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Rapport sur les résultats de la transition du Chili 2018-2020

La Alianza para el Gobierno Abierto es una alianza global que reúne a reformadores de Gobierno y líderes de la sociedad civil en la creación de planes de acción que logren Gobiernos más incluyentes, responsables y que rinden cuentas. Los compromisos de los planes de acción pueden contribuir a esfuerzos existentes, identificar medidas adicionales para completer reformas que están en curso o iniciar medidas en un área completemente nueva. El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en francés) monitorea todos los planes de acción para asegurar que los Gobiernos cumplan con sus compromisos. Los líderes de la sociedad civil y el Gobierno pueden utilizar estas evaluaciones para reflexionar sobre sus avances y determinar si las acciones implementadas han tenido impactos en la vida de las personas.

El Mecanismo de Revisión Independiente de OGP se asoció con Inés M. Pousadela para llevar a cabo esta evaluación. El IRM tiene el objetivo de aportar insumos a un diálogo constant sobre el desarrollo e implementación de compromisos futurs. Para consultar una descripción completa de la metodología del IRM, visite: https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism.

Este informe cubre la implementation del cuarto plan de acción de Chile para 2018-2020. Dans l'année 2021, l'IRM a modifié le processus d'investigation et l'augmentation de nos informations sur les avions d'attaque approuvés dans le marco de l'actualisation de l'IRM[1]. Los informes de implementation de los planes de acción 2018-2020 se adaptaron para facilitar la transición al nuevo formato y para tomar en consideración los efectos de la pandemia por la COVID-19 sobre los processos nacionales de OGP.

Implémentation del plan de acción

El informe de resultados del IRM evalúa el estado de los compromisos de los planes de acción y los resultados de su implementación al final del ciclo del plan de acción. Este informe no evalúa verificabilidad, relevancia o impacto potencial. El IRM evalúa estos tres indicadores en los informes de diseño. Para más detalles de cada uno de los indicadores, réviser el Anexo II en este informe. 

Aspects destacados y resultados generales

En terminos generales, el plan de acción tuvo un nivel limitado de implementación. Si bien no hubo ningún compromiso que no registrara algún grado de avance, siete de los doce compromisos (58%) tuvieron un grado de cumplimiento limitado[2], mientras que dos (17%) exhibieron avances sustanciales y apenas tres (25%) se implementaron en su totalidad. En este sentido, se observó un retroceso en comparación con el plan de acción anterior, en el que seis compromisos (32%) registraron un cumplimiento completo, once compromisos (58%) con cumplimiento sustancial, y 2 compromis (10%) con avances limité[3].

Buena parte del retraso en materia de cumplimiento es imputado, tanto desde el Gobierno como desde la sociedad civil, a los impactos de la pandemia por la COVID-19, que se examinan en mayor profundidad en el próximo apartado. Cabe subrayar que la mayoría de las partes consultadas no señaló al proceso de protesta social ya su resultante – el llamado a un referéndum ya la instalación de una Convención Constitucional directamente elegida por la ciudadanía y con niveles de pluralismo y diversidad del paedís en la historia – como factores que impactaran, ni negativa ni positivamente, sobre la implementación del plan[4]. De hecho, en el período estudiado se trató de implementar un plan ya formulado, en un contexto donde tendió a predominar une visión « técnica » de la implementación, poco abierta a la innovación dirigida a amplificar la ambición de los compromisos. Sin embargo la implementación del plan no se vio como une oportunidad para poner en uso las mismas prácticas participativas que se intentaba implantar a level nacional, en respuesta a las protestas. De hecho, algunos actores consultados continuaron atribuyendo cierto grado de incumplimiento a una “falta de voluntad”[5] inercial de las instituciones públicas para generar apertura a la ciudadanía, así como al problema – que precede a la pandemia – de la falta de recursos específicos asignados al área de gobierno abierto[6]. Estos elementos se deben atender de cara a la implementationación del próximo plan de acción, ya que si se atribuyen todas las dificultades a la pandemia y se supone que superada, los compromisos serán implementados en su totalidad y en su versión de máxima, las expectativas se verán nuevamente frustradas por acción de estos factores preexistentes.

Les tres « compromisos notables » sont identifiés dans l'information relative à la disposition d'un grado de cumplimiento limitado, por lo que no se considera que resultaran in cambios tangibles in the apertura del Gobierno. Dicho fue el caso del compromiso 4, cuyo impacto potencial tal como estaba redactado había sido estimado como menor, pero que igualmente se resaltó como “notable” con el argumento de que podría generar una tendencia de cambio a nivel local, de lograrse mise en œuvre efficace du modèle de gobierno ouvert municipal por parte de un número significativo de localidades. La mise en œuvre de este compromiso se detuvo a causa del cambio abrupto en las prioridades de los gobiernos municipales que la pandemia trajo consigo[7]. Algo similaire ocurrió con los compromisos 5 y 11, cuya implementación se vio obstaculizada por la disminución de los recursos disponibles y su canalización hacia la gestión de la pandemia.

Cabe recordar que este plan de acción, a diferencia de su predecesor, no incluye ningún compromiso evaluado como de impacto potencial transformador. En relación con el único al que se le asignó un impacto potencial moderado (compromiso 5) el IRM no cuenta con evidencia de avances significativos en la implementación. Los cinco compromisos que se implementaron en forma sustancial o completa, por su parte, se habían evaluado como de escaso impacto potencial. Asimismo, uno de ellos (compromiso 10) no se había considerado relevante para los principios de gobierno abierto tal como los définissent OGP ; otros dos estaban enfocados en el desarrollo de un producto requerido por una nueva ley (compromiso 8) o en actividades conducentes a mejorar el cumplimiento de la legislación vigente (compromiso 9); y uno (compromiso 12), catalogado como relevante para el valor del acceso a la información – no desarrolló una estrategia de accesibilidad “hacia afuera”, centrada en el usuario.

Otros compromisos no resultaron en cambios efectivos en la apertura del Gobierno, pero arrojaron productos que, de ser retomados y utilizados estratégicamente, podrían dar lugar a cambios significativos. Tal fue el caso del compromiso 11 sobre la creación de un registro de beneficiarios finales o reales de las empresas. Este compromiso revistió gran prioridad para la sociedad civil, en cuyo diseño e implementación invirtió cuantiosos esfuerzos. Sin embargo adolecía de limitaciones de diseño, ya que no se centraba en la creación y la puesta en marcha de un registro centralizado de beneficiarios finales o reales de las empresas, sino más bien en la producción colaborativa de una propuesta para la ulterior creación de dicho registre. Adicionalmente, su implementación se retrasó y quedó incompleta, por lo que nunca se conformó la prometida comisión de reforma legislativa. Puesto que su único producto tangible fue el informe de recomendaciones, no tuvo efectos sobre el grado de apertura gubernamental. No obstante, si en el futuro dicho informe se utiliza para establecer un registro a la altura de los estándares internacionales y de carácter vinculante, podría acabar teniendo efectos significativos sobre la apertura gubernamental, en el área justicimente y fiscale los delitos financieros.

Impacto de la pandémie par la COVID-19 dans la mise en œuvre

La pandémie pour la COVID-19 impactó negativamente la mise en œuvre de buena parte de los compromisos, por distintos motivos. En primer lugar, supuso la postergación y eventualmente la cancelación de actividades presenciales que en un primer momento se pensó que podrían realizarse tras unas pocas semanas de interrupción de la actividad. Al principio de la pandemia, en efecto, se supuso que el paréntesis sería temporario y breve, y no se vio la necesidad de buscar alternativas virtuales inmediatas, para las cuales de todas maneras posiblemente aun no estuvieran dadas las y humanasiones materiales Las herramientas de la virtualidad y su manejo se fueron adquiriendo en los meses subsiguientes, y luego ya fue demasiado tarde para relanzar las actividades dentro de los plazos fijados en el plan de acción, que no se extendieron ya que, en cambio, se tomó decisión de emprender la cocreación del quinto plan de acción[8].

En segundo lugar, la pandemia modificó las prioridades de losorganos a cargo de los compromisos o cuyo involucramiento era clave para su implementación, reduciendo drásticamente los recursos – materiales y humanos – available para implementarlos. Así lo señaló el funcionario a cargo del compromiso 4, cuya implementación se interrumpió cuando los municipios reorientaron sus esfuerzos a la provisión de servicios de salud y paliativos para enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia[9].

En tercer lugar, las respuestas (o, más bien, la falta de ellas) obtenidas por el IRM en sus consultas a la sociedad civil parecen indicar que, con las urgencias de la pandemia en el centro de la escena, el escaso interés ciudadano suscitado por un plan de acción de ambiciones limitadas acabó por diluirse, y que pocas OSC se involucraron activamente en el seguimiento de su implementationación[10].

Solo en casos excepcionales los funcionarios a cargo destacaron que la pandemia no supuso ningún contratiempo[11], al estar abocados a actividades que no requerían de ninguna interacción física y que contaban con recursos asignados, como ocurrió con el compromiso 8, centrado en el desarrollo de una aplicación web e implementado para cumplimentar los requerimientos de una nueva ley,

 

[1] Pour information du maire, visitez: https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh/

[2] Se trata de los compromisos 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 11.

[3] Véase IRM, Information de fin de mandat du Chili 2016-2018, ici:  https://bit.ly/3BZeJ4C.

[4] Una exception fue la funcionaria responsable del compromiso 3, quien adjudicó los retrasos e incumplimientos experimentados a "la contingencia que afectó al país principalmente impacto del estallido social y la pandemia en el sistema de justicia" ; a continuación, la funcionaria subrayó: "los avances del compromiso fueron de gran ayuda también para enfrentar la pandemia", pero no hizo mención a su posible utilidad a la hora de responder a las frustraciones que habían alimentado el mencionado estallido social. Véase Javiera Nazif, jefa de la Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana de la Defensoría Penal Pública, respuesta a encuesta, 9/98/21.

[5] Representante anónimo de la sociedad civil, respuesta a encuesta, 20/06/21.

[6] En ese sentido, un interviewtado explicó que no hay un presupuesto asignado a gobierno abierto, y la promoción del gobierno abierto es apenas una tarea más de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. A ello se suma la alta rotación de los funcionarios a cargo, que por ser nombramientos políticos suelen no tener experiencia ni capacidad técnica en el área. Véase Jaime Ibarra, representante de la sociedad civil en Mesa de Gobierno Abierto, entrevista, 09/09/21.

[7] Véase Miguel Yaksic Beckdorf, directeur de Promoción, Formación y Vinculación del Consejo para la Transparencia, respuesta a encuesta, 14/06/21.

[8] Es important subrayar que, en Chile, un estallido social que comenzó en octubre de 2019 precedió la pandemia , y que también resultó disruptivo de las actividades de algunos de los compromisos. Este dato, muy presente en el Informe de Autoevaluación y en las minutas de la Mesa de Gobierno Abierto, fue explícitamente mencionado por la responsable del compromiso 3. Véase Javiera Nazif, Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana de la Defenúsoría, Penúsoría, Respuesta a encuesta, 9/98/21.

[9] Miguel Yaksic Beckdorf, directeur de Promoción, Formación y Vinculación del Consejo para la Transparencia, respuesta a encuesta, 14/06/21.

[10] La investigadora del IRM intentó contactar a todas las OSC que habían tenido alguna participación en la cocreación del plan de acción, solicitándoles retroalimentación en relación con su participación en la implementación del plan, pero la mayoría no responseió. Las contadas OSC que lo hicieron señalaron que no habían tenido ninguna participación en la implementación, y que todo lo que sabían de los avances realizados procedía de la (escasa) información volcada en el panel de seguimiento. La conclusion extraída por la investigadora en relación con la dilución del interés de la sociedad civil en la implementación de compromisos que (con contadas excepciones, como la del compromiso 11) percibían como sin mayores consecuencias, fue validada en una entrevista con el representante de socie civile à la Mesa de Gobierno Abierto. Cf. Jaime Ibarra, representante de sociedad civil en Mesa de Gobierno Abierto, entrevista, 09/09/21.

[11] Ivonne Roa Fuentes, funcionaria de la Jefatura del Centro de Información de Recursos Hídricos, réponse à l'appel, 19/08/21.

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