Descripción de la Reforma Reforma integral a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, orientada a modernizar los mecanismos de democracia directa. Incorpora nuevas figuras, habilita la participación digital vinculante e incluye garantías para comunidades indígenas y afromexicanas. Reduce los requisitos de activación, refuerza la educación cívica y fue elaborada mediante un proceso participativo con foros ciudadanos y organizaciones civiles. Busca una participación más inclusiva, efectiva, accesible e institucionalizada.

Problema(s) abordado por la reforma La reforma busca resolver el bajo uso y la limitada efectividad de los mecanismos de participación vigentes en Yucatán, actualizando una ley que no ha sido reformada integralmente desde su promulgación en 2007. Atiende la exclusión de comunidades indígenas y afromexicanas, propone reducir requisitos desproporcionados para activar mecanismos, e incorporar herramientas digitales vinculantes. También responde a la necesidad de generar confianza ciudadana a través de reglas claras, accesibles e inclusivas.

La reforma representa un paso significativo porque transforma una ley obsoleta en una herramienta moderna, vinculante e inclusiva. Proponer introducir nuevos mecanismos, reducir barreras de acceso mediante tecnología, disminuir requisitos desproporcionados y garantizar la inclusión de comunidades históricamente excluidas. Por primera vez, se busca institucionalizar la participación ciudadana como parte estructural de la gobernanza en Yucatán, permitiendo una respuesta más efectiva, legítima y sostenible a las demandas ciudadanas.

Relevancia para los valores de OGP La reforma fortalece directamente el valor de la participación cívica al ampliar, facilitar e institucionalizar los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede influir en las decisiones públicas. Promueva la transparencia al exigir información accesible, en lenguas originarias y formatos digitales. Además, refuerza la rendición de cuentas al permitir que más personas activen procesos de consulta o evaluación de autoridades. Al reducir barreras y actualizar los canales de participación, la reforma busca convertir al gobierno abierto en una práctica cotidiana y accesible para todas las personas en Yucatán.

Resultados previstos Al finalizar el período de implementación, se espera que la propuesta de reforma haya sido fortalecida mediante un proceso de parlamento abierto con participación activa de la ciudadanía, aprobado por el Congreso del Estado y publicado oficialmente. Asimismo, se prevé el lanzamiento de una plataforma digital única y vinculante que facilite el uso de los mecanismos de participación. Con ello, la nueva ley podrá comenzar a ser utilizada por la población a través de procesos más accesibles, inclusivos y alineados con los principios del gobierno abierto.

Hitos Los principales hitos incluyen: (1) ingreso formal de la iniciativa de reforma a comisión en el Congreso del Estado; (2) activación de un proceso de parlamento abierto que incluya laboratorios ciudadanos, una consulta indígena, foros multisectoriales y recolección en línea de propuestas; (3) en paralelo, difusión de la campaña #LeyCiudadana para incentivar la participación; (4) dictaminación y aprobación legislativa de la reforma; (5) publicación oficial de la nueva ley en el Diario Oficial del Estado; (6) lanzamiento de una plataforma digital única y vinculante para activar los mecanismos; (7) involucrar activamente al 5% de la ciudadanía yucateca con acceso a internet durante el primer año (aproximadamente 41,250 personas); y (8) establecimiento de una estrategia permanente de socialización y formación ciudadana.

¿Está involucrada la sociedad civil?

La propuesta de reforma fue elaborada a partir de un proceso participativo impulsado por el IEPAC, que incluyó foros ciudadanos y el evento “PARTICIPA”, con organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía en general. Para su implementación, se contempla un parlamento abierto que incluya laboratorios ciudadanos, una consulta indígena y foros multisectoriales. Además, las organizaciones civiles serán aliadas clave en la difusión y socialización de la nueva ley, fortaleciendo su legitimidad y apropiación social. Como meta para 2026, se busca que más de 40,000 personas (5% de la población adulta con acceso a internet) participen activamente a través de la plataforma digital vinculante.