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España

Expand Centro económico-financiero (ES0037)

Visión general

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de Acción de España 2017-2019

Ciclo del plan de acción: 2017

Estado: inactivo

Instituciones

Institución líder: Ministerio de Hacienda y Función Pública

Institución (es) de apoyo: Departamentos del Ministerio de Hacienda y Función Pública y otros ministerios, así como otros organismos. Banco de España, Instituto Nacional de Estadística ... En general, todos los productores de información económico-financiera relevante para la ciudadanía. Su participación es necesaria alimentando datos al sistema y siguiendo una agenda de publicaciones exacta.

Áreas de política

Acceso a la información, Gobierno Electrónico, Apertura fiscal, Justicia, Datos Abiertos, Justicia abierta, Participación pública, Publicación de información presupuestaria / fiscal

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de España 2017-2019

Destacado: Pendiente revisión de IRM

Resultados iniciales: revisión de IRM pendiente

Diseño i

Verificable: si

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información

Impacto potencial:

Implementación i

Finalización: Revisión de IRM pendiente

Descripción

Ministerio responsable: Ministerio de Hacienda y Servicio Civil; Otros actores: Gobierno: Departamentos del Ministerio de Hacienda y Administración Pública y otros ministerios, así como otros organismos. Banco de España, Instituto Nacional de Estadística ... En general, todos los productores de información económico - financiera relevante para los ciudadanos. Su participación es necesaria alimentando datos al sistema y siguiendo una agenda exacta de publicaciones .; Status quo o problema
por abordar: Dificultad para acceder rápidamente a la información financiera más actualizada, generada a nivel estatal, regional y local .; Objetivo principal: Mantener un depósito centralizado de toda la información económica y financiera que pueda interesar al ciudadano o las empresas. Proporcionarlo en formatos reutilizables para fomentar el análisis por parte de ciudadanos, instituciones y empresas, promoviendo así la transparencia en las acciones del gobierno y las administraciones públicas. Permitir la elaboración por parte de actores externos de nueva información basada en los datos disponibles .; Breve descripción del compromiso: poner a disposición de los ciudadanos y las empresas toda la información económica y financiera relevante en un único punto de acceso .; Se abordó el desafío de la OGP mediante el compromiso: • Mejora de los servicios públicos: información rápidamente localizable, un calendario de publicación confiable y veraz, y los últimos datos publicados siempre disponibles. • Mayor integridad pública, que se logra aumentando la transparencia en las acciones del Gobierno y las Administraciones Públicas .; Relevancia: La relevancia del Proyecto de Información Central se mide de acuerdo con estas métricas: • Transparencia: El enfoque central del proyecto es proporcionar a los ciudadanos información económica sobre las acciones del Gobierno y las Administraciones Públicas en el menor tiempo posible, siempre actualizada. y en un solo punto de búsqueda. • Participación. La participación ciudadana se promueve publicando información en formatos reutilizables y poniendo a disposición herramientas para comparar datos entre la administración. Además, se pone a disposición de los usuarios una encuesta para determinar nuevas necesidades de información e identificar áreas que pueden mejorarse. • Responsabilidad: el Centro de información es una herramienta poderosa para proporcionar a los ciudadanos datos de desempeño del gobierno y la administración pública, tanto en sus versiones obtenidas directamente, como en las más elaboradas a través de métricas e indicadores. • Tecnología e innovación: los ciudadanos cuentan con una herramienta tecnológica para estudiar y comparar datos, en formatos reutilizables .; Objetivo: El Centro de información pretende convertirse en una herramienta de referencia y en un único punto de acceso a la información económica y financiera de interés para las Administraciones públicas. La información se actualizará permanentemente y una agenda de publicación específica se cumplirá con seis meses de anticipación.

Resumen de estado intermedio de IRM

EJE RENDICIÓN DE CUENTAS

4.1 Impulsar los datos abiertos como instrumento para una Justicia Abierta en España

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

Lograr una Administración de Justicia más transparente y accesible:

  • Ofreciendo datos que hacen un control adecuado por parte de la sociedad civil y los ciudadanos, una mejor compresión del funcionamiento de la Justicia y un mayor estímulo del emprendimiento, la innovación y el crecimiento económico a través de su reutilización.
  • Dotando a los ciudadanos de servicios digitales que permitirán un mejor acceso a la información cuando estén involucrados en un procedimiento judicial.

1.- Datos abiertos como instrumento de transparencia en la Administración de Justicia 1.1. Estandarizar los datos sobre la actividad judicial 1.2. Publicar los datos de actividad judicial en el Punto General de Acceso 1.3. Diseñar un nuevo modelo de datos en la Administración de Justicia que apueste por el consumo externo de los datos

2.- Mejora del derecho de acceso a la información para profesionales y ciudadanos: 2.1. Ofrecer el servicio de acceso electrónico al Expediente Judicial Electrónico. 2.2. Ofrecer retransmisión en streaming de determinadas vistas judiciales.

Fecha de inicio: Julio 2017 Fecha de término: Junio ​​2019

El texto completo del compromiso se encuentra en Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto, disponible aquí: https://bit.ly/2Wubeyk.

Contexto y objetivos

Objetivo general y relevancia

El poder judicial español vive uno de sus peores momentos respecto a la percepción de la independencia judicial. Esto impacta directamente en el aumento de la desconfianza de la ciudadanía: en 2018 un 90% de la población española consideró muy débil la independencia de jueces y tribunales (Puesto 23 de 27 estados europeos) debido a la interferencia y / o presión del Gobierno y las políticas fuerzas y económicas. En contraste, para el año 2018 EU Justice Scoreboard, el indicador de la percepción interna (de jueces y magistrados) de la independencia judicial la calificó como “altamente positiva” [70]. Por su parte, Transparencia Internacional España [71] llevó a cabo una encuesta que concluyó: “El 67% de los jueces y magistrados considera que en los nombramientos que realiza el CGPJ no predomina los criterios de capacidad y mérito. Esto es apoyado por un 79% de los encuestados de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y un 77% en el TSJ ”. Además de su independencia, es el propio funcionamiento de la rama judicial la variable que más puede explicar la percepción negativa ciudadana. Tal como reconoce el texto del compromiso:

“La baja valoración que los ciudadanos hacen de la Justicia como servicio público está en gran parte condicionada por su funcionamiento… Es preciso pues incorporar nuevos instrumentos que abran la Administración de Justicia y sitúen al ciudadano en el centro...el ecosistema Justicia ha sido tradicionalmente ajeno a la existencia de una sociedad civil lo suficientemente activa y con capacidad de exigir e influir en un funcionamiento adecuado de la Justicia ”.

El compromiso contiene dos metas que se consideran relevantes para el derecho de acceso a la información: apertura datos estadísticos y mejora del derecho de acceso a la información para ciudadanos y profesionales. El compromiso busca avanzar en línea con una estrategia de apertura basada en datos abiertos. Sin embargo, no incluye actividades específicas que busquen la creación de espacios para la participación ciudadana. Aunque el diseño de la medida mencionó que pretende crear foros específicos de participación en la política de datos abiertos de la justicia, no se desprende del texto un compromiso claro y no se identifica ninguna prueba para establecer una relación de causalidad entre el compromiso y la participación ciudadana.

Asimismo, la investigadora tampoco considera relevante el presente compromiso para la rendición de cuentas públicas, puesto que no es suficiente con el aumento de la información disponible para la ciudadanía. La rendición de cuentas pública presupone la transparencia en el sector público, así como la determinación y asignación de responsabilidad por parte de las administraciones y gobernantes como requisito básico, de modo que las acciones sean sujeto de escrutinio público y en caso de incumplimiento, se tengan Consecuencias.

Verificabilidad e impacto potencial

El incluye actividades verificables como: extracción de datos de forma automática, publicación de datos en el Punto General del Acceso y retrasmisión en streaming de vistas judiciales. Otras actividades en cambio son más inespecíficas como la estandarización de datos sobre actividad judicial la cual no es muy verificable pues no se aporta más información sobre los criterios a utilizar y los usos que se darán un este proceso una vez finalizado. Igualmente, tal como está redactado, el hito de acceso al expediente judicial electrónico trata de una medida de gobierno electrónico verificable, pero poco específico en cuanto al alcance y al tipo de información que se entregará y cómo.

La investigadora valora que de implementarse este compromiso en su totalidad el impacto potencial sería moderado. En primer lugar, el acceso a un expediente judicial en curso es una medida de administración electrónica positiva. La retransmisión en en streaming de algunas vistas es una medida novedosa en materia de transparencia y que despierta interés en la ciudadanía. Esta medida contribuye a una mejor compresión del funcionamiento de la justicia e incrementa el acceso y difusión de información de interés para los ciudadanos. Sin embargo, tiene algunas limitaciones de alcance. Por ejemplo, no se puede considerar que aumente la rendición de cuentas del poder judicial o que fortalezca el control social de la ciudadanía; no establece canales de interacción entre ciudadanos y Administración de justicia, ni un sistema de designación de responsabilidades ante una irregularidad o una desviación del procedimiento. Estos aspectos son indispensables para poder considerar que la medida contribuye a la rendición de cuentas públicas. Por ello su impacto potencial se considera significativo, aunque con algunas limitaciones de alcance.

En segundo lugar, es preciso destacar las metas 1.1 Estandarizar los datos sobre la actividad judicial; 1.2 Publicación de datos de actividad judicial en el Punto General de Acceso y 1.3 Diseñar un nuevo modelo de datos en la Administración de justicia que apueste por el consumo externo de los datos. Ellas, de ser implementadas en su totalidad ya cabalidad, ofrecerían un nuevo punto de partida para apostar por una mayor transparencia pública de la rama judicial, ante lo cual la investigadora del IRM los valora con un impacto potencial moderado.

Siguientes pasos

El texto del compromiso mencionó: “El compromiso se enmarcará en una línea de política pública específica sobre Justicia abierta, que irá incluida en la Estrategia Nacional de Justicia que el Gobierno de España pondrá en marcha con el apoyo y participación de los actores políticos, institucionales y profesionales del país y situando la transparencia judicial como uno de sus ejes principales. ”  

Debido a lo referido anteriormente sobre contexto español y la percepción ciudadana sobre la independencia judicial, esta propuesta es oportuna. Para dotar a este compromiso de aún más ambición se sugiere seguir promoviendo la participación del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, las consejerías autonómicas competentes en la materia, entre otros actores de Gobierno relevantes. Se podría crear un espacio de participación para acercar a estas entidades a la ciudadanía ya las OSC. De esta manera podrán sumarse al próximo plan de acción de OGP con propuestas ambiciosas que mejoren su funcionamiento interno y que, al tiempo, redunden en una mayor confianza ciudadana avanzando en el concepto de justicia abierta / Estado abierto.

El proceso de OGP ha servido a otros países como un espacio para la inclusión de compromisos ambiciosos en el sector de la justicia. Por ejemplo, Argentina llevó a cabo una reforma de la participación ciudadana en el sector de justicia mientras que Colombia se comprometió a desarrollar una plataforma de asistencia legal [72]. España podría desarrollar propuestas ambiciosas que nazcan del proceso de consulta de futuros planes de acción.

Algunos ejemplos de recomendaciones son los siguientes;

  • Estudiar las recomendaciones emitidas por GRECO en su IV Ronda de Evaluación acerca de “Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales” para la construcción de propuestas ambiciosas.
  • Considerar el diagnóstico y ejecución de propuestas que busquen la incorporación de la ciudadanía en el monitoreo y seguimiento o que apunten a aumentar el acceso a los datos del sector judicial [73].
  • Abrir la Comisión de Ética Judicial a representantes de la sociedad (ciudadanía, jueces y magistrados, personal Administración de justicia, OSC jueces y expertas en transparencia), configurándose de esta forma como un órgano de control de composición mixta, que pueda velar por el cumplimiento del Código Ético [74].
  • Avanzar en materia de publicidad activa en los conceptos que sean más relevantes respecto del funcionamiento, operación y problemáticas de la rama judicial (lo que implicaría generar información pública para saber con detalle las demoras existentes, los cuellos de botella, los gastos e inversiones existentes, etc. así como la publicación de las agendas, gastos de viaje, declaraciones de bienes y rentas, etc.).
[70] “Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2018”, COM / 2018/364 final, Eurostat, 2018: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf
[71] “Radiografía de la justicia en España: diversas asignaturas pendientes”, Transparencia Internacional España, 2015: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/radiografia_justicia_espana.pdf 
[73] Pueden ser herramientas de seguimiento y evaluación (ver la siguiente publicación del U4 Anticorruption Resources Center: https://www.u4.no/publications/corruption-risks-in-the-criminal-justice-chain-and-tools-for-assessmentElaboración de mapas de riesgos de corrupción y sistemas de alertas tempranas; Consejos ciudadanos permanentes de supervisión en los nombramientos de los magistrados de las altas cortes o los tribunales superiores de justicia (ver experiencia en Ucrania: https://democracy-reporting.org/public-council-of-integrity-ukraines-know-how-in-selection-of-judges/); Comités de usuarios de los tribunales, en cada región, que se pueden medir regularmente con las preocupaciones y los consejos de la ciudadanía; Organización de jornadas de puertas abiertas para invitar a la ciudadanía a conocer mejor la inconmensurable labor de nuestros jueces y magistrados.

Compromisos

Open Government Partnership