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La información, la participación y el acceso a la justicia pueden salvar vidas, proteger territorios y lograr un desarrollo sostenible.

La información, la participación y el acceso a la justicia pueden salvar vidas, proteger territorios y lograr el desarrollo sostenible

Andrea Sanhueza|

El Atlas de Justicia Ambiental actualmente tiene registros de casos 2,089 de conflicto socioambiental debido a la minería y la extracción de petróleo y gas. Esta es otra de las muchas cifras sorprendentes que vemos todos los días sobre el desempleo; desnutrición; grupos de desplazados, migrantes y refugiados; ataques terroristas; y muchos otros problemas que enfrenta nuestra sociedad.

Me inspira escribir sobre los llamados conflictos ambientales porque detrás de ellos, como es el caso de cualquier otro conflicto, se encuentran personas en territorios específicos que tienen sus propios medios de vida, tradiciones, plantas, animales, aire, nubes y ríos.

La mayoría de estos conflictos han surgido como resultado de proyectos de inversión y explotación que invaden los territorios de las personas, como los esfuerzos de minería e hidroelectricidad. Estos proyectos amenazan severamente la vida de los grupos locales. La gran paradoja es que, aunque las comunidades locales tienen la mayor participación, tienden a tener poco o ningún poder para tomar decisiones sobre el proyecto. De hecho, a menudo ni siquiera tienen acceso a información básica sobre el proyecto: ¿de qué se trata? ¿Dónde tendrá lugar? ¿Quiénes son los gerentes de proyecto?

A menudo es casi imposible para ellos acceder a la información sobre los posibles impactos del proyecto. Los gobiernos y los inversores tienden a ver esta información como un "secreto de Estado". La posibilidad de opinar, expresar sus preocupaciones y mantener un diálogo informado y significativo con el gobierno y los inversores sobre el proyecto es un lujo, casi un milagro. Cuando esto sucede, es la excepción y no la regla.

En otras palabras, y desde una perspectiva de derechos, las comunidades afectadas tienen muy pocas oportunidades para ejercer su derecho a la información y participar en las decisiones que afectarán los territorios que habitan. El acceso a la información es un derecho humano y un elemento crucial de las democracias. De acuerdo con la Ley Modelo Interamericana, la información pública es "cualquier tipo de datos bajo custodia o control de una autoridad pública". La participación ciudadana, a su vez, se define como la oportunidad para que la ciudadanía participe de manera oportuna y significativa. , en la creación de políticas públicas, estrategias y planes a diferentes niveles en proyectos con potenciales impactos ambientales (CEPAL, 2013).

Hay muchas razones detrás de la falta de gobernabilidad democrática y respeto por los derechos humanos. Me gustaría resaltar uno en particular: los marcos legales de los países latinoamericanos que describen mal los deberes y procedimientos para el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales.

Un ejemplo es el análisis legal realizado en 17 países de América Latina que mostró un nivel desigual de reconocimiento del derecho de acceso a la información. Mientras algunos países promueven este derecho, otros lo garantizan. Los marcos legales que garantizan este derecho incluyen obligaciones tales como: un plazo definido para la entrega de información, métodos adecuados de entrega que tengan en cuenta las necesidades locales y la necesidad de difundir la información con un lenguaje claro. Solo el 35% de los países han incorporado estos estándares en sus legislaciones.

Con respecto a la participación ciudadana, la investigación analizó las disposiciones sobre audiencias públicas de proyectos que están registrados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como un requisito básico para la participación. El resultado es bastante desalentador. Solo los países 4 (21%) están obligados a realizar consultas públicas sobre proyectos registrados en el SEIA. En los países 7 (41%) la consulta es voluntaria.

¿Qué puede hacer la gente al respecto? Se organizan para defender sus territorios. Otra realidad dolorosa es el asesinato de muchos líderes territoriales en América Latina y el Caribe que se han hecho llamar defensores del medio ambiente. Según el informe de Global Witness de abril 2015, en 2014 al menos 166 defensores ambientales fueron asesinados. La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en Brasil (29), Colombia (25) y Honduras (12). Cuarenta y siete (40%) de ellos eran miembros de un grupo indígena. Además, en 2014 los asesinatos relacionados con proyectos hidroeléctricos se dispararon. Un ejemplo destacado fue el asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, a quien se le había otorgado el Premio Ambiental Goldman en 2015.

Aquí es donde la negociación en curso entre los países 23 de América Latina y el Caribe se vuelve crítica para la región. La promesa de un futuro acuerdo, enfatizo la palabra promesa, ya que las negociaciones no se han finalizado y ciertos gobiernos han mostrado posiciones muy conservadoras, es que los Estados adquirirán obligaciones más estrictas en términos de información, participación y acceso a la justicia para que la ciudadanía sea capaz de participar en asuntos ambientales.

Esta negociación es parte de los compromisos establecidos por el Gobierno de Chile en su primer Plan de Acción Nacional de OGP. Este compromiso fue presentado por la sociedad civil y aceptado y apoyado por el Gobierno.

Creo que es difícil comprender realmente el impacto potencial de este acuerdo en el mediano plazo, como se establece en los Planes de acción nacionales, lo cual es comprensible dada la ambición de la tarea. Sin embargo, el hecho de que esta negociación esté arraigada en el Plan de Acción Nacional de Chile es un elemento crítico, ya que ha proporcionado visibilidad y una postura más fuerte, además de reflejar la voluntad política de actuar.

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