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Presentación de la métrica de gobierno abierto: un instrumento cuantitativo para medir la mejora en México

Joel Salas Suárez|

En 2016, México respaldó la Declaración de París de OGP por dos razones. Somos miembros fundadores de la Open Government Partnership (OGP), y por mandato legal, las instituciones públicas mexicanas deben realizar un gobierno abierto. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información establece que todas las instituciones públicas, sin importar su nivel o rama de gobierno, deben implementar políticas o programas de gobierno abierto. En nuestro país no es opcional, sino obligatorio poner en práctica los tres principios de gobierno abierto. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), es el organismo autónomo encargado de velar por el cumplimiento de esta ley.

México ha llevado a cabo iniciativas de gobierno abierto tanto a nivel federal (desde 2011) como local (desde 2015). El INAI sabía que durante los próximos cinco años, los resultados de los países de OGP serían evaluados, y que el progreso de México en la apertura de su gobierno necesitaba una línea de base e indicadores para identificar cómo las agencias públicas mexicanas estaban adoptando un gobierno abierto y para descubrir qué podría mejorarse. Para responder a estas preguntas, el INAI solicitó a un grupo de académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que desarrollaran un instrumento cuantitativo. Lo llamamos el Métrica de gobierno abierto.

¿Qué es esta métrica? Es un instrumento cuantitativo que mide los niveles de transparencia y participacion ciudadana en más de 900 agencias federales y locales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La métrica responde las siguientes preguntas tanto desde la perspectiva gubernamental como ciudadana: ¿cuánta información pública publican las agencias para dar cuenta de sus decisiones y acciones, y cuánto implementar mecanismos para incorporar las opiniones o propuestas ciudadanas en los asuntos públicos. No solo se evaluaron los marcos legales e institucionales, sino que se utilizó una técnica de “comprador secreto” para evaluar la capacidad de los ciudadanos para influir en la agenda pública.

¿Cómo mide esta métrica la capacidad de adoptar un gobierno abierto? Los expertos evaluaron el nivel de transparencia y de cada institución respondiendo a estas preguntas: ¿cumplen con las obligaciones legales de transparencia? ¿Publica información relevante de manera proactiva? ¿Publican? datos abiertos? El equipo de investigación también evaluó la utilidad de la información pública para los ciudadanos comunes: ¿era accesible y responsable? En cuanto al nivel de participación ciudadana, los expertos se hicieron estas preguntas: ¿Existe un mecanismo de participación ciudadana en cada organismo? ¿Qué tan cercana es la interacción entre los ciudadanos y la agencia? ¿Se transmiten las propuestas u opiniones de los ciudadanos y con qué rapidez se transmite esa información a los tomadores de decisiones? Finalmente, se construyeron subíndices para las dimensiones de transparencia y participación ciudadana, así como un índice general de gobierno abierto. Las puntuaciones van de 0 (mínimo) a 1 (máximo). Los avances en el acceso a la información son notables, pero existen importantes áreas de oportunidad en la participación ciudadana. La metodología puede ser replicada y ajustada en otros países.

La métrica ha demostrado lo que tenemos que mejorar para impulsar una agenda nacional para un gobierno abierto. En los últimos tres años, el INAI se concentró en promover e implementar un gobierno abierto a nivel subnacional en México, y creemos que se está consolidando un movimiento nacional. Estamos pasando de una teoría o paradigma administrativo abstracto a un movimiento que tiene resultados prácticos identificables. Las instituciones públicas de todos los niveles y ramas del gobierno, organismos autónomos, organizaciones sociales y actores independientes se están involucrando gradualmente en iniciativas de gobierno abierto en todo el país. Somos optimistas de que dentro de cinco años, la métrica confirmará el progreso de la tasa en la apertura de los gobiernos de México.

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