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Nuestro Proceso

En OGP, los gobiernos y la sociedad civil crean conjuntamente planes de acción de dos años, con pasos concretos (compromisos) en una amplia gama de temas. Este modelo permite a las organizaciones de la sociedad civil ayudar a dar forma y supervisar a los gobiernos.

Sobre nuestro proceso

Los miembros de OGP respaldan la Declaración de Gobierno Abierto, crean planes de acción en consulta con la sociedad civil y se comprometen a una evaluación pública e independiente de su progreso.


Uniéndose a OGP

Para unirse a OGP, los miembros deben cumplir con los criterios de elegibilidad, identificar un ministerio líder y comprometerse a crear planes de acción que contengan reformas concretas, en consulta con la sociedad civil.


Ciclo de plan de acción

Los planes de acción son el núcleo de la participación en OGP. Son el producto de un proceso abierto de co-creación en el que el gobierno y la sociedad civil trabajan juntos para crear reformas ambiciosas.


Responsabilidad

El Mecanismo de informes independientes (IRM, por sus siglas en inglés) hace un seguimiento del progreso de los miembros de OGP, brindando responsabilidad pública sobre la implementación de los compromisos. El monitoreo del progreso promueve una fuerte rendición de cuentas entre los gobiernos miembros y los ciudadanos.

Aprenda más sobre OGP

Desde su fundación en 2011 OGP ha crecido a miembros de 79 country y 20 locales que trabajan junto con miles de organizaciones de la sociedad civil. Cada dos años, cada miembro presenta un plan de acción creado conjuntamente con la sociedad civil que describe compromisos concretos para mejorar la transparencia, la responsabilidad y la participación pública en el gobierno.

Los miembros de OGP trabajan con la sociedad civil para determinar las áreas prioritarias de política pública. A través del proceso OGP, los miembros abordan los problemas que necesitan reforma para tener un impacto positivo en sus comunidades. Los problemas actuales que se están abordando en OGP incluyen acceso a la justicia, género e inclusión, gobernanza digital, prestación de servicios públicos, derecho a la información, protección del espacio cívico y recursos naturales y corrupción.