Participación ciudadana y control en la educación (SV0091)

Status quo o problem que se quiere resolver: Existe en algunas comunidades descontento con la eficiencia de los servicios educativos públicos y el manejo de los recursos asignados debido a la baja de información. Objetivo principal: Transparente los servicios básicos de educación a través de los mecanismos de participación y monitoreo de las acciones del Plan Educativo, que afectan a la ciudadanía generar propuestas de soluciones a las necesidades de los Centros Educativos, en especial aquellos que se encuentran en zonas rurales o al interior del país. Breve descripción del compromiso: Crear un mecanismo de participación y contraloría social a nivel local y / o departamental, que fomente el seguimiento y monitoreo de las políticas de educación para la mejora en la calidad de los servicios educativos públicos y elabore propuestas de soluciones. Relevancia: Transparencia: Con el cumplimiento del compromiso se fomentará el control social y el acceso a la información pública preocupante al presupuesto y su ejecución en el ramo de educación a nivel nacional, las asignaciones que se realizan por departamento y municipios a los Centros Escolares. Rendición de cuentas: Todo ello propiciará que los ejercicios de rendición de cuentas sean mucho más participativos y no queden sujetos a discrecionalidad de los Directores o miembros de los CDE. Participación ciudadana: La contraloría social como elemento que abona a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Relevancia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Este compromiso busca generar acciones relacionadas que avanzan hacia el objetivo Nº 4 de “Educación de calidad”

15 Participación y control ciudadano en educación

Texto del compromiso:

Crear un mecanismo de participación y contraloría social a nivel local o departamental, que fomente el seguimiento y monitoreo de los programas sociales educativos y la gestión educativa para la mejora en la calidad de los servicios educativos públicos y elabore propuestas de soluciones.

Hitos

1. Elaborar un plan de trabajo para implementar el compromiso.

2. Diseñar una propuesta de mecanismo institucional para el seguimiento y evaluación de los programas sociales educativos y la gestión educativa a nivel territorial.

3. Sistematización a través de un proceso participativo de consulta que recoja insumos para la elaboración de un manual de contraloría educativa.

4. Elaboración de una propuesta de manual de contraloría educativa.

5. Capacitación a los miembros de la estructura comunitaria de contraloría educativa.

Objetivo: Transparente los servicios básicos de educación a través de mecanismos de participación y monitoreo de las acciones del Plan Educativo, lo que afecta a la ciudadanía generar propuestas de soluciones a las necesidades de los centros educativos, en especial aquellos que se encuentran en zonas rurales o al interior del país

Institución responsable: Ministerio de Educación.

Institución (es) de apoyo: Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Asociación Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia, Asociación de Educación Popular CIAZO, Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local y Observatorio de Gobierno Abierto.

Fecha de inicio: noviembre de 2016. Fecha final: octubre de 2017.

Contexto y objetivos

En agosto de 2012, el Ministerio de Educación (MINED) diseñó y publicó el "Instructivo No. 15-0932, para la Organización y operadores de los Consejos Consultivos Ciudadanos" ^{Ministerio de Gobernación (2012). "Acuerdo No. 15-0932". Pág. 21 Disponible en http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2012/10-octubre/26-10-2012.pdf} , donde se establecen los consejos consultivos de educación como espacios de carácter consultivo, deliberativo y de asesoría sobre temas educativos.

Los consejos se integran por representantes del MINED y la sociedad civil — electos democráticamente— y se regulan en los niveles comunitario, municipal y departamental. Su objetivo es facilitar la canalización de los esfuerzos en el tema educativo a cada uno de los centros escolares.

Los miembros de los consejos consultivos de educación son electos para un período de tres años. Pueden participar directores departamentales del MINED, directores, estudiantes y padres de familia de centros educativos, líderes religiosos, representantes de universidades y colegios privados, así como autoridades de otras instituciones gubernamentales.

En abril de 2014, la Asamblea Legislativa de El Salvador publicó la Ley de Desarrollo y Protección Social ^{Asamblea Legislativa (2014). "Ley de Desarrollo y Protección Social". Disponible en https://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-desarrollo-y-protecion-social} , mediante la cualidad se creó el Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social, para coordinar y ejecutar la política social del Gobierno de El Salvador. Con esto se institucionalizaron muchos de los programas sociales implementados durante la administración gubernamental 2009-2014, entre estos algunos referidos a la educación: programa vaso de leche y programa de dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares. Estas iniciativas pretenden aumentar la tasa de matrícula escolar al reducir algunas limitaciones que afectan a los estudiantes para permanecer en el sistema educativo público.

De acuerdo con representantes del MINED, SACDEL y CIAZO, durante los últimos años se han registrado denuncias particulares sobre ineficiencias en los programas afectados, como fallos en la entrega de uniformes, reducción de la calidad de alimentos, baja calidad de docentes, entre otros. Las consultas del OSC coincidieron con el MINED en que estas denuncias no se han abordado de manera sistemática, sino que se trata cada tema en particular.

Durante la consulta territorial para el diseño de este plan de acción, se identificó la necesidad de contar con un sistema de contraloría educativa. De acuerdo con el MINED, a pesar de que el ministerio posee la Oficina de Información y Respuesta (OIR) para atender este tipo de necesidades, la población no tiene uso de este mecanismo según lo esperado. Dado que los consejos consultivos de educación tienen fundamento jurídico, el MINED propuso capacitarlos para ejercer una nueva función de contraloría social. Para incluir esta responsabilidad en los consejos, el instructivo 15-0932 debe ser reformado y aprobado por el actual Ministro de Educación, para su publicación posterior en el Diario Oficial.

Actualmente, el único mecanismo para denunciar las deficiencias del plan educativo o sobre los programas sociales son las oficinas de información y respuesta, que se comunica con las 14 direcciones departamentales del MINED, que están incluidas en los consejos consultivos de educación. Por tanto, el objetivo de este compromiso es transparente los servicios básicos de educación a través de mecanismos de participación y monitoreo de las acciones del Plan Educativo. Estos hallazgos a la ciudadanía generar propuestas de soluciones a las necesidades de los centros educativos, en especial aquellos que se encuentran en zonas rurales o al interior del país.

El compromiso fortalece el ecosistema de participación ciudadana, un nivel territorial, en la contraloría social del Plan Educativo, en temas como infraestructura de los centros escolares, calidad docente, eficiencia en los programas sociales, entre otros. De acuerdo con representantes de CIAZO y SACDEL, el MINED ha hecho un trabajo destacable para revitalizar los consejos consultivos de educación; sin embargo, no todos funcionan correctamente —debido a la poca integración de sus miembros en ocasiones, falta de recursos, entre otros—, y esto representa un desafío serio para la implementación del compromiso.

El cumplimiento del compromiso constituye un paso positivo y relevante en la contraloría social educativa, pero su impacto se limita a aquellos consejos que pueden aplicar completamente los nuevos lineamientos y que puedan superar las limitaciones anteriores.

Aunque el MINED ha experimentado esfuerzos por fortalecer los consejos consultivos, estos no han sido implementados en su totalidad. Por tanto, su impacto potencial se califica como moderado. El compromiso presenta metas específicas, relevantes, medibles y con plazo específico. Por tanto, su especificidad se califica como alta.

Cumplimiento

El Gobierno de El Salvador reportó un 15% de avance en el cumplimiento de este compromiso en el portal web de la OGA. El plan de trabajo ^{AGA (2017). “Participación y control ciudadano en educación”. Disponible en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/aga_challenges/participacion-ciudadana/aga_actions/participacion-y-control-ciudadano-en-educacion} se publicó en dicha plataforma en junio de 2017. Para diseñar una propuesta de mecanismo institucional para la contraloría social de la gestión educativa, el MINED utilizará como base los consejos consultivos de educación, determinados y reglamentados mediante el Instructivo No. 15-0932. Dicho documento se publicó en agosto de 2012 en el Diario Oficial. Si bien esta base representa un avance importante en el diseño de la propuesta, esta no constituye la versión preliminar del instructivo o una propuesta que responde al objetivo del compromiso. Por tanto, el cumplimiento del compromiso no está a tiempo y se considera limitado.

Sobre la consulta para el manual de contraloría educativa, en julio de 2017 el MINED envió una encuesta específica de 18 preguntas a 10 centros escolares —5 de la zona urbana y 5 de la zona rural— de los departamentos de 14, ya varios estándares educativos ( parvulario, básico, bachillerato y complejos educativos). El cuestionario ^{Algunos resultados preliminares pueden encontrarse en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/documents} incluye preguntas sobre los problemas más usuales en el centro escolar, necesidades más apremiantes en cuanto a la calidad de la educación y ejecución de los programas sociales, conocimiento sobre las instituciones a las que acudir en caso de problemas, entre otras.

De los 1400 cuestionarios esperados, el 50% serán de mujeres y el resto, de hombres. La encuesta, que finalizó el 25 de agosto de 2017, también se aplicó a padres y madres de familia. El investigador de MRI verificó los resultados de este proceso, que aún son son de uso interno del MINED. La sistematización del proceso de consulta para el manual de contraloría —con fecha de cierre de marzo de 2017— incluye una convocatoria a las 14 direcciones departamentales, integrantes actuales de los consejos consultivos de educación y ONG del territorio. Estas acciones se han ejecutado fuera del plazo de evaluación de este informe.

De acuerdo con representantes de CIAZO y SACDEL, la propuesta de utilizar los consejos consultivos de educación como base para ejercer la contraloría social responde a lo planteado por el compromiso. Reconocer el trabajo desempeñado por el ministerio y argumentar que el impacto del compromiso podría ser incluso mayor al esperado. En la práctica, la completa implementación de la contraloría social por parte de los consejos consultivos de educación podría incidir en la calidad docente, un tema que aún es sensible en el sistema educativo público. Además, afirman que el involucramiento de distintos actores en la función de contraloría social educativa podría abarcar otros temas de relevancia en los centros escolares, como el acoso sexual.

Actualmente, el MINED encuentra el manual de contraloría social. Un representante de CIAZO confirmó que este documento será revisado y ajustado, didácticamente, a los territorios por CIAZO.

Siguientes pasos

Los consejos consultivos de educación mecanismos de participación ciudadana con presencia territorial en los centros escolares públicos. Por tanto, el investigador de MRI recomienda fortalecer la capacitación a los miembros de la estructura comunitaria, generar resultados positivos y corregir ineficiencias en la gestión educativa o de los programas sociales educativos.

Para completar este proceso de capacitación, el investigador del MRI recomienda incluir la implementación de al menos una prueba piloto en un centro escolar con historial de denuncias por fallos en la gestión de los programas sociales. Esta prueba puede compartirse a través de la red de consejos consultivos de educación a nivel departamental, con el fin de otros comités aprendan de ella.

El investigador de MRI recomienda incluir una versión similar de este compromiso en un próximo plan de acción, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del 100% de los consejos consultivos de educación y un fortalecimiento de su función de contraloría social educativa.