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Reconstruyendo la confianza en la justicia, juntos

Resumen

After years of distrust, the Costa Rican courts established a collaborative process for the public to determine how the judicial should be reformed.

Presentado por: Open Government Partnership

Costarricenses y tribunales; Una reforma largamente atrasada

Los tribunales costarricenses se han clasificado regularmente como las instituciones menos confiables de varios países de América Latina. Los costarricenses se sienten desconectados de su sistema judicial y la gestión sospechosa de las pensiones y los salarios solo ha agravado el problema.

Costa Rica’s third OGP plan de acción, from 2017 to 2019, responded to the need for a paradigm shift in the judiciary, adjusting to the demands and needs of the Costa Rican people, with a compromiso a una Justicia abierta Policy. This requires moving towards a more democratic, inclusive, and participatory process of running the courts, with oversight from citizens and civil society organizations.

Los principios de transparencia, participation, and public/official collaboration laid the foundation for a move towards a guaranteed right of access to impartial, independent, and equal justicia. To achieve this, the Costa Rican government began by mapping out actors, getting a clear picture of the existing circumstances, and the development of citizen monitoring mechanisms and associations. This went along with clear guidelines to improve accountability to citizens, with particular considerations included for populations in vulnerable conditions. These measures were taken within the framework of the Objetivos de Desarrollo Sostenible, approved by the UN, particularly objective 16: “Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, facilitate acceso a la justicia for all and create effective, accountable and inclusive institutions at all levels ”.

Tribunales cooperativos avanzando hacia la justicia democrática

Este compromiso estableció una línea de base de concurrencia entre el sistema judicial y los órganos de ejecución, a fin de garantizar el cumplimiento en todos los niveles. La implementación estuvo a cargo de una comisión especializada, la Comisión Nacional para el Perfeccionamiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), que contó con recursos presupuestarios propios y con el apoyo de la presidencia de la corte.

A través de este compromiso, el Poder Judicial de Costa Rica se convirtió en el primero en su tipo en redactar un compromiso para un plan de acción, co-creado con organizaciones de la sociedad civil y con un plan de evaluación. En un esfuerzo por hacer que el proceso sea más inclusivo, y por primera vez en la historia de Costa Rica, los funcionarios del gobierno utilizaron los tribunales fuera de la ciudad capital de San José, para recopilar información de las comunidades y regiones normalmente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Las organizaciones de la sociedad civil, que operan tanto a nivel local como nacional, informaron que la cooperación de los tribunales, brindar información de alta calidad y recibir retroalimentación durante la ejecución fue fundamental para su éxito. El pleno apoyo de los tribunales, comprometido desde el principio, se tradujo en apertura a propuestas, transparencia con la propia información y un sentido real de colaboración en la búsqueda de un ideal compartido.

Un plan para el cambio regional

The Open Justice Policy document, as a road map to a properly accountable and transparent justice system is one of the results of this commitment. But perhaps its main contribution is the development and dedication to the participatory process, the inclusión of the Judiciary Branch in the OGP process, and the quality and level of involvement of civil society organizations in the process of reforming the justice system.

El gobierno y la sociedad civil esperan que el modelo colaborativo y los conocimientos que obtuvieron para el documento de Política de Justicia Abierta puedan incorporarse a una estrategia regional. Esta podría ser una guía o un plan para mejorar el acceso a la justicia en los países de América Latina y el Caribe, con los niveles más altos posibles de transparencia y colaboración.

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