Programa Nacional de Justicia Abierta (PE0124)

Descripción del compromiso

¿Cuál es el problema público que aborda este compromiso?

Existe una brecha significativa entre las demandas ciudadanas de una justicia más transparente y accesible, y la capacidad institucional del sistema para responder a ellas. Esta brecha se refleja en mediciones internacionales como el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial, que evalúa factores como la justicia civil y penal. El problema se agrava por factores estructurales:

• Déficit de capacidad específica: Muchos magistrados y operadores judiciales carecen de formación en herramientas de gobierno abierto y justicia, lo que limita la implementación de reformas efectivas y el uso de plataformas digitales.
• Cultura organizacional y resistencia al cambio: La jerarquía y las prácticas tradicionales dificultan el paso de la teoría a la acción, perpetuando la percepción de un sistema de justicia distante y complejo.
• Composición del Poder Judicial: Un alto porcentaje de jueces son provisionales o supernumerarios (aproximadamente el 50%), lo que subraya la urgencia de una formación estandarizada y continua en integridad y transparencia judicial desde el inicio de sus carreras.
• Desconfianza ciudadana: La falta de mecanismos de participación y el uso de un lenguaje excesivamente técnico en las resoluciones generan desconfianza y dificultan la supervisión ciudadana.
• Incentivos desalineados: La ausencia de un sistema de incentivos formal y articulado desalienta la innovación y la adopción de nuevas prácticas de transparencia judicial.

¿Cuál es el compromiso?

El compromiso establece una estrategia nacional de capacitación con el objetivo de institucionalizar una cultura de apertura en el sistema de justicia peruano mediante el fortalecimiento sistemático de las capacidades de jueces y personal judicial en los principios de Gobierno Abierto, y la creación de incentivos que fomenten la aplicación de lo aprendido en prácticas innovadoras de transparencia, participación, integridad y colaboración en el ejercicio de sus funciones. Busca generar un cambio tangible en la prestación del servicio de justicia, más allá de la capacitación teórica, para que los usuarios puedan percibir y experimentar mejoras reales en su servicio y funcionamiento a través de:

• Sentencias y resoluciones claras: Los jueces aplican técnicas de lenguaje sencillo, facilitando la comprensión de sus decisiones sin sacrificar el rigor jurídico.
• Servicio empático y eficaz: El personal judicial está capacitado para interactuar con los ciudadanos utilizando herramientas de innovación pública para comprender y atender mejor sus necesidades.
• Transparencia proactiva: Publicación de datos judiciales en formatos abiertos y accesibles, que permitan su análisis y reutilización por parte de la ciudadanía y el sector académico.
• Espacios de participación: Implementación de mecanismos de retroalimentación y cocreación para la mejora continua de los servicios judiciales.

El programa de capacitación se desarrollará de manera modular y escalable, comenzando con una primera etapa de conocimientos básicos para luego consolidar un programa de capacitación de alto nivel para jueces centrado en:

1. Programa de capacitación sólido: Con un marco curricular centrado en el lenguaje claro, la transparencia activa, la participación ciudadana, la integridad, la ética judicial y el uso de datos abiertos y plataformas digitales. El curso culminará con un proyecto donde se aplicarán los conocimientos adquiridos e incluirá una experiencia práctica en un tribunal desde la perspectiva de un ciudadano.
2. Sistema de incentivos y reconocimiento: Promover y premiar la implementación de buenas prácticas, generando un ecosistema de innovación. Se incluirán notas de mérito con copia al expediente personal.
3. Gestión del conocimiento: Creación de un sistema para que los participantes compartan y repliquen aplicaciones exitosas de lo aprendido, demostrando resultados tangibles, siguiendo las directrices de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) y de acuerdo con las normas y directivas para la formación de jueces.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?

Este compromiso ataca las causas profundas de la brecha entre la justicia y la ciudadanía, que no es solo tecnológica, sino fundamentalmente cultural y relacionada con las capacidades:

Ante la falta de conocimientos técnicos, el programa capacita a jueces y personal judicial con competencias específicas en áreas como el lenguaje claro, los datos abiertos, el diseño de servicios centrado en el usuario y la participación ciudadana. Esto transforma un concepto abstracto («justicia abierta») en un conjunto de herramientas prácticas aplicables al trabajo diario.
Ante la resistencia al cambio, el sistema de incentivos (reconocimientos, certificaciones, premiación de buenas prácticas) genera motivación positiva. Mediante el reconocimiento y la visibilidad, crea un efecto multiplicador y fomenta una sana competencia para innovar en materia de transparencia judicial.
Ante la fragmentación de los esfuerzos, este compromiso establece una estrategia nacional y un marco común. Garantiza que las iniciativas de apertura no sean esfuerzos aislados y voluntarios, sino que formen parte de una política institucional coherente y sostenible, sentando las bases para un cambio cultural profundo y duradero.
Ante la desconfianza ciudadana, la capacitación del personal que está en contacto directo con los usuarios y que dicta sentencias repercute directamente en la calidad del servicio. Sentencias más claras, información más accesible y una actitud proactiva hacia la participación ciudadana son los resultados directos que reconstruyen la legitimidad y la confianza en el sistema.

¿Por qué es relevante este compromiso para los principios del Gobierno Abierto?

Este compromiso es un pilar fundamental del Gobierno Abierto, ya que actúa directamente sobre los actores del sistema judicial.

• Transparencia: Desarrolla la capacidad para la publicación de datos abiertos y el uso de un lenguaje sencillo en las oraciones, lo que permite a los ciudadanos comprender y utilizar la información judicial.
• Participación: Proporciona herramientas metodológicas para que los jueces y el personal judicial involucren activamente a los ciudadanos en la mejora de los servicios de justicia.
• Rendición de cuentas e integridad: Fortalece la ética judicial y la integridad pública, elementos clave para que los funcionarios asuman la responsabilidad de sus decisiones y acciones.
• Colaboración: El sistema de incentivos y el reconocimiento de las buenas prácticas fomentan un ecosistema de innovación y colaboración entre los juzgados para replicar las iniciativas exitosas.

Actores involucrados

Entidades públicas:
• Poder Judicial del Perú (Entidad Líder): A través de su Dirección General. Lidera el diseño curricular de todos los temas nuevos y las propuestas de incentivos, la ejecución de las sesiones de capacitación y la implementación del sistema de incentivos a través de sus órganos competentes para el personal judicial (no jueces ni magistrados).
• Centro de Investigación Judicial (CIJ) y Academia de la Magistratura (AMAG): Actores clave para incorporar estos nuevos temas en la formación inicial y continua de magistrados y fiscales, implementando los principios de justicia abierta desde la base y considerando la estructura jerárquica de la organización.
• Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): A través de la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y la Secretaría de Integridad Pública, proporciona el marco metodológico del Gobierno Abierto y el contenido de la formación para garantizar su alineación con las normas y políticas nacionales.

Sociedad civil y otros actores:
• Colegios de Abogados del Perú: Pueden actuar como jueces en el concurso de buenas prácticas. Además, en el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública hasta 2030, pueden brindar capacitación sobre lenguaje claro en las oraciones y asesoría legal a los usuarios sobre gobierno abierto y justicia abierta.
• Universidades: Colaboran en el desarrollo de módulos de formación e investigan el impacto de la justicia abierta.

Programa de compromiso

Actividad clave | Unidad orgánica responsable | Método de verificación | Fecha de inicio | Fecha de finalización
1. Investigación de problemas con enfoque en el usuario. Se aplicarán herramientas de innovación en profundidad (entrevistas en profundidad, observación, grupos focales) para comprender las necesidades reales. | Gestión de Recursos Humanos en coordinación con el Centro de Investigación Judicial | Hallazgos e informe de necesidades de capacitación identificados desde la perspectiva del usuario, incorporados al PDP institucional. | Enero de 2026 | Febrero de 2026
2. Diseño del Programa Nacional de Capacitación y validación de la propuesta. La propuesta se validará con los usuarios finales para asegurar su relevancia. | Gestión de Recursos Humanos en coordinación con AMAG, Colegios de Abogados y Universidades | Marco curricular oficial, validado por usuarios y expertos. | Febrero de 2026 | Marzo de 2026
3. Diseño e implementación del sistema de incentivos y gestión del conocimiento. | Gestión de Recursos Humanos | Diseño de bases de competencia de buenas prácticas e implementación de una plataforma para compartir casos de éxito. | Enero de 2026 | Marzo de 2027
4. Estrategia de comunicación y sostenibilidad. Ejecución del Programa de Capacitación, Fase I. | Comunicación y Gestión de la Imagen Institucional/Gestión de Recursos Humanos/CIJ | Módulos de capacitación difundidos y ejecutados. Informe de ajustes realizados tras la validación con los usuarios. | Abril de 2027 | Junio ​​de 2027
5. Lanzamiento y ejecución de la primera edición del Concurso de Buenas Prácticas en Justicia Abierta, Fase I. | Secretaría Administrativa del Servicio de Propuestas Ciudadanas/Gestión de la Imagen Institucional | Participantes inscritos. | Julio de 2027 | Octubre de 2027
6. Evaluación de resultados, propuesta de institucionalización y mecanismos de replicación. | Gestión de Recursos Humanos | Informe final con ceremonia de premiación, difusión de resultados y guía para la replicación de buenas prácticas a nivel local. | Noviembre de 2027 | Diciembre de 2027

Producto final

El "Programa Nacional de Capacitación en Justicia Abierta" se ha institucionalizado y está en pleno funcionamiento. Este producto final se materializa en tres componentes verificables:
• Marco Curricular Oficial: Un programa de formación formal, con módulos, materiales y un sistema de evaluación, alineado con los contenidos del curso de desarrollo de capacidades de Servir, aprobado e integrado en el Plan Anual de Desarrollo de Capacidades del Poder Judicial y la AMAG.
• Sistema de incentivos operativos: Se diseñó y reguló la publicación "Buenas prácticas anuales en competencia por la justicia abierta", cuya primera edición ya está finalizada.
• Masa crítica de funcionarios certificados: Un primer grupo de al menos 100 jueces y personal judicial estratégico capacitados y certificados, capaces de actuar como agentes de cambio en sus respectivas jurisdicciones.

Indicadores de resultados para la sostenibilidad del compromiso
• Tasa de cobertura y certificación: Porcentaje de jueces y personal judicial que han completado y aprobado el programa de capacitación a nivel nacional (Número de jueces y personal judicial que han completado y aprobado el programa de capacitación a nivel nacional / Número de jueces y personal judicial inscritos en el programa) x 100.
• Tasa de cobertura regional: Porcentaje de personal capacitado por distrito judicial, con objetivos específicos para garantizar la descentralización.
• Nivel de adopción de incentivos: Número de solicitudes recibidas anualmente para el Concurso de Buenas Prácticas.
• Índice de aplicación práctica: Número de proyectos de replicación de buenas prácticas implementados a nivel local y regional.

Información de seguimiento de compromisos

Entidad responsable del compromiso
Poder Judicial (PJ)

Unidad orgánica responsable del seguimiento de los compromisos
Gestión de Recursos Humanos (Subgestión de Formación y Desempeño) en coordinación con el Centro de Investigación Judicial y la Academia de la Magistratura (AMAG).