Sinergias entre el Acuerdo de Escazú y el gobierno abierto para fortalecer la democracia ambiental en las Américas
Sinergias entre el Acuerdo de Escazú y gobierno abierto para fortalecer la democracia ambiental en las Américas
Los países de América Latina y el Caribe están comprometidos con la implementación de políticas de gobierno abierto para fortalecer transparenciaDe acuerdo con los Artículos de Gobernanza de OGP, la transparencia ocurre cuando "la información en poder del gobierno (incluidas las actividades y decisiones) es abierta, completa, oportuna y está disponible gratuitamente para el público... Más en la gestión pública, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privadoLos gobiernos también están trabajando para abrir las prácticas del sector privado, incluso a través de la transparencia de los beneficiarios reales, la contratación abierta y la regulación de los estándares ambientales. Especificaciones técnicas....
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha apoyado y alentado un cambio de paradigma en la administración pública hacia Estados abiertos. A través de su Instituto de Planificación Económica y Social (ILPES) y el División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, la CEPAL ha facilitado activamente instancias abiertas y colaborativas y ha apoyado la creación de capacidadMejorar las habilidades, capacidades y procesos de los servidores públicos, la sociedad civil y los ciudadanos es esencial para lograr resultados duraderos en la apertura del gobierno. Especificaciones técnicas: Conjunto de ac... abrir y aumentar la transparencia de las instituciones públicas.
Fortalecer las instituciones es clave para mejorar la gobernabilidad en los asuntos públicos, lo que a su vez es crucial para mejorar justiciaPara abordar las barreras que impiden que los ciudadanos satisfagan sus necesidades de justicia, los gobiernos participantes de OGP están trabajando para ampliar la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión en todos los sistemas de justicia..., igualdad y sostenibilidad en las tres dimensiones del desarrollo: social, económica y ambiental.
En marzo de 4, 2018, el Acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) fue respaldado en Escazú, Costa Rica. El acuerdo debe ser firmado y ratificado por los países 33 de la región. El Acuerdo requiere que al menos las ratificaciones 11 entren en vigencia.
El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para garantizar la aplicación de principios de gobierno abierto (transparencia, participación y colaboración) en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos que tienen impacto ambiental. El objetivo es garantizar condiciones seguras y equitativas para ejercer los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental.
También se centra en garantizar la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos, con énfasis en los grupos vulnerables, sin dejar a nadie atrás. Campaña de inclusión y género de OGP Romper los roles evoca esta misma noción y llama a la inclusiónLos gobiernos participantes de OGP están trabajando para crear gobiernos que realmente sirvan a todas las personas. Los compromisos en este ámbito pueden abordar personas con discapacidad, mujeres y niñas, lesbianas, gays, bisexuales, tr... de todos los ciudadanos y garantizar la igualdad de condiciones en los procesos de gobierno abierto para que reformas y acuerdos como el de Escazú reflejen sus intereses y necesidades.
Los países que suscriban el Acuerdo de Escazú definirán mecanismos, políticas y estrategias para garantizar la aplicación de sus disposiciones. Se crearán sinergias entre decisiones tomadas con importantes participación públicaBrindar a los ciudadanos la oportunidad de contribuir a la toma de decisiones del gobierno conduce a una gobernanza más eficaz, una mejor prestación de servicios públicos y resultados más equitativos. Especificaciones técnicas... en la primera Conferencia de las Partes -principal mecanismo de implementación del Acuerdo- y el gobierno abierto plan de acciónLos planes de acción son el núcleo de la participación de un gobierno en OGP. Son el producto de un proceso de co-creación en el que el gobierno y la sociedad civil desarrollan conjuntamente compromisos de gobierno abierto... proceso de cocreaciónLa colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas (p. ej., ciudadanos, académicos, sector privado) está en el centro del proceso de OGP. Los gobiernos participantes deben garantizar que una inmersión... de las Open Government PartnershipEl Open Government Partnership (OGP) es una iniciativa de múltiples partes interesadas enfocada en mejorar la transparencia del gobierno, garantizar oportunidades para la participación ciudadana en asuntos públicos y fortalecer... Más.
Los compromisos bajo OGP y el Acuerdo de Escazú se complementan y se refuerzan mutuamente. Las herramientas, mecanismos, instrumentos y plataformas de transparencia, participación y colaboración relacionados con el proceso de creación conjunta del plan de acción de gobierno abierto contribuyen a la implementación del Acuerdo de Escazú. A su vez, el acuerdo de Escazú proporciona estándares regionales sobre información, participación y justicia en asuntos ambientales que pueden beneficiar enormemente a OGP.
El Acuerdo de Escazú contribuye a una administración ambiental transparente, participativa y justa, fomentando la buena gobernanza y el desarrollo sostenible, y avanzando en la implementación de Agenda 2030 y la Objetivos de Desarrollo SostenibleLos países de OGP están experimentando con innovaciones de gobierno abierto para acelerar el progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 16+, que incluye sociedades pacíficas, justas e inclusivas.... Al igual que los planes de acción de gobierno abierto, el Acuerdo contribuye a profundizar las democracias y la cohesión social en la región, generando confianza en la toma de decisiones públicas y eliminando desigualdades.
Los países de América Latina y el Caribe están comprometidos con la implementación de políticas de gobierno abierto para fortalecer la transparencia en la gestión pública, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración entre gobierno, sociedad civil y sector privado.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas ha acompañado e impulsado el cambio de paradigma de gestión pública hacia el Estado abierto. A través del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, ha tenido un rol activo como facilitador de instancias abiertas y colaborativas, y ha apoyado el fortalecimiento de capacidades institucionales para abrir y transparentar las instituciones públicas.
Fortalecer la institucionalidad es un aspecto clave para mejorar la gobernanza en los asuntos públicos, que es indispensable para alcanzar la justicia, la igualdad y la sostenibilidad del desarrollo en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental.
El 4 de marzo de 2018 fue adoptado, de forma abierta y participativa, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”) en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Se encuentra abierto a la firma y ratificación de los 33 países de la región, requiriendo un mínimo de 11 ratificaciones para entrar en vigor.
El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para garantizar la práctica de los principios del gobierno abierto –transparencia, participación y colaboración- en el diagnóstico, la formulación, el seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos con impacto ambiental; garantizando a la ciudadanía condiciones seguras y equitativas para ejercer los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.
Se enfoca además en asegurar la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos, prestando especial atención a las personas y grupos vulnerables y buscando no dejar a nadie atrás. La campaña de género e inclusión de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) Break the Roles evoca esta misma noción y hace un llamado a incluir a la ciudadanía y garantizar igualdad de condiciones en los procesos de gobierno abierto, para que las reformas y acuerdos como el de Escazú reflejen sus intereses y necesidades.
Los Estados partes del Acuerdo de Escazú deberán definir mecanismos, políticas y estrategias que garanticen la aplicación de las disposiciones del Acuerdo. Es aquí donde se hace evidente la sinergia entre las decisiones que se tomarán, con una significativa participación del público, en la Primera Conferencia de las Partes –principal mecanismo de implementación del Acuerdo- y el proceso de co-creación de planes de acción de gobierno abierto en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Los compromisos asumidos en el marco de OGP y del Acuerdo de Escazú se complementan y refuerzan mutuamente. Las herramientas, mecanismos, instrumentos y plataformas de transparencia, participación y colaboración que constituyen el proceso de co-creación de planes de acción de gobierno abierto, contribuyen a la implementación del Acuerdo de Escazú. Del mismo modo, el Acuerdo de Escazú ofrece estándares regionales en materia de información, participación y justicia en asuntos ambientales de gran utilidad para la Alianza para el Gobierno Abierto.
El Acuerdo de Escazú fortalece una gestión ambiental transparente, participativa y justa, favoreciendo la buena gobernanza y la sostenibilidad del desarrollo, contribuyendo de esta forma a la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al igual que los planes de acción de gobierno abierto, también aporta a la profundización las democracias y la cohesión social en la región, generando confianza en las decisiones públicas y eliminando asimetrías.
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