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Uruguay

Datos abiertos para la prevención de la corrupción (UY0168)

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De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de Acción de Uruguay 2025-2029

Ciclo del plan de acción: 2025

Estatus

Instituciones

Institución líder: Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) – Presidencia de la República.

Institución(es) de apoyo: Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Open DataCharter (ODC), Organización de los Estados Americanos (OEA),

Áreas de política

Anticorrupción e integridad, Estrategias anticorrupción, Datos Abiertos, Enfoques participativos, Participación pública

Revisión de IRM

Informe del IRM: Pendiente de revisión del IRM

Resultados preliminares: pendiente de revisión del IRM

Diseño i

Verificable: Pendiente de revisión de IRM

Relevante para los valores de OGP: pendiente de revisión de IRM

Ambición (consulta: definición): Revisión pendiente del IRM

Implementación i

Finalización: Pendiente de revisión del IRM

Descripción

Breve descripción del compromiso:

Aporte a la prevención y combate de la corrupción en Uruguay mediante la apertura de datos públicos, la estandarización y el uso de datos abiertos promoviendo la transparencia, el control de la ciudadanía y la rendición de cuentas.

Para ello se implementará la guía propuesta por el Programa Interamericano de Datos Abiertos para combatir y prevenir la corrupción (PIDA) impulsado por la OEA.

Definición del problema:

¿Qué problema pretende abordar el compromiso?

La corrupción no favorece el acceso equitativo a derechos y servicios, beneficiando a quienes tienen poder o recursos para influir en decisiones públicas, mientras excluye a quienes carecen de ellos. Esta lógica refuerza privilegios y reproduce esquemas de exclusión social. En el ámbito institucional, mina la confianza ciudadana en el Estado y en sus representantes, debilitando la legitimidad democrática. A nivel económico, reduce la competitividad, desalinea la inversión extranjera y perjudica particularmente a las pequeñas y medianas empresas.

¿Cuáles son las causas del problema?

La corrupción y la opacidad en la gestión pública tienen un componente fundamental que es la falta de transparencia y el acceso efectivo a la información pública.

Algunos efectos de ello son: la eventual pérdida de confianza ciudadana en las instituciones, la ineficiencia en el gasto público, los obstáculos para la participación ciudadana y la impunidad y la desigualdad social.

Se pueden identificar como causas institucionales de los efectos anteriormente mencionados, por ejemplo:

La falta de la implementación efectiva de la Ley de acceso a la información pública (Ley Nº 18.381 de octubre de 2008) en Uruguay. Es fundamental promover que las instituciones publiquen información de forma proactiva.

Falta de mecanismos de rendición de cuentas, a la ciudadanía de forma sistemática y clara.

Falta de información unificada, ya que los datos clave están dispersos, en diferentes formatos, en algunos casos tienen costo y existen dificultades para ser compartidos entre las instituciones públicas.

También es importante resaltar el desconocimiento que las personas tienen de sus derechos de acceso a la información y la baja percepción de la información pública como un derecho de las personas.

A su vez, se resaltan desigualdades técnicas como, por ejemplo, de acceso digital, que impiden a muchos sectores aprovechar la información pública aunque esté disponible y existe falta de capacitación del funcionariado público en transparencia y datos abiertos.

Descripción del compromiso:

¿Qué se ha hecho hasta ahora para solucionar el problema?

Uruguay ha suscrito y ratificado diversos tratados y convenciones internacionales orientadas a la prevención y combate de la corrupción, complementando estos compromisos con la implementación de políticas públicas y marcos normativos nacionales. Entre los instrumentos internacionales más relevantes se destacan la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada el 20 de noviembre de 2006.

En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Perú en 2019, Uruguay respaldó el compromiso “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, que contempla un conjunto de 57 medidas obligatorias y concretas para fortalecer la integridad pública. En particular, el mandato Nº 20 promueve el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos como herramienta para prevenir y combatir la corrupción. Ese mismo año, Uruguay adhirió a dicho programa e inició un proceso preliminar de implementación, reafirmando su voluntad de avanzar hacia una gestión pública más transparente y basada en evidencia.

¿Qué solución propone?

Se propone establecer y consensuar un plan de publicación de datos en formatos abiertos, basado en la guía del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA), impulsado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Este plan será coordinado por un Grupo de Trabajo interinstitucional, conformado por representantes de organismos públicos, sociedad civil y academia, que será encargado de liderar su implementación y seguimiento.

El proceso incluye la realización de un diagnóstico del estado del arte en la materia, que incluye el análisis de la normativa nacional e internacional vigente, la disponibilidad de información y la identificación de actores clave. Asimismo, se desarrollarán instancias participativas orientadas a identificar y priorizar los conjuntos de datos más relevantes, con el fin de garantizar la disponibilidad de información útil y pertinente para la ciudadanía.

Paralelamente, se impulsarán acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas en el funcionariado público, orientadas a mejorar la calidad, estandarización y sostenibilidad de los datos abiertos generados por las instituciones.
También se llevarán a cabo actividades de sensibilización y formación dirigidas a la población y grupos sociales de interés, con el propósito de promover el uso de los datos abiertos como herramienta para la toma de decisiones informadas y el ejercicio del control social.

¿Qué resultados queremos lograr implementando este compromiso?

El compromiso busca profundizar las políticas de apertura de datos, promoviendo la consolidación de una cultura institucional comprometida con la gestión transparente y la publicación sistemática de datos abiertos. Además, se desarrollarán actividades para dotar de las capacidades técnicas necesarias y la mejora de los procesos de gestión de datos en las instituciones públicas involucradas, con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de las iniciativas en curso.

Asimismo, se aspira a disponer de datos públicos que sean accesibles y reutilizables por diversos actores sociales, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y organismos gubernamentales. Esta disponibilidad de información permitirá fomentar el análisis, el monitoreo de la ciudadanía y la prevención de prácticas corruptas, contribuyendo así a una gestión pública más abierta, eficiente y responsable.

Análisis del compromiso:

¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso?

Contribuye a reducir los márgenes de opacidad en la gestión pública, al tiempo que fortalece la confianza social en las instituciones democráticas. El uso estratégico de datos abiertos permite identificar riesgos, monitorear procesos y prevenir prácticas corruptas, consolidando así un ecosistema de gobernanza más íntegro, participativo y responsable.

¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas?

La publicación de información en datos abiertos se transforma en un instrumento para que las instituciones puedan transparentar su gestión y uso de recursos públicos, con base en datos verificables y accesibles.

¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones?

Fomentar la participación en los procesos de priorización y en el uso de los datos permitirá ampliar y fortalecer un ecosistema de actores diversos con capacidad de ejercer un rol activo en el control de la ciudadanía al Estado.

Planificación de compromisos:

Conformación y puesta en funcionamiento de un Grupo de Trabajo multiactor para articular y liderar el compromiso.
Resultado esperado: Grupo de trabajo constituido y en funcionamiento, integrado por instituciones públicas, sociedad civil y academia. Diagnóstico que incluye análisis de la normativa nacional e internacional vigente, mapeo de actores clave, disponibilidad de información y brecha para la apertura.
Fecha de finalización: Mayo 2026
Institución que lidera: Agesic

Plan de publicación de Datos abiertos para la prevención y combate de la corrupción en Uruguay.
Resultado esperado: Talleres para la identificación y priorización de los datos, realizados. Sistematización del mapeo y priorización de datos para la apertura. Plan de publicación de datos acordados.
Fecha de finalización: Junio ​​2026
Institución que lidera: Agesic

Capacitación a funcionarios públicos.
Resultado esperado: Al menos 25 funcionarios públicos capacitados en la guía del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA). Al menos 50 funcionarios capacitados en procesos de gestión y apertura de datos.
Fecha de finalización: Diciembre 2026
Institución que lidera: Agesic

Plan de publicación.
Resultado esperado: Publicación de al menos el 80% de los datos identificados como prioritarios. Integración de los datos en el Observatorio de la Corrupción.
Fecha de finalización: Octubre 2028
Institución que lidera: Agesic

Uso de los datos publicados.
Resultado esperado: 2 actividades realizadas para el fomento de uso de datos orientados a sociedad civil, academia, medios de comunicación.


Compromisos