Las prácticas corruptas afectan a miles de millones de personas en todo el mundo, a medida que desaparecen los dólares de los impuestos destinados a bienes y servicios públicos vitales. Las personas y familias de bajos ingresos y las minorías subrepresentadas son las más afectadas negativamente. La corrupción también afecta negativamente al entorno empresarial. Evidencia muestra que los gobiernos transparentes mejoran la eficiencia empresarial y estimulan las oportunidades económicas y de inversión. Durante toda la pandemia, la corrupción interrumpió la entrega de suministros médicos que salvan vidas. A medida que los países intentan salir de la pandemia, los riesgos de corrupción han ralentizado la entrega de la adquisición de vacunas esenciales, y las filtraciones en el sistema en varios países han dado lugar a la apropiación indebida de paquetes de estímulo y redes de seguridad.  

Los gobiernos de OGP lideran la lucha contra la corrupción. Están innovando nuevas soluciones y promoviendo la acción colectiva sobre las normas globales emergentes. Los países de OGP estuvieron entre los primeros en adoptar políticas para promover la transparencia de los beneficiarios reales y los estándares de contratación abierta.

Combatir la corrupción es fundamental para todos los compromisos de OGP. Si no se controla, la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en su gobierno y su capacidad para servir a sus intereses.

Los planes de acción de OGP son un vehículo importante para la implementación de estrategias anticorrupción y la traducción de los anuncios realizados en las cumbres mundiales en acciones por parte de los gobiernos nacionales y locales, en estrecha coordinación con una amplia gama de organizaciones internacionales de expertos, organizaciones nacionales de la sociedad civil, empresas, medios y otros. 

Como parte de la iniciativa Llamado a la acción del Copresidente de OGP 2021, esta menú de acciones sugeridas destaca ideas para que los miembros de OGP avancen en sus próximos planes de acción de OGP. El menú presenta áreas que incluyen el dinero en la política, la contratación abierta y la transparencia de las adquisiciones públicas, el beneficiario real, la apertura de las industrias extractivas, la protección de los denunciantes, la recuperación de activos y áreas transversales fundamentales como el derecho a la información, la apertura fiscal y el género y la inclusión.