Defensores de transparencia (SV0079)

Status quo o problema que se quiere resolver: Desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador, su uso ha sido mayoritariamente por periodistas, académicos, estudiantes universitarios y organizaciones no gubernamentales, esto ha generado que sus beneficios no lleguen a toda la población. Se ha identificado el mayor uso de las mismas es por personas que viven en el área metropolitana del Gran San Salvador. Breve descripción del compromiso: Crear una red de defensores de la transparencia que hagan un uso constante de la LAIP en beneficio de su comunidad. Relevancia: Acceso a la información: El aumento de la transparencia en todas las instituciones públicas por medio de las solicitudes de información que realizan personas que han sido capacitadas en el uso efectivo de estas herramientas. Rendición de cuentas: Las comunidades tienen acceso a información que facilita el ejercicio de la rendición de cuentas y la contraloría social en sus localidades. Relevancia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Este compromiso busca generar acciones relacionadas que avanzan hacia el objetivo Nº 16 de “Paz, justicia e instituciones sólidas” Ambición: La Ley de Acceso a la Información Pública dejará de ser un instrumento legal que Beneficiar a unos pocos para dar paso a una cultura de la transparencia en la que personas desde sus comunidades pueden hacer uso de la misma para mejorar su calidad de vida y beneficiarse directamente de la transparencia en las instituciones públicas

3 Defensores de la transparencia

Texto del compromiso:

Crear una red de defensores de la transparencia que hagan un uso constante de la LAIP en beneficio de su comunidad.

Hitos

1. Elaborar un plan de trabajo para implementar el compromiso.

2. Desarrollar e implementar un programa de capacitación sobre el ejercicio del acceso a la información pública dirigido a contralores ciudadanos.

3. Capacitar por lo menos 100 contralores ciudadanos en el uso de LAIP, recursos y procesos ante el IAIP.

4. Graduar como “defensores de la transparencia” a los contralores ciudadanos que han obtenido información en beneficio de su comunidad.

5. Elaborar un plan de multiplicación de los conocimientos adquiridos para los defensores de la transparencia capacitados para más personas en el uso del Derecho de acceso a la información en sus comunidades.

Objetivo: Incrementar el uso del Derecho de Acceso a la Información Pública en el territorio salvadoreño por medio de la capacitación de líderes comunitarios que facilitan a toda la comunidad hacer uso de esta.

Institución responsable: Secretaría Participación, Transparencia y Anticorrupción.

Institución (es) de apoyo: Universidad de El Salvador, Asociación de Radios Comunitarias.

Fecha de inicio: noviembre de 2017. Fecha final: junio de 2018.

Contexto y objetivos

La Asamblea Legislativa publicó en 2011 la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ^{Instituto de Acceso a la Información Pública (2011). "Ley de Acceso a la Información Pública". Disponible en http://www.iaip.gob.sv/?q=ley-y-reglamento/ley-de-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-decreto-no-534} con el objeto de verificación el derecho de acceso de toda persona a la información pública, para contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. El artículo 2 de dicha ley establece el derecho que posee toda la persona de solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz.

Las finalidades de la ley están enmarcadas en la facilitación de la información mediante procesos sencillos y expeditos, propiciar la transparencia en la gestión pública, el impulso de la rendición de cuentas, la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana hacia el ejercicio de la función pública. Fomentar una cultura de transparencia y facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones relacionadas con los asuntos públicos constituyentes, también, una de las finalidades prioritarias de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública conduce un estudio sobre el conocimiento del derecho de acceso a la información pública y el uso de los mecanismos de LAIP en el interior del país. De igual manera, en 2016, la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, con el apoyo del Banco Mundial, encargó a la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) la elaboración de un informe ^{Transparencia Activa (2017). "Estudio revela que 8% de la población ha hecho uso de LAIP". Disponible en: http://www.transparenciaactiva.gob.sv/estudio-revela-que-solo-el-8-de-la-poblacion-ha-hecho-uso-de-laip} para conocer el alcance y nivel de conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la población. Ambos estudios concluyeron que el derecho de acceso a la información se percibe como un beneficio exclusivo del segmento de la población o derivado del pago de impuestos y no como un derecho adquirido.

Además, existe temor a ejercer los mecanismos de la ley por desconocimiento o represalias. El estudio realizado por ISD reveló que había el 8% de la población encuestada ha hecho uso de LAIP y que un 67,7% de esta misma muestra considera que no se ha fomentado —o se ha fomentado muy poco— el conocimiento relacionado con el uso de la LAIP.

En relación con el conocimiento sobre dónde solicitar la información pública, un 30,8% dijo saber qué es una Oficina de Información y Respuesta (OIR) y el 28% sabe qué es una Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). A lo largo de los cinco años de la existencia de LAIP, las entidades del Órgano Ejecutivo y los autónomos han captado más de 56 668 solicitudes con 122 804 solicitudes, según información de la SPTA. ISD recomendó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizar alianzas con gobiernos locales, academia y organizaciones civiles para el conocimiento de la ley en la población.

Por tanto, el objetivo de este compromiso es aumentar el uso del derecho de acceso a la información pública en el territorio salvadoreño por medio de la capacitación de líderes comunitarios que facilitan su uso a toda la comunidad. A través de la capacitación de cien ciudadanos se espera crear una red de defensores de la transparencia que hagan uso constante de la Ley de Acceso a la Información Pública y se convertirán en facilitadores para capacitar a otros habitantes del interior del país. Esto será apoyado con el diseño de un plan para que puedan experimentar la replicación de conocimientos.

El compromiso tiene una clara relevancia con los valores de acceso a la información y participación ciudadana al buscar reducir las barreras para obtener la información —un ciudadano más informado, por ejemplo, posee un incentivo mayor para hacer uso de los mecanismos que uno que los desconoce - y mejora el ambiente operativo actual de participación ciudadana —en específico los cien nuevos defensores de la transparencia—. De implementación por completo, el compromiso sentado las bases para promover el uso de los recursos de LAIP por parte de un sector de la población que no está ejerciendo este derecho.

De acuerdo con la SPTA, las capacidades se realizarán en las cuatro zonas del país e incluirán un componente de práctica fuerte, y se enseñará directamente a los ciudadanos a hacer uso de los mecanismos de LAIP. Los temas incluyen el conocimiento de plazos, lineamientos de acceso a la información, participación en eventos de rendición de cuentas y cómo contactar a oficiales de información.

Esta iniciativa representa un avance innovador en el área de transparencia en las ciudades del interior del país y atiende sectores de la población que de otra forma no utilizarían los mecanismos de la ley. Sin embargo, la implementación de las capacidades no garantiza un cambio específico en el statu quo. Por tanto, su impacto se califica como moderado. El compromiso plantea hitos relevantes, medibles, específicos y con plazos de implementación específicos. Por tanto, su especificidad se califica como alta.

Cumplimiento

El Gobierno de El Salvador reportó un 15% de avance en el cumplimiento de este compromiso en el portal de la OGA. En junio de 2017, la SPTA publicó el plan operativo ^{AGA (2017). "Defensores de la transparencia". Disponible en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/aga_challenges/transparencia/aga_actions/defensores-de-la-transparencia} en dicha plataforma. De acuerdo con representantes de la SPTA, ya comenzó con el proceso de diseño de cartas metodológicas, que está a punto de finalizar. Según los plazos establecidos en el plan de acción, este proceso terminará en mayo de 2018. A la fecha, la SPTA no ha definido el criterio de selección de los municipios de las cuatro zonas del país, aunque confirmó que realizó la coordinación de las capacitaciones a través de las asambleas ciudadanas municipales. Estas seleccionan líderes comunitarios para que participen en el proceso de fortalecimiento.

Según representantes de ISD, la propuesta del compromiso es clara y relevante, pero es necesario implementar un proceso intenso de capacitaciones para el impacto cumpla con lo esperado. Argumentan que su duración debe ser de varios días para que el conocimiento se traslade de forma correcta a los nuevos defensores de la transparencia. También recomendamos la contextualización de los mecanismos en diferentes zonas del territorio, ya que uno de los hallazgos de los estudios sobre el uso de LAIP es que existe confusión sobre los tecnicismos empleados para solicitar información pública. El plan operativo del compromiso se publicó a tiempo y, por tanto, su implementación se considera puntual y su cumplimiento se califica como limitado.

Siguientes pasos

La implementación de una red de defensores de la transparencia —y su replicación— en el territorio nacional constituye un hito innovador para los habitantes del interior del país conozcan y hagan uso del derecho de acceso a la información pública, un elemento que se ha identificado como de acceso limitado o condicionado. El impacto de este puede generar consecuencias positivas en la contraloría a instituciones públicas municipales o de otros órganos del Estado.

Por tanto, el investigador de MRI recomienda incluir una versión similar de este compromiso en un próximo plan de acción, con el objetivo de brindar un seguimiento y fortalecer a la nueva red de defensores de la transparencia. De manera específica, es necesario realizar acciones de monitoreo y evaluación para determinar los territorios en la implementación de este compromiso podría ser más efectivo. Para mejorar la implementación del compromiso, el investigador del MRI recomienda el SPTA para hacer uso de la experiencia territorial que posea el OSC del OGA, que es útil para realizar el proceso de consulta del plan de acción 2016-2018.

I. TRANSPARENCIA

Compromiso 3. Defensores de la transparencia

Texto del Compromiso:

Crear una red de defensores de la transparencia que hagan un uso constante de la LAIP en beneficio de su comunidad.

1. Elaborar un plan de trabajo para implementar el compromiso
2. Desarrollar e implementar un programa de capacitación sobre el ejercicio del acceso a la información pública dirigida a contralores ciudadanos
3. Capacitar a por lo menos 100 contralores ciudadanos en el uso de la LAIP, recursos y procesos ante el IAIP
4. Graduar como "defensores de la transparencia" a los contralores ciudadanos que hayan obtenido información en beneficio de su comunidad
5. Elaborar un plan de multiplicación de los conocimientos adquiridos para que los "defensores de la transparencia" capaciten a más personas en el uso de Derecho de acceso a la información en sus comunidades

Institución (es) responsable (s): Secretaría Participación, Transparencia y Anticorrupción.

Institución (es) de apoyo: Universidad de El Salvador, Asociación de Radios Comunitarias

Fecha de inicio: noviembre de 2017 Fecha de cierre: junio de 2018

Objetivo del compromiso

El objetivo de este compromiso fue incrementar el uso del derecho de acceso a la información pública en el territorio salvadoreño por medio de la capacitación de 100 líderes comunitarios que se convertirían en contralores, facilitando el conocimiento y uso de los mecanismos de la ley en sus comunidades . En el mediano plazo, los 100 denominados “defensores de la transparencia” capacitarían a habitantes adicionales del interior del país. 

En 2016, un informe ^[10] de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), realizado para la SPTA con apoyo del Banco Mundial, concluyó que el derecho de acceso a la información era percibido como un beneficio exclusivo de un segmento de la población o un privilegio derivado del pago de impuestos y no como un derecho adquirido por su condición de ciudadanos. Además, encontró que únicamente el 8% de la población encuestada había hecho uso de los mecanismos de la LAIP y un alto porcentaje (67.7%) de esta misma muestra consideraba que se había fomentado muy poco el conocimiento relacionado con el uso de la LAIP. Dado los hallazgos del diagnóstico, este compromiso buscó ampliar el uso del derecho de acceso a la información en las ciudades del interior del país.

Cumplimiento

Medio término: Limitado

Al cierre del informe de medio término, este compromiso registró un cumplimiento limitado. El Gobierno de El Salvador reportó en el portal del OGA un 15% de avance en la implementación de esta iniciativa [11] . De acuerdo con representantes de la SPTA, el diseño de las cartas metodológicas para las capacitaciones finalizaría en mayo de 2018 y los municipios para realizar los entrenamientos no se han seleccionado. Representantes de ISD manifestaron su preocupación sobre el alcance de las capacitaciones necesarias para lograr los resultados del compromiso. Argumentaron que la formación debería durar varios días para garantizar un correcto entendimiento de los mecanismos de la LAIP y su aplicación.

Fin de término: Limitado

El cumplimiento de este compromiso fue limitado al cierre del plazo del plan de acción. El Gobierno de El Salvador reportó en el portal del OGA un 40% de avance en la implementación de esta iniciativa [12] . A partir de la publicación del plan operativo, en el primer año de implementación, la SPTA únicamente publicó la carta didáctica para la capacitación de los defensores de la transparencia. El documento incluye conocimiento de los mecanismos presentes de la LAIP, cómo hacer uso de ellos y cómo presentar recursos de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información, en caso de que la información sea denegada. Las capacitaciones fueron diseñadas para un estimado de 50 personas y se podrían implementar en las sedes de las gobernaciones departamentales. Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, la SPTA no confirmó una fecha para realizar estas actividades.

De acuerdo con representantes de la SPTA, las asambleas ciudadanas se encuentran sobrecargadas de trabajo y esto, junto a la poca disponibilidad de recursos económicos, complicó la implementación del compromiso. La Universidad de El Salvador propuso desarrollar un sistema de capacitación en línea, pero la SPTA decidió que esto limitaría el alcance del compromiso y que el componente territorial debe mantenerse. Representantes de CIAZO, SACDEL y FUNDASPAD confirmaron el avance realizado hasta la fecha de cierre. Comentaron que, si bien el tema de recursos insuficientes para implementar los compromisos es un problema en este plan de acción, desconocen por qué la SPTA no implementó más actividades de manera oficiosa. 

¿Se avanzó en la apertura del gobierno?

Acceso a la información: Sin cambios

Participación ciudadana: sin dificultades

La implementación de este compromiso no generó cambios en las prácticas gubernamentales o en el uso del derecho de acceso a la información pública. Durante la fase de diseño de este plan de acción, la SPTA identificó que el derecho de acceso a la información se percibía como un beneficio exclusivo y no como un derecho adquirido. También se identificó que un bajo porcentaje de la población hacía uso de los mecanismos de la LAIP en el interior del país.

La SPTA determinó que una metodología de formación de formadores, a través de las asambleas ciudadanas, permitiría replicar el aprendizaje en los 14 departamentos. Dado que El Salvador posee un número limitado de hogares con acceso a internet de manera regular [13] , la SPTA contempló enseñar a utilizar los mecanismos de la LAIP a través de medios escritos y visitando las oficinas de información y respuesta en las oficinas departamentales correspondientes. La implementación y réplica de las capacitaciones, a través de un mecanismo institucionalizado —las asambleas ciudadanas— hubiera facilitado el uso de las herramientas que ofrece la LAIP y reducido las barreras de acceso, para participar en hacer eventos de rendición de cuentas y uso de otros mecanismos. Sin embargo, las actividades desarrolladas hasta la fecha de cierre de este informe no permitieron alcanzar estos resultados.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

A la fecha de cierre de este informe, el Gobierno de El Salvador no había publicado el nuevo plan de acción. El investigador del MRI considera que este compromiso debería ser incluido en un próximo plan, dado el impacto potencial, alcance territorial y la oportunidad de dotar a las asambleas ciudadanas de un rol de formación en el uso del derecho de acceso a la información. Para mejorar su implementación, un nuevo compromiso podría incorporar la responsabilidad de las instituciones gubernamentales correspondientes —como el Ministerio de Gobernación— para facilitar la planeación y desarrollo de las capacitaciones.