Descripción
Este compromiso ha sido presentado al Reto Open Gov dentro del plan de acción de España 2025-2029, dentro de la categoría “Participación en Políticas” (Hito 1.7.2).
Explora el plan de acción completo: https://www.opengovpartnership.org/documents/spain-action-plan-2025-2029
Antecedentes
La Constitución Española reconoce el derecho de asociación de niños, niñas y adolescentes como un derecho fundamental. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños a formar asociaciones. El desarrollo de una normativa específica sobre asociaciones infantiles ya está previsto en el Plan Regulador Anual 2024 del Ministerio de Juventud e Infancia.
¿Cuál es el problema/necesidad que la iniciativa pretende resolver?
El objetivo es llenar el vacío actual en relación a las posibilidades de que las personas menores de 14 años formen asociaciones, así como una limitación para los menores de 12 años en las asociaciones de estudiantes.
Descripción breve
Desarrollo de una normativa específica que establezca un marco mínimo para las formas de asociación de menores en todo el país. Si bien se trata de una normativa de la Administración General del Estado, deben tenerse en cuenta las diversas normativas vigentes sobre esta materia en diversas comunidades autónomas.
Objetivos
- Regulaciones específicas
- Adaptación a las capacidades cognitivas de los niños
- Establecimiento de obligaciones específicas
¿Cómo contribuye la iniciativa a resolver el problema o satisfacer la necesidad?
Existe un vacío legal en cuanto a la posibilidad de que los menores de 14 años formen asociaciones, así como una restricción para los menores de 12 años en las asociaciones estudiantiles. Cuando los niños se asocian y disponen de herramientas, derechos y autonomía, pueden alcanzar grandes retos personales y colectivos y contribuir a una sociedad mejor.
Relevancia para los valores del gobierno abierto
La iniciativa refuerza los valores de la participación ciudadana y del espacio cívico, ya que existe una obligación por parte de los poderes públicos de escuchar a los niños, lo que incluye la atención a las formas de representación colectiva y a los organismos especializados.