Política de justicia abierta (CR0053)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
La necesidad de un cambio de paradigma en el Poder Judicial, hacia uno más democrático, inclusivo y participativo; y la de fortalecer y articular las acciones de transparencia, rendición de cuentas y colaboración dan origen a la formulación de una política de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica, tratándose de ajustar a las demandas y necesidades actuales de la población costarricense.

¿Cuál es el compromiso?
Promover una gestión en todos los controles del Poder Judicial basado en los principios rectores de la Justicia Abierta: transparencia, participación y colaboración, para el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e igualitaria y la tutela judicial efectiva que conlleva al bienestar integral de las personas. Además se instrumentalizará la Política, que contenga al menos los siguientes productos: mapeo de actores, plan de acción, línea base, sistema de evaluación y seguimiento que controla el monitoreo ciudadano y un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía, con especial atención a las poblaciones en condición de víctimas.

¿Cómo contribuir a resolver la problematica?
Concretar una política en el Poder Judicial sobre Justicia Abierta automáticamente en el estado actual de las acciones ejecutadas en el tema en los distintos cambios de la institución, lo que permite la articulación de estas últimas en un frente común, viabilizando el poder, control, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas en los ejes de transparencia, participación y colaboración. Asimismo, en el proceso será fundamental el involucramiento de la ciudadanía por medio de recursos de consulta y participación directa, lo que confirmará la solicitud de sus necesidades y demandas.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
El presente compromiso busca institucionalizar la apertura de datos y el mejoramiento de acceso a la información pública mediante la creación de mecanismos incluidos en el plan de acción de la política de
Justicia Abierta del Poder Judicial que viabilice dicho cometa, involucrando a las oficinas y despachos que integran los distintos dispositivos de la institución y utilizando recursos y tecnologías innovadoras; por lo que se puede afirmar que tiene relevancia frente al compromiso de transparencia.
La política de Justicia Abierta estará articulada con otra que ya existe en el Poder Judicial en torno al tema de participación ciudadana, lo que implicará la inclusión de la ciudadanía y el mejoramiento de las formas de vinculación que existen con esta; por lo que se puede afirmar que el presente compromiso es relevante frente a la participación pública.
La concreción de una política en Justicia Abierta en el Poder Judicial será un mecanismo que fortalezca el compromiso de la institución y de sus funcionarios y funciones en los principios de transparencia, participación y colaboración, mediante la concreción de acciones que se reflejen en los planos de operaciones de las distintas oficinas y despachos en acciones que promuevan el diálogo, la apertura y la rendición de cuentas.

Información adicional
Por tratarse de una política derivada de compromisos internacionales y nacionales, una vez que tenga el plan de implementación formulado que a su vez contenga una decisión presupuestaria se ejecutará la gestión ante la Dirección de Planificación del Poder Judicial para incorporar el presupuesto ordinario. En este momento, el Poder Judicial asigna a CONAMAJ la tarea de su ejecución con el presupuesto que ya tiene la oficina, con el apoyo del presupuesto asignado a la Presidencia de la Corte.
Las acciones propuestas en el tema de Justicia Abierta en el Poder Judicial son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) como parte del compromiso del Estado costarricense en adoptar políticas que promuevan el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el gobierno electrónico y la lucha contra la corrupción; y, en la misma línea, se encuentran vinculadas a la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto.
A nivel institucional, temas tales como la participación ciudadana se encuentran en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018, con el objetivo de “Aplicar la gobernanza en la gestión judicial, incorporando los diferentes actores involucrados con el fin de buscar soluciones que resulten satisfactoriamente para todas las partes ".
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobado por las Naciones Unidas, la concreción de una política en Justicia Abierta se encuentra principalmente limitada con el objetivo número 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones afectadas, responsables e inclusivas a todos los niveles ”.
Como antecedente importante en el Poder Judicial, en el 2015 Corte Plena aprueba la Política Institucional de Participación Ciudadana, cuyo objetivo general es: "Garantizar un Poder Judicial capaz de integrar a la ciudadanía como el eje principal definitorio de su acción, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica ". La Política de Justicia Abierta debe articular las acciones de la Política de Participación Ciudadana, en sus diferentes líneas estratégicas, pero sobre todo en el principio correspondiente a la participación.

7. Política de Justicia Abierta

Texto del compromiso:

Promover una gestión en todos los ámbitos del Poder Judicial basada en los principios rectores de la justicia abierta: transparencia, participación y colaboración, para garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e igualitaria y la tutela judicial efectiva que conlleva al bienestar integral de las personas. Además se instrumentalizará la política, que contenga al menos los siguientes productos: mapeo de actores, plan de acción, línea base, sistema de evaluación y seguimiento que incluir el monitoreo ciudadano y un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía, con especial atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. [46]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: Agosto 2019

Contexto y objetivos

Este compromiso, a cargo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) [47] , pretende crear una política de justicia abierta e instaurarla en el Poder Judicial. Según el plan de acción, la política articulará acciones de transparencia, rendición de cuentas y colaboración en todos los ámbitos del Poder Judicial para garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e igualitaria.

El compromiso afirma que el proceso de implementación requiere “el involucramiento de la ciudadanía por medio de recursos de consulta y participación directa”.

Entre los objetivos está la institucionalización de la apertura de datos, iniciado años atrás y que ha permitido a este órgano contar con una página web con información bajo este formato [48] . Además, incluyen facilitar el acceso a la información pública generada por el Poder Judicial y articular esta Política con la Política de Participación Ciudadana de la misma institución, de manera que ambas se complementen al promover la participación de usuarios del Poder Judicial en varios de sus procesos de toma de decisiones.

Para alcanzar las metas mencionadas se definieron las siguientes tareas:

• Obtener la aprobación por parte de la Corte Plena del marco orientador general de la Política de Justicia Abierta.
• Definir el estado situacional
• Diseñar el plan de implementación de la Política de Justicia Abierta que contenga ejes, objetivos, indicadores, metas, acciones estratégicas, responsables, plazos y estimación presupuestaria
• Sistema de monitoreo y evaluación de la Política de Justicia Abierta.
• Sistematización de la experiencia.
• Diseño de la estrategia regional para compartir experiencia como buena práctica y lecciones aprendidas

Entre los entregables que definir el compromiso se incluye un mapeo de actores, un plan de acción, la definición de una línea base, un sistema de evaluación y seguimiento que incluir el monitoreo ciudadano y un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Este compromiso es relevante a los valores de acceso a la información y participación ciudadana. El proceso para la construcción de la política incluirá la consulta con las organizaciones de sociedad civil, pues serán las que definan sus principales necesidades de información, transparencia y rendición de cuentas. A partir de sus insumos, se priorizarán las áreas que abordarán el documento final. El compromiso no define procesos serán las acciones, mecanismos o que se crearán una razón de su implementación y mejorarán la rendición de cuentas del Poder Judicial, según la definición de este valor de OGP. Este compromiso muestra mayor especificidad que los anteriores por lo concreto de sus entregas y el mayor detalle de sus objetivos y las tareas para alcanzarlos. A pesar de ello se podrían relacionar mejor los objetivos y los entregables especificados en el plan de acción, de manera que sea más claro cuál objetivo ayuda a cumplir con cada producto.

Su implementación contribuiría a acercar a los ciudadanos a los procesos por los cuales se les brinda acceso a la justicia y contribuiría a mejorar la imagen de este Poder del Estado, el cual se ha visto afectado por recientes informaciones sobre el régimen de pensiones propio del que goza y sus políticas salariales, que el Gobierno ha propuesto modificar a través de propuestas de ley que provocaron una huelga generalizada en este Poder de la República [49] .

El compromiso da continuidad a esfuerzos los del Poder Judicial por implementar políticas de gobierno abierto iniciadas hace varios años y al compromiso del plan de acción anterior de implementar y divulgar de la Política de Participación Ciudadana [50] , creada en el año 2010 y cuya intención es motivar a los funcionarios a involucrar al usuario a participar de los procesos, toma de decisiones e iniciativas para impartir justicia [51] .

Siguientes pasos

Una vez definido el plan de acción y los indicadores de éxito, los esfuerzos deberán enfocarse en su implementación, de manera que se obtengan los beneficios esperados del desarrollado en forma conjunta entre sociedad civil y el Poder Judicial. Esta es una de las fases más retadoras del proceso para instaurar la política, lograr que influya en el comportamiento de los funcionarios y genere cambios. Éste fue uno de los retos que más costó con la implementación de la Política de Participación del Poder Judicial, incluido en el pasado plan de acción, según el Informe de Fin de Término del IRM 2015-2017.

Algunos de los aspectos que pueden ayudar a instaurarla es cuantificar los resultados esperados de la política y asignarles responsables, de manera que se pueda medir cómo están cumpliendo con lo esperado. Si esto llega a formar parte de la medición de desempeño de las personas responsables, será mayor la probabilidad de llevar la política a la práctica con éxito.

El compromiso contempla el diseño de la estrategia regional para compartir la experiencia como buena práctica y las lecciones aprendidas. Una adecuada estrategia de divulgación será de gran provecho para otras iniciativas de colaboración entre el sector público con la sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas, pues el Poder Judicial ha desarrollado un valioso conocimiento en esta área.

El éxito al convocar a civiles y organizaciones a sus procesos participativos se debe no solo a la relevancia de este Poder del Estado en la vida social y el día a día de los ciudadanos, sino al seguimiento puntual que se le ha dado a las iniciativas de cocreación del organismo, mediante la publicación de información sobre el proceso antes y durante su implementación ya la retroalimentación que reciben sus participantes sobre el uso que se le da los insumos que aportan durante los talleres.

Esto ha ayudado a que, a lo largo del tiempo, el Poder Judicial logre participaciones de mayor calidad que mejoren los resultados de sus procesos y que las OSC participantes se sientan escuchadas al expresar sus necesidades y expectativas, lo que ayuda a que el producto final satisfaga sus necesidades y calidad deseada [52] .

Por el posible impacto potencial y el trabajo que requiere para su implementación y el desarrollo de capacidades en la sociedad civil necesario para su aprovechamiento, el investigador del IRM considera que este compromiso debería priorizarse dentro del presente plan de acción, de manera que cuente con los recursos necesarios para su cumplimiento y no se necesario trasladarlo a planes de acción posteriores.

• "Todos los ticos financian grandes privilegios en pensiones del Poder Judicial”, Juan Pablo Arias, CRHoy, 26 de julio de 2017,
• "El Poder Judicial de Costa Rica cumple 10 días atascado en una huelga inédita”, Álvaro Murillo, El País, España, 29 de julio de 2017,
• "Poder Judicial tiene los jubilados con las pensiones más altas de Costa Rica”, Óscar Rodríguez, La Nación, 15 de abril de 2018
• "800 funcionarios del Poder Judicial ganan más de ¢ 3 millones al mes”, Natasha Cambronero, Gustavo Arias, La Nación, 20 de octubre de 2018
• "Magistrados defienden salarios del Poder Judicial y piden al Congreso hacer cambios a la reforma fiscal”, Manuel Avendaño, El Financiero, 16 de octubre de 2018.