Justicia abierta (HN0074)

ARCHIVO DIGITAL DE JUSTICIA ABIERTA PARA MAYOR TRANSPARENCIA EN EL PROCESO
Septiembre 01, 2018 - Septiembre 30, 2020
Institución responsable de la implementación: Corte Suprema de Justicia
¿Cuál es el problema que aborda el compromiso? La administración de justicia es uno de los pilares sobre los que descansa cualquier Estado de derecho. Para que funcione bien, los operadores judiciales deben ser honestos y transparentes, así como las instituciones responsables y que también respeten y cumplan con el deber de transparencia. Es necesario continuar fortaleciendo el Poder Judicial, haciéndolo más democrático, inclusivo y participativo; Esto disminuirá la opacidad que ha caracterizado la función judicial durante el siglo pasado y que aún enfrenta desafíos de mayor transparencia y apertura a la opinión pública. Continuar con el proceso de consolidación de un estado abierto que necesita estos procesos jurisdiccionales públicos, veredictos entendibles y publicados públicamente.
¿Cuál es el compromiso? Desarrollar estrategias abiertas de gobierno judicial que permitan que este poder del Estado trabaje en los valores de OGP; Transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnológica de manera colaborativa, en particular sobre el uso de tecnologías y la apertura de la información. Desarrollo del Archivo Digital, que garantiza una mayor transparencia y disminuye la corrupción y aumenta la confianza de la ciudadanía. Desarrollo de capacitación permanente para los operadores de justicia, sobre la importancia del Estado Abierto y su alcance y, finalmente, mecanismos o espacios de diálogo con los ciudadanos para ser responsables de las acciones, los principales logros y desafíos de la Justicia en el país.
¿Cómo contribuirá a resolver el problema? Los compromisos contemplados en esta política promueven un cambio cultural en El Poder Judicial, orientado a la apertura y transparencia de sus acciones, permitirá indagar sobre el estado actual de las acciones ejecutadas sobre el tema en las diferentes áreas de la institución. Esto se puede lograr a través de un liderazgo claro de la autoridad superior en este sentido, la capacitación de los recursos humanos, la separación entre las funciones administrativas y jurisdiccionales en los tribunales y entre otros, acciones valiosas que se suman para lograr una auténtica justicia abierta. Open Justice no implica una simple observación del público, sino una verdadera participación de los mismos, y comprende la importancia de dar acceso a los archivos.
¿Por qué es relevante para los valores de OGP? Transparencia; Poner a disposición de los ciudadanos herramientas y espacios de información, de fácil acceso que mejoren el conocimiento, lo que contribuirá a la difusión de información y a la promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Participacion ciudadana; ciudadanos empoderados en cada etapa del proceso, con espacios de interacción que favorecen la legalidad y la velocidad del proceso. Responsabilidad; La creación de un mecanismo para la rendición de cuentas que permita aumentar la confianza en la institucionalidad.
Innovación tecnológica; Este compromiso permite la creación de herramientas que faciliten el empoderamiento ciudadano de las acciones de la Corte Suprema de Justicia y logren una participación ciudadana activa.
Información adicional: Existe un vínculo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, cuyos objetivos se centran en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, el acceso a la justicia para todos y la creación de instituciones eficaces y transparentes.
Diseño e implementación de una plataforma para el monitoreo y monitoreo del archivo digital de los procesos judiciales con un enfoque de datos abiertos (Todas las oraciones deben ser publicadas).
Septiembre 01, 2018 - Agosto 31, 2020
Programa de capacitación permanente sobre los principios y prácticas de gobierno y justicia abierta en el personal de la Corte Suprema de Justicia.
Septiembre 01, 2018 - Agosto 31, 2020
Lleve a cabo dos ferias innovadoras de transparencia y rendición de cuentas de la Corte Suprema de Justicia cada año. Comunicación y publicación de boletines informativos del diario del Poder Judicial a través de pantallas electrónicas ubicadas en los diferentes tribunales de todo el país.

Septiembre 01, 2018 - Agosto 31, 2020
Reactivar la línea ciudadana "Justicia en acción" como mecanismo efectivo de diálogo abierto con los ciudadanos.
Septiembre 01, 2018 - Agosto 31, 2020
Diseñar y desarrollar una aplicación móvil con contenido informativo del Poder Judicial, y ponerla a disposición de los ciudadanos.
Septiembre 01, 2018 - Agosto 31, 2020
Extensión del Servicio Nacional de Habilitadores Judiciales, en todo el país, en beneficio de los ciudadanos.
Septiembre 01, 2018 - Agosto 31, 2020
Nombre de la persona a cargo: Rolando Argueta
Título y Departamento: Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Correo electrónico y número de teléfono: rargueta@csj.gob.hn
Otros actores: Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Sociedad Civil, población general, CAH, Facultades de Derecho de las diferentes universidades de Honduras.

15. Justicia Abierta –expediente digital mayor transparencia en el Proceso

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

“Desarrollar estrategias de gobierno judicial abierto que permita este poder del estado trabajar sobre los valores de OGP; Transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnológica en forma colaborativa, en particular sobre el uso de las tecnologías y apertura de la información. Desarrollo de expediente digital, lo que garantiza mayor transparencia y disminución de la corrupción y aumenta la confianza de la ciudadanía. Desarrollo de capacitaciones permanentes a los operadores de justicia, sobre la importancia del estado Abierto y su alcance y finalmente mecanismo o espacios de diálogo con la ciudadanía para rendir cuentas del accionar y principales logros y desafíos de la Justicia en el país. "

Hitos

1. Expediente Judicial Digital desarrollado e implementado en ciudades principales con enfoque de datos abiertos. (Todas las sentencias deben ser publicadas).
2. Programa de capacitación permanente sobre los principios y prácticas de gobierno y Justicia abierta con el personal de la Corte Suprema de Justicia.
3. Ampliación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales a todo el territorio nacional para el beneficio de las comunidades
4. Realizar dos Ferias Innovadoras de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Corte Suprema de Justicia cada año. Comunicación y divulgación de contenidos informativos del quehacer judicial a través de pantallas electrónicas de manejo y administración remota, ubicadas en los tribunales a nivel nacional; en relación a: 1. Agendas y calendarios de audiencias realizadas por Juzgados y Tribunales 2. Noticias relevantes de la semana 3. Boletines informativos

5 Reactivar la línea ciudadana "Justicia en Acción" como mecanismo efectivo de comunicación abierta con la ciudadanía

6 Diseño y desarrollo de la Aplicación móvil de contenidos informativos integrales del Poder Judicial a disposición de la ciudadanía.

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2018 Fecha de término: 31 de agosto de 2020

Para ver el texto completo del compromiso, por favor visite: https://bit.ly/31vuj61

Contexto y objetivos

El plan de acción identifica la necesidad de contar con operadores judiciales honestos y transparentes, así como que instituciones rindan cuentas y cumplan con sus responsabilidades de transparencia. Agrega que es necesario disminuir la opacidad que ha caracterizado a la función judicial, brindando mayor confianza en los procesos e incentivando la publicación de todas las sentencias [ 83 ]. Por tanto, el objetivo de este compromiso es aumentar los niveles de transparencia y acceder a la información en el sector judicial, a través del fortalecimiento de mecanismos actuales y desarrollo de nuevos.

El Poder Judicial implementará un formato de expediente judicial en formato de datos abiertos y un programa de capacitación sobre principios de Gobierno y justicia abierta, dirigido a empleados de la institución. De acuerdo con representantes de la institución, el expediente digital aumentará el acceso a más información y permitirá ahorrar recursos en tiempo, materiales y costos. Se podrán consultar sentencias con carácter firme o expedientes judiciales sobre cualquier rama del derecho, excluyendo los casos que posean reserva judicial. Al momento de diseñar el plan, la jurisprudencia de los casos resueltos en el país puede consultarse en el Sistema de Indexación Jurisprudencial [ 84 ]. Si bien el Poder Judicial reconoció que se han realizado acciones para transitar hacia el uso de un expediente digital, también comentaron que estos esfuerzos aún son pocos.

Además, se ampliará el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales a todo el territorio nacional. Este es un programa regional que comenzó en Honduras en 2013 con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde líderes comunitarios actúan como mediadores y conciliadores, para aliviar la carga de trabajo y costos a los tribunales. Posteriormente, estas conciliaciones son homologadas por un juez a través de un acta. Esto no incluye casos por delitos penales o crímenes graves. En junio de 2018, estaba presente en 14 de los 18 departamentos. [ 85 ]. Este compromiso ampliará dicho programa al resto de los departamentos.

Además, el Poder Judicial realizará dos ferias de transparencia y rendición de cuentas, para comunicar y divulgar el quehacer judicial, agendas y calendarios de audiencias, noticias y otra información relevante sobre los servicios gratuitos de la institución. También habilitará una línea de comunicación abierta entre la institución y la ciudadanía, denominada "Justicia en Acción", y diseñará una aplicación móvil con contenidos informativos sobre el Poder Judicial, para que las personas se informen, puedan interponer denuncias por abuso de autoridad o cualquier irregularidad dentro del proceso de aplicación de la justicia, y recibió retroalimentación sobre sus casos.

El más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para Honduras emite recomendaciones relevantes para el favorecimiento de la independencia del poder judicial y la selección y nombramiento de autoridades judiciales de alto nivel. Asimismo, detalla la urgencia de implementar reformas legales para garantizar un sistema de justicia independiente y efectivo, en especial para combatir la impunidad y la corrupción. El reporte hace mención a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y que, posteriormente, no han existido esfuerzos para establecer una estructura de gobierno independiente para el poder judicial [ 86 ].

El informe también detalla que, durante la más reciente elección del Fiscal General, en junio de 2018, no se aplicó el procedimiento legal requerido, que constituye en elegir al candidato más idóneo a partir de una lista desarrollada por una Junta de Proponentes. Al contrario, el reporte advierte que el proceso careció de transparencia y vigilancia pública; y no se encontró la observación de entidades nacionales e internacionales, como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACHHIH) y la Oficina del ACNUDH [ 87 ].

El compromiso contiene hitos lo suficientemente específicos para ser verificables. La iniciativa es relevante para el acceso a la información, dado que permitió la existencia de nueva y más información sobre el quehacer judicial, garantizando tanto el acceso a través de una aplicación móvil como en eventos para personas que tienen difícil acceso a internet o aplicaciones móviles . También es relevante para el valor de participación ciudadana, pues desarrollará y ampliará mecanismos actuales -por ejemplo “Justicia en Acción” y el desarrollo de la aplicación móvil- para que la ciudadanía brinde recomendaciones o participe de manera más activa en la vigilancia a la implementación de la justicia.

La iniciativa es innovadora en términos de implementar acciones en el sector judicial y publicar nueva información sobre el quehacer judicial. Supone también una apertura importante por parte del Poder Judicial ante el uso de nuevas tecnologías para publicar información sobre casos en desarrollo.

Ante el contexto nacional y específico de este compromiso, estas acciones son destacables, pero su alcance es limitado al no abordar los retos más prioritarios o las condiciones que han propiciado la más reciente crisis social y política y, en específico, en cuanto a la aplicación de la justicia en los casos retomados por el informe del ACNUDH. El investigador del IRM considera que el abordaje de estos temas debería ser una prioridad para las iniciativas de transparencia en el sector justicia, ya que contribuiría a evitar la repetición de los actos sucedidos durante la crisis y garantizaría el libre ejercicio de los derechos humanos en el futuro. Estos elementos son altamente relevantes para comprender y posicionar los esfuerzos para promover la transparencia en el Poder Judicial. Este análisis es coherente con lo expresado por organizaciones de la sociedad civil en la sección de contexto de este reporte, donde se destaca la importancia de aprovechar las oportunidades de OGP para abordar los temas más apremiantes de justicia y derechos humanos. Por tanto, su impacto potencial se califica como menor.

Siguientes pasos

El investigador del IRM recomienda incluir este compromiso en un próximo plan de acción, con el propósito de continuar los esfuerzos de aumentar la transparencia y acercar el quehacer judicial a la ciudadanía. Un compromiso podría incluir el aumento del acceso a la próxima información y la participación ciudadana en las elecciones de funcionarios de segundo grado, como la elección del fiscal general u otros servidores públicos.

Para mejorar la implementación, el investigador del IRM recomienda:

• Incorporar organizaciones de la sociedad civil, profesionales y academia en el desarrollo del expediente judicial digital, para contar con toda la experticia posible y asegurar la calidad necesaria en el diseño y publicación de los mismos.
• Vincular esta iniciativa al diseño y publicación del portal de datos abiertos, con el objetivo de consolidar la información y no replicar plataformas o fuentes de información que pueden causar confusión en la ciudadanía.

15. Justicia Abierta – expediente digital mayor transparencia en el proceso

Cumplimiento: Limitado

En septiembre de 2020, el Gobierno de Honduras finalizó la implementación del Curso de Justicia Abierta, impartido por la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro”, donde participaron más de 50 funcionarios judiciales. [ 43 ]. El investigador del IRM no encontró evidencia documental que compruebe que este curso se implementará de manera permanente, tal como establecía el compromiso.

En septiembre de 2021, el Poder Judicial puso en funcionamiento el Sistema de Expedientes Judiciales Electrónicos (SEJE), una plataforma virtual para la consulta de expedientes judiciales a nivel nacional, y que cualquiera de las partes involucradas en un proceso judicial puede utilizar. Desde su inicio, el sistema ha funcionado como una prueba piloto en juzgados con jurisdicción nacional en materia penal. [ 44 ].

El Gobierno también informó como completa la ampliación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, en las ciudades de Colón, Yoro, Puerto Cortés y aprobaciones para Puerto Lempira. Sin embargo, el investigador del IRM solamente pudo verificar la ampliación de este servicio en los departamentos de Yoro [ 45 ] y colón [ 46 ], en vez de todo el territorio nacional.

El Gobierno también informó como completa la implementación de al menos dos ferias anuales de transparencia y rendición de cuentas por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero el investigador del IRM no encontró información sobre el desarrollo de dichos eventos. Por otro lado, el Gobierno reportó como incompleto, en su informe de autoevaluación [ 47 ], el establecimiento de la línea ciudadana “Justicia en Acción”.