Respuesta abierta, recuperación abierta

La confianza como el antídoto a COVID-19

Introducción

La pandemia del coronavirus ha ocasionado un sufrimiento extraordinario a los ciudadanos de todo el mundo, ocasionando la pérdida de seres queridos, de empleo y de paz mental. Los trabajadores esenciales con gran valentía están prestando servicios fundamentales – como la atención médica y la provisión de alimentos. Por su parte, la ciudadanía se está enfrentando a la gran responsabilidad de tomar acciones de mitigación y supervivencia: cumplir cuarentenas en sus casas, cuidar de sus familiares enfermos y sobrevivir a pesar del desempleo. Al mismo tiempo, el papel que los gobiernos deben cumplir para la protección y el apoyo a sus ciudadanos hoy es más apremiante que nunca. En el norte y en el sur, en países desarrollados y en vías de desarrollo, en la derecha y la izquierda, el consenso es que es necesario contar con medidas fuertes y contundentes por parte de los gobiernos para contener los contagios, ofrecer tratamiento médico en masa a los pacientes infectados, proteger a las poblaciones más vulnerables y promover la recuperación económica y reactivar el empleo.

Pero, ¿Cómo están colaborando los gobiernos con la ciudadanía a la que deben proteger y ayudar? ¿Cómo la están empoderando? ¿Cómo se están relacionando los ciudadanos con sus gobiernos, en un espíritu de confianza mutua? ¿Cómo pueden trabajar los gobiernos y los ciudadanos conjuntamente para luchar contra un enemigo común?

En el contexto de la pandemia, los gobiernos de todo el mundo están adoptando una gran variedad de estrategias para controlar o empoderar a sus ciudadanos, desde un enfoque totalitario de vigilancia y control en China hasta una política de libertad en Suecia que confía en que la ciudadanía informada tomará decisiones responsables. Estas medidas reflejan la diversidad de regímenes políticos y los diferentes niveles de participación cívica, cohesión social y penetración tecnológica que existen en el mundo. La efectividad de estas medidas no dependerá únicamente del tipo de régimen, pues ni las autocracias ni las democracias han sido completamente exitosas, incluso en las fases tempranas de la pandemia. La efectividad, en última instancia, dependerá de una serie de factores subyacentes como la capacidad del estado – incluyendo la solidez de los sistemas de salud – y la medida en la que los ciudadanos confían en sus estados y líderes.

En todas las medidas contra la pandemia, los ciudadanos no son únicamente sujetos pasivos o beneficiarios de las acciones y el control de los gobiernos, sino agentes activos y fundamentales, socios y aliados en esta lucha común – tomando decisiones responsables para protegerse a sí mismos y al resto de la población frenando los contagios, así como definiendo y supervisando los esfuerzos de recuperación de los gobiernos. La clave de la respuesta efectiva y la recuperación es el interés generalizado de la población de ser contribuyentes en estos esfuerzos y la confianza en las acciones de sus gobiernos. Antes de la pandemia, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se había desplomado a niveles históricamente bajos en muchos países, amenazando la participación ciudadana en las acciones de respuesta y recuperación. Las intervenciones de gobierno abierto: “Respuesta abierta, recuperación abierta” pueden ayudar a reconstruir la confianza y empoderar a los ciudadanos. Éstas pueden crear un ambiente en el que los ciudadanos responden a las disposiciones de sus gobiernos para frenar los contagios cuando éstas son transparentes, confiables y proactivas y los gobiernos confían en que sus ciudadanos tomarán decisiones responsables y los ciudadanos empoderan a sus gobiernos de manera que desplieguen acciones de emergencia, paquetes de estímulos económicos y redes de seguridad, mientras que los gobiernos actúan responsablemente, muestran apertura al escrutinio público y hacen retroceder sus acciones de emergencia una vez que la pandemia haya cedido.

La confianza – fundamentada en la apertura – debe ser la base del nuevo acuerdo social que es necesario para impulsar una respuesta efectiva y duradera a COVID-19. Ésta puede ayudar a cultivar un cambio duradero a un modelo de gobernanza, con los ciudadanos en el centro.

En este contexto, revisaremos algunas respuestas tempranas a COVID-19, así como algunas lecciones aprendidas de intervenciones pasadas para estudiar de qué forma el gobierno abierto puede fortalecer la confianza e incrementar la efectividad de las medidas de respuesta a la pandemia y recuperación posterior. Open Government Partnership (OGP), a través de un esfuerzo de colaboración masiva (crowdsourcing), identificó 200 estrategias de gobierno abierto entre las respuestas al COVID-19 que ha desplegado nuestra comunidad de 78 países, gobiernos locales y miles de organizaciones de la sociedad civil. Además, incluimos algunas lecciones aprendidas relevantes de los más de 4 000 compromisos que hemos implementado en los últimos 9 años y que han quedado reflejados en más de 250 planes de acción de OGP cocreados por reformadores de gobierno y de la sociedad civil con el fin de lograr que los gobiernos sean más abiertos participativos y responsables con sus ciudadanos.

A continuación, analizamos cómo las intervenciones de gobierno abierto – transparencia por parte de los gobiernos y participación y supervisión por parte de los ciudadanos – pueden ayudar a abordar las tres fases o componentes de la respuesta y recuperación de la pandemia.

• Open Response: frenar los contagios, escalar el tratamiento médico y ofrecer redes de seguridad a los grupos más vulnerables.
• Open Recovery: fomentar paquetes de estímulos y recuperación, fortalecer los sistemas de salud y asegurar la transparencia y rendición de cuentas de los fondos de asistencia
• Reforma abierta: reformar a las instituciones y reempoderar a los ciudadanos, replegando las acciones de vigilancia y restaurando las libertades cívicas y la supervisión independiente

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RESPUESTA ABIERTA

Frenar el contagio: Empoderar a los ciudadanos con información proactiva y correcta

Incluso durante las fases iniciales de la propagación del virus, se han registrado costos devastadores como resultado de la falta de transparencia de algunos gobiernos, así como de sus acciones tempranas. Algunos gobiernos han minimizado u ocultado la gravedad de la pandemia, retrasando la publicación de los riesgos y amenazas que ésta representa para los ciudadanos. Lo anterior comprometió vidas de personas que podrían salvarse con la publicación proactiva de información y con la implementación de medidas tempranas.

En China, Irán y Estados Unidos, la negación que se dio al inicio permitió que el virus se propagara de forma descontrolada. En China, las primeras personas que dieron señales de alerta fueron amenazadas y se bloqueó información que debió ser de acceso público. En contraste, gobiernos como Corea del Sur y Taiwán ocurrió lo contrario: se publicó información proactiva, clara, transparente y confiable para empoderar a los ciudadanos a tomar acciones de mitigación.

La diversidad de enfoques y resultados reflejan diferentes composiciones de confianza mutua entre el estado y la sociedad, así como diferentes niveles de empoderamiento de los ciudadanos.

Por ejemplo, a finales de enero, después de que no informaron al público de la situación y de la multiplicación de los contagios, China desplegó la autoridad del estado para imponer cuarentenas y herramientas de supervisión a sus ciudadanos, monitoreando los teléfonos de las personas, utilizando cientos de millones de cámaras con reconocimiento facial y obligando a las personas a enviar informes con su temperatura corporal. Al mismo tiempo, el estado reclutó a una enorme cantidad de ciudadanos voluntarios y personal de atención médica

En Corea del Sur, los éxitos del gobierno se lograron en gran medida gracias a la aplicación masiva de pruebas, con lo que se generaron datos para aislar a las personas infectadas y romper la cadena de transmisión. Además, Corea del Sur confió en la transparencia, participación ciudadana, reportes honestos y la disponibilidad a cooperar por parte de sus ciudadanos, quienes confiaban en el gobierno. La participación se logró a través de una política de apertura y transparencia, incluyendo sesiones informativas diarias y una campaña de sensibilización diseñada para promover el distanciamiento social.

Taiwán logró mantener un nivel notablemente bajo de infecciones y muertes, no a través de un control vertical, sino a través de la transparencia gubernamental, la cual construyó la transparencia del público y promovió la coordinación social. Por ejemplo, a través de la aplicación “cubre bocas”, el gobierno publicó datos en tiempo real y con precisión geográfica sobre la disponibilidad de cubre bocas, empoderando a los ciudadanos para colaborar y redistribuir raciones y donaciones a quienes más lo necesitaban.

Estas medidas se están implementando en tiempo real como respuesta a la pandemia. Sin embargo, existen ejemplos previos que podemos retomar para demostrar que la apertura y la transparencia pueden salvar vidas. Por ejemplo, en 2011 en el Reino Unido, una consulta pública encontró que las tasas de mortalidad de los bebés que se sometieron a cirugías de corazón en el hospital Bristol Royal eran dos veces más altas que las tasas de otros hospitales. Tras la consulta, los cirujanos cardiovasculares de todo el Servicio Nacional de Salud empezaron a publicar datos sobre la tasa de mortalidad de las cirugías de corazón para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Como resultado, la tasa de mortalidad de los bebés sometidos a cirugías del corazón se redujo en un 33%. Empoderar a los ciudadanos con información proactiva y precisa tiene el poder de salvar vidas.
En nuestro esfuerzo de identificación de respuestas al COVID-19 registradas en los países de OGP, notamos que algunos gobiernos están estableciendo una comunicación clara, precisa y transparente con el público para informarlos, educarlos y trabajar con ellos, lo anterior con base en evidencia y experiencia científica sólidas. A continuación presentamos algunos ejemplos que reportan los miembros de la comunidad de OGP:

• Portales con datos en tiempo real sobre infecciones, muertes y la localización de casos de COVID-19 (Argentina, Canadá, Costa de Marfil, Italia, Jordania, Perú, Sudáfrica y Túnez)
• Conferencias de prensa diarias con datos precisos para informar al público y detener la propagación de información falsa (Corea del Sur, Singapur)
• Servicios de mensajería automáticos a través de WhatsApp o Facebook que responden a preguntas frecuentes sobre la pandemia (Buenos Aires- Argentina, Marruecos y Ucrania)
• Mapas virtuales que permiten el análisis de datos de COVID-19, incluyendo sitios en cuarentena, la cantidad de personas infectadas y recuperadas y el personal médico disponible por municipio (Lituania)

Escalamiento de tratamiento y atención médica: Promoción de la participación y supervisión ciudadana

Escalar el tratamiento y atención médica para para un número de pacientes que crece de forma exponencial es el reto más significativo. La pandemia está implicando la saturación de los sistemas de salud de todo el mundo. En ese sentido, identificamos dos áreas en las que las intervenciones de gobierno abierto pueden ser de utilidad: (i) la movilización de la asistencia comunitaria para la atención médica y (ii) la apertura de las compras de equipo médico.

Movilizar la asistencia comunitaria para la atención médica: En todos los países, los médicos, enfermeras, terapeutas y otros profesionales de la salud están luchando de forma desinteresada para salvar a sus pacientes. La pandemia ha desencadenado un sentido de comunidad, en muchos casos con el apoyo de la tecnología y las aplicaciones informáticas. En las primeras fases, las respuestas a COVID-19 que identificamos gracias a la comunidad de OGP, registramos diversas plataformas abiertas diseñadas para movilizar ayuda comunitaria a los trabajadores de la salud y a los grupos más vulnerables. A continuación incluimos algunos ejemplos:

• Plataformas abiertas y aplicaciones que permiten a los médicos y a los hospitales monitorear a pacientes infectados o con sospecha de infección manteniendo a los pacientes en sus hogares (Francia, Italia)
• Una plataforma de apoyo a los trabajadores de la salud para cuidar a sus hijos (Francia)
• Plataformas voluntarias para atender a los adultos mayores que han enfermado (Bulgaria, Georgia)
• Hackatones para movilizar trabajadores esenciales, asistencia comunitaria e iniciativas innovadoras (Alemania, Colombia, Estonia y Letonia)
• Colaboración masiva para identificar soluciones a la escasez de equipo médico a través del grupo de Facebook Open Source COVID-19 Medical Supplies

Apertura de las compras de equipo médico:

En muchos países, las compras públicas asociadas a la respuesta a la pandemia de coronavirus son un asunto de vida o muerte. La escasez de equipo de protección personal para los trabajadores de primera línea, de ventiladores y de pruebas ha dificultado la respuesta efectiva. Cuando los gobiernos se apresuran a comprar estos recursos vitales y omiten las salvaguardas que normalmente se aplican en los contratos de compras públicas, se pueden registrar fraudes, sobornos y artículos falsos. Por ejemplo, en 2010, el Global Fund hizo pagos de millones de dólares para comprar 6 millones de redes con insecticida para evitar la malaria en Burkina Faso, pero cerca de 2 millones de esas redes resultaron ser falsas.

Para abordar los retos que implica la necesidad de los gobiernos de realizar compras de emergencia con rapidez, es necesario que los procesos sean públicos y abiertos para mantener la confianza del público. Por ejemplo, las reformas anticorrupción de Ucrania exigen la publicación de todos los contratos en su totalidad y en formato de datos abiertos. La sociedad civil desarrolló una herramienta de inteligencia de negocios para monitorear los procesos de compras públicas y los gastos de emergencia. Con ella, pueden dar seguimiento a los diferentes precios de las pruebas de COVID-19 y demás equipo médico para asegurar que las autoridades están comprometidas con los centros médicos y no con intereses privados. La sociedad civil está actuando como un aliado clave para asegurar que los recursos se utilicen para los fines establecidos, aunque algunos elementos del gobierno han sido acusados de fraudes.

En Latinoamérica, Transparencia Internacional conformó un grupo de trabajo de 13 países para identificar riesgos en las compras públicas como respuesta a COVID-19 – opacidad, contratos ocultos, costos excesivos, colusiones y falta de competencia – así como medidas para mitigarlos.

Redes de seguridad para los grupos más vulnerables: Inclusión y empoderamiento de los excluidos

El paro económico asociado a COVID-19 ha devastado a los grupos más pobres y vulnerables, pues son ellos quienes tienen menor capacidad de resistir el impacto. Los grupos que ya eran vulnerables están perdiendo su empleo y muchos de ellos carecen de los recursos para sobrevivir más allá de unos días. En la India, la cuarentena más importante de la historia (mil trescientos millones de personas) resultó en la pérdida de empleo para millones de migrantes trabajadores, quienes se han quedado varados en ciudades o se han visto obligados a viajar a sus localidades remotas, con los riesgos que ello conlleva. Estos grupos tan vulnerables están en riesgo de morir de pobreza o hambre antes que de COVID-19.

En respuesta, los gobiernos ya están implementando medidas de emergencia para ofrecer redes de seguridad, por ejemplo: programas alimentarios, subsidios a la nómina y seguros de empleo. Algunos ejemplos reportados por la comunidad de OGP son:

• Transformación de identificaciones oficiales en tarjetas de débito para ofrecer apoyo para medicamentos y alimentos a los más vulnerables (Panamá)
• Simplificación de solicitudes de desempleo para aquellos que perdieron su empleo por el paro (Irlanda)
• Creación de un fondo especial para ayudar a las familias que lo necesitan (Lituania)
• Comités ciudadanos creados para llevar alimento a los grupos vulnerables (Jordania)

Una prioridad fundamental debe ser asegurar la transparencia y la supervisión ciudadana de los programas para asegurar que en efecto lleguen a las personas que lo necesitan. Algunos ejemplos que tomamos de compromisos previos de OGP:

• Publicación de presupuestos y resultados de los programas de atención a la pobreza, incluyendo disposiciones que permiten a los ciudadanos monitorear y solicitar información (Indonesia)
• Participación y monitoreo ciudadano de Programa Nacional de Reducción de la Pobreza, entre otros medios a través de auditorías sociales y mecanismos de retroalimentación ciudadana (Paraguay)
• Presupuestos participativos para planes locales contra a pobreza en 595 municipios (Filipinas)
• Publicación de más de 1 600 indicadores asociados a los programas sociales, permitiendo a los periodistas y ciudadanos monitorear los avances (Uruguay)
• Sistemas de mapeo de personas en situación de calle con insumos de las personas y comunidades afectadas sobre la calidad de los servicios (Austin, Estados Unidos)

Los esfuerzos para proteger a los grupos vulnerables durante la pandemia deben conservar las discusiones públicas y los medios independientes como mecanismos de supervisión para evitar agravar la situación de los grupos en riesgo. Como menciona Amartya Sen en su trabajo sobre cómo se evitaron hambrunas en la India tras su Independencia, “aunque solamente la minoría se enfrente a la hambruna, una mayoría que escucha, informada gracias a las discusiones públicas y  a la prensa, puede lograr que los gobiernos respondan.”

Las agendas enfocadas en apoyar a quienes fueron afectados por COVID-19 no deberán enfocarse únicamente en los desfavorecidos económicamente, sino también a los impactados socialmente. Por ejemplo, un impacto devastador de las cuarentenas por COVID-19 es el alza en la violencia doméstica en todo el mundo, la cual afecta principalmente a las mujeres. Los interesados pueden aprender de los compromisos pasados de OGP para fortalecer los servicios a los supervivientes de violencia doméstica, como el caso de Ecuador que reunió datos para la prevención y erradicación de la violencia de género.

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RECUPERACIÓN ABIERTA

Transparencia y rendición de cuentas de los paquetes de estímulos

La pandemia probablemente ocasionará una recesión muy importante a nivel global, por lo que será necesario desplegar enormes paquetes para reavivar la economía. La rapidez y capacidad de respuesta son fundamentales para la recuperación. Sin embargo, la transparencia y la supervisión de los paquetes de estímulos son clave para asegurar que los recursos se apliquen adecuadamente y que se mantenga la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos. En la práctica, esto implica que los mecanismos de control interno de los gastos públicos sean más flexibles, asegurando que se mantengan los registros de las auditorías y que se auditen los fondos públicos. Además, es necesaria la transparencia en cuanto a la asignación de rescates y subsidios, en la toma de decisiones y en asegurar que los fondos no se capturen por las élites o campañas políticas. Los estímulos y programas de recuperación, además, deberá abordar los retos de desigualdad que han sido exacerbados por COVID-19 como la selección de las personas a quienes se ha aplicado pruebas y a quienes no, los privilegiados que se recluyen en sus hogares mientras que trabajadores que no tienen prestaciones les entregan comida a domicilio o niños de familias de bajos recursos que no tienen acceso a clases virtuales para continuar sus estudios entre muchas otras.

Para diseñar paquetes de estímulos para responder a estos retos, los interesados pueden tomar lecciones aprendidas de dos grupos de experiencias de OGP: un conjunto de reformas centrales de gobierno abierto y, de forma particular, la experiencia de compromisos pasados sobre paquetes de estímulos y programas de atención a desastres.

Algunas prácticas centrales de gobierno abierto de compromisos pasados en los programas fiscales y la asignación de subsidios y rescates:

• Para mantener la confianza ciudadana, es fundamental que a la asignación de contratos públicos financiados por los grandes paquetes económicos se apliquen los principios de la contratación abierta. Por ejemplo, para detener la captura de las compras públicas por la oligarquía, reformadores de Ucrania crearon dos plataformas digitales (ProZorro y DoZorro) que contienen todos los contratos en formato de datos abiertos, de manera que los ciudadanos puedan consultarlos y reportar irregularidades. En solo dos años, los ciudadanos identificaron más de 14 000 violaciones, llevando a mil millones de dólares en ahorros, a una menor corrupción reportada por el 82% de los empresarios y a un aumento del 50% de las licitaciones. Hasta el momento, 70 gobiernos de OGP se han comprometido a implementar contratos abiertos.
• La construcción de la confianza requiere de transparencia en los beneficiarios de las empresas para asegurar que los subsidios no sean capturados por actores con vínculos políticos. Por ejemplo, los Panama Papers descubrieron enormes cantidades de bienes robados a través de empresas anónimas. Hoy 20 países de OGP, incluyendo al Reino Unido y a Eslovaquia, se está abriendo la información sobre quienes controlan las empresas, lo que ha permitido a los periodistas y activistas dar seguimiento al dinero y reportar fondos ilícitos.
• La transparencia en los procesos de cabildeo también contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana al reducir el tráfico de influencias. En Irlanda, en donde la crisis financiera fue en parte resultado de acuerdos ilícitos, hoy todas las reuniones y obsequios entre cabilderos y funcionarios se publican en un registro público al que todos los cabilderos tienen la obligación de incorporarse. Además, también es fundamental que las empresas y grupos de interés que reciben apoyos asociados a los paquetes de estímulos, por ejemplo las empresas farmacéuticas, aerolíneas y la industria alimenticia, adopten prácticas de transparencia en sus procesos de cabildeo y en los beneficiarios reales

Además de las prácticas centrales de gobierno abierto, los interesados pueden estudiar algunos compromisos anteriores sobre cómo la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana – incluyendo la inclusión de las voces tradicionalmente excluidas – han sido integradas en programas de atención a desastres y paquetes de estímulos. Algunos ejemplos destacados de ello son:

• En Estados Unidos, como elemento de la Ley de Recuperación y Reinversión que consistió en $800 mil millones, se publicó el presupuesto en formato de datos abiertos en el portal recovery.gov en un acto revolucionario de transparencia de los gatos federales, unificado en un solo sitio con mapas interactivos.
• La plataforma digital Fuerza México se estableció tras el sismo de 2017 como herramienta para la publicación de datos de las instituciones involucradas en la atención a la emergencia y la recuperación.
• En 2017, Filipinas se comprometió a dar mayor transparencia y a promover la supervisión ciudadana del manejo de desastres, incluyendo una plataforma digital que incluye datos de atención a respuesta y un sistema de quejas sobre los servicios de atención a desastres.
• En Aceh, Indonesia, tras el Tsunami de 2004 los procesos comunitarios de recuperación a través de un mapeo participativo de los riesgos y procesos de planeación local ayudaron a las comunidades a ser más seguras y resilientes.
• En Sudáfrica, la Coalición de Justicia Presupuestaria, en coordinación con la sociedad civil, presentaron recomendaciones para asegurar que el diseño de paquetes de estímulos se enfocara en las necesidades de los grupos marginados.

Fortalecimiento de los sistemas de salud

La pandemia ha demostrado las debilidades de los sistemas de salud, tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados. En el proceso de transición de emergencia hacia la recuperación, será fundamental fortalecer los sistemas de salud. Para ello, deberemos integrar la transparencia y la participación y supervisión ciudadanas en estas reformas de manera que los ciudadanos reciban los beneficios esperados. En ese sentido, los siguientes compromisos de OGP pueden servir como referencia:

• En un contexto de escasez de medicamentos en los hospitales públicos, Sri Lanka incrementó la supervisión a través de un grupo asesor multisectorial, institucionalizó un sistema de monitoreo de la disponibilidad de medicamentos y estableció un sistema de evaluación de las farmacias privadas.
• Macedonia del Norte se comprometió en 2018 a mejorar sus estándares de reporte de los sistemas de salud, incluyendo evaluaciones de impacto enfocadas en los usuarios.
• En 2019, Mongolia publicó datos sobre los proveedores de servicios de salud, empoderó a las OSC para supervisar las evaluaciones y publicó información sobre los servicios de salud en formato digital.

Transparencia y rendición de cuentas de los fondos de asistencia

Una gran parte de la asistencia para la recuperación, al menos en los países en vías de desarrollo, procederá de fondos de asistencia. En ese sentido, los países deberán implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas para asegurar que la asistencia efectivamente llegue a los beneficiarios esperados. En el caso de los países en desarrollo, la asistencia podrá reflejarse en forma de presupuesto, por lo que las prácticas centrales del gobierno abierto como la transparencia, presupuestos participativos y contratación abierta serán clave para fortalecer la confianza de los donantes y los ciudadanos.

Los interesados pueden inspirarse en compromisos de OGP pasados para fortalecer la transparencia y la supervisión ciudadana de los fondos. Por ejemplo:

• En Italia en 2014 un periodista reveló que solamente el 9% de los fondos de la Unión Europea estaban siendo utilizados. En ese contexto, el gobierno aprovechó el proceso de OGP para publicar en una plataforma información relacionada con 1 millón de proyectos (100 mil millones de euros), desde grandes proyectos de infraestructura hasta becas a estudiantes. Estos esfuerzos de transparencia se complementaron con una campaña de sensibilización diseñada para empoderar a los ciudadanos, incluyendo un programa dirigido a estudiantes de secundaria en el que participan como monitores ciudadanos en proyectos de su interés. Por ejemplo, en Bovalino, una iniciativa liderada por estudiantes aseguró que los fondos se aplicaran para equipar y reabrir un refugio comunitario para atender a refugiados y migrantes.
• En Kaduna, Nigeria, una auditoría reveló que una clínica de salud solamente existía en el papel, por lo que el director de presupuestos se asoció con los ciudadanos y les pidió ser los ojos y oídos del gobierno. Utilizando una aplicación móvil, la gente puede publicar fotografías y retroalimentación sobre proyectos públicos como caminos o clínicas de salud. La retroalimentación se dirige directamente a la oficina del gobernador y a la legislatura del estado de manera que puedan aplicar acciones correctivas. En solo dos años, Kaduna reportó la construcción de 450 escuelas y 250 clínicas de salud, así como una reducción de la mortalidad materna en un 20%.

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REFORMAS ABIERTAS

Restauración de las libertades cívicas y repliegue de la vigilancia estatal

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, en el mundo se registraba un alza alarmante en el autoritarismo y los ataques a las libertades cívicas en más de 100 países. La pandemia ha permitido que una serie de países centralicen aún más el poder ejecutivo, incrementen la vigilancia y restrinjan las libertades básicas. Un ejemplo claro de ello es Hungría, en donde el primer ministro Viktor Orbán está utilizando la pandemia de COVID-19 para renovar un estado de emergencia que sentencia a cinco años de prisión a quienes difundan noticias falsas u obstruyan la respuesta del estado a la crisis. Esta nueva ley le permite al primer ministro dictar decretos de forma indefinida.

En la transición de la respuesta hacia la recuperación y más allá, será necesario centrar la atención en profundizar las reformas institucionales y en reempoderar a los ciudadanos, revirtiendo las restricciones en las libertades cívicas y los nuevos mecanismos de supervisión que se han implementado para luchar contra la pandemia pero que podrían quedar instalados en el largo plazo.

Han surgido dos reformas clave que deben ser impulsadas para reempoderar a los ciudadanos tras la crisis del COVID-19: la restauración de las libertades cívicas y la supervisión independiente y el repliegue de la vigilancia estatal.

Restauración de las libertades cívicas y la supervisión independiente: una tendencia que ha surgido como parte de la respuesta a COVID-19 es el control a la libre expresión y los medios, bajo el pretexto de combatir la desinformación sobre el virus. Otro riesgo importante es que los gobiernos pueden restringir las reuniones públicas para combatir las protestas contra el gobierno.

Incluso en un contexto en el que los gobiernos declaran estados de emergencia, debe protegerse el ambiente que permite a los funcionarios rendir cuentas. Si queremos crear sociedades que tienen la capacidad de responder a un desastre, tenemos que proteger a quienes hablan la verdad, a quienes presentan denuncias y a las instituciones encargadas de la supervisión de procesos. Además, debemos asegurar que los científicos y expertos tengan la oportunidad de comunicarse con las instituciones y con los ciudadanos. Los medios de comunicación independientes son fundamentales para asegurar que los gobiernos rindan cuentas, pero ellos también han sufrido recortes y debilitados durante la pandemia. Es importante proteger el acceso a la información para asegurar la supervisión y la rendición de cuentas.

Por ello, es fundamental que los ciudadanos y la sociedad civil exijan a sus gobiernos que definan cuál será el periodo de tiempo tras el cual el espacio cívico será restaurado. Incluso antes de la pandemia, para OGP era una prioridad luchar contra el cierre del espacio cívico: proteger y fortalecer los derechos de expresión, asociación y asamblea y la capacidad de los periodistas y activistas de operar como intermediarios y guardianes. Algunos ejemplos de países de OGP que están protegiendo o fortaleciendo al espacio cívico:

• En Corea del Sur, el gobierno invitó a millones de ciudadanos a Gwanghwamun Square en donde una serie de protestas había derrocado al régimen anterior en 2017, pidiéndoles que propusieran políticas para responder a sus necesidades. El gobierno ha seguido impulsando esfuerzos para permitir que los espacios públicos estén abiertos a protestas.
• En un contexto en el que muchos periodistas han sido acosados y asesinados en todo el mundo, Croacia se comprometió a fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y Mongolia se comprometió a fortalecer la independencia de los medios.
• Estonia desarrolló una estrategia nacional de participación ciudadana y desarrolló las capacidades de la sociedad civil para promover su participación en el diseño de políticas.

Aunque estos ejemplos son prometedores, son demasiado pocos y demasiado aislados. Éstos deben ser escalados, en particular en un contexto de cierre del espacio cívico como respuesta al COVID-19.

Repliegue de la vigilancia estatal: La tecnología está jugando un papel esencial en la pandemia, en particular por permitir a las personas trabajar desde sus casas, evitando contagiarse y propagar la infección. Además, ha permitido a los estados dar seguimiento a los contactos y frenar la propagación del virus a través de supervisión estatal, lo cual ha servido para salvar vidas. ¿Cómo podemos asegurar que los estados utilicen esta autoridad de forma responsable? ¿Cuándo se retirará la vigilancia?

Existen tres dimensiones de riesgos a la privacidad y protección de los datos que es importante mitigar:

• Colecta y uso de datos de salud: La colecta, uso e intercambios de datos debe ser limitado a los casos en los que sea estrictamente necesario para detener el virus.
• Rastreo y geolocalización: Estas medidas pueden ayudar a frenar los contagios, pero si no se aplican las salvaguardas necesarias, estas herramientas pueden ser utilizadas para aplicar la vigilancia ubicua.
• Plataformas, aplicaciones y sitios web: Es necesario definir salvaguardas para mitigar los riesgos a la privacidad y protección de datos que surgen de la colaboración entre gobiernos y empresas de tecnología durante la pandemia (aplicaciones de video conferencia o de seguimiento a la enfermedad).

Estos retos relacionados con la pandemia de COVID-19 son adicionales a los ya existentes como la interferencia externa en las elecciones, la difusión de desinformación y las amenazas a la privacidad. Algunos esfuerzos están surgiendo en países de OGP para abordar estos retos, como el caso de Canadá que se comprometió a fortalecer las leyes para aumentar la transparencia sobre los medios tradicionales y digitales utilizados durante los periodos electorales; Australia que está protegiendo los derechos de los ciudadanos sobre cómo se colecta y utiliza su información; Francia, los Países Bajos y Nueva Zelanda que están mejorando la rendición de cuentas utilizando algoritmos y herramienta de inteligencia artificial y México que se comprometió a fortalecer la transparencia de los sistemas de supervisión, tras registrar actividades ilegales de vigilancia a periodistas y activistas en 2018. Además, un grupo de países de OGP unieron fuerzas para impulsar la creación de normas de gobernanza digital. Esto podría aprovecharse para atender los retos que implica la vigilancia estatal, la protección de datos y la vigilancia con relación a COVID-19.

Implicaciones para OGP a nivel de país, temas y global

OGP representa una plataforma global que puede ser aprovechada para impulsar una respuesta, recuperación y reformas abiertas a nivel de país y de temas, así como a nivel global.

Nivel de país: La pandemia ha afectado los procesos de cocreación de OGP. Cincuenta países de OGP debían cocrear sus nuevos planes de acción en 2020 y lo más probable es que solo unos cuantos puedan hacerlo. Incluso durante este periodo, los reformadores involucrados en el proceso de OGP, incluyendo los foros multisectoriales, pueden trabajar de forma conjunta en proyectos concretos para lograr que la respuesta y recuperación de los países sea más abierta, incluyendo la incorporación de reformas en los planes actuales de OGP el diseño de nuevos planes. En su reactivación económica, los países pueden impulsar la “respuesta abierta, recuperación abierta” incluyendo la integración de compromisos sobre COVID-19 en sus planes de acción. Esto implicará ampliar la base de la sociedad civil e involucrar a los grupos de ciudadanos que han sido afectados por COVID-19. Por parte de los gobiernos, significará la incorporación de ministerios encargados de los temas de salud, redes de seguridad y paquetes de estímulos. Además, la incorporación de compromisos sobre COVID-19 en los planes de acción de OGP encierra la promesa de fortalecer los aprendizajes y la rendición de cuentas a través del Independent Reporting Mechanism de OGP, el cual evalúa si los gobiernos en efecto hicieron lo prometido.

A nivel temático: Antes de la pandemia, OGP estaba impulsando la creación de normas globales de gobierno abierto en áreas de política clave como la contratación abierta, provisión de servicios públicos, acceso a justicia, gobernanza digital, género y espacio cívico. Todas estas prioridades temáticas siguen siendo relevantes e importantes. En el contexto de la pandemia, estos temas adquiere una nueva dimensión, por ejemplo:

• Asegurar las compras abiertas de equipo médico de emergencia;
• Garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los estímulos fiscales y el fortalecimiento de los sistemas de salud;
• Fortalecer la gobernanza digital y de datos y luchar contra la vigilancia por parte del estado;
• Combatir la desigualdad en la provisión de servicios públicos, medidas fiscales y políticas de inclusión;
• Asegurar el acceso a la justicia para los grupos más afectados por la pandemia y
• Abordar los retos de género que implica el alza en la violencia doméstica.

A nivel global: Inevitablemente surgirá un debate sobre qué tipo de sistema político – democracia o autocracia – sería más efectivo en el manejo de la crisis. Aunque las opiniones variarán y será difícil contar con datos confiables, sobre todo en los regímenes autoritarios, ya se está observando una tendencia hacia el aumento de los poderes ejecutivos y el cierre del espacio cívico durante la pandemia. En ese contexto, será importante que los actores que están comprometidos con la apertura unan fuerzas y promuevan las prácticas de gobierno abierto en los esfuerzos de recuperación y reformas futuras. La pandemia demuestra la importancia de los valores fundamentales de la transparencia y el empoderamiento ciudadano, la colaboración internacional y la incorporación de diversas perspectivas, incluyendo la científica, para abordar los retos colectivos. Por ello, hoy es más importante que nunca que los actores forjen una coalición global para la apertura, impulsando y demostrando el valor de la recuperación abierta, abriendo el camino hacia el mundo post COVID-19.

Un llamado a la acción: La confianza – a través de la apertura – como antídoto contra COVID-19

La respuesta y la recuperación post COVID-19 deberá incluir esfuerzos dirigidos a involucrar a una ciudadanía participativa y empoderada, así como acciones diseñadas para fortalecer la confianza en las medidas de los gobiernos. La confianza en las instituciones públicas se ha debilitado en años recientes y la falta de la confianza durante las crisis representa un reto existencial. Ciertamente, la construcción de la confianza nunca había sido tan importante y, con ese fin, un nuevo acuerdo social fundamentado en la apertura puede ser la base de la respuesta y la recuperación exitosas.

Nuestra revisión de las respuestas tempranas a COVID-19, así como las lecciones aprendidas de compromisos pasados, demuestran varias formas concretas y prácticas en las cuales la apertura – a través de la transparencia y la participación y supervisión ciudadanas – pueden construir la confianza en las respuesta y recuperación y en los esfuerzos de reforma. Hacemos un llamado a todos los actores de gobierno, sociedad civil, parlamentos y el sector privado para unir fuerzas e implementar acciones concretas – entre otros, a través de los planes de acción de OGP – para impulsar la respuesta abierta, la recuperación abierta y las reformas abiertas para el largo plazo, específicamente:

• Para la respuesta abierta:
  • Asegurar la publicación proactiva y precisa de información para empoderar a los ciudadanos en la reducción de los contagios
  • Facilitar plataformas abiertas para movilizar la asistencia comunitaria para los trabajadores de la salud y los grupos vulnerables
  • Asegurar que las compras de equipo médico sean abiertas y públicas
  • Integrar la transparencia, inclusión y la supervisión en las redes de seguridad
• Para la recuperación abierta:
  • Integrar la transparencia y la participación y supervisión ciudadanas en:
    • Los paquetes de estímulos económicos
    • El fortalecimiento de los sistemas de salud
    • Los presupuestos y flujos de fondos
  • Impulsar las prácticas centrales del gobierno abierto en los programas de recuperación
    • Presupuestos abiertos
    • Contratos abiertos
    • Transparencia en los beneficiarios reales
    • Transparencia del cabildeo
    • Enfoques inclusivos y sensibles al género
• Para las reformas abiertas de largo plazo:
  • Replegar la vigilancia de estado, estableciendo fechas y protocolos claros
  • Restaurar la libertad de expresión, asamblea y asociación y el acceso a la información
  • Proteger a quienes presentan denuncias, científicos, los medios independientes y las instituciones de supervisión
  • Introducir transparencia, participación, inclusión y supervisión en sectores críticos.

Este enfoque no solamente será más efectivo en el corto plazo para frenar los contagios, ofrecer tratamiento médico y asegurar que los paquetes de estímulos y las redes de seguridad lleguen a los grupos vulnerables, sino que además ayudará a establecer las bases para la creación de sistemas más sólidos y resilientes para el largo plazo. Décadas de investigación han demostrado que las sociedades más abiertas, incluyentes y responsables son más resilientes, es decir tienen una mejor capacidad de adaptarse a impactos, establecer consenso entre los sectores de la sociedad y abordar las desigualdades que subyacen muchos de lo impactos dispares que generan los desastres.

Todo lo anterior es un llamado a un cambio de largo plazo en el modelo de gobernanza, tomando a los ciudadanos como el centro del gobierno. Los ciudadanos tienen un papel fundamental en esta emergencia, como lo tienen en la vida cotidiana. Esta idea es el centro del gobierno abierto: reunir a líderes de gobierno con grupos ciudadanos de todos los sectores para cocrear planes y soluciones que empoderen a los ciudadanos para definir y supervisar las decisiones que los afectan. Los ciudadanos están sufriendo los impactos de la pandemia. Debemos empoderarlos para responder y recuperarse. Unir fuerzas para fortalecer la confianza – fundamentada en la apertura – será el antídoto más poderoso contra COVID-19.

Bibliografía

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Réponse ouverte, Récupération ouverte

Bâtir la confiance comme antidote à la COVID-19

Introduction

La pandémie du coronavirus a engendré des souffrances incalculables dans la vie des citoyens du monde entier, causant la perte d’êtres chers, d’emplois et de tranquillité d’esprit. Alors que les travailleurs essentiels fournissent vaillamment des services indispensables – des soins de santé aux approvisionnements alimentaires – en première ligne, les citoyens doivent également prendre des mesures d’atténuation vitales, de la mise en quarantaine à domicile et de la prise en charge de leurs malades jusqu’à être en mesure de joindre les deux bouts en période de licenciement. Parallèlement, le rôle vital du gouvernement dans la protection et le soutien de ses citoyens n’a jamais été aussi convaincant. Au Nord comme au Sud, au sein des pays développés et en développement, des divisions idéologiques entre gauche et droite, il existe un consensus sur la nécessité d’une action gouvernementale forte et décisive pour enrayer la contagion, mobiliser des soins médicaux importants pour les personnes infectées, protéger les plus vulnérables et stimuler une reprise économique pour relancer l’emploi.

Mais comment les gouvernements impliquent-ils et habilitent-ils les citoyens envers qui ils ont la responsabilité de protéger et d’aider, et comment les citoyens se lient-ils à leur gouvernement dans un esprit de confiance mutuelle? De quelle manière les gouvernements et les citoyens peuvent-ils travailler de concert dans cette lutte commune?

À l’échelle mondiale, nous assistons à un large éventail d’approches adoptées par les gouvernements dans cette pandémie pour contrôler ou habiliter leurs citoyens – de la surveillance et du contrôle totalitaires en Chine au laisser-faire en Suède, le gouvernement faisant confiance à des citoyens informés pour agir de manière responsable. Ces approches reflètent une grande diversité de régimes politiques et différents niveaux d’engagement civique, de cohésion sociale et de pénétration technologique. L’efficacité de ces approches ne dépendra probablement pas du type de régime, car ni les autocraties ni les démocraties n’ont connu de succès clair, même à ces premiers stades. Au contraire, l’efficacité dépendra en fin de compte d’une série de facteurs sous-jacents comme la capacité de l’État, y compris la solidité des systèmes de santé et le degré de confiance des citoyens envers l’État et leurs dirigeants.

À travers ces réactions face à la pandémie, les citoyens représentent non seulement des sujets passifs ou des bénéficiaires de l’action et du contrôle gouvernementaux, mais des agents, partenaires et alliés essentiels et actifs dans cette lutte commune — prenant des mesures responsables pour se protéger et protéger les autres afin de lutter contre la contagion, façonnant et supervisant les efforts de rétablissement du gouvernement à suivre. La clé d’une réponse et d’une récupération réussies réside à la fois dans la promotion de ce désir répandu parmi les citoyens d’être des contributeurs utiles et dans le renforcement de la confiance en l’action gouvernementale. Avant la pandémie, la confiance des citoyens à l’égard des institutions avait chuté à des niveaux historiquement bas dans de nombreux pays, ce qui risque de compromettre le potentiel d’engagement citoyen dans la réponse et la reprise. Les approches de gouvernement ouvert — « Réponse ouverte, Récupération ouverte » — peuvent aider à instaurer la confiance et à responsabiliser les citoyens. Cela peut créer un environnement dans lequel : les citoyens font confiance et réagissent à la divulgation et aux directives transparentes, fiables et transmises de façon proactive du gouvernement pour endiguer la contagion, et le gouvernement fait confiance aux citoyens pour qu’ils prennent des mesures responsables; et les citoyens permettent aux gouvernements de libérer des pouvoirs d’urgence, d’importants plans de relance et des filets de sécurité de grande envergure, tandis que les gouvernements agissent de manière responsable avec intégrité, s’exposent au contrôle du public et rétrogradent les pouvoirs d’urgence suite à la fin de la pandémie.

La confiance — soutenue par l’ouverture — doit être à la base du nouveau contrat social, moteur d’une réponse durable et efficace à la COVID-19. Elle peut aider à faire basculer un changement à plus long terme vers un modèle de gouvernance où les citoyens sont davantage au centre.

Dans ce contexte, nous passerons en revue les premières réponses à la COVID-19 ainsi que les leçons tirées des interventions passées pour examiner comment les approches de gouvernement ouvert peuvent renforcer la confiance et améliorer l’efficacité de la réponse à la pandémie et la récupération. Le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) a déjà obtenu en externalisation ouverte plus de 200 approches de gouvernement ouvert dans la réponse actuelle à la COVID-19 auprès de notre communauté de 78 pays, de gouvernements locaux et de milliers d’organisations de la société civile. De plus, nous avons pris en considération des leçons pertinentes provenant de 4000 engagements pris au cours des neuf dernières années à travers plus de 250 plans d’action du PGO, co-créés par le gouvernement et les réformateurs de la société civile pour rendre les gouvernements plus ouverts, participatifs et sensibles à leurs citoyens.

Dans la série suivante, nous examinons comment des approches de gouvernement ouvert – combinant la transparence du gouvernement et la participation et la surveillance des citoyens – peuvent aider à s’attaquer à trois étapes ou composantes différentes de la réponse à la pandémie et la récupération:

• Réponse ouverte: freiner la contagion, accroître les traitements et les soins médicaux, rendre disponibles des filets de sécurité aux personnes vulnérables
• Récupération ouverte: faire progresser la relance et la reprise économiques, renforcer les systèmes de santé, améliorer la transparence et la responsabilité des apports d’aide
• Réforme ouverte à long terme: réformer les institutions et redonner des pouvoirs aux citoyens en diminuant la surveillance de l’État et rétablir les libertés fondamentales et un contrôle indépendant

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RÉPONSE OUVERTE

Freiner la contagion : Renforcer la position des citoyens en leur divulguant des informations précises et transmises de manière proactive

Même aux premiers stades de la propagation mondiale du virus, nous avons été confronté au coût humain dévastateur, résultat des échecs de la transparence gouvernementale et des mesures précoces. Nous avons vu certains gouvernements minimiser ou masquer la gravité de la pandémie, retarder la divulgation des risques et des menaces aux citoyens, mettant en danger la vie des citoyens qui pourrait être sauvée grâce à une divulgation proactive et à des actions rapides.

En Chine, en Iran et aux États-Unis, la période initiale de déni politique a permis au virus de se propager sans contrôle. En Chine, ceux qui ont tenté une dénonciation rapide ont été menacés et les flux d’informations critiques vers le public ont été bloqués. En revanche, des gouvernements tels ceux de la Corée du Sud et Taïwan ont adopté l’approche opposée – des informations transmises de manière proactive, claires, transparentes et fiables pour permettre aux citoyens de prendre des mesures d’atténuation.

Cette diversité d’approches et de résultats reflète différentes configurations de confiance mutuelle entre État et société et différents degrés d’autonomisation des citoyens.

Par exemple, fin janvier, suite à son échec initial de freiner la contagion et d’informer le public, la Chine a déclenché une autorité gouvernementale massive pour imposer un confinement et déployer des outils de surveillance sur ses citoyens, y compris en surveillant les téléphones intelligents de la population, en utilisant des centaines de millions de caméras à reconnaissance faciale, et en obligeant les citoyens à faire état de leur température corporelle. Parallèlement, l’État a également rassemblé un grand nombre de citoyens bénévoles et de bénévoles du domaine de la santé.

En Corée du Sud, le succès du gouvernement est largement ancré dans des tests poussés qui ont été utilisés pour l’isolement et la recherche de contacts à grande échelle afin de briser les chaînes de transmission. Mais la Corée du Sud s’est également fortement appuyée sur la transparence, l’engagement des citoyens, des informations honnêtes et la coopération volontaire d’un public confiant. La participation a été assurée grâce à l’ouverture et à la transparence, notamment via des séances d’information publiques quotidiennes et une vaste campagne de sensibilisation à l’information visant à créer une distanciation sociale efficace.

Taïwan a réussi à maintenir des niveaux remarquablement faibles d’infections et de décès non pas grâce à un contrôle descendant, mais grâce à la transparence du gouvernement, qui a instauré la confiance du public et renforcé la coordination sociale. Par exemple, grâce à Face Mask Map, le gouvernement a diffusé au public des données en temps réel et spécifiques localisées quant à la disponibilité de masques, permettant aux citoyens de collaborer et de réaffecter les rations par le biais de transferts et de dons à ceux qui en avaient le plus besoin.

Bien que ces approches soient déployées en temps réel maintenant en réponse à une pandémie unique, il existe un précédent sur lequel nous pouvons nous appuyer quant à la façon dont l’ouverture et la transparence peuvent sauver des vies. Par exemple, en 2001 au Royaume-Uni, une enquête publique a révélé que les taux de mortalité des bébés subissant une chirurgie cardiaque au Bristol Royal Infirmary étaient le double de ceux de procédures similaires effectuées ailleurs. À la suite de l’enquête, les chirurgiens cardiaques du National Health Service ont commencé à publier des données sur les taux de mortalité des chirurgies cardiaques afin que les gens puissent faire des choix mieux informés. En conséquence, les taux de mortalité des bébés subissant des opérations cardiaques ont chuté de 33%. Renforcer la position des citoyens en divulguant des informations de manière proactive et précise peut sauver des vies.

Dans notre externalisation ouverte de la réponse actuelle face à la COVID-19 au sein des pays du PGO, nous voyons les gouvernements faire des efforts en matière de communications publiques claires, précises et transparentes pour informer, éduquer et s’associer avec le public, le tout ancré dans des preuves et une expertise scientifiques solides. À titre indicatif, voici des exemples rapportés par les intervenants du PGO:

• Tableaux de bord avec données en temps réel sur les cas de COVID-19 quant aux infections, décès, emplacements (Afrique du Sud, Argentine, Canada, Côte d’Ivoire, Italie, Jordanie, Pérou, Tunisie)
• Points de presse quotidiens précis et ouverts pour informer le public et lutter contre la désinformation (Singapour, Corée du Sud)
• Agents conversationnels sur Whatsapp et Facebook pour répondre aux questions fréquemment posées concernant la pandémie (Buenos Aires – Argentine, Maroc, Ukraine)
• Cartes virtuelles pour permettre l’analyse des données de la COVID-19, y compris les lieux de quarantaine, le nombre de personnes malades et rétablies, le personnel médical dans chaque municipalité (Lituanie)

Accroissement des traitements et des soins médicaux : Mobiliser l’engagement civique et le contrôle

Accroître les traitements et les soins médicaux pour un nombre croissant de patients infectés est au cœur du défi sociétal. La pandémie exerce une pression terrible sur les systèmes de santé des pays. Nous voyons deux domaines dans lesquels des approches de gouvernement ouvert peuvent aider: (i) mobiliser l’aide communautaire pour les soins; et (ii) rendre publics et ouverts les approvisionnements médicaux d’urgence.

Mobiliser l’aide communautaire pour les soins : Dans tous les pays, des médecins, infirmières, thérapeutes et autres intervenants de première ligne courageux mais débordés se battent de façon altruiste pour soigner les patients. La pandémie a déclenché un nouveau sentiment de soutien communautaire, souvent facilité par la technologie et les applications. Dans les réponses actuelles à la COVID-19 recueillies auprès de la communauté du PGO, nous voyons diverses plate-formes ouvertes de mobilisation de l’aide communautaire pour les travailleurs de la santé et les personnes vulnérables. À titre indicatif, voici des exemples rapportés par les intervenants du PGO :

• Application et plate-forme en source libre permettant aux médecins et aux hôpitaux de surveiller à distance les patients à domicile présentant une infection soupçonnée ou réelle (France, Italie)
• Plate-forme d’accompagnement des travailleurs de la santé dans la prise en charge de leurs enfants (France)
• Plates-formes bénévoles pour desservir les personnes âgées qui sont malades (Bulgarie, Géorgie)
• Marathons de programmation nationaux pour mobiliser les travailleurs essentiels, les soins communautaires et les innovations civiques et technologiques (Colombie, Estonie, Allemagne, Lettonie)

Making emergency medical procurement public and open: L’approvisionnement est devenu un problème de vie ou de mort dans la réponse de nombreux pays face à la pandémie du coronavirus. Les pénuries d’équipements de protection individuelle pour les travailleurs de première ligne, les ventilateurs et la capacité d’effectuer des tests ont entravé la réponse. Les gouvernements se précipitant pour se procurer ces ressources vitales, renonçant aux garanties normales utilisées dans les contrats d’achat, peut conduire à un truquage des offres, des pots-de-vin et des fournitures contrefaites. Par exemple, en 2010, le Fonds mondial a payé des millions de dollars pour acheter 6 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide pour contrer le paludisme au Burkina Faso, mais près de 2 millions de moustiquaires se sont révélées être des contrefaçons.

Pour relever ces défis alors que les gouvernements s’efforcent de se procurer rapidement des fournitures d’urgence, ils doivent rendre ces procédures publiques et ouvertes pour maintenir la confiance des citoyens. Par exemple, les réformes anti-corruption de l’Ukraine obligent tous les contrats d’urgence à être publiés dans leur intégralité et partagés en tant que données ouvertes. La société civile a développé un outil d’exploitation de données pour suivre les achats médicaux et les dépenses d’urgence. Désormais, ils peuvent suivre les différences de prix pour les tests de COVID-19 et d’autres fournitures médicales essentielles pour s’assurer que le gouvernement est déterminé à remplir les centres de traitement, et non les poches du secteur privé. La société civile est un allié précieux pour garantir que les ressources sont utilisées aux fins prévues, même si certains éléments au sein du gouvernement sont accusés de faute professionnelle.

En Amérique latine, Transparency International a réuni un groupe de travail de 13 pays pour identifier les risques dans les marchés publics d’urgence en réponse à la COVID-19 – opacité, contrats cachés, surfacturation, collusion et manque de concurrence – et des mesures pour les atténuer.

Rendre disponibles des filets de sécurité aux personnes vulnérables : Inclure et habiliter les exclus

L’arrêt économique lié à la COVID-19 a dévasté la vie des personnes pauvres et vulnérables, qui sont le moins en mesure de résister au choc. Des groupes déjà vulnérables perdent maintenant leur emploi sans argent pour survivre au-delà des prochains jours. En Inde, le confinement de 1,3 milliard de personnes, le plus important de l’histoire, a laissé des millions de travailleurs migrants au chômage et coincés dans des mégapoles, obligés de faire de longs voyages risqués pour retourner dans leurs villages reculés. Pour ces groupes vulnérables, la pauvreté et la faim risquent de les tuer avant la COVID-19.

En réponse, les gouvernements mettent déjà en place des mesures d’urgence pour rendre disponibles des filets de sécurité – des programmes d’alimentation et des subventions salariales à l’assurance-chômage. À titre indicatif, voici des exemples rapportés par les intervenants du PGO :

• Conversion de pièces d’identité émises par l’État en carte de débit pour fournir un soutien de base aux personnes vulnérables pour les médicaments et l’épicerie (Panama)
• Formulaires de demande simplifiés pour les chômeurs touchés par les fermetures (Irlande)
• Création d’un fonds spécial pour aider les familles dans le besoin (Lituanie)
• Comités bénévoles dirigés par des citoyens pour fournir de la nourriture aux groupes vulnérables (Jordanie)

Une priorité essentielle doit être d’assurer la transparence et le contrôle civique de ces programmes pour garantir qu’ils atteignent effectivement les personnes dans le besoin. Voici des exemples d’engagements antérieurs du PGO:

• Publication de l’allocation budgétaire et des résultats des programmes ciblés de réduction de la pauvreté, avec des dispositions permettant aux citoyens de surveiller et de demander des informations (Indonésie)
• Participation des citoyens et suivi du Programme national de réduction de la pauvreté, notamment par le biais d’audits sociaux et de mécanismes de retour d’information des citoyens (Paraguay)
• Budgétisation participative des plans d’action locaux contre la pauvreté dans 595 municipalités (Philippines)
• Diffusion publique de plus de 1 600 indicateurs en matière de programmes d’aide sociale pour permettre aux journalistes et aux citoyens de suivre les progrès (Uruguay)
• Systèmes de cartographie des sans-abri afin d’obtenir en externalisation ouverte les contributions des sans-abri et des communautés affectées quant à la qualité des services (City of Austin, États-Unis)

Les efforts pour protéger les personnes vulnérables lors de la pandémie doivent inclure la préservation d’un débat public ouvert et des médias indépendants en tant que mécanismes de surveillance essentiels pour améliorer le sort des personnes les plus à risque. Tel que le note Amartya Sen, en s’appuyant sur son travail révolutionnaire sur la façon d’éviter les famines en Inde après l’indépendance, « même si seule une minorité est réellement confrontée à une privation causée par la famine, une majorité à l’écoute, informée par un débat public et une presse libre, peut rendre un gouvernement réactif. »

Tout programme visant à soutenir les personnes laissées vulnérables par la COVID-19 ne doit pas être limité aux personnes économiquement défavorisées, mais aussi à celles socialement touchées. Par exemple, l’un des effets dévastateurs du confinement dû à la COVID-19 est une augmentation significative de la violence familiale et conjugale dans le monde, qui a un impact disproportionné sur les femmes. Les parties prenantes peuvent s’inspirer des engagements antérieurs du PGO pour améliorer les services aux victimes de violence familiale, comme l’Équateur qui recueille des données sur la prévention et l’éradication de la violence envers les femmes et les communautés sexospécifiques.

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RÉCUPÉRATION OUVERTE

La transparence et la responsabilité dans les plans de relance

La pandémie provoquera probablement une dépression mondiale importante, qui nécessitera inévitablement un stimulus important pour relancer les économies. La rapidité et la réactivité occupent une place centrale pour enclencher la récupération. Cependant, la transparence et le contrôle public des plans de relance sont essentiels pour garantir que les ressources soient utilisées à bon escient et que la confiance des citoyens dans le gouvernement soit maintenue. En pratique, cela signifie que les mécanismes de contrôle interne des dépenses publiques peuvent être assouplis, tandis que les pistes de vérification sont conservées et les fonds publics sont vérifiés. Mais cela nécessite également de la transparence quant à savoir qui obtient les renflouements et les subventions, comment les décisions ont été prises et si l’argent est utilisé pour récompenser l’élite politique ou les contributeurs aux campagnes politiques. Les programmes de relance et de récupération doivent également s’attaquer aux problèmes d’inégalité persistants qui ont été exacerbés par la COVID-19, tels que les inégalités entre ceux qui sont testés et ceux qui ne le sont pas, parmi les riches qui se retirent chez eux tandis que les travailleurs qui ne reçoivent pas de congés de maladie payés livrent leur nourriture, ou les enfants des ménages à faible revenu qui ont du mal à se connecter aux salles de classe numériques en ligne afin qu’ils puissent apprendre avec le reste de leurs pairs, entre autres.

En concevant des plans de relance pour répondre à ces considérations, les parties prenantes peuvent s’inspirer des enseignements de deux séries d’expériences du PGO : un ensemble cumulé de réformes fondamentales de gouvernement ouvert et une expérience spécifique tirée des engagements antérieurs du PGO sur les plans de relance et les programmes de secours en cas de catastrophe en particulier.

Passons d’abord à l’intégration des pratiques fondamentales de gouvernement ouvert tirées des engagements antérieurs du PGO dans les programmes importants de dépenses budgétaires et l’octroi de subventions et de renflouements:

• Pour maintenir la confiance des citoyens, il est essentiel que l’attribution de marchés publics financés par des plans de relance massifs respecte les pratiques de processus ouvert d’octroi de contrats. Par exemple, pour lutter contre la capture des marchés publics par les oligarques, les réformateurs ukrainiens ont construit deux plate-formes en ligne (ProZorro et DoZorro) dans lesquelles tous les contrats sont désormais divulgués selon des normes de données ouvertes afin que les citoyens puissent les rechercher et, surtout, signaler les violations. En seulement deux ans, les citoyens ont cité plus de 14 000 violations, ce qui a permis au gouvernement d’économiser 1 milliard de dollars. De plus, 82% des entrepreneurs ont signalé une réduction de la corruption et une augmentation de 50% des entreprises ont soumis des offres pour des marchés publics. Soixante-dix gouvernements du PGO se sont engagés à ouvrir le processus d’octroi de contrats.
• Instaurer la confiance nécessite également la transparence dans la propriété des entreprises pour garantir que les subventions ne soient pas empochées par des personnes ayant des liens politiques. Par exemple, Panama Papers a dévoilé la dissimulation monumentale d’actifs volés dans des compagnies anonymes; aujourd’hui, 20 pays du PGO, comme le Royaume-Uni et la Slovaquie, divulguent qui possède et contrôle réellement les entreprises – permettant ainsi aux journalistes et aux militants citoyens de suivre l’argent et de signaler les fonds illicites.
• La transparence du lobbying renforcera également la confiance des citoyens en limitant le trafic d’influence. En Irlande, où les accords à huis clos ont contribué à leur crise financière, toutes les réunions et les cadeaux entre lobbyistes et fonctionnaires sont désormais divulgués sur un registre public, auquel tous les lobbyistes doivent adhérer. À plus grande échelle, il est également essentiel de veiller à ce que les entreprises et les groupes d’intérêt soutenus par des plans de relance – tels que les entreprises pharmaceutiques, les compagnies aériennes et l’industrie alimentaire – adoptent ces pratiques de transparence du lobbying et de propriété bénéficiaire.

Au-delà des pratiques fondamentales de gouvernement ouvert, les parties prenantes peuvent examiner spécifiquement les engagements antérieurs du PGO sur la façon dont la transparence, la responsabilité et l’engagement des citoyens, y compris l’accentuation de la voix des personnes habituellement exclues, ont été intégrés dans les plans de secours et de relance après la catastrophe. Des exemples significatifs de ce travail comprennent :

• Aux États-Unis, en tant qu’élément du American Recovery and Reinvestment Act de 800 milliards de dollars, le budget a été rendu disponible sous format libre sur recovery.gov, offrant une transparence révolutionnaire quant aux dépenses fédérales dans un emplacement consultable avec des cartes interactives.
• À Fuerza au Mexique, une plate-forme numérique a été mise en place à la suite des tremblements de terre de 2017 afin de divulguer les données des organismes impliqués dans les secours d’urgence et la reconstruction.
• En 2017, les Philippines se sont engagées à accroître la transparence et le contrôle citoyen de la gestion des catastrophes, notamment au niveau d’un portail numérique contenant des données complètes sur les interventions en cas de catastrophe et un système de plaintes des citoyens sur les services de gestion des catastrophes.
• À Aceh, en Indonésie, suite au tsunami de 2004, la reprise menée par la communauté grâce à la cartographie participative des risques et à la planification locale a permis aux communautés locales de devenir plus sûres et plus résilientes.

Renforcement des systèmes de santé

La pandémie a mis en évidence la faiblesse des systèmes de santé, dans les pays en développement comme dans les pays développés. À mesure que les pays passeront d’une intervention d’urgence à une reprise, il sera de plus en plus impératif de renforcer les systèmes de santé. À cette fin, il sera essentiel d’intégrer la transparence ainsi que la participation et la surveillance des citoyens dans ces réformes afin que les citoyens bénéficient des avantages prévus, en s’inspirant des engagements antérieurs du PGO, tels que :

• Face à la pénurie de médicaments sûrs dans les hôpitaux publics, le Sri Lanka a renforcé la surveillance par un groupe consultatif multi-intervenants, a institutionnalisé un système de suivi de la disponibilité des médicaments, et a établi un système de notation pour les pharmacies privées.
• La Macédoine du Nord s’est engagée en 2018 à améliorer ses normes d’information pour les programmes de santé, y compris les évaluations d’impact centrées sur l’utilisateur.
• En 2019, la Mongolie a divulgué des données sur les prestataires de services de santé, autorisé les OSC à superviser les évaluations des appels d’offres et publié des informations sur les soins de santé au format numérique.

Transparence et responsabilité des apports d’aide

Une partie intégrante de l’aide à la récupération, du moins dans les pays en développement, proviendra de l’accroissement des apports d’aide. Il devient impératif que les pays mettent en place des mesures de transparence et de responsabilisation pour garantir que l’aide parvienne réellement aux bénéficiaires visés. Pour les pays en développement, l’aide peut prendre la forme d’un soutien budgétaire pour lequel les principales pratiques de gouvernement ouvert mentionnées ci-dessus, telles que la transparence fiscale, la budgétisation participative et le processus ouvert d’octroi de contrats, deviennent essentielles pour renforcer la confiance des donateurs et des citoyens.

Les parties prenantes peuvent s’inspirer des engagements antérieurs du PGO pour améliorer la transparence et le contrôle civique de l’aide ou des flux budgétaires. Par exemple :

• En Italie, en 2014, lorsqu’un journaliste d’investigation a révélé que seulement 9% des fonds de l’UE étaient utilisés, le gouvernement s’est tourné vers le PGO pour divulguer, via une plate-forme en ligne « Open Coesione », les détails d’un million de projets, des grandes infrastructures aux bourses individuelles des étudiants, financés par 100 milliards d’euros de financement par l’UE. L’effort de transparence a été complété par une vaste campagne de sensibilisation du public pour responsabiliser les citoyens, y compris les élèves du secondaire par le biais de concours scolaires, afin de devenir des observateurs sur le terrain des projets qui leur tenaient à cœur. Par exemple, à Bovalino, une initiative dirigée par des étudiants a permis de s’assurer que des fonds ont été utilisés pour équiper et rouvrir un refuge communautaire abandonné pour servir les réfugiés et les immigrants.
• À Kaduna, au Nigéria, lorsqu’un audit a révélé qu’une clinique de santé n’existait que sur papier, le directeur du budget de l’État s’est associé aux citoyens pour devenir les yeux et les oreilles du gouvernement. À l’aide d’une application mobile, les gens téléchargent des photos et fournissent des commentaires sur des projets comme les routes et les cliniques de santé. Ces informations sont transmises directement au bureau du gouverneur et à la législature de l’État pour des mesures correctives. En seulement deux ans, Kaduna rapporte un achèvement record de 450 écoles et 250 cliniques de santé, et une réduction de 20% de la mortalité maternelle.

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RÉFORME OUVERTE

Rétablir les libertés fondamentales et diminuer la surveillance de l’État

Même avant la COVID-19, nous assistions à une montée alarmante de l’autoritarisme et des atteintes aux libertés fondamentales dans plus de 100 pays. La pandémie a en outre permis à divers gouvernements de centraliser rapidement le pouvoir exécutif, d’élargir la surveillance de l’État et de restreindre les libertés fondamentales. Un exemple flagrant est la Hongrie, où le Premier ministre Viktor Orbán a utilisé la COVID-19 pour reconduire un état d’urgence qui prévoit des peines de cinq ans de prison pour ceux qui auraient diffusé de fausses informations ou entravé la réponse de l’État à la crise. La nouvelle loi lui permet de gouverner par décret indéfiniment.

Alors que les pays passent de la réponse à la récupération, l’attention devra se concentrer sur des réformes institutionnelles plus approfondies pour redonner du pouvoir aux citoyens, inversant les restrictions aux libertés fondamentales et les nouveaux mécanismes de surveillance mis en place pour lutter contre la pandémie, mais risquant de s’installer au fil du temps.

Deux réformes clés ont déjà vu le jour et doivent être avancées pour redonner des pouvoirs aux citoyens suite à la COVID-19 : restaurer les libertés fondamentales et un contrôle indépendant, et diminuer la surveillance de l’État.

Restaurer les libertés fondamentales et un contrôle indépendant:

Une tendance claire dans la réponse à la COVID-19 est un contrôle accru de la libre expression et des médias, sous prétexte de lutter contre la « désinformation » en relation au virus. Un autre risque préoccupant est que les gouvernements puissent utiliser le besoin actuel de restreindre les rassemblements publics comme prétexte pour réprimer les manifestations anti-gouvernementales.

Même lorsque les gouvernements adoptent des pouvoirs d’urgence, l’environnement propice à la responsabilisation des élus doit être protégé. Si nous voulons créer des sociétés capables de répondre à la prochaine catastrophe, nous devons protéger les personnes révélant la vérité, les dénonciateurs et les institutions de surveillance. Nous devons veiller à ce que les scientifiques et les experts aient la possibilité de parler aux organes de contrôle et au public de leurs préoccupations. Les médias indépendants jouent un rôle essentiel dans la responsabilisation des gouvernements, mais sont également confrontés à des coupures et des fermetures au cours de la pandémie. Nous devons protéger l’accès des citoyens à l’information pour garantir la surveillance et la responsabilité.

Il est donc essentiel que les citoyens et la société civile continuent de se demander s’il existe une période de temps spécifique après laquelle les restrictions à l’espace civique seront revues et réduites. Même avant la pandémie, l’une des priorités du PGO était de repousser la réduction de l’espace civique – pour protéger et améliorer la capacité de base des citoyens à parler, s’associer et se réunir librement, ainsi que la capacité des journalistes et des militants à servir d’intermédiaires vitaux et gardiens pour les citoyens. Exemples de pays du PGO protégeant ou améliorant l’espace civique :

• En Corée du Sud, le gouvernement a invité des millions de citoyens à revenir sur la place Gwanghwamun, où des manifestations aux chandelles avaient renversé le précédent régime corrompu en 2017, demandant aux citoyens de proposer des politiques qui répondent à leurs besoins. Le gouvernement continue de déployer des efforts concertés pour permettre l’ouverture des espaces publics aux manifestants.
• Alors que des journalistes sont harcelés ou tués dans plusieurs parties du monde, la Croatie s’est engagée à renforcer les mécanismes de protection des journalistes, et la Mongolie s’est engagée à garantir l’indépendance des médias.
• L’Estonie a élaboré une stratégie nationale d’engagement civique et renforcé la capacité de la société civile à participer à l’élaboration des politiques.

Ces exemples sont encourageants, mais ils sont trop peu nombreux et espacés. Ils doivent être renforcés, en particulier dans le contexte de la fermeture de l’espace civique en réponse à la COVID-19.

Diminuer la surveillance de l’État: La technologie joue un rôle dominant dans la pandémie, notamment dans son impact vital de permettre aux gens de rester connectés et de travailler à distance pour éviter d’être infectés ou de propager l’infection. Elle a également permis aux États de rechercher les contacts et de limiter la propagation du virus grâce à la surveillance de l’État, ce qui a sauvé des vies. Mais étant donné ces pouvoirs accrus de l’État, comment garantir une utilisation responsable de ce pouvoir d’État? Quand la surveillance renforcée de l’État sera-t-elle abrogée?

Les trois dimensions de risque pour la vie privée et la protection des données qui sont importantes à atténuer comprennent :

• Collecte et utilisation de données sur la santé : La collecte, l’utilisation et le partage des données doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à la lutte contre le virus.
• Suivi et géolocalisation : Ceux-ci peuvent aider à suivre et à limiter la contagion, mais sans mesures de protection appropriées, ces outils peuvent permettre une surveillance omniprésente.
• Plate-formes technologiques – Applications et sites Web : Alors que les gouvernements et les entreprises technologiques travaillent ensemble sur des solutions au cours de la pandémie (applications de vidéoconférence ou de suivi des maladies), des mesures de protection sont nécessaires pour atténuer les risques associés à la confidentialité et à la protection des données.

Dans le contexte de la COVID-19, ces problèmes s’ajoutent aux défis qui émergeaient déjà dans la gouvernance numérique, comme l’ingérence externe dans les élections, la diffusion en ligne de la désinformation et les menaces à la vie privée des individus. Nous constatons déjà des efforts naissants dans les pays du PGO pour s’attaquer à ces problèmes, notamment : le Canada s’engage à renforcer les lois électorales pour accroître la transparence sur la façon dont les électeurs sont ciblés par la publicité traditionnelle et en ligne; l’Australie protège les droits des citoyens liés à la manière dont les données les concernant sont recueillies et utilisées; la France, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande améliorent la responsabilité du gouvernement envers les citoyens en ce qui concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle et des algorithmes; et le Mexique, à la suite de la surveillance illégale antérieure de militants et de journalistes en 2017, s’engage à renforcer la transparence des systèmes de surveillance. Un groupe de pays du PGO ont uni leurs forces pour faire avancer les normes de gouvernance numérique. Cela pourrait constituer un levier pour s’attaquer à de nouveaux problèmes liés à la surveillance de l’État, à la protection des données et à la vie privée en relation à la COVID-19.

Implications pour le PGO : niveaux national, thématique et mondial

Le PGO fournit une plate-forme mondiale qui pourrait être mise à profit pour faire avancer la réponse ouverte, la récupération ouverte et la réforme ouverte aux niveaux national, thématique et mondial.

Niveau national: La pandémie a perturbé les processus de co-création du PGO. Cinquante pays du PGO devaient co-créer de nouveaux plans d’action en 2020, et cela sera probablement réduit à quelques-uns, au plus. Même pendant cette période, les réformateurs impliqués dans le processus du PGO, y compris les forums multi-intervenants, peuvent se réunir pour travailler sur des projets concrets afin de rendre la réponse et la récupération plus ouvertes, notamment en ajoutant des réformes aux plans d’action du PGO actuels ou en préparant de nouveaux plans. Alors que les pays reprennent leur activité économique, ils peuvent faire progresser « Réponse ouverte, Récupération ouverte » en ajoutant des engagements liés à la COVID-19 dans les plans d’action. Cela nécessitera que la société civile élargisse sa base à des groupes plus larges de citoyens touchés par la COVID-19. Du côté des gouvernements également, cela nécessitera d’élargir la base aux ministères chargés de la santé, des filets de sécurité et des plans de relance. L’intégration des engagements liés à la COVID-19 au sein des plans d’action du PGO promet également d’améliorer l’apprentissage et la responsabilisation par le biais du Mécanisme d’évaluation indépendant du PGO, qui évalue ensuite si les gouvernements ont mis en place ce qu’ils ont dit qu’ils feraient.

Niveau politique thématique: Avant la pandémie, le PGO cherchait à faire progresser les normes mondiales de gouvernement ouvert dans des domaines politiques clés, tels que le processus ouvert d’octroi de contrats, la prestation de services publics, l’accès à la justice, la gouvernance numérique, le genre et l’espace civique. Chacune de ces priorités thématiques reste pertinente et importante aujourd’hui. En ce qui concerne la COVID-19, elles prennent désormais une dimension supplémentaire, par exemple :

• Assurer l’approvisionnement ouvert des fournitures médicales d’urgence;
• Transparence et responsabilisation en matière de relance budgétaire et de renforcement des systèmes de santé;
• Renforcer les données et la gouvernance numérique et lutter contre la surveillance de l’État;
• Lutter contre les inégalités dans les services publics, les mesures fiscales et les politiques d’inclusion;
• Garantir l’accès à la justice aux personnes vulnérables touchées par la pandémie; et
• S’attaquer aux implications sexospécifiques de la montée de la violence familiale.

Niveau mondial : Il y aura inévitablement un débat sur le type de système politique – démocraties ou autocraties – qui aurait été le plus efficace pour gérer la crise. Bien que les évaluations seront invariablement mitigées et que des données fiables seront probablement difficiles à obtenir, en particulier des systèmes autoritaires, nous observons déjà la tendance accélérée à l’expansion des pouvoirs exécutifs et à la fermeture de l’espace civique pendant la pandémie. Dans ce contexte, il sera vital pour les parties prenantes engagées dans l’ouverture d’unir leurs forces et de plaider pour des pratiques de gouvernement ouvert dans les efforts de récupération et de réforme à suivre. La pandémie souligne l’importance des valeurs fondamentales de transparence et d’autonomisation des citoyens, de collaboration transfrontalière et d’introduction de différentes perspectives, y compris l’expertise scientifique, pour résoudre les défis collectifs. Il devient donc de plus en plus urgent pour les parties prenantes de forger une coalition mondiale plus forte en faveur de l’ouverture, en prônant et en montrant la valeur de la récupération ouverte et des efforts de réforme à suivre, pour ouvrir la voie au monde post-COVID-19.

Appel à l’action : Bâtir la confiance – soutenue par l’ouverture – comme antidote à la COVID-19

Une réponse et une récupération réussies et durables à la COVID-19 doivent inclure à la fois des efforts qui tirent parti d’une population engagée et responsabilisée, et de ceux qui renforcent la confiance dans l’action gouvernementale. La confiance dans nos institutions publiques a déjà beaucoup souffert ces dernières années. Et un manque de confiance en période de crise pose un risque existentiel. En effet, l’instauration de la confiance n’a jamais été aussi importante – et, à cette fin essentielle, une nouvelle entente sociale, enracinée dans l’ouverture, peut être le fondement d’une réponse et d’une récupération réussies.

Notre examen des premières réponses à la COVID-19 ainsi que les leçons tirées des engagements antérieurs du PGO montrent des moyens concrets et pratiques par lesquels l’ouverture – par la transparence, l’engagement des citoyens et la surveillance – peut renforcer la confiance dans les efforts de réponse, de récupération et de réforme. Sur la base de ces éléments, nous appelons toutes les parties prenantes du gouvernement, de la société civile, des parlementaires et du secteur privé à unir leurs forces et à mettre en œuvre des actions concrètes – y compris par le biais de plans d’action du PGO – pour faire progresser la réponse ouverte, la récupération ouverte et la réforme ouverte à long terme. Plus précisément :

• Pour une réponse ouverte :
  • Assurer une divulgation proactive et précise des informations pour permettre aux citoyens de lutter contre la contagion
  • Faciliter les plates-formes ouvertes afin de mobiliser l’aide communautaire pour les travailleurs de la santé et les personnes vulnérables
  • Rendre public et ouvert l’approvisionnement d’urgence en fournitures médicales
  • Intégrer la transparence et la surveillance dans les filets de sécurité tout en accentuant la voix des personnes vulnérables
• Pour une récupération ouverte:
  • Intégrer la transparence, l’engagement des citoyens et la surveillance dans :
    • Plans de relance économique
    • Renforcement des systèmes de santé
    • Aide et flux budgétaires
  • Faire progresser les pratiques fondamentales de gouvernement ouvert grâce au programme de récupération
    • Budgets ouverts
    • Contrats ouverts
    • Transparence de la propriété bénéficiaire
    • Lobbying transparency
    • Transparence du lobbying
• Pour une réforme ouverte à long terme:
  • Diminuer la surveillance de l’État, établir des dates et des protocoles clairs
  • Rétablir la liberté d’expression, de réunion et d’association des citoyens et l’accès à l’information
  • Protéger les personnes révélant la vérité, les dénonciateurs, les médias indépendants et les institutions de surveillance
  • Veiller à ce que les scientifiques et les experts puissent parler librement aux organes de contrôle et au public

Non seulement cette approche sera plus efficace à court terme pour réduire la contagion, mobiliser les soins et garantir que les plans de relance massifs et les filets de sécurité atteignent les personnes vulnérables, mais cela prépare les bases d’un système plus solide et plus résistant au fil du temps. Des décennies de recherche ont montré que des sociétés plus ouvertes, inclusives et responsables sont des sociétés plus résilientes – mieux à même de s’adapter aux chocs, de créer un consensus entre les secteurs de la société et de lutter contre les inégalités à l’origine de tant d’effets disparates des catastrophes.

À la base, tout cela nécessite une transition à plus long terme vers un modèle de gouvernance qui place les citoyens au cœur du gouvernement. Les citoyens ont un rôle vital à jouer dans cette situation d’urgence, comme ils le font dans la vie quotidienne. Et cette croyance est également au cœur d’un gouvernement ouvert : réunir des dirigeants gouvernementaux avec des groupes de citoyens de tous horizons pour co-créer des plans et des solutions afin que les citoyens soient en mesure de façonner et de superviser les décisions ayant un impact sur leur vie. Les citoyens sont les principales victimes de la pandémie. Donnons-leur les moyens de réagir et de récupérer. Unir nos forces pour instaurer la confiance – le tout soutenu par l’ouverture – s’avérera être l’antidote le plus puissant à la COVID-19.

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