Saltar navegación

Avances y desafíos en la institucionalización de las prácticas de gobierno abierto en América Latina

María Baron|

English version »

A partir de 2011, gobiernos de diferentes países de la región decidieron sumarse a una iniciativa global que fomenta transparencia, rendición de cuentas e información abierta como herramientas transformadoras. Dentro de esta perspectiva y los diversos contextos políticos y sociales que la acompañan, el gobierno abierto comenzó a ser visto como un conducto para el cambio en la calidad de vida de nuestras democracias y de la ciudadanía que las habita.

Hace dos semanas, durante el Open Government PartnershipEn la Cumbre Regional de las Américas, que reunió a más de 2,000 personas, se llevó a cabo un debate sobre la forma en que vemos y entendemos el gobierno abierto. Sin duda, muchos coincidimos en que el gobierno abierto brinda un marco de acción propicio para erradicar las antiguas prácticas de secretismo y toma de decisiones a puertas cerradas, demasiado comunes en nuestra región. Sin embargo, no es posible construir países con instituciones sólidas y legítimas si no se avanza desde la transparencia, participacion ciudadana, y rendición de cuentas ante acciones concretas que inciden en la toma de decisiones en el ámbito público.

El grado de institucionalización revelado por estas prácticas no da lugar a dudas sobre la adhesión de estos procesos a los conceptos de determinación política, especialmente cuando se basa en la adopción de legislación en el ámbito de la apertura y el acceso a la información. Según un estudio realizado por el Directorio Legislativo, los países 14 en la región aprobaron más que los decretos ejecutivos y las leyes 122 sobre transparencia y gobierno abierto. Esta información implica que, en promedio, cada uno de estos países (1) está creando al menos nueve nuevas normas en la materia anualmente, un número comparativamente mayor que el promedio anual de leyes que se aprueban en otras áreas, como la ley de una o dos leyes anuales relacionadas con la salud y/o educación que se refrendan cada año.

Las leyes y decisiones de PEN sobre apertura se aprobaron durante el período de 2011-2017, por país. (2)

https://lh5.googleusercontent.com/dJadfjy2perqD3ZBr__ePTYOkhr-GKT6Az9AXrbFY4kiDFESauN3-tUJv7RQ8qCdvtwvBspzuhy18kOBRAWSNr9VGDbR3exwNfo9Izz5UvnLEbViRW4-qGy6n42ifb2Cm2Ip77n6

Leyes y decisiones del Poder Ejecutivo sobre gobierno abierto, por área temática (2011-2017) (3)

https://lh5.googleusercontent.com/Jzs6CCtoBZ5VmxulLjDovscaxSwFGt3naphnPjkDGpMzPBXjGjBntFh1RjSQ7BuCONOeoqpSGSdjYFyypcBVnFMTAd0LeFsNK7Vlm9E6P9JRSPH2hjaJwmIXK2uFSvH25wJNZL_a

De estas 122 leyes y decretos, 33 se referían a la apertura de la información y datos abiertos, 22 estaban relacionados con mecanismos anticorrupción, 12 se centraban en la transparencia en los contratos públicos, 13 hacían referencia a la ética en la esfera pública y el resto se repartían entre la creación de institucionalización, presupuesto abierto, políticas de las elecciones y partidos, participación ciudadana, documentación y archivo y, por último, cabildeo intereses.

Leyes de apertura aprobadas en la región, por fuente (2011-2017)

https://lh5.googleusercontent.com/Ic5cWAazy756-Fz8u0c4M5zomGLjcmpqvMxtYVn2b2mLqM6AjYE68WjEfbg5NUdjxg04dB_wdDov5N6DU5fE69WxaFi_IRKHYrRKpo-xgR4vVjYbQx6W_r_8Zzb2z4Jy5yGdNgCu

Un hecho sorprendente es que 56 de las leyes aprobadas muestran cierta paridad en términos de fuente, mientras que 29 se originó en el Poder Legislativo y 27 en el Poder Ejecutivo. Esto muestra que, en muchos casos, la agenda de gobierno abierto está impresa no solo en nuestras administraciones centrales, sino también en nuestros Parlamentos.

Crecimiento de los países que se unieron a OGP ... (4)

En medio de este panorama regulatorio, es apropiado preguntar también cómo ha crecido la propia agenda de la OGP dentro de cada administración: estas reformas también se han traducido en un crecimiento de la burocracia estatal, aumentos presupuestarios y la creación formal de espacios para el diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno.

A la hora de unirse al Open Government Partnership, tres países tenían una persona trabajando en el proceso, mientras que el resto tenía un equipo de entre dos y cinco personas. No obstante, a medida que el proceso avanzó, todos excepto uno agregaron personas y recursos al área dedicada a la agenda de OGP. Lo mismo ha ocurrido con respecto a los espacios para la co-creación y los espacios para el diálogo. Al principio, once no tenían diálogos fluidos con sus gobiernos, dos tenían espacios informales y solo Uruguay tenía un canal de acceso más fluido. Hoy tenemos doce países con espacios formales y permanentes, sin contar Perú y Brasil, donde estas prácticas están actualmente suspendidas.

Desafortunadamente, los números apuntan a hechos de la vida real que pueden no ser transformadores para nosotros. La agenda de gobierno abierto en nuestros países debe responder a los problemas centrales que vive una región asediada por las desigualdades políticas, sociales y económicas. No podemos hablar de gobierno abierto cuando derechos humanos siguen existiendo violaciones, como la situación actual en México, los casos de corrupción que afectan a la mitad de los legisladores en Brasil y Guatemala, el predominio de la toma de decisiones a puertas cerradas, como sucedió casi con la elección del Defensor del Pueblo en Argentina, y las innumerables denuncias presentadas por miembros de la sociedad civil en América Latina sobre su bajo nivel de impacto en la agenda de gobierno abierto.

Tenemos que poder acordar conceptos y abrir un gobierno, y la participación y transformación que emana de él, tiene que significar lo mismo para todos. No es lo mismo estar en el Open Government Partnership como lo es utilizar las herramientas que proporciona para el proceso transformador. Entendemos que la sociedad civil de los distintos países lo tiene muy claro; lo que queda por ver es si los gobiernos están igualmente dispuestos a emprender este compromiso. No debemos quedarnos estancados en el discurso sino aprovechar esta oportunidad de cambio.

https://lh6.googleusercontent.com/RT41PVJuKWO2lLQxSoJsYRzxa3kd5vQUHI_tqlMy0XgVdverxcyURgcIUMXh4qC24z9NRen9yrskYXWtnSahh0dS-1eS_DCVTTsRgsAR2ewS7gGlNr3-hcDOhRmWitu052RFPbSK


1 El estudio se llevó a cabo durante el período de 2011 a 2017 en Uruguay, Argentina, Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Chile, República Dominicana, Perú, Panamá, Colombia, México, Brasil y Paraguay.
2 Compilado de sitios web del Congreso.
3 Compilado de sitios web del Congreso.
4 Compilado de sitios web del Congreso.