Cerrar la brecha para proteger los derechos ambientales
Cerrando la brecha para proteger los derechos ambientales
Este blog es parte de una serie de blogs temáticos producidos por Independent Reporting Mechanism (IRM) durante la Open Gov Week. Encuentra otros blogs de la serie aquí.
La necesidad de abordar el desarrollo sostenible y los problemas ambientales en América Latina se refleja cada vez más en la Open Government Partnership (OGP) planes de acción. Pero si bien la mayoría de los compromisos ambientales son ambiciosos y casi el doble de probabilidades de ser implementados con éxito, sus resultados rara vez abordan el objetivo principal de la Acuerdo de Escazú: proteger a los defensores ambientales. Enfocado en aumentar el acceso a los recursos ambientales. educaciónLa rendición de cuentas dentro del sistema de educación pública es clave para mejorar los resultados y logros, y la rendición de cuentas es casi imposible sin políticas transparentes y oportunidades de participación... y participacion ciudadanaDe acuerdo con los Artículos de Gobernanza de OGP, la participación ciudadana ocurre cuando "los gobiernos buscan movilizar a los ciudadanos para que participen en el debate público, brinden aportes y hagan contribuciones que conduzcan a m ... Más, estos compromisos rara vez contribuyen al cambio necesario en la relación entre las empresas, el gobierno y las comunidades y para garantizar la protección de los defensores ambientales.
Durante años, los defensores del medio ambiente han exigido al sector privado que respete los derechos de consentimiento y consulta de los ciudadanos afectados en el desarrollo de proyectos, y que los gobiernos garanticen las condiciones básicas para la protección de sus derechos. Sin embargo, los asesinatos de defensores del medio ambiente son en constante aumento, dos tercios de los cuales tienen lugar en América Latina.
Aquí hay una oportunidad perdida. OGP puede servir como un espacio para garantizar que los esfuerzos para mejorar la información, la participación y la rendición de cuentas se traduzcan en resultados concretos para abordar los problemas que enfrentan los defensores del medio ambiente. Para aquellos que buscan implementar iniciativas en esta área temática, las evaluaciones de los compromisos ambientales hechos por el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) de OGP brindan algunas lecciones aprendidas relevantes.
Un mayor acceso a la información es un requisito, pero no garantiza la influencia ciudadana en las decisiones que toman los gobiernos y las empresas.
Los compromisos asumen que la apertura de los datos ambientales y el intercambio de información contribuyen al monitoreo ciudadano y al control social. Sin embargo, carecen de actividades específicas para explicar cómo se utilizará la información compartida para garantizar un espacio seguro para que los defensores del medio ambiente ejerzan sus derechos.
Según el organismo estadounidense IRM y Secretaría Internacional de la EITI, desde 2013, el Instituto Hondureño de Geología y Minas ha mejorado la publicación de asuntos fiscales, licencias y catastros, datos de producción y exportación y pagos sociales voluntarios. Sin embargo, la participación ciudadana ha ido disminuyendo progresivamente debido a la disminución de la confianza. En 2019, el Relator Especial de la ONU alertó al Derechos humanosUna parte esencial del gobierno abierto incluye proteger las libertades y los derechos sagrados de todos los ciudadanos, incluidos los grupos más vulnerables, y responsabilizar a quienes violan los derechos humanos. T... Consejo que las personas defensoras de derechos humanos en Honduras se encuentran operando bajo un espacio cívico que está sujeto a graves violaciones y restricciones a los derechos civiles y políticos, lo que les impide trabajar en un ambiente seguro.
El Acuerdo de Escazú incluye disposiciones específicas para mejorar el medio ambiente y las relaciones entre las partes interesadas. El acuerdo destaca los tipos de datos que los gobiernos deben publicar para que la ciudadanía pueda monitorear de manera efectiva el proceso (por ejemplo licencias o permisos ambientales otorgados por las autoridades públicas; una lista estimada de residuos por tipo y, cuando sea posible, por volumen, ubicación y año; e información sobre la imposición de sanciones administrativas en materia ambiental). Además, los artículos 8 y 9 establecen principios y propuestas clave para garantizar el reconocimiento y la protección de las personas defensoras del medio ambiente, acceso a la justiciaLos sistemas de justicia accesibles, tanto formales como informales, garantizan que las personas y las comunidades con necesidades legales sepan adónde acudir en busca de ayuda, obtengan la ayuda que necesitan y se muevan a través de un sistema que... Másy mecanismos de investigación y sanción.
Una mayor participación ciudadana no siempre crea un espacio seguro para ejercer los derechos de los defensores del medio ambiente
Los compromisos tienden a crear herramientas para la participación abierta e inclusiva en asuntos ambientales, pero falta el siguiente paso. Por ejemplo, los compromisos no prevén una mayor equidad para la participación ciudadana ni aclaran el papel que juegan las empresas para mejorar justiciaPara abordar las barreras que impiden que los ciudadanos satisfagan sus necesidades de justicia, los gobiernos participantes de OGP están trabajando para ampliar la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión en todos los sistemas de justicia... condiciones y la protección de los defensores ambientales.
Compromiso número tres en el Perú Plan de acción 2017-2019 con el objetivo de fortalecer espacios de encuentro de los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil para aunar esfuerzos en el diseño, implementación y seguimiento de políticas ambientales. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente elaboró lineamientos para fortalecer el trabajo de los Consejos Ambientales Municipales y Regionales. Sin embargo, estos esfuerzos no se dirigió algunos de los desafíos identificados para el buen funcionamiento de estos consejos que muchas veces resultan en invitaciones inadecuadas a las reuniones y malas inclusiónLos gobiernos participantes de OGP están trabajando para crear gobiernos que realmente sirvan a todas las personas. Los compromisos en este ámbito pueden abordar personas con discapacidad, mujeres y niñas, lesbianas, gays, bisexuales, tr... de grupos y comunidades vulnerables afectados por decisiones ambientales, así como de los responsables de proyectos de desarrollo.
El Acuerdo de Escazú especifica qué momentos y para qué decisiones requieren la participación ciudadana. En él se articulan los momentos de alto riesgo que podrían resultar en conflicto social, la importancia de identificar a los actores que necesitan participar (como los afectados por un proyecto extractivo, en lugar de las organizaciones de la sociedad civil con sede en una ciudad capital), entre otros. Además, crear un espacio participativo no es suficiente; el acuerdo prevé el derecho a presentar observaciones y asegurar que se atiendan, y que la información incluya las áreas afectadas, el impacto ambiental y las medidas de mitigación, entre otras garantías.
El Acuerdo de Escazú le otorga a la región un marco regulatorio para ayudar a abordar estas dos lecciones aprendidas con pasos específicos y necesarios para abordar el cambio climático.
Para quienes buscan combatir el cambio climático y proteger a los defensores del medio ambiente, el vínculo entre el Acuerdo de Escazú y OGP es claro. OGP presenta una oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y la ciudadanía creen planes de acción efectivos que incluyan compromisos para garantizar un espacio para que los defensores humanos ejerzan sus derechos.
Este blog es parte de una serie de blogs temáticos producidos por el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) durante la Semana de Gobierno Abierto. Encuentra otros blogs de la serie aquí.
La importancia de los temas de desarrollo sostenible y medio ambiente en América Latina se refleja cada vez más en los planes de acción de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP). Pero aunque la mayoría de los compromisos sobre medio ambiente en la región son ambiciosos y tienen casi el doble de probabilidades de lograr una implementación exitosa, los resultados escasamente abordan el objetivo clave del Acuerdo de Escazú: la defensa y protección de defensores ambientales. Enfocados principalmente en incrementar el acceso a información ambiental y mejorar la participación ciudadana, estos compromisos rara vez contribuyen al cambio necesario en la relación entre las empresas, el gobierno y la comunidad y a garantizar la protección de los derechos de defensores ambientales.
Por años, los defensores ambientales han exigido al sector privado que respeten los derechos de consentimiento y consulta a los ciudadanos afectados por el desarrollo de sus proyectos, y a los estados, a que garanticen las condiciones básicas para la protección de sus derechos. Sin embargo, ha habido un incremento sostenido de asesinatos de defensores ambientalistas, de los cuales más de dos tercios ocurren en Latinoamérica.
Existe aquí una oportunidad perdida. OGP puede servir de espacio para que los esfuerzos por aumentar la información, participación y rendición de cuentas se traduzcan en resultados concretos que solucionen los problemas que enfrentan los defensores ambientales. Para quienes busquen impulsar iniciativas en este tema, las evaluaciones sobre los compromisos de medio ambiente del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM por sus siglas en inglés) de OGP dejan aprendizajes relevantes.
Mayor acceso a la información es un prerrequisito necesario pero no garantiza el seguimiento y la influencia del público sobre las decisiones de gobiernos y empresas.
Los compromisos contemplan que la apertura de datos ambientales y mayor difusión de la información contribuyan a la posibilidad de hacer seguimiento y ejercer control social. Sin embargo, no incluyen actividades que expliquen cómo la información publicada servirá para asegurar un entorno seguro en el que los defensores ambientales puedan ejercer sus derechos.
En Honduras, tanto el IRM como el Secretariado Internacional de EITI indican que, desde el 2013, el Instituto Hondureño de Geología y Minas ha mejorado la publicación y divulgación de información fiscal, licencias y catastros, datos de producción y exportación y pagos sociales voluntarios. Sin embargo, la participación de la ciudadanía ha disminuido progresivamente debido a la disminución en la confianza. En 2019, el Relator Especial de las Naciones Unidas destacó al Consejo de Derechos Humanos que los defensores de derechos humanos en Honduras están operando en un espacio cívico sujeto a graves violaciones y restricciones de los derechos civiles y políticos, que no permite que trabajen en un entorno seguro.
El Acuerdo de Escazú incluye disposiciones específicas para mejorar el entorno y relaciones entre actores. El Acuerdo destaca los tipos de datos que los gobiernos deben publicar para que la ciudadanía ejerza un rol de seguimiento efectivo (por ejemplo: “licencias o permisos ambientales otorgados por las autoridades públicas; listado estimado de residuos por tipo y, cuando sea posible, desagregado por volumen, localización y año; información respecto de la imposición de sanciones administrativas en asuntos ambientales; entre otros tipos de datos.) Más aún, los Artículos 8 y 9 destacan principios clave y propuestas para asegurar el reconocimiento y garantía de los derechos de defensores ambientales, el acceso a la justicia, y la creación de mecanismos de investigación y sanción.
Más participación ciudadana no siempre resulta en un entorno seguro para el ejercicio de los derechos de defensores ambientales.
Los compromisos tienden a ofrecer herramientas para una participación abierta e inclusiva en temas ambientales, pero falta ir un paso más allá. Por ejemplo, los compromisos no estipulan mejorar la equidad de condiciones entre la participación ciudadana y la de las empresas para mejorar las condiciones de justicia y protección de los defensores ambientales.
El compromiso 3 del plan de acción 2017-2019 de Perú, buscó el fortalecimiento de espacios que reúnan al sector público, privado y sociedad civil para concentrar esfuerzos en el diseño, implementación y seguimiento de políticas ambientales. Para ello, el Ministerio del Ambiente elaboró lineamientos para mejorar el funcionamiento de los ya existentes Consejos Ambientales Municipales y Regionales. Sin embargo estos esfuerzos no abordaron algunos de los retos para el buen funcionamiento de los consejos que muchas veces resultan en convocatorias irregulares a reuniones y la falta de inclusión de las personas vulnerables y afectadas por las decisiones ambientales así como los responsables de los proyectos de desarrollo.
El Acuerdo de Escazú define específicamente en qué momentos y para qué tipo de decisiones se requiere la participación ciudadana. Incluye detalles sobre los momentos con el mayor riesgo de derivar en conflictos sociales, la importancia de la identificación de quienes realmente deben participar (como los afectados en una comunidad por un proyecto extractivo, en vez de la sociedad civil en las ciudades capitales), entre otros. Además, no basta con generar el espacio de participación; el acuerdo dispone el derecho a presentar observaciones y que estas sean consideradas, que la información contenga en detalle las zonas afectadas, el impacto ambiental y las medidas de mitigación, entre otras garantías.
El Acuerdo de Escazú provee a la región un marco normativo que puede ayudar a abordar estos dos aprendizajes, con pasos específicos y necesarios para la lucha contra el cambio climático. Para quienes buscan avanzar en la lucha contra el cambio climático y la protección de defensores ambientales, el punto de encuentro entre el Acuerdo de Escazú y OGP es claro. OGP presenta la oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y la ciudadanía creen planes de acción efectivos y con compromisos que garanticen un entorno seguro para el ejercicio de los derechos de los defensores ambientales.
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