Declaración de los líderes de la sociedad civil de OGP de preocupación significativa sobre Guatemala
Declaración de los líderes de la sociedad civil de OGP de preocupación significativa sobre Guatemala
Como el liderazgo de la sociedad civil de la Open Government Partnership (OGP) Comité Directivo, estábamos extremadamente preocupados por el Decreto 4-2020 en Guatemala y su probable impacto negativo en la libertad de asociación, reunión y expresión en todo el país.
Agradecemos la decisión del Tribunal Constitucional de Guatemala de suspender la implementación del Decreto y la aceptación de esta decisión por Presidente Alejandro Giammattei.
En un carta enviada al Comité Directivo de OGPLas organizaciones de la sociedad civil guatemalteca enfatizaron cómo la ley impondría una supervisión gubernamental mucho más estricta sobre sus actividades diarias, incluido su trabajo para fortalecer las instituciones democráticas. Las nuevas restricciones incluirían límites administrativos a la financiación extranjera, la posibilidad de violaciones sustantivas de la privacidad y el uso de requisitos onerosos, que impiden el trabajo de organizaciones legítimas.
Guatemala ha sido miembro de OGP desde 2011 y es signatario del Declaración de Gobierno Abierto que establece claramente: “Nos comprometemos a proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para operar de manera consistente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, asociación y opinión. Nos comprometemos a crear mecanismos para permitir una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones y empresas de la sociedad civil.
La ley propuesta socava el espacio cívico libre y abierto en Guatemala y los principios esbozados en la Declaración de Gobierno Abierto. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos en el Centro Internacional de Derecho Sin Fines de Lucro (ICNL), la ley viola las normas internacionales.
Estamos con la sociedad civil guatemalteca. Hacemos un llamado al gobierno guatemalteco para iniciar un diálogo con todas las partes interesadas y el Congreso para llegar a un consenso sobre los valores y derechos protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
FIRMAS
María Barón, Directorio Legislativo
Asma Cherifi, Red TACID
Glynnis Cummings-John, Desarrollo inquieto
Helen Darbishire, Access Info Europe
Aidan Eyakuze, Twaweza
Delia Ferreira Rubio, Transparencia Internacional
Robin Hodess, el equipo B
Giorgi Kldiashvili, Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información
Tur-Od Lkhagvaja, Red de Democracia de Asia
Lucy McTernan, Universidad de York
Elisa Peter, publica lo que pagas
Zuzana Wienk, Cuervo Blanco
Como líderes de la sociedad civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), estuvimos extremadamente preocupados sobre el decreto 4-2020 en Guatemala y el impacto negativo que tendría sobre la libertad de asociación, reunión y expresión en todo el país.
Acogemos con beneplácito la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de suspender la implementación del decreto y la aceptación de esta decisión por parte del Presidente Alejandro Giammattei.
En una carta enviada al Comité Directivo de OGP, las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca enfatizaron cómo la ley impondría una supervisión gubernamental mucho más estricta en sus actividades diarias, incluido su trabajo para fortalecer las instituciones democráticas. Las nuevas restricciones incluyen límites administrativos a la financiación extranjera, la posibilidad de violaciones sustantivas de la privacidad y el uso de requisitos onerosos que impiden el trabajo de organizaciones legítimas.
Guatemala ha sido miembro de OGP desde 2011 y es signatario de la Declaración de Gobierno Abierto que establece claramente: “Nos comprometemos a proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para operar de manera consistente con nuestro compromiso con la libertad de libertad. expresión, asociación y opinión. Nos comprometemos a crear mecanismos para permitir una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones y empresas de la sociedad civil.
La ley vulnera y socava el espacio cívico en Guatemala y los principios de la Declaración de Gobierno Abierto. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los expertos del Centro Internacional de Derecho sin Fines de Lucro (ICNL), la ley contraviene estándares internacionales.
Apoyamos a la sociedad civil guatemalteca. Por lo tanto, pedimos al gobierno guatemalteco que abra un proceso de diálogo con todas las partes interesadas y el Congreso para alcanzar un consenso sobre los valores y derechos protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
FIRMAS
María Barón, Directorio Legislativo
Glynnis Cummings-John, Restless Development
Helen Darbishire, Access Info Europe
Aidan Eyakuze, Twaweza
Delia Ferreira Rubio, Transparency International
Robin Hodess, The B Team
Giorgi Kldiashvili, Institute for Development of Freedom of Information
Tur-Od Lkhagvaja, Asia Democracy Network
Lucy McTernan, University of York
Elisa Peter, Publish What You Pay
Zuzana Wienk, White Crow
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