Descripción
Este compromiso ha sido presentado al Reto Open Gov dentro del plan de acción de España 2025-2029, dentro de la categoría “Transparencia y Acceso a la Información” (Hito 2.1.1).
Explora el plan de acción completo: https://www.opengovpartnership.org/documents/spain-action-plan-2025-2029
Antecedentes
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno entró en pleno vigor un año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para la Administración General del Estado (AGE) y dos años después para las Comunidades Autónomas (CC.AA.).
Inclusión de la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como una de las iniciativas dentro del Compromiso 1 (Reforma del Marco Regulatorio de la Transparencia) del IV Plan de Gobierno Abierto.
Implementación de parte de las actividades previstas, entre ellas: constitución de un grupo de trabajo en el seno del Foro de Gobierno Abierto; publicación de la consulta previa y estudio de las aportaciones; inicio de la elaboración del anteproyecto de ley y del informe de análisis de impacto.
¿Cuál es el problema/necesidad que la iniciativa pretende resolver?
1. Reforma de la Ley de Transparencia
Durante los años de vigencia de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha surgido la necesidad de resolver ciertos problemas prácticos, aclarar determinados conceptos y adoptar nuevos enfoques acordes con las demandas de los ciudadanos y de las administraciones públicas.
El anteproyecto de ley refleja el trabajo realizado en la legislatura anterior en relación con la modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ya fue objeto de una consulta pública previa y de un trabajo preparatorio realizado por un grupo de trabajo creado en el seno del Foro de Gobierno Abierto, en el que participaron de forma paritaria las tres administraciones y la sociedad civil.
2. Mejorar la participación ciudadana en los asuntos públicos
Para alinear adecuadamente las expectativas de los ciudadanos con los resultados de la acción pública, es necesario incorporar tempranamente sus opiniones al desarrollo de políticas públicas.
Es recomendable sistematizar los instrumentos y procesos de participación para asegurar que se aproveche al máximo el potencial de las contribuciones ciudadanas a la toma de decisiones públicas.
3. Enfoque preventivo de la integridad en la actividad pública mediante el establecimiento de un estándar de debida diligencia
El objetivo es recopilar y sistematizar los principios de buen gobierno y buena administración aplicables a altos funcionarios, miembros del gabinete con cargos de confianza y funciones especiales de asesoría y empleados públicos, y establecer un estándar de debida diligencia que permita un enfoque preventivo para fortalecer la integridad pública.
4. Fortalecimiento de la prevención de conflictos de intereses
Las disposiciones reglamentarias tienen por objeto adaptar el régimen de conflictos de interés para altos funcionarios, personal eventual en puestos de especial confianza o funciones de asesoramiento político, personal directivo y empleados públicos del Estado. Esto implica una revisión de la normativa vigente para establecer un nuevo sistema de prevención de conflictos de interés, basado en las posibilidades de mejora identificadas en su aplicación y las demandas de la sociedad.
5. Rendición de cuentas por la acción gubernamental y la actividad administrativa
El objetivo es regular las obligaciones de rendición de cuentas tanto en relación con los compromisos asumidos en el parlamento como en los instrumentos de planificación estratégica u operativa.
Descripción breve
Se propone un enfoque regulatorio coherente y ambicioso que integra en un único proyecto de ley las diferentes dimensiones del gobierno abierto: transparencia, integridad, participación pública y rendición de cuentas.
Objetivos
1. Fortalecer la transparencia en materia de publicidad activa y el ejercicio del derecho de acceso.
La mejora del marco normativo aplicable a la transparencia en la actividad pública tiene como objetivo consolidar los avances logrados a lo largo de más de una década de implementación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la integración de las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos ratificado por España el 27 de septiembre de 2023 (Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009, BOE 23 de octubre de 2023), y la incorporación de las bases de reforma acordadas por el grupo de trabajo constituido en el seno del Foro de Gobierno Abierto en cumplimiento del compromiso reflejado en el IV Plan de Gobierno Abierto.
2. Consolidar una cultura de integridad pública.
En materia de integridad pública, los principios de buen gobierno y buena administración que rigen la conducta de los altos funcionarios, los miembros de gabinetes con funciones consultivas especiales, los altos directivos y los empleados públicos deben centrarse en fortalecer el régimen de prevención de conflictos de intereses y la dimensión preventiva de la integridad, incorporando las recomendaciones realizadas al efecto por diversos organismos internacionales, en particular las derivadas de las rondas de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.
3. Fomentar la participación pública.
La regulación de la participación ciudadana en los asuntos públicos y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil a nivel estatal se basa en el deber de la administración de promoverla. Al mismo tiempo, se amplía el espectro de decisiones públicas en las que debe fomentarse, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución, la legislación electoral, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la participación en la elaboración de normas mediante consulta previa y audiencia pública e información, así como los mecanismos establecidos por diversas leyes sectoriales. Se regulan los instrumentos de colaboración ya creados, como la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto y el Foro de Gobierno Abierto, y se establecen nuevos mecanismos y herramientas para canalizar la participación de las personas físicas y jurídicas en las decisiones públicas, con un enfoque inclusivo.
4. Garantizar la rendición de cuentas.
El objetivo de las disposiciones relativas a la rendición de cuentas a nivel estatal es regular la forma en que se implementa la información, tanto en relación con los compromisos asumidos en el parlamento o en los instrumentos de planificación estratégica, como en relación con la planificación operativa supervisada por las inspecciones generales de servicios.
5. Implementar una gobernanza efectiva y garantizar el cumplimiento normativo.
El reglamento también establece como objetivos primordiales la garantía del cumplimiento normativo y el fortalecimiento de un marco de gobernanza que asegure la implementación efectiva de los compromisos adquiridos.
¿Cómo contribuye la iniciativa a resolver el problema o satisfacer la necesidad?
Avanzar hacia una administración más abierta que fomente la confianza pública en los servicios públicos promoviendo la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación es una de las principales obligaciones de las autoridades públicas.
El diseño, adopción e implementación de las políticas públicas debe darse en este marco y guiarse por el interés general, a fin de que sirvan como garantía de los valores democráticos, base fundamental de un Estado social y democrático de derecho.
En este sentido, cabe destacar el Plan de Acción Nacional (PAN) para la Democracia, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2024, cuyo objetivo es fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de Derecho, combatir los riesgos que enfrentan las democracias y dotar a la sociedad española de mayores herramientas y capacidad para evaluar la actuación de las administraciones públicas. Esto facilita la labor ciudadana en la evaluación de la actuación de las administraciones públicas e implementa y amplía las recomendaciones adoptadas por la Comisión Europea en 2020 y 2023.
En consonancia con nuestro objetivo de lograr una democracia más transparente y responsable, el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2025, busca prevenir y combatir la corrupción mediante el fortalecimiento de los controles, el aumento de la transparencia y la mejora de la eficiencia en la gestión pública. El Plan se ha elaborado de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, la OCDE y la Comisión Europea. Además, incorpora valiosas contribuciones de la sociedad civil, a través del trabajo conjunto con el Foro de Gobierno Abierto, y de expertos de la División de Anticorrupción e Integridad de la OCDE.
Finalmente, el 21 de julio de 2025, la Ministra de Transformación Digital y Función Pública presentó la estrategia Consenso para el Gobierno Abierto, cuya hoja de ruta debe, entre otros objetivos, permitir unos servicios públicos más proactivos y generar una mayor confianza ciudadana. El documento de Consenso para una Administración Abierta puede consultarse en ar una mayor confianza de la ciudadanía. El documento de Consenso por una Administración Abierta puede consultarse en https://digital.gob.es/content/dam/portal-mtdfp/consenso-por-una-administraci%C3%B3n-abierta/CONSENSO_POR_UNA_ADMINISTRACION_ABIERTA.pdf.
Relevancia para los valores del gobierno abierto
La transparencia es uno de los pilares esenciales del gobierno abierto, a través del escrutinio por parte de la sociedad de la información pública.