Las reformas del gobierno abierto necesitan proteger a los denunciantes
Las reformas de gobierno abierto deben proteger a los denunciantes
Este blog es parte de una serie de blogs temáticos producidos por Independent Reporting Mechanism (IRM) durante la Open Gov Week. Encuentra otros blogs de la serie aquí.
En esencia, la denuncia de irregularidades se trata de hablar en contra de las irregularidades y la corrupción. Los titulares pueden centrarse en organizaciones multinacionales, como los Papeles de Panamá o el Danske Bank, pero un denunciante también puede denunciar casos de soborno en una oficina del gobierno local en un pueblo pequeño. Su valentía a cualquier nivel ayuda a garantizar la rendición de cuentas en la vida pública. Ellos arriesgan sus medios de vida y, a veces, incluso sus vidas (y la de sus familias) para hablar en contra de la corrupción, el despilfarro, el fraude y el abuso de los cargos públicos. Es justo que estas personas cuenten con las protecciones adecuadas.
En los Open Government PartnershipLos Open Government Partnership (OGP) es una iniciativa de múltiples partes interesadas enfocada en mejorar la transparencia del gobierno, garantizar oportunidades para la participación ciudadana en asuntos públicos y fortalecer... Más (OGP), más de 20 países participantes han reconocido la importancia de proteger a los denunciantes al promover reformas a través de sus planes de acción de OGP. Desde Irlanda hasta Uruguay, desde Túnez hasta Australia, se han realizado más de 50 compromisos diferentes desde 2011. El Mecanismo de Informes Independientes de la OGP ha evaluado más de la mitad de estos compromisos como de potencial moderado o transformador de resultados.
Miembros de OGP con compromisos de denuncia de irregularidades
- Albania
- Australia
- República Checa
- Dinamarca
- Francia
- Ghana
- Grecia
- Croacia
- Irlanda
- Italia
- Liberia
- Letonia
- Macedonia del Norte
- Nigeria
- Serbia
- República Eslovaca
- España
- Túnez
- Reino Unido
- United States
- Uruguay
En la última ronda de planes de acción de OGP, el República Checa, Estonia, Liberia e España han incluido compromisos prometedores que buscan educar a las personas y promover la denuncia de irregularidades, introducir legislación de protección de denunciantes y / o desarrollar soluciones tecnológicas para la denuncia anónima de irregularidades. Letonia Unido a la Red de líderes de OGP por su trabajo entre el gobierno y la sociedad civil para promover la protección de los denunciantes. Muchos miembros europeos de OGP están utilizando sus planes de acción para cumplir con los nuevos requisitos establecidos para el 2019. Directiva de la Unión Europea (UE) sobre protección de denunciantes.
Incluso antes de que esta legislación entrara en vigor, los países estaban implementando protecciones a los denunciantes. En Irlanda, la nueva legislación introducida en 2014 faculta a todos los ciudadanos trabajadores a denunciar irregularidades, con protecciones que no se limitan al sector público. También estableció mecanismos de reparación para los empleados que han sido despedidos o sancionados por denunciar irregularidades en el lugar de trabajo. En Italia, el lanzamiento de un portal de denuncia de irregularidades de código abierto en 2017 dio lugar a un aumento significativo en el número de empleados públicos que denunciaron irregularidades o corrupción. Uno de cada diez de estos casos se remitió a las fiscalías y otro de cada diez al Tribunal de Cuentas para comprobar la existencia de irregularidades o pérdida de ingresos públicos.
Hay muchas acciones que se pueden tomar para proteger a los denunciantes. Las recomendaciones para garantizar reformas ambiciosas que protejan a los denunciantes se pueden encontrar en OGP's Guía de OGP para el gobierno abierto y el coronavirus:
- Protecciones para denunciantesGarantizar que las personas se sientan alentadas y seguras para denunciar prácticas corruptas o irregularidades en el lugar de trabajo crea una cultura de integridad y facilita la detección de la corrupción. Especificaciones técnicas... debe ser de amplio alcance, más allá del comportamiento delictivo, para incluir el daño al interés público (como en el Reino Unido), y más allá de los empleados públicos, para incluir sector privadoLos gobiernos también están trabajando para abrir las prácticas del sector privado, incluso a través de la transparencia de los beneficiarios reales, la contratación abierta y la regulación de los estándares ambientales. Especificaciones técnicas... Más los trabajadores.
- Los denunciantes deben estar protegidos contra cualquier forma de represalia. incluyendo juicios civiles y procesamientos penales. Las mujeres pueden tener más probabilidades de sufrir represalias, por lo que se deben considerar protecciones adicionales basadas en el género.
- Los marcos de protección de denunciantes deben introducir canales de denuncia anónimos (por ejemplo, a través de líneas directas internas o externas, portales en línea o funcionarios de cumplimiento) y garantizar que los mecanismos sean altamente visibles, transparentes, ejecutables y oportunos.
- Los denunciantes necesitan acceso a recursos legales y representación y debería tener la opción de participar en investigaciones posteriores y ser informado del progreso y resultado de las investigaciones.
- Los datos y la información relacionados con la denuncia de irregularidades deben divulgarse con regularidad., como el número de divulgaciones, los resultados y la prevalencia de irregularidades.
- La legislatura debe usar su autoridad para supervisar y proporcionar un seguimiento regular de protecciones para denunciantes.
- También debería haber un organismo independiente con autoridad para investigar represalias e investigaciones indebidas, administrar sanciones, así como proporcionar orientación para los mecanismos de denuncia.
A medida que el mundo continúa lidiando con la pandemia de COVID-19, proteger a los denunciantes es más importante que nunca para garantizar un uso eficiente y ético de los fondos gubernamentales en respuesta a la crisis. Por lo tanto, adoptar un enfoque de gobierno abierto para la protección de los denunciantes es esencial para lograr un equilibrio efectivo entre las medidas de respuesta a una pandemia rápidas y efectivas, pero también de manera más amplia, para garantizar la rendición de cuentas en la vida pública.
Este blog es parte de una serie de blogs temáticos producidos por el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) durante la Semana de Gobierno Abierto. Encuentra otros blogs de la serie aquí.
Denunciar irregularidades es alzar la voz en contra de actos indebidos y casos de corrupción. Aunque los titulares de los medios tienden a destacar casos relacionados con organizaciones multilaterales (como el caso de los Panama Papers o el Danske Bank), un denunciante también puede ser aquél que reporta un caso de soborno en la oficina de un gobierno local de una pequeña localidad. A cualquier nivel, su valentía ayuda a asegurar la rendición de cuentas de la vida pública. Estas personas arriesgan su trabajo e incluso sus vidas (y la de sus familias) para alzar la voz en contra de la corrupción, el desperdicio de recursos, los fraudes y abusos de los cargos públicos. Lo justo es que estas personas tengan la protección que necesitan.
Hasta la fecha, más de 20 miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) han reconocido la importancia de proteger a los denunciantes, promoviendo reformas a través de sus planes de acción de OGP. Desde Irlanda hasta Uruguay y desde Túnez hasta Australia, desde 2011 se han establecido 50 compromisos relacionados. Según las evaluaciones realizadas por el Mecanismo de Revisión Independiente de OGP, más de la mitad de estos compromisos han tenido un potencial moderado o transformador.
Miembros de OGP con compromisos de denunciantes
- Albania
- Australia
- República Checa
- Dinamarca
- Francia
- Ghana
- Grecia
- Croacia
- Irlanda
- Italia
- Liberia
- Letonia
- Macedonia de Norte
- Nigeria
- Serbia
- República Eslovaca
- España
- Túnez
- Reino Unido,/li>
- Estados Unidos
- Uruguay
En la más reciente ronda de planes de acción de OGP, la República Checa, Estonia, Liberia y España han incorporado compromisos prometedores que buscan educar a las personas acerca de la protección a denunciantes, proponer legislaciones para protegerlos y/o desarrollar soluciones tecnológicas para poder enviar reportes anónimos en caso de detectar irregularidades. Letonia se incorporó a la Red de Líderes de OGP por su colaboración entre el gobierno y la sociedad civil por impulsar protección a denunciantes. Muchos países de OGP están utilizando sus planes de acción para cumplir con sus obligaciones adquiridas en el marco de la directiva de la Unión Europea sobre protección a denunciantes.
Incluso antes de que esta legislación entrara en vigor, algunos países ya estaban implementando acciones de protección a denunciantes. En Irlanda, una ley aprobada en 2014 empoderó a la ciudadanía a reportar irregularidades, incluso en el sector privado. Además, estableció mecanismos para compensar a los empleados que han sido despedidos o castigados por reportar irregularidades en sus trabajos. En Italia, el lanzamiento de un portal de denuncias en 2017 llevó a un aumento significativo del número de empleados púbicos que reportaron irregularidades o casos de corrupción. Uno de cada diez casos fueron enviados a las oficinas de los procuradores y uno de cada diez fueron enviados a la corte de auditores para confirmar la existencia de irregularidades o pérdida de fondos públicos.
Hay muchas medidas que los países pueden tomar para proteger a los denunciantes. En la guía de gobierno abierto y el coronavirus publicada por OGP, puedes encontrar recomendaciones para asegurar reformas ambiciosas para proteger a los denunciantes.
- Las protecciones a denunciantes deben ser amplias, abarcando no solo las conductas delictivas, sino también daños al interés público (como en el caso del Reino Unido) y no solo a los servidores púbicos, sino también a los empleados del sector privado.
- Los denunciantes deben protegerse de toda forma de represalias incluyendo las demandas civiles y persecuciones penales. Debido a que las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir represalias, deben incluirse consideraciones de género.
- Los marcos de protección a denunciantes deberán incluir canales anónimos de denuncias (por ejemplo líneas telefónicas internas o externas, portales digitales o funcionarios) y asegurar que los mecanismos sean visibles, transparentes, aplicables y oportunos.
- Los denunciantes requieren de recursos y representación legal y deberán tener la opción de participar en las investigaciones subsecuentes y de mantenerse informados de los avances y resultados de las investigaciones.
- Los datos y la información relacionados con las denuncias deben ponerse a disposición del público regularmente, por ejemplo la cantidad de casos, los resultados y la prevalencia de irregularidades.
- La legislatura deberá utilizar su autoridad para supervisar y monitorear las protecciones a denunciantes
- Debe establecerse un organismo independiente con la autoridad de investigar represalias e investigaciones inadecuadas, administrar sanciones y ofrecer pautas sobre mecanismos de reporte.
El mundo sigue lidiando con la pandemia del COVID-19 y en ese contexto la protección a denunciantes es más importante que nunca, pues ayudará a asegurar que los fondos de respuesta a la crisis se utilicen de forma eficiente y ética. Por lo tanto, es fundamental impulsar un enfoque de gobierno abierto para encontrar el equilibrio entre una respuesta ágil a la pandemia que al mismo tiempo asegure la rendición de cuentas de la vida pública en general.
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