Saltar navegación
El Salvador

Participación ciudadana y control en la educación (SV0091)

Visión General

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de Acción Nacional de El Salvador 2016-2018

Ciclo del plan de acción: 2016

Estado: inactivo

Instituciones

Institución líder: Ministerio de Educación

Institución (es) de apoyo: Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción; Asociación Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia - CECADE, Asociación de Educación Popular CIAZO, Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social - FUNDASPAD, Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local - SACDEL, Observatorio de Gobierno Abierto

Áreas de política

Creación de Capacidades, Educación, Compromisos locales, Participación pública, Servicio público de entrega, Responsabilidad social, Objetivos de Desarrollo Sostenible

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de fin de período de El Salvador 2016-2018, Informe de mitad de período de El Salvador 2016-2018

Destacados: No

Resultados iniciales: marginal

Diseñan i

Verificable: si

Relevante para los valores de OGP: participación cívica

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación:

Descripción

Status quo o problem que se quiere resolver: Existe en algunas comunidades descontento con la eficiencia de los servicios educativos públicos y el manejo de los recursos asignados debido a la baja de información. Objetivo principal: Transparente los servicios básicos de educación a través de los mecanismos de participación y monitoreo de las acciones del Plan Educativo, que afectan a la ciudadanía generar propuestas de soluciones a las necesidades de los Centros Educativos, en especial aquellos que se encuentran en zonas rurales o al interior del país. Breve descripción del compromiso: Crear un mecanismo de participación y contraloría social a nivel local y / o departamental, que fomente el seguimiento y monitoreo de las políticas de educación para la mejora en la calidad de los servicios educativos públicos y elabore propuestas de soluciones. Relevancia: Transparencia: Con el cumplimiento del compromiso se fomentará el control social y el acceso a la información pública preocupante al presupuesto y su ejecución en el ramo de educación a nivel nacional, las asignaciones que se realizan por departamento y municipios a los Centros Escolares. Rendición de cuentas: Todo ello propiciará que los ejercicios de rendición de cuentas sean mucho más participativos y no queden sujetos a discrecionalidad de los Directores o miembros de los CDE. Participación ciudadana: La contraloría social como elemento que abona a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Relevancia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Este compromiso busca generar acciones relacionadas que avanzan hacia el objetivo Nº 4 de “Educación de calidad”

Resumen de estado intermedio de IRM

15 Participación y control ciudadano en educación

Texto del compromiso:

Crear un mecanismo de participación y contraloría social a nivel local o departamental, que fomente el seguimiento y monitoreo de los programas sociales educativos y la gestión educativa para la mejora en la calidad de los servicios educativos públicos y elabore propuestas de soluciones.

Hitos

1. Elaborar un plan de trabajo para implementar el compromiso.

2. Diseñar una propuesta de mecanismo institucional para el seguimiento y evaluación de los programas sociales educativos y la gestión educativa a nivel territorial.

3. Sistematización a través de un proceso participativo de consulta que recoja insumos para la elaboración de un manual de contraloría educativa.

4. Elaboración de una propuesta de manual de contraloría educativa.

5. Capacitación a los miembros de la estructura comunitaria de contraloría educativa.

Objetivo: Transparente los servicios básicos de educación a través de mecanismos de participación y monitoreo de las acciones del Plan Educativo, lo que afecta a la ciudadanía generar propuestas de soluciones a las necesidades de los centros educativos, en especial aquellos que se encuentran en zonas rurales o al interior del país

Institución responsable: Ministerio de Educación.

Institución (es) de apoyo: Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Asociación Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia, Asociación de Educación Popular CIAZO, Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local y Observatorio de Gobierno Abierto.

Fecha de inicio: noviembre de 2016. Fecha final: octubre de 2017.

Contexto y objetivos

En agosto de 2012, el Ministerio de Educación (MINED) diseñó y publicó el "Instructivo No. 15-0932, para la Organización y operadores de los Consejos Consultivos Ciudadanos" Ministerio de Gobernación (2012). "Acuerdo No. 15-0932". Pág. 21 Disponible en http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2012/10-octubre/26-10-2012.pdf , donde se establecen los consejos consultivos de educación como espacios de carácter consultivo, deliberativo y de asesoría sobre temas educativos.

Los consejos se integran por representantes del MINED y la sociedad civil — electos democráticamente— y se regulan en los niveles comunitario, municipal y departamental. Su objetivo es facilitar la canalización de los esfuerzos en el tema educativo a cada uno de los centros escolares.

Los miembros de los consejos consultivos de educación son electos para un período de tres años. Pueden participar directores departamentales del MINED, directores, estudiantes y padres de familia de centros educativos, líderes religiosos, representantes de universidades y colegios privados, así como autoridades de otras instituciones gubernamentales.

En abril de 2014, la Asamblea Legislativa de El Salvador publicó la Ley de Desarrollo y Protección Social Asamblea Legislativa (2014). "Ley de Desarrollo y Protección Social". Disponible en https://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-desarrollo-y-protecion-social , mediante la cualidad se creó el Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social, para coordinar y ejecutar la política social del Gobierno de El Salvador. Con esto se institucionalizaron muchos de los programas sociales implementados durante la administración gubernamental 2009-2014, entre estos algunos referidos a la educación: programa vaso de leche y programa de dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares. Estas iniciativas pretenden aumentar la tasa de matrícula escolar al reducir algunas limitaciones que afectan a los estudiantes para permanecer en el sistema educativo público.

De acuerdo con representantes del MINED, SACDEL y CIAZO, durante los últimos años se han registrado denuncias particulares sobre ineficiencias en los programas afectados, como fallos en la entrega de uniformes, reducción de la calidad de alimentos, baja calidad de docentes, entre otros. Las consultas del OSC coincidieron con el MINED en que estas denuncias no se han abordado de manera sistemática, sino que se trata cada tema en particular.

Durante la consulta territorial para el diseño de este plan de acción, se identificó la necesidad de contar con un sistema de contraloría educativa. De acuerdo con el MINED, a pesar de que el ministerio posee la Oficina de Información y Respuesta (OIR) para atender este tipo de necesidades, la población no tiene uso de este mecanismo según lo esperado. Dado que los consejos consultivos de educación tienen fundamento jurídico, el MINED propuso capacitarlos para ejercer una nueva función de contraloría social. Para incluir esta responsabilidad en los consejos, el instructivo 15-0932 debe ser reformado y aprobado por el actual Ministro de Educación, para su publicación posterior en el Diario Oficial.

Actualmente, el único mecanismo para denunciar las deficiencias del plan educativo o sobre los programas sociales son las oficinas de información y respuesta, que se comunica con las 14 direcciones departamentales del MINED, que están incluidas en los consejos consultivos de educación. Por tanto, el objetivo de este compromiso es transparente los servicios básicos de educación a través de mecanismos de participación y monitoreo de las acciones del Plan Educativo. Estos hallazgos a la ciudadanía generar propuestas de soluciones a las necesidades de los centros educativos, en especial aquellos que se encuentran en zonas rurales o al interior del país.

El compromiso fortalece el ecosistema de participación ciudadana, un nivel territorial, en la contraloría social del Plan Educativo, en temas como infraestructura de los centros escolares, calidad docente, eficiencia en los programas sociales, entre otros. De acuerdo con representantes de CIAZO y SACDEL, el MINED ha hecho un trabajo destacable para revitalizar los consejos consultivos de educación; sin embargo, no todos funcionan correctamente —debido a la poca integración de sus miembros en ocasiones, falta de recursos, entre otros—, y esto representa un desafío serio para la implementación del compromiso.

El cumplimiento del compromiso constituye un paso positivo y relevante en la contraloría social educativa, pero su impacto se limita a aquellos consejos que pueden aplicar completamente los nuevos lineamientos y que puedan superar las limitaciones anteriores.

Aunque el MINED ha experimentado esfuerzos por fortalecer los consejos consultivos, estos no han sido implementados en su totalidad. Por tanto, su impacto potencial se califica como moderado. El compromiso presenta metas específicas, relevantes, medibles y con plazo específico. Por tanto, su especificidad se califica como alta.

Cumplimiento

El Gobierno de El Salvador reportó un 15% de avance en el cumplimiento de este compromiso en el portal web de la OGA. El plan de trabajo AGA (2017). “Participación y control ciudadano en educación”. Disponible en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/aga_challenges/participacion-ciudadana/aga_actions/participacion-y-control-ciudadano-en-educacion se publicó en dicha plataforma en junio de 2017. Para diseñar una propuesta de mecanismo institucional para la contraloría social de la gestión educativa, el MINED utilizará como base los consejos consultivos de educación, determinados y reglamentados mediante el Instructivo No. 15-0932. Dicho documento se publicó en agosto de 2012 en el Diario Oficial. Si bien esta base representa un avance importante en el diseño de la propuesta, esta no constituye la versión preliminar del instructivo o una propuesta que responde al objetivo del compromiso. Por tanto, el cumplimiento del compromiso no está a tiempo y se considera limitado.

Sobre la consulta para el manual de contraloría educativa, en julio de 2017 el MINED envió una encuesta específica de 18 preguntas a 10 centros escolares —5 de la zona urbana y 5 de la zona rural— de los departamentos de 14, ya varios estándares educativos ( parvulario, básico, bachillerato y complejos educativos). El cuestionario Algunos resultados preliminares pueden encontrarse en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/documents incluye preguntas sobre los problemas más usuales en el centro escolar, necesidades más apremiantes en cuanto a la calidad de la educación y ejecución de los programas sociales, conocimiento sobre las instituciones a las que acudir en caso de problemas, entre otras.

De los 1400 cuestionarios esperados, el 50% serán de mujeres y el resto, de hombres. La encuesta, que finalizó el 25 de agosto de 2017, también se aplicó a padres y madres de familia. El investigador de MRI verificó los resultados de este proceso, que aún son son de uso interno del MINED. La sistematización del proceso de consulta para el manual de contraloría —con fecha de cierre de marzo de 2017— incluye una convocatoria a las 14 direcciones departamentales, integrantes actuales de los consejos consultivos de educación y ONG del territorio. Estas acciones se han ejecutado fuera del plazo de evaluación de este informe.

De acuerdo con representantes de CIAZO y SACDEL, la propuesta de utilizar los consejos consultivos de educación como base para ejercer la contraloría social responde a lo planteado por el compromiso. Reconocer el trabajo desempeñado por el ministerio y argumentar que el impacto del compromiso podría ser incluso mayor al esperado. En la práctica, la completa implementación de la contraloría social por parte de los consejos consultivos de educación podría incidir en la calidad docente, un tema que aún es sensible en el sistema educativo público. Además, afirman que el involucramiento de distintos actores en la función de contraloría social educativa podría abarcar otros temas de relevancia en los centros escolares, como el acoso sexual.

Actualmente, el MINED encuentra el manual de contraloría social. Un representante de CIAZO confirmó que este documento será revisado y ajustado, didácticamente, a los territorios por CIAZO.

Siguientes pasos

Los consejos consultivos de educación mecanismos de participación ciudadana con presencia territorial en los centros escolares públicos. Por tanto, el investigador de MRI recomienda fortalecer la capacitación a los miembros de la estructura comunitaria, generar resultados positivos y corregir ineficiencias en la gestión educativa o de los programas sociales educativos.

Para completar este proceso de capacitación, el investigador del MRI recomienda incluir la implementación de al menos una prueba piloto en un centro escolar con historial de denuncias por fallos en la gestión de los programas sociales. Esta prueba puede compartirse a través de la red de consejos consultivos de educación a nivel departamental, con el fin de otros comités aprendan de ella.

El investigador de MRI recomienda incluir una versión similar de este compromiso en un próximo plan de acción, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del 100% de los consejos consultivos de educación y un fortalecimiento de su función de contraloría social educativa.

Resumen de estado de fin de período de IRM

VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Compromiso 15. Participación y control ciudadano en educación

Texto del Compromiso:

Crear un mecanismo de participación y contraloría social a nivel local y / o departamental, que fomente el seguimiento y monitoreo de los programas sociales educativos y la gestión educativa para la mejora en la calidad de los servicios educativos públicos y elabore propuestas de soluciones.

  1. Elaborar un plan de trabajo para implementar el compromiso
  2. Diseñar una propuesta de mecanismo institucional para el seguimiento y evaluación de los programas sociales educativos y la gestión educativa a nivel territorial
  3. Sistematización a través de un proceso participativo de consulta que recoja insumos para la elaboración de un manual de contraloría educativa
  4. Elaboración de una propuesta de manual de contraloría educativa
  5. Capacitación a los miembros de la estructura comunitaria de contraloría educativa

Institución (es) responsable (s): Ministerio de Educación de El Salvador (MINED)

Institución (es) de apoyo: Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Asociación Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia, Asociación de Educación Popular CIAZO, Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local y Observatorio de Gobierno Abierto

Fecha de inicio: noviembre de 2016 Fecha de cierre: junio de 2018

Objetivo del compromiso

El objetivo de este compromiso fue promover la transparencia en los servicios básicos de educación a través de mecanismos de participación y monitoreo de las acciones del Plan Educativo. A través del fortalecimiento de consejos consultivos de educación, los ciudadanos podrían elaborar y proponer soluciones a las necesidades de los centros educativos, en especial aquellos que se encuentran en zonas rurales o al interior del país. Al momento de diseñar este compromiso, el único mecanismo para denunciar deficiencias del plan educativo o sobre los programas sociales eran las oficinas de información y respuesta, que mantiene la comunicación con las 14 direcciones departamentales del MINED.

Desde agosto de 2012, el Ministerio de Educación (MINED) cuenta con los consejos consultivos de educación integrados por representantes del MINED y sociedad civil a nivel comunitario, municipal y departamental. Como parte de este compromiso, los consejos incluidos capacitados y fortalecidos para ejercer contraloría social en el área educativa.

Cumplimiento

Medio término: Limitado

Al cierre del informe de avance, este compromiso se implementó de manera limitada. El Gobierno de El Salvador reportó un 15% de avance en el cumplimiento de este compromiso en el portal web del OGA [72] . El MINED realizó una consulta a 10 centros escolares (5 de la zona urbana y 5 de la zona rural) ya distintos niveles educativos (parvulario, básico, bachillerato y complejos educativos) con el objetivo de identificar necesidades en la calidad de la educación y en los programas sociales que se implementan en los centros escolares. Los documentos referentes a esta consulta se encuentran publicados en el portal de OGA [73] . Representantes de CIAZO y SACDEL coincidieron en la importancia de fortalecer a los consejos consultivos de educación y reconocieron el liderazgo que el MINED ha ejercido en este compromiso.

Fin de término: Sustancial

Este compromiso registró un cumplimiento sustancial al cierre del informe de fin de término. El Gobierno de El Salvador reportó 95% de avance en la implementación en el portal del OGA [74] . El 26 de septiembre de 2017, el MINED realizó un foro con los 14 directores departamentales, padres y madres de familia, alumnos, docentes, miembros de la Policía Nacional Civil, alcaldes municipales y representantes de ONG para anunciar el relanzamiento de los consejos consultivos de educación [75] . Si bien esta acción contribuyó a la implementación de este compromiso, durante la evaluación de medio término, el MINED comentó que se reformaría el “Instructivo No. 15-0932, para la Organización y Funcionamiento de los Consejos Consultivos Ciudadanos” [76] para institucionalizar el mecanismo de los consejos. A la fecha, no existe evidencia de que esta acción haya sido completada.

En diciembre del mismo año, el MINED publicó el manual de contraloría educativa [77] que incluye las responsabilidades de los consejos de contraloría educativa, mecanismos para recolectar información, procesos de planificación y organización de los consejos, formas para presentar la información a las autoridades superiores y cómo realizar una evaluación y seguimiento efectivo a los casos. Representantes de CIAZO confirmaron haber participado en el desarrollo del manual y destacaron el nivel de convocatoria que la Oficina de Información y Respuesta del MINED realizó con los directores departamentales.

Por otro lado, en 2017 y 2018 el MINED realizó capacitaciones con miembros de consejos consultivos en la zona occidental (Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate), central (La Libertad, San Salvador y Chalatenango) y paracentral (La Paz, San Vicente y Cabañas ). [78] Las capacitaciones incluyeron conocimiento sobre el funcionamientos de los programas sociales educativos, información sobre gestión administrativa y financiera de los centros educativos, elaboración de informe, orientación sobre estrategias para favorecer la participación ciudadana en transparencia y rendición de cuentas y desarrollo de herramientas para un mejor funcionamiento de los consejos.

De acuerdo con el MINED, el plazo de muchos consejos consultivos de la zona oriental expiró y es necesario conformar un nuevo comité antes de iniciar las capacitaciones. Representantes de CIAZO confirmaron estas actividades y comentaron que, si bien el MINED les comunicó la calendarización, compartió fotografías y sostenían reuniones mensuales sobre este compromiso, los recursos para implementar este compromiso han sido insuficientes y que esto también limitó el alcance de las capacitaciones.

¿Se avanzó en la apertura del gobierno?

Participación ciudadana: Marginalmente

Al momento de diseñar este compromiso, los ciudadanos pueden denunciar irregularidades e involucrar en la contraloría educativa a través de las oficinas de información y respuesta del MINED, que mantiene la comunicación con las 14 direcciones departamentales. Posterior a la fase de consulta territorial desarrollada para el diseño de este plan, se identificó que los consejos consultivos de educación, establecidos preliminarmente a través del instructivo No. 15-0932, ofrecían un mecanismo oportuno para contribuir al impacto esperado de este compromiso. Para dicho fin, el MINED propuso reformar el instructivo para diseñar un mecanismo y capacitar a los consejos para ejercer la contraloría social en el ámbito educativo.

Si bien no se logró avanzar en la implementación como se esperaba, representantes del MINED reconocen que este compromiso ha fomentado la interacción de algunos ciudadanos con las direcciones departamentales, una situación que era complicada en el pasado.

De acuerdo con representantes de CIAZO y SACDEL, el MINED exige a sus instituciones dependientes, incluidos los centros escolares, rendir cuentas. Ahora son algunos consejos consultivos los que han solicitado que se incluyan otros aspectos en las rendiciones de cuentas y se han identificado irregularidades a partir de la consulta pública. Comentaron que esto ha sido un valor agregado y no esperado de esta iniciativa y añaden que el MINED debería continuar con las capacitaciones, validación del manual y el establecimiento de los consejos consultivos de educación a través de un documento legal. El investigador del MRI considera que la práctica gubernamental de participación ciudadana en esta área cambió marginalmente.

El nuevo rol que muchos consejos consultivos de educación están implementando es loable, pues representan una opción a través del cual los ciudadanos pueden obtener información, interactuar con actores de la comunidad o denunciar irregularidades en un centro educativo. Sin embargo, el investigador del MRI considera que no existe evidencia suficiente para justificar que estos pequeños avances representen un cambio significativo en la práctica de participación ciudadana en contraloría educativa. Esta limitante toma mayor relevancia al considerar que el rol de contraloría educativa de los consejos no está institucionalizado como suponía el compromiso y que el MINED no ha finalizado las capacitaciones para que todos los consejos operen con normal funcionamiento.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

Al cierre del informe de fin de término, el Gobierno de El Salvador no había publicado un nuevo plan de acción. El investigador del MRI recomienda incluir este compromiso en un nuevo plan, para continuar con el fortalecimiento institucional de los consejos consultivos de educación. Este mecanismo posee un alcance territorial amplio, al desarrollarse en los centros escolares a nivel nacional. Asimismo, se recomienda:

  • Capacitar a los integrantes de los consejos en el uso de mecanismos de la LAIP. Anteriormente (ver compromiso 3) se detalló que existe un bajo aprovechamiento de los mecanismos de la LAIP en las ciudades del interior del país. Los consejos ofrecen una oportunidad para utilizar estas herramientas a favor de la contraloría social educativa.
  • Vincular o establecer una relación entre los consejos consultivos y las asambleas ciudadanas municipales para impulsar proyectos conjuntos y fortalecer el proceso de contraloría social en la comunidad.
[72] OGA (2017). “Participación y control ciudadano en educación”. Disponible en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/aga_challenges/participacion-ciudadana/aga_actions/participacion-y-control-ciudadano-en-educacion Último acceso: 1 de octubre de 2017.
[73] Ídem
[74] OGA (2018). “Participación y control ciudadano en educación”. Disponible en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/aga_challenges/participacion-ciudadana/aga_actions/participacion-y-control-ciudadano-en-educacion Último acceso: 30 de septiembre de 2018.
[75] Ídem
[76] Ministerio de Educación (2012). “Acuerdo No. 15-0932”. Disponible en  https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mined/documents/213393/download Último acceso: 30 de septiembre de 2018.
[77] Ídem
[78] Al momento de finalizar este informe, el Investigador del MRI aún no había recibido información referente a la cantidad de capacitaciones y sus fechas de realización.

Compromisos

Open Government Partnership