Participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones (ME0083)

Una breve descripción de la obligación

Esta obligación tiene por objeto aumentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, especialmente en aquellos directamente relacionados con la vida de los ciudadanos, con el fin de garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el trabajo de las instituciones.

Definiendo el problema

1. ¿Qué problema pretende solucionar esta obligación?

El problema que esta obligación pretende abordar se relaciona con la participación limitada e insuficientemente efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Entre los principales desafíos se encuentran la escasa transparencia en la administración pública, la falta de información disponible y oportuna, así como la deficiente comunicación entre la ciudadanía y las instituciones. Esta situación propicia una participación ciudadana formal en lugar de efectiva, lo que significa que, incluso cuando los ciudadanos participan en procesos consultivos, su influencia suele ser mínima o inexistente. Los problemas se reflejan principalmente en el desconocimiento de la ciudadanía sobre la celebración de consultas y debates públicos. No basta con publicar los anuncios únicamente en la página web de los ministerios, sino que es necesario difundirlos a través de otros canales de comunicación, redes sociales y medios de comunicación, de la forma más accesible posible para el público en general. Los problemas también se manifiestan en barreras técnicas y organizativas, como la insuficiencia de tiempo para las consultas, el uso insuficiente de las plataformas digitales disponibles para la participación ciudadana y las malas prácticas en la respuesta a sus comentarios y sugerencias.

El desafío identificado afecta a toda la ciudadanía, incluyendo a diferentes grupos de edad y sociodemográficos, con especial atención a los jóvenes y a los miembros de minorías nacionales, quienes a menudo permanecen marginados debido a barreras técnicas, educativas y culturales. Estos grupos tienen un acceso más difícil a la información y menos oportunidades de influir realmente en los procesos de toma de decisiones. El problema se presenta en diversas comunidades locales del país, lo que evidencia su prevalencia y carácter sistémico. La falta de información transparente, oportuna y de fácil acceso reduce aún más su capacidad para participar activamente. La sensación de distanciamiento y desconfianza hacia las instituciones se ve reforzada por la falta de respuesta a sus sugerencias y la percepción de que su participación no tiene un impacto real.

El problema en cuestión se arrastra desde hace mucho tiempo y es consecuencia de profundas deficiencias estructurales en materia de transparencia, infraestructura digital, marcos jurídicos y cultura laboral de las instituciones. Entre las barreras más básicas se encuentran el difícil acceso a la información electrónica debido a la falta de alfabetización digital y la ausencia de sitios web únicos y transparentes, mientras que en niveles superiores los desafíos incluyen la digitalización desigual de las instituciones, procedimientos obsoletos y un deficiente intercambio de documentos. Si bien se han observado avances significativos en la apertura de la administración pública y el aumento de la transparencia, la participación ciudadana sigue fluctuando y persisten las barreras.

El impacto del problema es constante, ya que la ciudadanía lleva mucho tiempo sin poder participar plenamente, lo que obstaculiza el desarrollo de los procesos democráticos y reduce la confianza en las instituciones públicas. Una solución permanente requiere un enfoque sistémico y multidimensional que incluya la adopción e implementación de marcos legales claros sobre el libre acceso a la información, la digitalización intensiva de los servicios públicos, la formación continua tanto de la ciudadanía como de los empleados del sector público, y el establecimiento de canales eficientes para la comunicación bidireccional y el intercambio transparente de datos.

Solo mediante un enfoque integral, que abarque medidas tecnológicas, legales, educativas y organizativas, se puede garantizar una participación ciudadana real, inclusiva y responsable en la toma de decisiones. Esto fortalece la capacidad democrática de la sociedad, aumenta la confianza en las instituciones y construye una administración pública abierta y transparente que respeta a sus ciudadanos y los involucra activamente.

2. ¿Cuáles son las causas del problema?

Un análisis del problema de la participación limitada e insuficientemente efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones, utilizando el método de los Cinco Porqués, indica lo siguiente:

¿Por qué la participación ciudadana es limitada e ineficiente?
Porque los ciudadanos rara vez reciben información oportuna y accesible sobre los procesos de toma de decisiones.

¿Por qué los ciudadanos no reciben información oportuna y accesible?
Porque las instituciones no publican datos de forma proactiva y transparente, de manera accesible y fácilmente visible para los ciudadanos, y la infraestructura digital está poco desarrollada.

¿Por qué las instituciones no publican datos de forma proactiva y por qué la infraestructura digital está tan poco desarrollada?
Debido a la aplicación inconsistente del marco legal vigente, las barreras técnicas y organizativas, incluidas las regulaciones que deben mejorarse de acuerdo con los estándares que permitan una mayor transparencia y accesibilidad del trabajo de la administración pública para los ciudadanos, las tecnologías obsoletas y las capacidades digitales desiguales.

¿Por qué existen tantos obstáculos legales, técnicos y organizativos?
Debido a que no se ha establecido un enfoque sistémico para la reforma, que incluiría la adopción de nuevas leyes, una digitalización intensiva y la formación de empleados y ciudadanos, la Estrategia de Reforma de la Administración Pública 2022-2026 prevé numerosas soluciones en materia de transparencia, pero su implementación es deficiente.

¿Por qué no se ha establecido un enfoque sistémico para la reforma?
Esto se debe a cierta resistencia a los cambios dentro de las instituciones, a la insuficiente voluntad política y a la falta de recursos para la aplicación coherente de las medidas necesarias.

En resumen, las principales causas de la participación pública limitada e ineficaz están relacionadas con la falta de transparencia y disponibilidad de información, una infraestructura digital insuficientemente desarrollada, deficiencias legales y organizativas, así como la falta de apoyo y voluntad para implementar reformas dentro de la administración pública.

Descripción de la obligación

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema?
En los últimos diez años, Montenegro ha reconocido la importancia de la transparencia en la administración pública y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, y ha puesto en marcha diversas reformas e iniciativas para resolver los problemas existentes. A pesar de las deficiencias estructurales que aún se observan, se han logrado algunos avances institucionales, legislativos y técnicos, en particular gracias a la cooperación con socios internacionales, la sociedad civil y las comunidades locales.

1. Marco legislativo y apoyo institucional
Uno de los pasos clave fue la adopción de la Ley de Libre Acceso a la Información, cuya implementación desempeñó un papel importante en la sensibilización sobre el derecho de los ciudadanos a la información. Sin embargo, la

La aplicación de esta ley enfrenta numerosos desafíos, y se están llevando a cabo actividades para revisarla y adaptarla a los estándares europeos. Al mismo tiempo, se está reformando la Ley de Autogobierno Local con el objetivo de fortalecer aún más la rendición de cuentas y la transparencia a nivel local.

2. Digitalización y progreso tecnológico
En el ámbito técnico, Montenegro ha creado un portal de gobierno electrónico y una plataforma de datos abiertos, data.gov.me, que permite la búsqueda electrónica y el acceso a determinadas bases de datos. Además, se han puesto en marcha proyectos piloto de transformación digital en varios municipios. Sin embargo, la infraestructura digital aún presenta un desarrollo desigual, y la interoperabilidad de los sistemas y la estandarización de los datos siguen siendo un obstáculo y no se encuentran en un nivel satisfactorio.

3. Desarrollo de capacidades y educación
En el marco de la cooperación con el Consejo de Europa y la UE, la organización ReSPA organizó capacitaciones y talleres para funcionarios públicos sobre transparencia y acceso a la información. Si bien estas actividades son importantes para fortalecer la capacidad administrativa, siguen siendo esporádicas y carecen de la coordinación necesaria, lo que limita su impacto. Es preciso institucionalizar los programas de capacitación y aumentar su frecuencia para conformar un equipo estable capaz de comunicarse de manera proactiva con la ciudadanía.

4. Transparencia presupuestaria e informes públicos
Según la Encuesta de Presupuesto Abierto (2023), Montenegro obtuvo resultados relativamente buenos en cuanto a transparencia presupuestaria, pero puntuaciones muy bajas (13/100) en lo que respecta a la participación ciudadana en los procesos presupuestarios. Estos resultados indican que la transparencia suele ser meramente formal, sin una participación real de la ciudadanía en las fases de planificación y control del gasto público.

2. ¿Qué solución se propone?

Mejorar lo ya hecho en Montenegro no implica adoptar enfoques completamente nuevos, sino profundizar, ampliar e integrar las herramientas y políticas existentes, haciendo hincapié en la calidad, la accesibilidad y la inclusión. Para garantizar la participación real, y no meramente declarativa, de la ciudadanía, es necesario abordar este reto mediante un enfoque integral y sistémico que integre medidas legales, tecnológicas, organizativas y educativas.

La creación de mecanismos para una participación ciudadana real requiere transformar las consultas formales existentes en procesos inclusivos, transparentes y bidireccionales. La inclusión y la accesibilidad digital siguen siendo cruciales. Si bien portales como el gobierno electrónico y data.gov.me constituyen un recurso importante, su uso debe adaptarse a todos los ciudadanos. El desarrollo de aplicaciones móviles, así como la instalación de puntos de información locales en comunidades con acceso a internet, pueden mejorar significativamente la igualdad de acceso a la información.

Uno de los pilares del cambio sostenible es la formación continua y el fortalecimiento de los recursos humanos. Los funcionarios públicos deben recibir capacitación obligatoria en transparencia, comunicación digital y gobernanza participativa, mientras que la ciudadanía, especialmente los jóvenes y los miembros de grupos marginados, debe empoderarse mediante talleres, campañas y educación cívica en programas de educación formal y no formal.

La evaluación y el seguimiento del progreso deben convertirse en una práctica habitual. La introducción de informes anuales de transparencia y participación, así como de mecanismos de seguimiento independientes que controlen indicadores específicos, permitirían una mejor evaluación del desempeño y la identificación de áreas de mejora.

3. ¿Qué resultados desea obtener con el cumplimiento de esta obligación?

La implementación de este compromiso busca mejorar la calidad y disponibilidad de los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, fortaleciendo la comunicación bidireccional y empoderando a la sociedad civil. El objetivo es crear un proceso de gobernanza más abierto, transparente e inclusivo, donde la ciudadanía tenga voz y voto en las políticas públicas. Se presta especial atención a la digitalización, la educación y la integración de buenas prácticas internacionales.

Análisis de obligaciones

1. ¿Cómo contribuye esto a promover la transparencia?

Este compromiso contribuirá directamente a una mayor transparencia, ya que implica el desarrollo de nuevas herramientas y plataformas públicas para la participación ciudadana, así como la mejora de las existentes, la publicación de información clara y accesible, y el establecimiento de mecanismos de retroalimentación. Esto permitirá que las decisiones de las instituciones sean visibles, comprensibles y sometidas al escrutinio público, lo que fortalece la confianza ciudadana y la rendición de cuentas de las autoridades. Con la introducción de informes periódicos y consultas abiertas, se podrá constatar cómo se tienen en cuenta las propuestas ciudadanas y cómo influyen en las políticas públicas.

2. ¿Cómo fomenta este trabajo la rendición de cuentas?

En concreto, esta obligación introduce herramientas y mecanismos concretos y estandariza las prácticas entre las instituciones, lo que reduce la fragmentación y un enfoque ad hoc, y centra la atención en el seguimiento y la evaluación, permitiendo así al público ver no solo si las instituciones están respondiendo, sino cómo y con qué efecto.
La implementación de este compromiso refuerza la rendición de cuentas política y operativa, ya que los compromisos adquiridos en el plan de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) se hacen públicos y medibles en el contexto internacional.

3. ¿Cómo mejora esta tarea la participación de los ciudadanos en la definición, implementación y seguimiento de las soluciones?

Con la introducción de nuevas herramientas participativas, los ciudadanos tendrán la oportunidad de influir de forma temprana y sustancial en la elaboración de políticas, programas y decisiones que les afectan directamente.
Al publicar de forma transparente los planes y actividades de las instituciones, los ciudadanos y el sector civil podrán supervisar cómo se implementan las decisiones en la práctica y, a través de canales de comunicación abiertos, podrán señalar problemas y sugerir correcciones sobre la marcha.
Al establecer mecanismos de retroalimentación bidireccional, los ciudadanos se convierten en agentes de monitoreo activos, y no solo en observadores pasivos del proceso.

Planificación del compromiso
Pasos clave: 1. Formación de un organismo interdepartamental para la participación ciudadana.
Resultados esperados: Un organismo establecido con el mandato de definir, coordinar y supervisar medidas para promover la participación ciudadana.
Plazo de finalización previsto: segundo trimestre de 2026
Partes interesadas: Coordinador: Ministerio de Administración Pública, OT Open Government Partnerships; Jugadores que apoyan la implementación: Gobierno: GSV; OCD: /; Segundo: /

Pasos clave: 2. Desarrollo y adopción de directrices y normas para las consultas ciudadanas.
Resultados esperados: Guía práctica para que las autoridades estatales y locales realicen consultas públicas (incluidos métodos en línea y presenciales).
Plazo de finalización previsto: segundo trimestre de 2026
Partes interesadas: Coordinador: Ministerio de Administración Pública; Actores que apoyan la implementación: Gobierno: GSV, Dirección de Recursos Humanos; OCD: Miembros de OT del sector de las ONG; Segundo: /

Pasos clave: 3. Organización de foros temáticos (en línea y presenciales) sobre políticas públicas.
Resultados esperados: Al menos 2 foros anuales con ciudadanos, representantes del gobierno y del sector civil, y grupos marginados (jóvenes, minorías, ciudadanos de zonas rurales (en línea y presencial)) sobre políticas públicas con el objetivo de garantizar un diálogo continuo entre los ciudadanos, la sociedad civil y las instituciones.
Plazo de finalización previsto: cuarto trimestre de 2029 (continuo)
Partes interesadas: Coordinador: Ministerio de Administración Pública; Actores que apoyan la implementación: Gobierno: Ministerios sectoriales, Centro de recursos; OCD: Miembros de OT del sector de las ONG; Segundo: /

Pasos clave: 4. Mejora del sistema de participación electrónica.
Resultados esperados: Panel de control en línea con un registro de
Plazo de finalización previsto: segundo trimestre de 2027
Partes interesadas: Coordinador: Ministerio de Administración Pública

Pasos clave: para monitorear y publicar la respuesta de las instituciones a las sugerencias de los ciudadanos, así como permitir que los ciudadanos envíen comentarios directamente a la plataforma.
Resultados esperados: comentarios recibidos y cómo se tuvieron en cuenta; porcentaje de consultas que informan públicamente sobre cómo se ha utilizado la contribución de los participantes; conjuntos de datos anonimizados sobre las entradas y los resultados de las consultas públicas publicados para su análisis público.
Plazo previsto de finalización:
Partes interesadas: Actores que apoyan la implementación: Gobierno: ; OCD: ; Segundo: /

Pasos clave: 5. Campañas de capacitación y desarrollo de capacidades para ciudadanos y funcionarios públicos.
Resultados esperados: Al menos 100 oficiales capacitados a través de seminarios, talleres y cursos en línea; al menos 500 ciudadanos capacitados a través de seminarios, talleres y cursos en línea.
Plazo de finalización previsto: cuarto trimestre de 2028 (continuo)
Partes interesadas: Coordinador: Ministerio de Administración Pública; Actores que apoyan la implementación: Gobierno: Dirección de Recursos Humanos; OCD: Miembros de OT del sector de las ONG; Segundo: Donantes - organizaciones internacionales