Enstandarización en formatos digitales (PA0008)

Estandarizar los formatos digitales de la información gubernamental, garantizando su accesibilidad en todos los sistemas operativos utilizados. Crear métodos en los formatos digitales de la información pública que tienen acceso a todos los sistemas informáticos.

Compromiso 3. Estandarización de formatos digitales (✪)

Texto del compromiso:

Crear métodos en los formatos digitales de la información pública que tienen acceso a todos los sistemas informáticos.

Hitos

3.1 Crear informes en los formatos para informes y documentos públicos.

3.2 Publicar y divulgar los formatos en los formatos para las instituciones públicas.

3.3 Capacitar a las instituciones públicas en los empleados utilizados para especificar la información.

3.4 Promover políticas públicas donde se definen los tipos de formatos en que deben ser almacenados los datos gubernamentales.

Institución responsable: Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Institución (es) de apoyo: NA

Fecha de inicio: marzo de 2011 Fecha final: junio de 2017

Nota editorial: este compromiso es estelar, pues es medible, claramente relevante para los valores de la AGA, tiene un impacto potencial transformador y fue estrictamente implementado.

Objetivo del compromiso

El compromiso quirúrgico como propuesta de la sociedad civil, producto de las dificultades que enfrentaban sus organizaciones a la hora de buscar información en las páginas de internet del Estado, debido a la poca uniformidad de sus formatos, a lo que eran cerrados ya la poca relevancia del contenido.

El objetivo fue uniforme los formatos e interfaces de las páginas web de las instituciones públicas y la vez fomentar que se publique más información a través de ellas y bajo los datos abiertos, de manera que mejorara su accesibilidad.

Se pretende que cuente acciones que faciliten el acceso a la información para los ciudadanos, al contemplar la normalización de los formatos digitales en las instituciones públicas a través de la creación de protocolos, iniciativas para fomentar la publicación y divulgación de datos, de capacitaciones institucionales para la publicación y el uso de la información pública y para desarrollar criterios sobre las características y el valor de esta.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

El Informe de Medio Término se calificó como el avance del compromiso tras un año de implementación por el trabajo hecho en el desarrollo de protocolos para normalizar diferentes aspectos sobre el uso de las tecnologías de la información en el manejo de datos públicos y la forma en que los ciudadanos interactúan con estos.

A medio término, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) había concluido los documentos borradores de las normas con los parámetros para la creación y uso de las redes sociales en las entidades de Gobierno de Panamá, para la seguridad de la información y las TICS en el Gobierno de Panamá, para la plataforma tecnológica de los sistemas de videovigilancia nacional y para el almacenamiento tecnológico.

También había desarrollado el estándar geoespacial, el estándar para el uso de software y el catálogo de programas para lograr la interoperabilidad entre las instituciones del Estado.

Varios de estos específicos incluyen guías para la publicación de información en formatos de datos abiertos, con lineamientos específicos para su publicación.

El Comité de Interoperabilidad y Seguridad, también de la AIG, evalúa cada uno de estos documentos para su posterior aprobación, proceso que también incluye un período de prueba de 6 meses en los que se verificaría si estuvieran suficientemente adaptados al contexto panameño y si ayudó a las instituciones. Debido a que estos trámites no se habían concluido, los mismos aún no estaban disponibles para el público.

La AIG también había creado una aplicación, llamada Panamá Apps, que centraliza todas las aplicaciones digitales del Gobierno. El catálogo de Apps reportaba 2.580 descargas al momento de la evaluación.

La inclusión de este compromiso en el plan de acción ayudará a impulsar la implementación de la Ley 83 del 9 de noviembre de 2012, que regula el uso de los medios electrónicos para los trámites gubernamentales. Esta ley creó el Comité de Interoperabilidad y Seguridad con el fin de desarrollar los mecanismos que facilitan la interoperabilidad de los sistemas de información de las diferentes organizaciones del Estado, que se desarrollan en el marco del compromiso.

Fin de término: Completo

Los nuevos análisis se publican en la página de internet de la AIG [Nota 26: Al momento de realizar esta evaluación el investigador verificó que había 9 publicados en la página de la AIG, el 26 de enero de 2018, en esta dirección: http://www.innovacion.gob.pa/estandares] y se han divulgado a través de medios de comunicación masiva, por medio de una campaña publicitaria [Nota 27: La campaña se centró en spots de radio, por lo que el investigador no encontró ni se le facilitará medios de verificación. La campaña se confirmó en la entrevista con Carlos Iván Días, director del programa de datos abiertos de la Autoridad Nacional de Innovación], y en las diferentes capacitaciones realizadas por representantes de la AIG en instituciones del Gobierno. Al concluir el segundo año de implementación del compromiso, todavía no se han publicado los nuevos problemas [Nota 28: Los protocolos que se desarrollan se hicieron para normalizar las siguientes áreas:

• Interoperabilidad.

• Páginas web del Estado, que pretende uniformar la interfaz de las páginas web del Estado.

• Términos de referencia de las licitaciones.

• Para transmisión de datos en internet, como la telefonía IP.

• Seguridad.

• Información georreferenciada.

• Desarrollo de software, en los que el código fuente del mar del Estado.

• Guía y directrices para medios de pago electrónico.

• Estructurar dominios de uso público

• Compra de bienes y servicios tecnológicos, aplicaciones en las compras públicas, en la que se les solicita que cumplan con todos los demás afectados.] En el diario oficial La Gaceta, porque aún no eran leyes de la República debido a la Asamblea Nacional no los había aprobado.

No obstante, la legislación faculta a la AIG como órgano rector del sector público [Nota 29: Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, establecida mediante la Ley 65 de 30 de octubre de 2009.] En materia de tecnologías de la información, y la institución ya aplica los lineamientos específicos en esos documentos y exigimos a los proveedores del Estado cumplir con ellos como parte de los requisitos para vendedores de sus servicios tecnológicos.

Al referirse a dichos lineamientos, Carlos Iván Díaz [Nota 30: Entrevista realizada por medios digitales el 24 de enero de 2017.], Director del programa de datos abiertos en la AIG, expresó: “Se están usando porque las entidades encuentran que facilitan el proceso además, porque ya está consensuado con la industria y los términos de referencia para las compras públicas de bienes y servicios en que usen tecnología tienen que ser aprobados por el Sistema de Evaluación de Solicitudes, que es parte de la AIG ".

Tras concluir el período correspondiente al presente plan de acción, en junio de 2017, la institución había capacitado sobre el contenido y la implementación de los afectados a 60 de los 75 gobiernos locales que existen en Panamá ya 78 de las cerca de 110 entidades públicas a nivel nacional. En el tema particular de datos abiertos, un total de 22 organizaciones recibidas el entrenamiento [Nota 31: Entrevista realizada a Carlos Iván Días, director del programa de datos abiertos de la Autoridad Nacional de Innovación] y en enero de 2017 se publicó el Plan de Acción Nacional de Datos Abiertos de Gobierno [Nota 32: Plan de Acción Nacional de Datos Abiertos de Gobierno].

Fuera del período de evaluación de este plan, para finales del año 2017 un total de 35 instituciones publican información en formato de datos abiertos. En conjunto afectados 100 conjuntos de datos a disposición del público [Nota 33: Agencia EFE, “Panamá tiene 100 conjuntos de Datos Abiertos a disposición del público”, cable publicado por El Economista el 17 de octubre de 2017: http://www.eleconomista.net/2017/10/10/panama-tiene-100-conjuntos-de-datos-abiertos-a-disposicion-del-publico

La distribución de los conjuntos de datos se da de la siguiente manera: Registro Público (24), Seguido de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (21), AIG (20), Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (8), Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (7), Ministerio de Economía y Finanzas (7), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (6), Organismo Judicial (4), Tribunal Electoral (2) y la Contraloría General y Universidad Tecnológica de Panamá (1)]. Según lo especificado Díaz, por lo tanto recibimos con frecuencia las solicitudes de capacitación sobre el tema y aspiramos a capacitar a la totalidad de las instituciones públicas panameñas para finales del 2018, cuando concluiría el transitorio concedido por decreto para las entidades públicas empezaran a publicar su información bajo estos formatos.

El 24 de noviembre de 2017 se publicó el Decreto Ejecutivo 511 [Nota 34: Decreto Ejecutivo 511 del 24 de noviembre de 2017, que dicta la política pública de transparencia de Datos Abiertos de Gobierno: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28421/GacetaNo_28421_20171207.pdf], que dicta la política pública de transparencia de Datos Abiertos de Gobierno. En él se les conceden las instituciones seis meses para capacitar en los temas técnicos y conceptuales relacionados con datos abiertos, y otros seis meses adicionales para identificar y publicar la información. El documento de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) la responsabilidad de dictar las directrices oficiales para la implementación de datos abiertos en el Gobierno y elaborar, coordinar, implementar, monitorear y evaluar la política pública de transparencia de datos abiertos.

De acuerdo con la estrategia propuesta en el decreto, los datos pueden publicarse en los sitios web institucionales, pero también pueden ser obligatorios al portal de datos abiertos del gobierno de Panamá [Nota 35: https://www.datosabiertos.gob.pa/], de forma que este les sirva como otro canal de divulgación. El decreto se acompaña con la publicación de una resolución [Nota 36: Resolución N.º DS-3513-2018 del 17 de enero de 2018 de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), por la cual se desarrolla la Política Pública de Transparencia de Datos Abiertos de Gobierno adoptada mediante Decreto Ejecutivo N.º 511 de 24 de noviembre de 2017.] Que contiene la guía [Nota 37: Apertura y Publicación de Datos Abiertos de Panamá https://www.datosabiertos.gob.pa/AIG-V2.pdf] sobre cómo publicar datos abiertos y fomentar el uso y reutilización de estos. Estos documentos y las capacitaciones ofrecidas facilitarán que algunas instituciones empezaran a publicar datos abiertos antes del vencimiento del transitorio otorgado por decreto.

Entre las políticas públicas que continuarán impulsando acciones en esta materia para brindar una mayor seguridad jurídica a la implementación de la política de datos abiertos, se encuentra la normativa propuesta para la protección de los datos personales. Se trata de un proyecto de ley [Nota 38: Proyecto de Ley 463, “de protección de datos de carácter personal”: http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2017_P_463.pdf] que define los lineamientos de excepcionalidad al acceso a la información pública, lo que se considera información pública o privada, datos de acceso restringido, confidenciales, anónimos, sensibles y sobre cómo definir el secreto profesional.

“El objetivo de este proyecto es que a la hora de abrir los datos se garantiza que no se abrirá información que sea confidencial para el ciudadano. Para eso se limita que las empresas vendan las bases de datos de sus clientes ”, explicó Díaz. "Nosotros esperamos y creemos que ya este año (2018) el proyecto será aprobado por la Asamblea, así como la ley que contiene los últimos", agregó.

¿Se avanzó en la apertura del gobierno?

Acceso a la información: Excepcionalmente

La implementación de este compromiso significó la incursión de Panamá en el ámbito de los datos abiertos. Previo a su implementación, ninguna institución publicaba información en formato abierto, que apenas era conocido dentro del sector público. Además de la mayor cantidad de información que se publica a raíz del cumplimiento del compromiso, con la implementación de este compromiso también se genera condiciones jurídicas y técnicas que permiten prever que en poco tiempo más instituciones se unirán a las que ya publican datos abiertos, pues Esto será un mandato de cumplimiento obligatorio a partir del 2019.

Tras su implementación, tal y como se describe, 35 organismos gubernamentales publican un total de 100 conjuntos de datos en formato abierto y se espera que esos números aumentan una vez que se cumplen los transitorios dados por el decreto 511 para todas las instituciones públicas panameñas .

Tales acciones permiten la calificación como excepcionales los cambios que generan la implementación de este compromiso en el comportamiento de los diferentes organismos dentro del Estado.

Miembros de la sociedad civil entrevistados y del sector privado [Nota 39: Memoria: Taller de Desarrollo de Capacidades: Datos Abiertos de Gobierno en Panamá. Sensibilización y Planificación Estratégica, Ciudad de Panamá.] Considere que la pertinencia de la información publicada todavía debe mejorar y sobre todo aumentar, pero también reconoce el valor del esfuerzo hecho y los avances relevantes que ha hecho el gobierno de Panamá en materia de datos abiertos . Leah Cedeño, directora de la organización de la sociedad civil Movimiento Independiente (Movin), calificó como de gran importancia las acciones implementadas como cumplimiento de este compromiso y consideró muy valiosos los pasos dados por la AIG al ayudar a que nuevas instituciones públicas su información y en formatos abiertos. En su criterio, se debe dar continuidad a esta iniciativa y el siguiente paso debería ser que las instituciones trabajen en mejorar la calidad y la cantidad de información divulgada hasta ahora.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

El compromiso no se incluyó en el plan de acción 2017-2019.