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Informe de diseño de México 2019-2021

El diseño del cuarto plan de acción de México, completado bajo una nueva administración federal, produjo un progreso significativo. Se retomó el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil, se establecieron dos mecanismos diversos y participativos para la creación de compromisos y el foro generó planes detallados para el cumplimiento de los compromisos. Los compromisos abordan diversos temas que son centrales para la agenda pública, relevantes para el gobierno abierto y marginalmente enfocados en la rendición de cuentas. Este avance se logró a pesar de los limitados recursos asignados al proceso. En el futuro, México podría tomar medidas para ampliar la participación e incluir sectores adicionales.

Tabla 1. De un vistazo

Miembro desde: 2011

Plan de acción bajo revisión: 4 (2019-2021)

Tipo de informe: diseño

Número de compromisos: 13

Desarrollo del plan de acción:

¿Hay un foro de múltiples partes interesadas? si

Nivel de influencia pública: colaboración

Actuó en contra del proceso de OGP: no

Diseño del plan de acción

Compromisos: 13

Relevante para los valores OGP 13 (100%)

Transformador 4 (31%)

Potencialmente estrellas: 4 (31%)

El Open Government Partnership (OGP) es una asociación global que reúne a reformadores gubernamentales y líderes de la sociedad civil para crear planes de acción que hagan que los gobiernos sean más inclusivos, receptivos y responsables. El Mecanismo de Reporte Independiente (MRI) monitorea todos los planes de acción para asegurar que los gobiernos cumplan con sus compromisos. México se unió a OGP en 2011. Desde entonces, México ha implementado tres planes de acción. Este informe evalúa el diseño del cuarto plan de acción de México.

Resumen general del plan de acción

El diseño del cuarto plan de acción de México se completó bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. México cuenta con un sólido marco regulatorio e institucional sobre acceso a la información y ha tenido un buen desempeño en términos de gobierno abierto, datos abiertos y transparencia presupuestaria. Sin embargo, el país aún enfrenta desafíos con respecto a la protección de los derechos humanos y el espacio cívico. A pesar de avanzar en su marco regulatorio, México no ha avanzado significativamente en la agenda anticorrupción, como lo muestran diversas métricas internacionales, en las que el país ocupa un lugar más bajo que otros en la región.

En este contexto, el diseño del cuarto plan de acción generó mejoras relevantes, en comparación con procesos anteriores. En este ciclo se retomó el diálogo con el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil, interrumpido en el plan anterior. Las nuevas autoridades de la Secretaría de la Administración Pública (organismo encargado del proceso OGP) facilitaron el diálogo, y también participó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El proceso fue liderado por el Comité Coordinador de Open Government Partnership.

El desarrollo del plan de acción incluyó valiosas innovaciones. Primero, el plan se desarrolló a través de varios pasos sistemáticos e inclusivos. Un elemento que se destaca es una etapa para diseñar planes de acción detallados para mejorar la factibilidad y orientar la implementación de los compromisos, tal como lo recomiendan los informes anteriores del MRI. En segundo lugar, la co-creación de compromisos incluyó dos tipos de espacios: uno para la consulta pública y otro para propuestas proactivas de compromisos por parte de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. El proceso también incluyó “pruebas” para los comités de cocreación y talleres sobre igualdad de género y la Agenda 2030 en un esfuerzo por ampliar el compromiso y la diversidad de los participantes.

Como resultado del proceso, se asumieron trece compromisos, seis que surgieron del proceso de consulta pública (conocidos como compromisos co-creados en el plan de acción) y siete que fueron generados de manera proactiva por representantes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. En ambos casos, la mayoría de los compromisos son ambiciosos, consistentes con la agenda pública nacional y temáticamente diversos (incluyendo áreas temáticas como política social, cuidado, derechos sexuales y reproductivos, desarrollo sostenible, control de armas y gobierno abierto). Si bien muchos temas se trasladaron del plan de acción anterior, los compromisos actuales son más detallados e incluyen esfuerzos para incorporar la perspectiva de género. En el futuro, el proceso se beneficiaría de fortalecer el elemento de rendición de cuentas y en lugar de centrarse en el acceso a la información y la participación.

Este avance se logró a pesar de los limitados recursos asignados al proceso en México. En el futuro, además de aumentar estos recursos, el proceso se beneficiaría de la creación de herramientas para involucrar a las partes interesadas que aún no han participado, pero cuyas voces son relevantes.

Tabla 2. Compromisos notables

Descripción del compromiso Avanzando Estado al final del ciclo de implementación
1. Gasto abierto y responsable en programas sociales

Implementar un proyecto en cinco programas sociales aumentando la trazabilidad del gasto público a través de mecanismos de participación ciudadana; identificar riesgos y corrupción potencial; e iniciar acusaciones cuando surjan irregularidades.

 

 

Como parte de la implementación de este compromiso, el Gobierno debe garantizar el uso de información desagregada. Será fundamental una fuerte coordinación interinstitucional, dada la variedad de actores involucrados, así como el respeto de los ambiciosos esquemas de participación social que se propusieron. Nota: esto se evaluará al final del ciclo del plan de acción.
9. Transparencia para el seguimiento y control de los fondos fiduciarios

Diseñar e implementar una estrategia proactiva de transparencia, seguimiento y control ciudadano para fortalecer la rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos operados a través de fideicomisos públicos, así como fondos privados que utilizan recursos públicos o contratos analógicos para combatir la corrupción.

Considerando las medidas tomadas para eliminar todos los fondos fiduciarios públicos, el IRM recomienda aprovechar el grupo de trabajo de OGP como un espacio de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno (incluidas las agencias a cargo de administrar y controlar los fondos fiduciarios como la SHCP) para garantizar la transparencia en torno a toma de decisiones con respecto a los fondos fiduciarios. Nota: esto se evaluará al final del ciclo del plan de acción.
10. Fortalecimiento de la transparencia en torno a la ordenación de los bosques, el agua y los recursos pesqueros

Implementar las recomendaciones del Índice Índice de Transparencia de los Recursos Naturales y crear grupos para monitorear la transparencia de los sectores hídrico, forestal y pesquero.

El Gobierno podría considerar, además de mejorar la calidad de la información pública, diseñar mecanismos que aseguren que las propuestas creadas como parte de este compromiso incidan en las políticas públicas, aumentando así la participación ciudadana en la toma de decisiones. Nota: esto se evaluará al final del ciclo del plan de acción.
12. Flujo de transparencia de armas y control de armas

Diseñar e implementar una estrategia de transparencia proactiva para dar visibilidad y mejorar la calidad de la información pública sobre el flujo de armas hacia, dentro y desde México, fortaleciendo la rendición de cuentas.

El Gobierno podría enfocarse en incrementar el nivel de ambición en lo que se refiere a la participación, por ejemplo, estableciendo un diálogo más permanente entre Gobierno y sociedad civil, no solo para controlar el cumplimiento de los acuerdos de transparencia proactiva sino también para la toma de decisiones de política pública. soluciones. Nota: esto se evaluará al final del ciclo del plan de acción.
7. Control democrático de la interceptación de comunicaciones privadas

Establecer un mecanismo formal de participación multisectorial para analizar, discutir, diseñar y evaluar políticas públicas de uso de tecnología para interceptar comunicaciones privadas, acceso a datos y geoposicionamiento, respetando los derechos humanos y el mal uso de esta tecnología por parte de las instituciones gubernamentales.

El investigador del MRI recomienda conformar un comité permanente con representantes del Gobierno, sociedad civil y expertos para dar continuidad al proceso iniciado por este compromiso.

 

Como parte del Open Response + Open Recovery, la investigadora recomienda aprovechar el espacio que abre la implementación de este compromiso para regular democráticamente los datos recolectados como parte del control del COVID-19, en el espíritu de protección de los derechos humanos.

Nota: esto se evaluará al final del ciclo del plan de acción.

 

Recomendaciones

Las recomendaciones de IRM tienen como objetivo informar el desarrollo del próximo plan de acción y guiar la implementación del plan de acción actual. Consulte la Sección V: Recomendaciones generales para obtener más detalles sobre cada una de las siguientes recomendaciones.

Tabla 3. Cinco recomendaciones clave de IRM

1 Diseñar una estrategia para ampliar la participación de los sectores que no se han involucrado en el proceso, particularmente la ciudadanía, el sector privado, el Poder Judicial y el Legislativo.
2 Asegurar la participación de entidades gubernamentales clave en la creación e implementación de compromisos, así como los recursos necesarios para incrementar la inclusión y la deliberación efectiva en los próximos planes de acción.
3 Incrementar la especificidad de los mecanismos de participación ciudadana a implementar.
4 Asegurar que los compromisos dirigidos a incrementar la rendición de cuentas garanticen la capacidad de respuesta del Gobierno a las demandas de la sociedad civil y la ciudadanía.
5 Reflexionar sobre el enfoque del plan de acción actual y los desafíos planteados por la pandemia, y considerar reforzar la implementación de los compromisos de relevancia nacional, por ejemplo, la reconstrucción de los sectores y servicios que serán más afectados por las crisis sanitaria y económica. .

 

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