Acceso a la Justicia: Información clara y accesible para el ejercicio efectivo de los derechos (ARBA0010)
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De un vistazo
Plan de ACCION: Plan de acción - Buenos Aires, Argentina, 2025-2027
Resumen del informe inicial: Informe Inicial – Plan de Acción – Buenos Aires, Argentina, 2025 – 2027
Inicio del compromiso: junio de 2025
Fin del compromiso: junio de 2027
Instituciones involucradas:
- Dirección General de Acceso a la Justicia
- Dirección General de Acceso a la Información y Gobierno Abierto
- Dirección General de Acceso a la Información y Gobierno Abierto
- Dirección General de Acceso a la Información y Gobierno Abierto
- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
- Fundación Poder Ciudadano
- Fundación Poder Ciudadano
- Secretaría de Innovación y Transformación Digital
- Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
Área de política primaria:
Sector primario:
Valor OGP:
- Acceso a la información
Resumen del informe inicial
Verificable: si
Relevancia para los valores de OGP: Sí
El compromiso es una nueva regulación, política, práctica o requisito.
Las actividades de compromiso darán como resultado un cambio de las reglas, prácticas o políticas que rigen un área de política, sector público y/o relación entre ciudadanos y es vinculante o institucionalizado en todo el gobierno o institución(es) específica(s).
Descripción
ID de compromiso
ARBA0010
Título del compromiso
Acceso a la Justicia: Información clara y accesible para el ejercicio efectivo de los derechos
Primaria
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un amplio marco normativo e institucional para garantizar el acceso a derechos y la resolución de conflictos.
Sin embargo, la participación de múltiples agencias y programas puede conducir a fragmentación, superposición de funciones y dificultades en la coordinación e integración de servicios.
Además, existe una necesidad urgente de mejorar la sistematización, visibilidad, claridad y accesibilidad de la información sobre los servicios y programas, tanto para los usuarios como para los proveedores de servicios.
Esta situación afecta negativamente el acceso a la justicia, pues genera confusión en la ciudadanía, revictimización de personas en situación de vulnerabilidad y desafíos para garantizar derivaciones rápidas y efectivas por parte de los operadores de servicios.
Los grupos más afectados son aquellos que enfrentan mayores barreras estructurales: personas con bajos ingresos o niveles educativos, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y migrantes.
Status quo
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la oferta de servicios y programas sociales diseñados para garantizar el acceso a los derechos se distribuye entre múltiples organismos públicos. Entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y otros, participan más de 50 instituciones. Según la Guía de Servicios Sociales 2024 publicada por el Gobierno de la Ciudad, existen más de 400 prestaciones sociales, organizadas por grupos de población objetivo, como niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo, actualmente no existe una herramienta que sistematice e integre la información sobre estos servicios, lo que dificulta el acceso a la ciudadanía.
Acción:
Desarrollar un prototipo de herramienta digital que identifique, sistematice y muestre de forma clara y accesible los organismos públicos que brindan asistencia, representación legal, mediación u orientación en situaciones de conflicto en la Ciudad de Buenos Aires. Simultáneamente, la herramienta consolidará las redes de derivación y la coordinación interinstitucional mediante protocolos compartidos y canales de comunicación formales. El proceso de desarrollo de la herramienta será participativo y se construirá en conjunto con actores clave del ecosistema de acceso a derechos, con el objetivo de institucionalizar estas redes. Paralelamente, se promoverán espacios de diálogo para consensuar estándares de publicación y apertura de información pública sobre la implementación de programas sociales. Esto fortalecerá la disponibilidad y el uso de dicha información por parte de la ciudadanía, los líderes comunitarios y los operadores del sistema.
¿Cómo contribuirá el compromiso a la solución del problema público descrito anteriormente?
En primer lugar, se prevé el desarrollo y la validación de un prototipo funcional de una herramienta digital. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos, operadores estatales y líderes comunitarios acceder a información clara para identificar fácilmente las agencias que brindan asistencia, representación legal, mediación u orientación en casos de conflicto y para acceder a programas sociales. La información será clara, georreferenciada y se actualizará periódicamente.
De esta manera, la iniciativa mejorará el acceso a la información sobre los recursos disponibles para abordar adecuadamente los desafíos que enfrenta la población para acceder y ejercer sus derechos, reduciendo así la brecha existente en el acceso a la justicia.
Esto ayudará a fortalecer la transparencia, la interoperabilidad y la capacidad de respuesta del sistema.
Finalmente, el proceso promoverá el diálogo y la creación de redes de colaboración entre organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.
¿Con qué objetivo a largo plazo identificado en su estrategia de gobierno abierto se relaciona este compromiso?
Este compromiso se alinea con la visión estratégica al promover la participación ciudadana en el diseño e implementación de herramientas que mejoran el acceso a la información pública. Fomenta la creación de valor basado en datos mediante el establecimiento de estándares de publicación claros y accesibles que facilitan su reutilización para la toma de decisiones y la supervisión ciudadana.
Área de política primaria
Inclusión, derecho a la información
Sector primario
Justicia, Servicios Públicos (general)
¿A qué valor de OGP es relevante este compromiso?
| Acceso a la información | Esta iniciativa refuerza el papel instrumental del derecho de acceso a la información, reconociéndolo como una condición necesaria para la realización de otros derechos fundamentales, en particular el acceso a la justicia y la capacidad de beneficiarse de programas sociales. |