Herramientas y mecanismos para promover y defender la población de Lgtbi (CR0056)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
Desde la Presidencia de la República se han efectuado importantes esfuerzos para erradicar de las Instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa, sin embargo, el país aún tiene la réplica de generar espacios y mecanismos permanentes que propicien la generación e implementación de acciones en materia de defensa de los derechos LGTBI. Así mismo es importante entender y analizar el funcionamiento de la administración pública para mejorar las prácticas administrativas que afectan los derechos de la población sexualmente diversa.

¿Cuál es el compromiso?
El compromiso para la generación de herramientas y mecanismos permanentes para la promoción y defensa de los derechos de la población LGTBI, la constante de distintas etapas, la primera de ellas pretende implementar y consolidar una mesa de diálogo con las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de la población LGTBI como un mecanismo participativo y de fomento de la democracia, donde se establezca un diálogo entre la Sociedad Civil y el Gobierno de la República así mismo la mesa pretende ser un ente informativo, rendidor de cuentas así como fiscalizador. Por otra parte, se desea identificar trámites institucionales que sean deban ser sujetos de reforma según los indicadores internacionales de no discriminación y que estos sean modificados según la visión del Gobierno Abierto y la Defensa de los Derechos Humanos. Finalmente incluye un componente de capacitación a las personas encargadas de ejecutarlos y aplicarlos por lo tanto se pretende capacitar a las y los servidores públicos de instituciones del gobierno central e instituciones autónomas.

¿Cómo contribuir a resolver la problematica?
Este compromiso genera un impacto directo en la búsqueda de la igualdad y la no discriminación en las políticas políticas y en la agenda de la defensa de los derechos humanos. Generará sensibilización, busca la eliminación de prácticas discriminatorias en el país nacional y en la cultura organizacional. Así como en las prácticas administrativas vigentes que obstaculizan el cumplimiento efectivo de los derechos de la población LGTBI

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
Transparencia y acceso a la información. Promoverá la liberación de información en materia de Derechos Humanos de la Población LGTBI. Participación y colaboración. Establecer un mecanismo donde el Poder Ejecutivo informa, explica y escucha las solicitudes y necesidades de la población LGTBI dentro de los Procesos de Políticas Estatales en materia de Inclusión y No Discriminación, impulsando además la mejora de oportunidades, así como se abre la posibilidad de influir en la toma de decisiones.

Información adicional
Decreto presidencial 38999 y la Directriz presidencial N25-P "Política del Poder Ejecutivo para Erradicar de sus Instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa" Este compromiso se encuentra relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible: 5 Igualdad entre los géneros, 10 desigualdades y 16, Paz, Justicia Social e Instituciones Sólidas. Asimismo, se asocia directamente a iniciativas de la OGP en temas de Derechos Humanos y Género y Sexualidad.

10. Herramientas y mecanismos para la promoción y defensa de los derechos de la población LGTBI

Texto del compromiso:

El compromiso para la generación de herramientas y mecanismos permanentes para la promoción y defensa de los derechos de la población LGTB, consta de distintas etapas, la primera de las cuales pretende implementar y consolidar una mesa de diálogo con las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de la población LGTBI como un mecanismo participativo y de fomento de democrático, donde se establezca un diálogo entre la Sociedad Civil y el Gobierno de la República. Asimismo, la mesa pretende ser un ente informativo, rendidor de cuentas así como fiscalizador.

Por otra parte, se desea identificar trámites institucionales que deban ser sujetos de reforma según los estándares internacionales de no discriminación y que estos sean modificados según la visión del Gobierno Abierto y la Defensa de los Derechos Humanos.

Finalmente, incluye un componente de capacitación a las personas encargadas de ejecutarlos y aplicarlos. Por lo tanto, se pretende capacitar a las y los servidores públicos de instituciones del gobierno central e instituciones autónomas. [69]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: Agosto 2019

Contexto y objetivos

El derecho a vivir libre de discriminación en Costa Rica se encuentra garantizado desde la Constitución Política por su artículo 33, según el cual “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicar discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Legislación adicional promulgada por la Sala constitucional define que el principio de igualdad es “un principio rector de nuestra democracia constitucional y permea todo el sistema político y jurídico, no sólo en su dimensión subjetiva, sino objetiva. En consecuencia, ninguna política ni norma abstraerse de cumplir con este principio básico ” [70].

De acuerdo con el informe “Situación de derechos de las personas LGTBI en Costa Rica”, elaborado por el Frente por los Derechos Igualitarios y financiado por Hivos [71], debido a que la normativa anti discriminatoria es reciente, las acciones que desarrollan las instituciones públicas aún no se consolidan satisfactoriamente y, pese a que en Costa Rica se han desarrollado avances y una vasta cantidad de normas y políticas contra la discriminación y que protegen los derechos de la población LGTBI, todavía subsisten prácticas y normas discriminatorias.

El compromiso tiene el fin de crear y consolidar un espacio permanente para el diálogo y la colaboración entre las organizaciones defensoras de derechos humanos de la población LGTBI y el Poder Ejecutivo. Se busca que funcione como un mecanismo participativo por el que ambos sectores trabajen en la definición de políticas públicas que prevengan la discriminación y propicien mejores condiciones sociales para este segmento de la población. Lo anterior le hace relevante para el valor de participación ciudadana.

Este espacio también funcionaría como medio de comunicación entre ambos y para que el Gobierno comunique y rinda cuentas sobre las acciones tomadas en esta materia, según explica el compromiso. Sin embargo, no se dicta ningún mecanismo, tiempo o contenido de esa rendición, ni cuál sería la información a publicar o por qué medio. La única acción contemplada al respecto es implementar una estrategia de divulgación y comunicación sobre los derechos de la población LGTBI, lo cual no implica la publicación de información adicional, por lo que no basta para considerar el compromiso relevante para el valor de acceso a la información .

Además, el compromiso incluye el objetivo de identificar trámites en las instituciones públicas y autónomas que pueden resultar discriminatorios y modificarlos, así como capacitar a quienes se encargan de ejecutarlos, de manera que se ofrezca un servicio acorde a la dignidad y respeto de dicha población.

En Costa Rica existe desde la administración anterior (Solís Rivera 2014-2018) la Mesa de Diálogo LGTBI, la cual busca los mismos fines descritos por el compromiso. Está compuesta tanto por miembros de organizaciones de este grupo como por autoridades de gobierno [72].

Más recientemente, la nueva administración del Ejecutivo que asumió el 08 de mayo del 2018, nombró a un comisionado encargado de atender a la población LGTBI [73], quien será el responsable de dar seguimiento y evaluar los planes contra la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género en las instituciones públicas. El compromiso no hace referencia alguna a la Mesa de Diálogo LGTBI, que se coordina también desde el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, por lo que no es posible saber si se pretende construir una estructura paralela o si lo realizado por esta Mesa bastará para dar por cumplido con los objetivos definidos.

Por otro lado, el texto no define las decisiones ni cuántos trámites se piensan modificar, ni en las instituciones o áreas. Tampoco mencionó detalle alguno sobre la capacitación que se daría a los funcionarios, sus objetivos específicos y alcance, ni cuál es la información que liberará.

El compromiso también carece de detalles sobre la metodología que se usará para asegurar y facilitar la participación ciudadana durante la implementación ya partir de qué momento del proceso se involucrará a las organizaciones civiles. Por estas razones se considera que el compromiso es poco específico y su impacto potencial, menor.

Siguientes pasos

Es necesario aclarar cuál es el aporte del compromiso, qué viene a agregar a la existente Mesa de Diálogo LGTBI, en funcionamiento desde antes de la creación del plan de acción y porqué se propone la creación de un espacio de diálogo que ya se venía dando.

Tal y como está redactado, se dificulta entender el alcance que podría tener la implementación de este compromiso o si esta generaría una duplicidad de funciones. De momento pareciera no agregar valor más allá del que se espera obtener de la Mesa de Diálogo, por lo que convendría agregarlo a nuevos planes de acción soló si busca objetivos diferentes a ésta o le ayuda a conseguir los que ese mecanismo de diálogo tiene definido.

Aclarar este aspecto ayudará también a hacer el compromiso más ambicioso, para lo que también es indispensable concretar qué información se divulgará exactamente y sobre qué se va a rendir cuentas, de qué forma, con qué periodicidad y cómo los ciudadanos podrán ejercer su llamado a rendir cuentas.

Por otro lado, la población LGTBI es una población diversa en sí misma, pues reúne ciudadanos de una amplia variedad de características. Es importante considerar este aspecto para que exista una representatividad amplia de este sector que tome en cuenta factores más allá de su postura LGTBI.

Finalmente, es de gran importancia incluir también segmentos de la población que no necesariamente formen parte de los grupos LGTBI, pero que tengan algún rol en los cambios que se desean implementar. Este rol puede ser porque les corresponda implementarlos o porque se vean de alguna manera impactados por ellos. Si lo que se busca es un cambio profundo en la sociedad y el éxito en la implementación de políticas públicas en esta materia, es importante que desde su etapa inicial de diseño se construyan sobre la base de un diálogo que tome en cuenta la diversidad de puntos de vista, de manera que considera la posibilidad de oposición de otros sectores implicados en el cambio y aumente la probabilidad de éxito en la fase de ejecución.