Washington, DC – Como director ejecutivo de la Open Government Partnership (OGP), me preocupan profundamente las aprensiones planteadas por las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay sobre el posible impacto de la “Ley de Control, Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones sin Fines de Lucro” sobre su capacidad de operar libremente y sobre los derechos fundamentales de asociación, expresión y privacidad.

Si bien reconocemos la importancia de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector sin fines de lucro, instamos a que los marcos regulatorios se desarrollen en asociación con las partes interesadas, asegurándose de que sean imparciales, transparentes y cuidadosamente elaborados para evitar restricciones no deseadas a las organizaciones de la sociedad civil. Como se observó en otros países miembros de la OGP donde se introdujeron leyes similares, los requisitos excesivos y las disposiciones ambiguas pueden imponer restricciones indebidas a la independencia y las operaciones de las OSC, y pueden conducir a restricciones arbitrarias que debiliten el papel de la sociedad civil en el fomento de la rendición de cuentas y el servicio a los ciudadanos.

En respuesta a las inquietudes expresadas, se puso en marcha el Protocolo de Respuesta Rápida de la OGP para examinar la situación de acuerdo con los valores fundamentales de la OGP. Aplaudo la disposición de la sociedad civil y de los representantes gubernamentales del poder ejecutivo para colaborar con la Unidad de Apoyo de la OGP en estos asuntos críticos.

En el espíritu de co-creación central del modelo OGP, aliento a todas las partes a buscar un diálogo abierto y constructivo para forjar un camino a seguir que proteja el papel esencial de la sociedad civil mientras se avanza en la agenda de gobierno abierto de Paraguay.

Desde que se unió a la OGP en 2011, Paraguay ha demostrado un fuerte compromiso con los principios de gobierno abierto. El gobierno ha trabajado en estrecha colaboración con la sociedad civil para desarrollar cinco planes de acción nacionales, promulgar leyes de transparencia y establecer foros para la interacción entre el gobierno y la sociedad civil. Estas iniciativas subrayan el compromiso de larga data de Paraguay con la defensa de las libertades fundamentales de expresión, asociación y participación, consagradas en la Declaración de Gobierno Abierto.

La OGP mantiene su compromiso de apoyar a Paraguay en la búsqueda de soluciones que protejan el espacio cívico y al mismo tiempo logren sus objetivos de transparencia. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con todas las partes interesadas para defender los valores que definen a la OGP y la trayectoria de gobierno abierto de Paraguay. La OGP está preparada para brindar el apoyo necesario para fomentar el diálogo y garantizar un proceso consultivo sólido, lo que incluye ofrecer buenas prácticas y, si resulta útil, facilitar la participación de los miembros del Comité Directivo (que representan tanto al gobierno como a la sociedad civil) que pueden ofrecer ideas y apoyar estos esfuerzos.