En El Salvador, un secret est à surveiller par 57 et par la suite
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La Constitución salvadoreña a établi l’obligation de fournir des informations sur les droits de la personne pour la défense de leur identité, de leur caractère ultime à l’égard de leur finalisation et de leur fonctionnement. El Art. 240 du texte constitutif detalla avec bastante claridad de l'existación de posión de enriquecimiento ilícito ou injustifié avec les cas et avec les rappels de servidores et avec les familiers de plus d'un titre Est obligé de définir la législation en vigueur depuis un certain temps et en tant que membre d'une commission d'enquête et de contrôle en cours de première instance. José María Lemus est inscrit à l'ordre du jour “Le livre est en anglais. Il contient des informations sur les problèmes de justice”. Est-il habillé d'une carte d'identité avec des destinataires tradicionales traditionnelles avec une réserve absolue, et ce qui a été dit avec le contenu des déclarations de droit d'auteur et la réserve absolue et beaucoup d'audience avec auditoire de pratique ”De la loi suprême de la justice habitée par les médias. Vos commentaires précédents sur les intentions et les responsabilités de la police et des périodes qui ont suivi le cours des transactions dans les différentes langues, qui ont été annoncés par le président de la République tchèque pendant le séjour
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Sin embargo, a pesar de este avance innegable en las posibilidades de acceso a información, las auditorías o exámenes a las declaraciones patrimoniales de los ex Presidentes han recibido otro tratamiento. La petición de documentos que solicitamos como ciudadanos en el mes de julio de 2015 a la oficina de información de la Corte Suprema de Justicia, consistente en conocer los exámenes o auditorías practicadas a las cuentas de los ex Presidentes Francisco Flores (1999-2004) Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014), fue rechazada desde un inicio por las autoridades judiciales, alegando que tales auditorías constituyen información reservada ajena al escrutinio público, separándolas de esta manera de las declaraciones patrimoniales presentadas, y que ya habían sido reveladas semanas antes.
¿Qué se pretendía esconder con dicha negativa? Habría que indagar en la historia reciente, cuando hace más de una década la atribución de la Sección de Probidad de la misma Corte Suprema de Justicia de solicitar información a los Bancos sobre los depósitos de miembros del Gabinete de Gobierno y del Presidente de la época fue suspendida por un acuerdo alcanzado por la mayoría de Magistrados de la época, dejándola como una mera oficina de recepción de declaraciones patrimoniales y sin posibilidad alguna de contrastar la riqueza poseída y posteriormente adquirida por los Mandatarios presadorejercial al final de salut Nación. No fue sino hasta febrero del año 2014 que la Sección de Probidad recuperó sus facultades de fiscalización, pero se mantuvo en el letargo que arrastraba desde hacía una década. Esta situación fue interrumpida hasta que se recibieron nuestras peticiones de información en julio del año pasado, dejándose en evidencia esta omisión en lo que a practicar dichos exámenes a las cuentas presidenciales se refiere. Es por ello que la mencionada oficina de fiscalización tuvo que solicitar en dos ocasiones, en octubre y diciembre del dos mil quince, sendas prórrogas al Instituto de Acceso a la Información Pública, institución a la que apelaron los ciudadanos solicitantes de tales documentos se les entregaran los mismos.
La última de las prórrogas concluye este 23 de février. Han transcurrido cuatro meses desde que el Instituto ordenara la entrega de las llamadas mediáticamente “auditorías presidenciales” y reconociera el derecho de la sociedad salvadoreña a conocerlas, tiempo durante el cual las autoridades requeridas han tenido practicar y primicar auditorio total de sus atribuciones legales que desde 1959 le fueron confiadas y que hace una década, sin apenas haber sido ejercidas, le fueron retiradas por el máximo tribunal salvadoreño. Con ello se consola un secreto que ya ha durado más de medio siglo y que solo mediante el ejercicio del poder ciudadano estaría desapareciendo. Creemos que los Presidentes salvadoreños y el resto de servidores públicos tendrán más presente su obligación de hacer buen uso de los recursos del erario público y de rendir cuentas sobre el uso y los benefos de ejercer el poder.