Elaboración de una propuesta de registro de beneficiarios reales para Chile
Construyendo una Propuesta de Registro de Beneficiarios Finales para Chile
Uno de los desafíos clave que enfrentan los estados es promover el crecimiento económico sostenible a través de la competitividad y la eficiencia. Los economistas y empresarios han desarrollado herramientas y estrategias para abordar las distorsiones del mercado y maximizar el bienestar social. Pero los ciudadanos y la sociedad civil han estado en gran parte ausentes del proceso.
Chile no es una excepción. Sigue siendo un desafío crear espacios de diálogo y llegar a un consenso que beneficie a toda la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando creamos espacios que permiten confrontar diferentes puntos de vista para solucionar ineficiencias económicas? ¿Qué sucede cuando la sociedad civil y los sectores público y privado discuten alternativas a los problemas de bienestar, teniendo en cuenta las opiniones de quienes están más cerca de los problemas y de la implementación de soluciones?
A través de la co-creación del cuarto Open Government PartnershipEL Open Government Partnership (OGP) es una iniciativa de múltiples partes interesadas enfocada en mejorar la transparencia del gobierno, garantizar oportunidades para la participación ciudadana en asuntos públicos y fortalecer... Más (OGP) plan de acciónLos planes de acción son el núcleo de la participación de un gobierno en OGP. Son el producto de un proceso de co-creación en el que el gobierno y la sociedad civil desarrollan conjuntamente compromisos de gobierno abierto... para 2018-2020, organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Gasto Fiscal y Chile Transparente, destacaron la necesidad de mejorar las herramientas para prevenir, monitorear y perseguir la corrupción en el sector privadoLos gobiernos también están trabajando para abrir las prácticas del sector privado, incluso a través de la transparencia de los beneficiarios reales, la contratación abierta y la regulación de los estándares ambientales. Especificaciones técnicas....
La divulgación de los beneficiarios reales de las empresas es de interés común para los gobiernos y la sociedad civil para ayudarlos a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Recomendaciones internacionales de GAFILAT y UNCAC, que promueven soluciones concretas en un contexto de incidencia de la sociedad civil y voluntad política para responder a los problemas, llevó a la inclusiónLos gobiernos participantes de OGP están trabajando para crear gobiernos que realmente sirvan a todas las personas. Esto incluye muchos grupos históricamente oprimidos, como personas con discapacidades, mujeres, lesbianas, gays, bi... del usufructuario transparenciaDe acuerdo con los Artículos de Gobernanza de OGP, la transparencia ocurre cuando "la información en poder del gobierno (incluidas las actividades y decisiones) es abierta, completa, oportuna y está disponible gratuitamente para el público... Más en la agenda pública.
Este interés común y el interés de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la agencia encargada de prevenir el lavado de activos, de liderar un esfuerzo de múltiples partes interesadas para mejorar los registros de información, creó una ventana de oportunidad para construir de manera colaborativa un política propuesta sobre la creación de un titularidadLa divulgación de los beneficiarios reales (aquellos que en última instancia controlan o se benefician de una empresa) es esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal. Técnico... registrarse en el cuarto plan de acción de Chile.
Una vez que la compromisoLos compromisos de OGP son promesas de reforma creadas conjuntamente por los gobiernos y la sociedad civil y presentadas como parte de un plan de acción. Los compromisos suelen incluir una descripción del problema, una acción concreta... fue redactado, la autoridad fiscal y la entidad encargada de administrar las adquisiciones públicas crearon un comité intersectorial para apoyar su implementación. El comité, encabezado por la UAF, también realizó una consulta pública sobre la creación de un registro de propietarios reales.
Los registros de beneficiarios reales son herramientas eficaces contra la corrupción, por lo que deben estar en el centro de la agenda de gobierno abierto en todos los niveles de la sociedad.
A pesar de los desafíos planteados por la pandemia, el trabajo de la UAF no solo lideró el proceso con éxito, sino que también aseguró la inclusión de las opiniones, perspectivas y recomendaciones del resto de miembros del comité.
Luego de la creación del comité, comenzamos a organizar un estudio de factibilidad del registro de beneficiarios finales e identificamos fuentes de información nacionales e internacionales que pudieran ayudar a lograr las metas de los compromisos. A partir de este compromiso y del diálogo entre funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil, se elaboró la primera propuesta de reglamento que fue objeto de Consulta pública para incorporar diferentes puntos de vista.
La creación del comité de multipartícipes fue clave para el proceso, ya que incluyó las opiniones de los actores clave y promovió la creación de una propuesta que incluía las preocupaciones y necesidades de los actores clave. La clave del proceso fue la creación de asociaciones que permitieron la integración de diferentes puntos de vista y promovieron el trabajo colaborativo hacia un objetivo común. Estos esfuerzos deben alinearse:
- Establecer objetivos compartidos entre las partes interesadas públicas y privadas y la sociedad civil.
- Desarrollar un liderazgo sólido con la capacidad de promover el diálogo.
- Abrir espacios de coordinación interinstitucional y trabajo colaborativo.
- Genere consenso, en lugar de centrarse en las diferencias
- Establecer responsabilidades y cronogramas compartidos para todas las partes interesadas relevantes
- Utilice canales de comunicación fluidos
En diciembre de 2019, el gobierno del presidente Sebastián Piñera presentó una “Agenda Antiabuso” que busca impulsar una agenda política y legislativa para combatir la corrupción y ayudar a reducir las asimetrías de poder e información entre las empresas y la ciudadanía. La agenda se centra en promover la transparencia en contratación públicaLa transparencia en el proceso de contratación puede ayudar a combatir la corrupción y el despilfarro que afectan a una parte importante de los presupuestos de contratación pública a nivel mundial. Especificaciones técnicas: Compromisos potenciando... y divulgación de los beneficiarios reales de las empresas que prestan servicios al Estado e “identificar y combatir conflictos de interésUna parte clave de la lucha contra la corrupción consiste en prevenir o revelar conflictos de intereses, cuando un funcionario público está en condiciones de utilizar un cargo público para beneficio personal o privado. Especificaciones técnicas... y evitar la excesiva concentración de poder en la provisión de bienes y servicios al Estado”. Esta agenda reconoce y refleja algunos de los debates y acuerdos alcanzados durante la implementación de este compromiso.
La mayor innovación en el proceso es la capacidad de la sociedad civil y los actores públicos de unir sus puntos de vista, construir un proceso de aprendizaje colectivo que permita integrar sus aciertos y fracasos en el desarrollo de una propuesta para mejorar la competitividad de la obra pública, obstruir los mecanismos. facilitar la corrupción en las empresas y poner a las personas en el centro del bienestar económico.
Uno de los principales desafíos de los Estados es generar crecimiento económico de forma sostenible a través de la competitividad y la eliminación de ineficiencias. Economistas y empresarios han trabajado para buscar herramientas y estrategias que aborden las distorsiones en los mercados y maximizar el bienestar social. Sin embargo, la ciudadanía y la sociedad civil han sido un actor ausente de este proceso.
Chile no es la excepción. Vemos un desafío en la generación de espacios de diálogo y debate y lograr acuerdos que beneficien a toda la sociedad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando construimos espacios que nos permiten enfrentar distintos puntos de vista para resolver ineficiencias económicas? ¿Qué ocurre cuando debaten sociedad civil, sector público y privado para construir alternativas a los problemas del bienestar desde la perspectiva de quienes están más cerca de los problemas y de la implementación de sus soluciones?
A través del proceso de co-creación del cuarto plan de acción de Chile 2018-2020 de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Gasto Fiscal y Chile Transparente, resaltaron ante el gobierno la necesidad de mejorar las herramientas de prevención, monitoreo y persecución de la corrupción en el sector privado.
Dar a conocer quienes son los beneficiarios finales de empresas es un interés común del gobierno y la sociedad civil para contrarrestar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A su vez, las recomendaciones internacionales de GAFILAT y UNCAC, que promueven soluciones concretas en un contexto de incidencia de la sociedad civil, y la voluntad política para responder a los problemas, permitió instalar el tema de las beneficiarios finales en la agenda pública.
Este interés común, y la convicción de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), encargada de prevenir el lavado de activos, de liderar un esfuerzo multiactor que permitiera mejorar los registros de información, generó una ventana de oportunidad para construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales de empresas en el 4to plan de acción de OGP.
Una vez construido el compromiso, la autoridad tributaria, Servicio de Impuestos Internos, y la entidad encargada de administrar el sistema de compras públicas, Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra) conformaron una mesa intersectorial que se encargaría de implementarlo. La mesa, liderada por la UAF, también llevó a cabo una consulta pública sobre la creación del registro de dueños reales.
A pesar de los desafíos generados por la pandemia, la labor de la UAF no sólo dirigió el proceso exitosamente, sino que también se preocupó en incluir las opiniones, perspectivas y recomendaciones de los demás miembros de la mesa.
Los registros de beneficiarios reales, son una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción, por lo que deben estar en el centro de las acciones que buscan promover el gobierno abierto en todos los niveles de la sociedad.
Luego de conformar la mesa de trabajo, comenzamos a organizar un estudio de factibilidad del registro de beneficiarios finales e identificar fuentes de información nacionales e internacionales que pudieran ser útiles para alcanzar los objetivos del compromiso. De este proceso, y del diálogo entre los actores públicos y las organizaciones de sociedad civil, se materializó la primera propuesta de regulación, que fue sometida a consulta pública para incorporar otras miradas.
La creación de la mesa intersectorial fue fundamental para el proceso porque incluyó perspectivas de los actores interesados y favoreció la elaboración de una propuesta que tuviera en consideración las preocupaciones e intereses de los participantes. Es necesario destacar la relevancia de construir alianzas para este tipo de procesos, que permitan reunir distintas miradas y generar un trabajo colaborativo en torno a un objetivo común. Se debe tener en cuenta, que dichos esfuerzos requieren lograr alinear:
- Objetivos compartidos entre actores públicos, privados y sociedad civil.
- Generación de liderazgos fuertes, pero con capacidad de diálogo.
- Abrir espacios para la coordinación interinstitucional y trabajo colaborativo.
- Avanzar en torno a temas en consenso y no entramparse en las diferencias.
- Establecer responsabilidades y plazos de trabajo compartidos entre todos los actores.
- Utilizar mecanismos de comunicación fluidos.
En diciembre de 2019, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera presentó una “Agenda antiabusos” que busca promover una agenda de trabajo político-legislativa que haga frente a la corrupción y contribuya a disminuir las asimetrías de poder e información entre empresas y la ciudadanía. La agenda se centra en la promoción de la transparencia en las compras públicas y la divulgación de los dueños de las empresas que prestan servicios al Estado “detectar y combatir conflictos de interés y evitar concentraciones excesivas en la provisión de bienes y servicios al Estado”. Esta agenda reconoce y refleja parte de los debates y acuerdos generados durante la implementación de este compromiso en el plan de acción.
La gran innovación de este proceso radica en la capacidad de los actores de la sociedad civil y del aparato público de combinar sus miradas, construir un proceso de aprendizaje colectivo que permitiera integrar los aciertos y errores de cada uno, en la construcción de una propuesta que busca mejorar la competencia en las compras públicas, contribuir a poner obstáculos a los mecanismo que facilitan los actos corruptos en las empresas y, en definitiva volver a poner a las personas en el centro del bienestar económico.
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