CNN Chile entrevista con Alejandro Ferreiro, Presidente del Consejo de Transparencia

En el Parlamento chileno y la Comisión de Constitución se aprobó una reforma de la ley de transparencia y según Ferreiro, estas instituciones han evaluado el modo que esta ley se aplicó durante los primeros tres años de vigencia. Han sugerido recomendaciones prácticas que mejoran el funcionamiento de la ley. También le dan más atribuciones al consejo y permitir el uso de la tecnología de información. Según Ferreiro, es un esfuerzo colaborativo entre el gobierno, la oposición y el Consejo para mejorar la ley de transparencia. Esta política es una oportunidad de disminuir las diferencias entre el gobierno y la oposición para definir como país lo que quiere Chile en esta materia. Ferreiro le asegura que la gente tiene derecho a pedir la información que esta en el poder del estado y cree que la información no es de las instituciones ni de las autoridades - es de las personas y los ciudadanos. Por tanto cuando piden la información están ejerciendo un derecho propio, un derecho considerado como derecho fundamental para la participación política. Si no le responden las instituciones, la gente tiene derecho ir al Consejo. El año pasado al consejo han llegado 1,820 casos pero según Ferreiro hay muchos más porque a menudo la gente no sabe que tiene estos derechos. Aunque Chile ha logrado mucho en esta materia, todavía hay mucho que avanzar y el acceso a la información es solo el primer paso. El segundo es la liberación de los datos por el estado y el tercero es la participación efectiva de la gente.

Se aprobó una reforma de la ley de transparencia en el Parlamento y en la Comisión de Constitución de Chile. Según Ferreiro, estas instituciones han evaluado la forma en que se ha aplicado la ley durante sus primeros tres años. Han hecho recomendaciones prácticas que mejoran el funcionamiento de la ley, otorgan más responsabilidades al Consejo de Transparencia y permiten un mejor uso de la tecnología de la información. Según Ferreiro, este es un esfuerzo de colaboración entre el gobierno, la oposición y el Consejo para mejorar las leyes de transparencia existentes. Esta política es una oportunidad para ignorar las diferencias entre el gobierno y la oposición para definir como país lo que Chile quiere con respecto a la transparencia. Ferreiro asegura a su entrevistador que las personas tienen derecho a solicitar información que está en poder del estado y cree que la información no es propiedad de las instituciones o las autoridades; pertenece a personas y ciudadanos. Debido a esto, cuando las personas solicitan información están ejerciendo su propio derecho, un derecho que se considera fundamental para la participación política. Si las instituciones no responden, las personas tienen derecho a ir al Consejo. El año pasado, el Consejo recibió casos de 1,820, pero según Ferreiro hay muchos más porque a menudo las personas no conocen los derechos que tienen. Aunque Chile ha logrado un progreso significativo, todavía hay progreso por hacer y el acceso a la información es solo la primera etapa. El segundo es que los estados liberan su información ellos mismos y el tercero es la participación efectiva.