El Gobierno Abierto en la coyuntura electoral 2018: el caso Jalisco, México

El próximo 1 de julio se realizará uno de los procesos electorales más grandes e importantes en la historia de México. No solo por la cantidad de electores que potencialmente pueden participar –más de 89 millones-, sino por el número de espacios políticos en disputa: 1567 alcaldías, 8 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 128 senadores y diversos congresos locales. Esto representa un gran esfuerzo de organización que involucra a 1 millón 400 mil ciudadanos participando como funcionarios en las casi 156 mil casillas a instalar en todo el territorio nacional. Sin duda, un proceso monumental.

Este proceso de renovación de los cargos públicos implica la posibilidad de redefinir las políticas nacionales, la distribución del poder y los equilibrios que definen las estructuras de gobierno. En este sentido, también se juega la definición de la agenda pública y el futuro de las políticas en materia de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y en términos generales, la profundización de las estrategias de Gobierno Abierto (GA) en el país y gobiernos locales. 

Las elecciones como una oportunidad para avanzar el GA

El 30 de marzo dio inicio la campaña electoral para candidatos a gobernador del Estado de Jalisco y el 29 de abril inició la campaña electoral de los candidatos a diputados y munícipes. Este periodo debe permitir el contraste de ideas y propuestas entre los candidatos, pero también representa una ventana de oportunidad para que la sociedad civil participe en espacios de diálogo que permitan establecer compromisos con los candidatos para adoptar ciertas medidas al llegar a los puestos de poder. En este sentido los temas relacionados a la apertura gubernamental son fundamentales para configurar un plan de gobierno que asuma valores y principios de GA.

El descrédito de la política y la insatisfacción en el rendimiento de la democracia son unas constantes en casi todos los países occidentales. Sin embargo, los niveles de corrupción y de violencia, hacen que la desconfianza social en la política y los partidos políticos mexicanos se profundice aún más que en otras latitudes. Por ello existe un gran escepticismo acerca de que los candidatos lleven a cabo las propuestas y los compromisos de campaña una vez en el poder. Por otro lado, las campañas se llenan de discursos demagógicos y propuestas sin fundamento para lograr el aplauso fácil y el voto del electorado. En este contexto de desconfianza, diversos políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, consideran que algunas propuestas basadas en aumentar las estrategias de GA pueden constituir una vía de legitimación, y al mismo tiempo, podrían traer consigo beneficios sociales en términos de acceso a la información, democratización, innovación, entre otros. 

La institucionalidad de las políticas de GA se pone a prueba

El Gobierno de Jalisco ha dado muestras de querer avanzar en los procesos de apertura gubernamental, muestra de ello, Jalisco se postuló y fue elegido dentro del programa piloto dirigido a gobiernos locales que coordina la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). Por otro lado, Jalisco cuenta con un Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), organismo autónomo del poder del Estado. Este organismo se encarga principalmente de vigilar que las organizaciones que reciben recursos públicos, cumplan con la obligación de dar a conocer su información a la sociedad. El ITEI ha sido una de las instituciones más involucradas dentro de la agenda de GA en Jalisco y su función ha sido muy relevante dentro del programa piloto de la OGP.

Sin embargo, Jalisco no está exento de la cotidianidad política y el encono nacional. En la configuración de la representación política dentro del Estado y sus municipios, existe una competencia permanente entre figuras públicas pertenecientes a distintos partidos políticos. Estas luchas internas también afectan el desempeño de las políticas de GA y su lugar en la agenda pública. Para ejemplificar cómo afectan los desencuentros políticos-electorales a la agenda de GA, es posible referirse a un conflicto particular que ha impactado en sus estrategias y políticas; el ahora candidato a la gubernatura de Jalisco -con más respaldo electoral según las encuestas[1]- y exalcalde del municipio de Guadalajara (perteneciente a un partido político diferente al que actualmente gobierna en el Estado de Jalisco), fue miembro del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto de Jalisco, y renunció a dicho órgano con motivo de un conocido escándalo de espionaje hacia activistas y periodistas que se dio en el plano nacional[2]. Esto refleja en gran medida una inestabilidad en la estrategia de GA que ha liderado el Gobierno de Jalisco, así como una serie de conflictos entre diferentes formaciones políticas.

En esta tesitura, diversas políticas públicas que no tienen relación con los conflictos políticos-electorales como las que configuran el GA, también se ha convertido en un lugar de conflicto entre facciones partidistas. Esta politización es muestra de la capacidad de utilizar cualquier coyuntura para capitalizar un beneficio político particular. Los discursos que se construyen en estos tiempos electorales parecen estar vacíos de fondo (análisis y propuestas de políticas públicas) y llenos de oportunismo político.

A pesar de los esfuerzos, el actual Gobierno de Jalisco no ha logrado consolidar una estrategia de GA incluyente entre los sectores de la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno. Bajo este contexto, es sumamente incierto y vulnerable el futuro de una agenda pública que abrace el GA como una manera de construir y entender la gestión de pública. El proceso de transición política en Jalisco está lleno de incertidumbre, hasta el momento los políticos en campaña no parecen dejar claras sus propuestas en materia de GA. Es por ello fundamental una sociedad civil activa, que exija compromisos claros en materia de GA y no permita que los candidatos se refugien en discursos vacíos, fáciles y genéricos que prometan gobiernos más abiertos, participativos y transparentes, pero sin mencionar las estrategias y los mecanismos específicos para lograrlo.