sino de la implementación propia del registro, así como los niveles de transparencia y de acceso a la información que podría llegar a tener este tipo de plataformas . Para ello, hay que tener en cuenta algunas de las recomendaciones de la OECD para la creación de registros de últimos beneficiarios [ 49 ], sobre todo en cuanto a que dichos espacios se construyan en formato de datos abiertos y no permitan la interconexión con otras bases de datos públicos relevantes, como fueron las de contratación, por ejemplo. Solo con este nivel de implementación estaríamos ante un compromiso transformador.

[ 46 ] OCDE (2016). “Prevención de la corrupción en la contratación pública”. Disponible en: https://bit.ly/2Jk2ZU6
[ 47 ] El Mercurio: “Entidades públicas y privadas apoyan creación de registro para transparentar propietarios finales de firmas” 17 de julio de 2018. Disponible en: https://bit.ly/2L2lyMR
[ 48 ] UAF: Legislación chilena ALA / CFT. Beneficiario final. Disponible en: https://bit.ly/2Waf9nB
[ 49 ] OCDE (2019): “A Beneficial Ownership Implementation Toolkit” Disponible en: https://bit.ly/2Tn2QyE

Resumen de estado de fin de período de IRM

11. Construir colaborativamente una propuesta de política sobre la creación de un registro de beneficiarios finales de empresas

Limitado

Los actores consultados, tanto del Gobierno como de la sociedad civil, coincidieron en caso de destacar a este compromiso como un excepcional conjunto de trabajo en forma continua durante todo el período de implementación [ 45 ]. La labor del equipo interinstitucional que agregó a las OSC Chile Transparente y Observatorio de Gasto Fiscal resultó en la publicación de una propuesta de creación de un registro centralizado finales de beneficiarios o reales de las empresas [ 46 ]. La propuesta se sometió a una consulta pública mediante un formulario en línea que, a causa de demoras que el organismo implementador atribuyó a los cambios en las prioridades de la política pública resultados de la pandemia, quedó abierto entre el 8 y el 29 de septiembre de 2020 , es decir, fuera del plazo de implementación del compromiso [ 47 ]. Asimismo, por efecto de este retraso quedaron pendientes la formación de la comisión de reforma legislativa y la publicación del informe final resultó de la integración de sus aportes, así como de los de la consulta pública. Pese a que no tuvo efectos tangibles en lo que hace a la apertura del gobierno [ 48 ], la sociedad civil y el Gobierno evaluaron el resultado como positivo, en la medida en que el documento elaborado debería servir para que – en palabras del funcionario a cargo del compromiso - “futuros tomadores de decisiones tendrán un insumo completo sobre los aspectos críticos que se deben tener en cuenta para crear un registro de beneficiarios finales” [ 49 ].

[ 45 ] Javier Cruz, Director de la Unidad de Análisis Financiero, respuesta a encuesta, 07/06/21; Jaime Ibarra, representante de la sociedad civil en Mesa de Gobierno Abierto, entrevista, 09/09/21.
[ 46 ] UAF, Propuesta para regulación de Beneficiario Final, disponible aquí: https://bit.ly/3Ea4VXh.
[ 47 ] Si bien el enlace al formulario se desactivó una vez finalizado el período de consulta, disponemos de los tweets publicados por la UAF para promocionar la consulta (véase por ejemplo: https://bit.ly/3lfMUhL). Éstas recibieron 51 respuestas, en su mayoría favorables a la creación del registro ya la imposición de sanciones penales a quienes implementaran declaraciones falsas. Véase, por ejemplo, Pauta, 01/12/20, “Identificar a los dueños finales de las empresas: urgencia a paso lento”, disponible aquí: https://bit.ly/3E3szF7.
[ 48 ] Cabe suponer que aún si se hubiera implementado en su totalidad, el resultado no hubiera variado, en la medida en que el compromiso padecía de una limitación de diseño, atribuible al hecho de que la creación del registro requiriera de tramitación legislativa, y por lo tanto apuntaba a generar una iniciativa política sin comprometer la efectiva creación del registro.
[ 49 ] Javier Cruz, Director de la Unidad de Análisis Financiero, supra.

Compromisos

Open Government Partnership