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Rostros del Gobierno Abierto: Juan Manuel Casanueva

Rostros de Gobierno Abierto: Juan Manuel Casanueva

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Juan Manuel Casanueva|

En 2017, la sociedad civil y organizaciones de medios revelaron que el gobierno mexicano había gastado US $ 80 millones durante 18 meses en software espía para vigilar a abogados, periodistas y defensores de derechos humanos. El escándalo provocó la indignación pública y una ruptura temporal del proceso de gobierno abierto en el país. Juan Manuel Casanueva se sentó con OGP para discutir un compromiso en el plan de acción de México que busca abordar la falta de regulación y supervisión de la vigilancia digital del gobierno.

El plan de acción de México incluyó algunos compromisos interesantes, que cubrían temas como el control de armas, el género y la propiedad real. Pero el compromiso de vigilancia es particularmente interesante, ya que el papel de un espacio cívico seguro y la regulación de las herramientas digitales está ganando atención entre la comunidad de gobierno abierto. ¿Cómo llegó a incluir este compromiso en el plan de acción?

Los compromisos del cuarto plan de acción de México están vinculados al caso de vigilancia conocido como el “gobierno espía” de 2017. Grupos de la sociedad civil, apoyados por periodistas internacionales y una investigación del New York Times, sacaron a la luz el hecho de que el gobierno mexicano estaba utilizando el espionaje software Pegasus contra defensores de derechos humanos, periodistas y grupos de la sociedad civil. Las acusaciones se presentaron ante el Fiscal General pero, en ese momento, no dieron lugar a un proceso judicial con resultados creíbles.

A la luz de la falta de respuesta del gobierno anterior a tales acusaciones y su falta de postura en contra de la vigilancia, además de las declaraciones de los gobiernos anteriores contra aquellos de nosotros que estábamos alzando la voz y destapando las acciones de espionaje de su gobierno, civil La sociedad decidió retirarse del proceso de gobierno abierto y dar por terminado el plan de acción.

Este escándalo llevó a la sociedad civil a tomar medidas para establecer controles para evitar que el gobierno abuse de las herramientas digitales para espiar a los civiles, trabajando para asegurar un espacio cívico seguro, abierto y libre.

Grupos de la sociedad civil pidieron a OGP que active su Política de Respuesta al Gobierno de México, solicitando a OGP que intervenga en las acciones de México para cerrar el espacio cívico del país. Esto abrió la posibilidad de reanudar el proceso de gobierno abierto en un posible cuarto plan de acción, co-creado con la próxima administración.

Este retorno y restablecimiento de la agenda de gobierno abierto se sustenta en la necesidad de abordar el uso no regulado de herramientas de vigilancia y establecer controles democráticos para evitar la interceptación de comunicaciones privadas en México.

Esto marcó el tono y las condiciones propicias para que la sociedad civil trabaje con el nuevo gobierno para establecer la agenda y garantizar que el nuevo plan incorpore compromisos ambiciosos y concretos.

 

Es evidente que queda un largo camino por recorrer, pero ¿qué espera de este compromiso? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que los compromisos del plan de acción se mantengan después del final de su ciclo de implementación?

Nuestras expectativas del compromiso de vigilancia, pero también de nuestra colaboración con el nuevo gobierno, son dobles:

Primero, esperamos que el gobierno abierto sea un componente real e integrado de los esfuerzos de este gobierno para implementar los compromisos del plan de acción, permitiendo el establecimiento de mecanismos de apertura y resultados concretos.

En segundo lugar, el compromiso de vigilancia atiende una necesidad básica que se ha manifestado en México, pero que también se aplica a muchos otros países, donde por ley y en la práctica, los organismos públicos pueden obtener -con mucho control o regulación interna o externa- tecnología para vigilar a las personas. sin control, transparencia o rendición de cuentas. Hay diferentes tipos de herramientas, desde Pegasus y otro software extremadamente invasivo que puede apoderarse de los teléfonos celulares hasta interceptar los medios de comunicación tradicionales como llamadas telefónicas, mensajes de texto y otros.

Esperamos poder trabajar en toda la administración pública federal y establecer controles para la contratación transparente y legal de este tipo de tecnología y asegurar que sea únicamente para las entidades gubernamentales que las requieran para combatir el terrorismo, el crimen organizado y otros. También esperamos establecer controles y salvaguardas para prevenir abusos contra personas que no están sujetas a investigaciones criminales.

En su opinión, ¿esta experiencia despertó el interés de la comunidad internacional por apoyar o aprender de la experiencia de México? ¿De qué maneras? ¿Cómo puede OGP apoyar su proceso?

El mundo es completamente digital, no solo en México sino a nivel mundial. En este contexto, nuestra privacidad y derechos básicos, como nuestra libertad de expresión, se ven afectados. Por tanto, debemos garantizar nuestros derechos digitales en los espacios donde operamos. OGP debe alentar a los gobiernos a establecer políticas y acciones para respetar los derechos digitales en un esfuerzo por asegurar un espacio cívico abierto y seguro. Deberían incorporarse compromisos similares en países que carecen de controles democráticos sólidos para la adquisición y uso de tecnología de vigilancia.

Llegamos a la misma encrucijada: ¿Cómo podemos lograr la apertura gubernamental si el espacio cívico está en peligro como lo estamos viendo con la vigilancia selectiva y la creciente capacidad del Estado?

Esta es la intención de México, pero abordar la interceptación de comunicaciones privadas debería ser relevante en el proceso de gobierno abierto de otros países.

Hoy en día, el espacio cívico no solo significa el derecho a la protesta o la prensa libre y el periodismo seguro, sino también a asegurar la actuación privada y segura de la sociedad civil.

Por lo tanto, uno de los principios básicos del gobierno abierto fue, lamentablemente, violado por las actividades de espionaje de una administración mexicana. Sospechamos que otros países miembros de OGP también son víctimas de esto. OGP debe ser la plataforma para garantizar que el espacio cívico permanezca abierto, seguro y participativo en contextos digitales donde trabaja OGP.

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