Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (CL0079)

a. Información general

Este compromiso busca desarrollar y difundir un Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE) que actúe como una hoja de ruta, identificando participativamente tanto las brechas existentes como las acciones prioritarias necesarias para avanzar en la plena e implementación efectiva de este acuerdo. Lidera este compromiso el Ministerio de Medio Ambiente. Los puntos de contacto son la jefa Oficina de Asuntos Internacionales; y el jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Entre las partes interesadas de apoyo a nivel de Gobierno se considera el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Superintendencia del Medio Ambiente, Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con respecto a la sociedad civil, se consideran las organizaciones ambientales y de la sociedad civil, agrupaciones y juntas de vecinos. Por último, entre otros actores como partes interesadas se consideran las empresas, la CEPAL, las agrupaciones gremiales, los sindicatos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

b. Definición del problema

IV. ¿Cuál es el problema que el compromiso busca abordar? En Chile, la justicia ambiental se ha vuelto una necesidad crucial y cada vez más relevante. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha identificado 107 conflictos ambientales en el país, de los cuales 73 son activos y 34 son latentes, destacándose principalmente en los sectores energéticos y mineros. Los derechos humanos involucrados abarcan el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a gozar de salud física y mental, así como el derecho a la participación y consulta indígena. Se prevé que, debido a la agudización de la triple crisis planetaria, este tipo de conflictos podría aumentar. La protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales es especialmente relevante. A nivel global, y en América Latina y el Caribe en particular, se observa un aumento sostenido en las amenazas a líderes y profesionales que buscan preservar la justicia socioambiental.

v. ¿Cuáles son las causas del problema? El Ministerio del Medio Ambiente, gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desarrolló un diagnóstico preliminar que tuvo por objeto evaluar el estado de cumplimiento actual del país respecto a los pilares de acceso a la información, a la participación, ya la justicia en asuntos ambientales, así como en relación con defensores y defensoras de derechos humanos ambientales, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. También, por medio de un proceso de participación temprana que se realizó entre junio y octubre de 2023, y que involucró talleres, grupos focales y un buzón virtual se recabaron aportes de distintos actores y grupos relevantes de la sociedad como: personas mayores, personas de territorios ambientalmente vulnerables, mujeres, jóvenes, representantes de comunidades indígenas, funcionarios/as municipales, sector privado y la academia en relación al nivel de cumplimiento de los estándares del Acuerdo.

C. Descripción del compromiso

i. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? Chile es Estado Parte del Acuerdo de Escazú desde el 11 de septiembre de 2022, convirtiéndose en el 13° Estado Parte. Desde entonces, el país ha emprendido diversas acciones para implementar el Acuerdo, centrándose en la difusión y capacitación, la identificación de medidas de gestión y la elaboración de un Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE). Este plan, en desarrollo durante 2023 y parte de 2024, busca evaluar, con una participación significativa del público, las brechas y medidas prioritarias para la plena incorporación del Acuerdo en Chile, con especial énfasis en personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El proceso actual está en la etapa de elaboración del anteproyecto del PIPE, el que se encuentra en proceso de consulta pública desde el 24 de noviembre de 2023 y estará disponible hasta el 30 de enero de 2024. El Ministerio del Medio Ambiente ha definido más de 70 medidas para mejorar la aplicación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está apoyando la elaboración de un mapa de actores, una propuesta de gobernanza y coordinación interinstitucional para la implementación de Escazú. En términos de participación de la sociedad civil, el sector público y privado, se ha diseñado un proceso participativo para 2023 y 2024, buscando representantes a nivel local, nacional y regional conforme a los estándares del acuerdo para la elaboración del PIPE. Chile cofacilita, junto con Ecuador y San Cristóbal y Nieves, el grupo de trabajo para defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, con el objetivo de presentar un plan de acción regional en la próxima Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP). ) ordinaria en abril de 2024. Este plan incluye mecanismos especiales para la inclusión de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Con el propósito de mejorar los estándares de los derechos de acceso y garantizar un ejercicio seguro para quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, el Ministerio del Medio Ambiente, junto con otras entidades, está implementando un Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazu. El proceso de inclusión de capacitaciones, consultorías y una fase de participación temprana que involucró a 1,251 personas. El anteproyecto del Plan será sometido a consulta pública, marcando un paso significativo en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Chile.

ii. ¿Qué solución se propone? La solución propuesta se enmarca en la instalación progresiva de Escazú por medio del PIPE y con ello abordar del mejor modo posible los conflictos ambientales y fomentar la justicia ambiental, promover la protección de los derechos humanos, impulsar el acceso equitativo a la información ambiental, la participación pública efectiva en la toma de decisiones ambientales, y la efectiva promoción y protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

ii. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? La implementación participativa de Escazú, permitirá fortalecer la democracia ambiental, una mejor toma de decisiones y con ello se busca lograr una mayor protección al medioambiente y, en consecuencia, de todos los derechos humanos, ya que requieren de un entorno sano para su realización. Con este compromiso se espera contar con una hoja de ruta clara al corto, mediano y largo plazo que identifique con claridad las brechas y prioritarias para avanzar medidas en materia de acceso a la información pública, participación y justicia en temas ambientales, y en lo relativo. a la promoción y protección de defensores y defensoras ambientales.

d. Análisis del compromiso

IV. ¿Cómo promoverá la transparencia? El Acuerdo de Escazú establece expresamente en su artículo 5 y 6 disposiciones relativas a la transparencia pasiva y activa en materia ambiental, por lo cual avanzar en su plena y efectiva implementación está directamente alineado con los fines de Estado Abierto.

v. ¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas? El Acuerdo de Escazú establece expresamente entre sus principios el de rendición de cuentas, pues busca precisamente la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso. A su vez los derechos de acceso son derechos humanos esenciales para la vida democrática, y son fundamentales para lograr una buena gobernanza y una gestión pública inclusiva y participativa. Refuerzan la democracia porque aumentan la transparencia y la rendición de cuentas, garantizan que en las políticas públicas se tengan en cuenta las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos/as, y facilitan la revisión y el control. También contribuyen en gran medida al desarrollo sostenible, porque fomentan la gobernanza ambiental.

vi. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones? El Acuerdo de Escazú establece en su artículo 7 el derecho de participación del público, por lo que los países se comprometen a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales.

mi. Planificación (Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista | Partes interesadas de apoyo)

Proceso de Consulta Pública del Anteproyecto del PIPE1 | Realización de ocho diálogos participativos presenciales en cada una de las regiones y la elaboración de un informe de devolución. Realización de seis talleres presenciales y virtuales con grupos focalizados (mujeres, niñez y jóvenes, adultos mayores, entre otros) y la elaboración de un informe de devolución con los contenidos expuestos, total de participantes y principales hallazgos. | Enero 2024 | Líder: Ministerio del Medio Ambiente

Elaboración y Publicación Proyecto Definitivo de PIPE | Elaboración de la propuesta definitiva del PIPE que incluye el diagnóstico de brechas y medidas priorizadas. | Abril 2024 | Líder: Ministerio del Medio Ambiente.  SEA  Superintendencia del Medio Ambiente  Ministerio de Justicia  Ministerio de Relaciones Exteriores  Secretaría General de la Presidencia

Estrategia de socialización y comunicación del PIPE | Elaborar una estrategia comunicacional para dar a conocer y difundir el PIPE. | Junio ​​2024 | Líder: Ministerio del Medio Ambiente.  Todos los organismos públicos con responsabilidad en la implementación de las medidas emanadas del Plan.  CEPAL

Capacitación Escazú | Desarrollo de capacitación del acuerdo de Escazú y un informe de devolución con los contenidos expuestos, total de participantes (desagregados por género) y principales hallazgos. | Octubre 2024 | Líder: Ministerio del Medio Ambiente.

Instalación de Gobernanza Escazú | Desarrollo de al menos 3 reuniones y sesiones para poner en marcha los mecanismos de gobernanza a nivel nacional y regional, y la elaboración de un acta de registro de participantes y temas abordados. | marzo 2025 | Líder: Ministerio del Medio Ambiente.