Diagnóstico Penitenciario Federal (AR0088)

• Lecciones de los reformadores: transparencia y rendición de cuentas en las cárceles (1 de diciembre de 2020)

• Informe Anual 2020Datos Abiertos de Prisiones y Veeduría de la Sociedad Civil en Argentina (23 de marzo de 2021)

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
El monitoreo de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad (PPL) es un componente crítico para construir comunidades más democráticas. La falta de información sobre el funcionamiento de las cárceles y la vida intramural afecta el ejercicio de los derechos de PPL y el acceso tanto al conocimiento como a la supervisión por parte de la sociedad civil. La información oficial no es confiable dado que, al producirla, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) puede influir en la veracidad de los datos proporcionados por el PPL. La falta de relevancia en la producción de información y su mala actualización se suman a los obstáculos estructurales que obstaculizan la participación de la sociedad civil en la producción de información. Del mismo modo, aunque las instituciones de supervisión y la comunidad académica producen y publican informes y bases de datos, no logran su difusión. e impacto en la agenda de políticas públicas.

¿Cuál es el compromiso?
El compromiso consiste en llevar a cabo un Diagnóstico Penitenciario Nacional (DNP) de todos los centros de detención que conforman el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a través del diseño, desarrollo e implementación de una metodología colaborativa y reutilizable. Esto se construirá junto con organizaciones de la sociedad civil (OSC) y permitirá la visibilidad de la vida intramural a través de la producción de información, en algunos casos inédita, de manera sistemática, comparable y oportuna.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?
El DNP generará información con una perspectiva de derechos humanos, que se actualizará anualmente. En este sentido, la fuente principal serán los testimonios de PPL, que es una contribución sustancial para comprender las características principales de la vida intramural. La producción y publicación de esta información será un aporte valioso para las autoridades públicas, las organizaciones de derechos humanos, así como para diferentes partes interesadas interesadas en el tema para diseñar políticas públicas basadas en evidencia con una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP?
El compromiso es relevante para la participación ciudadana, ya que involucra a la sociedad civil, expertos y académicos en el diseño y la creación conjunta de la metodología DNP que hará visibles las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. También contribuye a la transparencia al facilitar el acceso a información clave para el ejercicio de los derechos de PPL y para la supervisión ciudadana. Se generará y publicará nueva información, de mejor calidad que la existente, y en formatos abiertos. De esta manera, se fortalecerá la transparencia en la administración y la gobernanza de las cárceles federales.

Información Adicional
El compromiso está vinculado al ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles.

10. Diagnóstico penitenciario federal

El compromiso consiste en realizar un Diagnóstico Nacional Penitenciario (DNP) de la totalidad de los centros de reclusión que componen el Sistema Penitenciario Federal (SPF), a través del diseño, desarrollo e implementación de una metodología colaborativa -con organizaciones de sociedad civil (OSC) ) - y reutilizable, que permite visibilizar la vida intramuros a partir de la producción de información, en algunos casos inédita, de manera sistemática, comparable y oportuna.

Objetivo principal

Producir información con perspectiva de derechos humanos, actualizada anualmente, […] para [alimentar] el diseño de políticas públicas basado en evidencia empírica con perspectiva de derechos.

Hitos

10.1 Diseño y cocreación de la metodología e instrumento de relevancia en forma conjunta con sociedad civil, expertos y academia.

10.2 Prueba piloto (testeo del instrumento) y generación de espacios de diálogo con OSC para definir los eventuales ajustes de la herramienta.

10.3 Producción de la información (trabajo de campo en los 34 establecimientos que integran el Sistema Penitenciario Federal) y procesamiento de los datos.

10.4 Publicación y presentación del Diagnóstico Nacional Penitenciario (informe de resultados) y apertura de la base de datos en formatos abiertos.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Analisis del compromiso

La formulación de este compromiso parte de la constatación de que, además de estar dispersa y desactualizada, la información acerca de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, que se supone debe guiar las políticas públicas en la materia, es poco confiable . Ello se debe a que su recolección, en manos del propio Servicio Penitenciario Federal (SPF), carece de un lente de derechos humanos, es poco pertinente y deficiente actualización y no captura cabalmente las perspectivas y experiencias de las personas privadas de la libertad.

El compromiso, en manos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), busca subsanar esas deficiencias mediante la producción de información de calidad, de actualización anual y con perspectiva de derechos humanos, que pueda usar como insumo para el diseño de políticas públicas sobre temas penitenciarios. Dicha información surgirá de la administración de una herramienta de Diagnóstico Nacional Penitenciario (DNP) en los 34 centros de reclusión que componen el SPF. La herramienta será diseñada, desarrollada e implementada colaborativamente con la sociedad civil, la academia y personas expertas en la materia.

Si bien el texto no lo explícito, la investigadora del IRM destaca que este compromiso se coloca en continuidad con iniciativas previas mediante las cuales la PPN ha utilizado el paradigma de gobierno abierto para promover los derechos humanos en su ámbito de actuación. De hecho, la PPN participó en el plan de acción anterior con un compromiso que redundó en la creación de un Laboratorio de Innovación de Organismos Garantes de Derechos y de Control Externo [ 46 ].

El compromiso es verificable porque todos sus hitos se corresponden con actividades y entregables observables. Efectivamente, las actividades propuestas para cumplir el objetivo planteado incluyen el establecimiento de un espacio de trabajo con la sociedad civil, la cocreación del instrumento de relevamiento, su prueba piloto y su posterior utilización en todos los establecimientos del SPF; y el procesamiento de los datos recopilados, su presentación bajo la forma de un informe y la apertura de la información en formatos abiertos.

El compromiso es relevante para los valores de participación ciudadana y acceso a la información tal como los definen OGP. En efecto, en primer lugar, busca generar espacios de trabajo con sociedad civil y otras partes interesadas, para que ellos contribuyan a dar una dirección al proceso; y, en segundo lugar, apunta a generar y poner a disposición del público (y de la propia burocracia estatal) informaciones hoy inexistentes y necesarias para la toma de decisiones y el monitoreo de las políticas públicas.

El compromiso fue incluido en el plan de acción porque se proponía como respuesta a un problema destacado en la agenda de derechos a nivel nacional y poco tratado desde una perspectiva de gobierno abierto, en torno del cual existe una demanda procedente de OSC de derechos humanos. Se estimó que estas organizaciones estaban en condiciones de participar de los procesos contemplados en el compromiso y de hacer buen uso de los datos resultantes de su implementación en su labor de incidencia en políticas públicas.

La situación de derechos humanos en las cárceles argentinas es preocupante. La violencia que experimentan y protagonizan las personas privadas de la libertad es denunciada con frecuencia. En 2017, el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa ” [ 47 ]. En 2018, tras una visita oficial al país, el Relator Especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, documentó una situación generalizada de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad y carcelarias, así como sus enormes de impunidad [ 48 ].

En este contexto, la disponibilidad de información “sistemática, comparable y oportuna”, tal como lo expresa el texto del compromiso, es fundamental como punto de partida para que estos problemas pueden ser abordados desde la política pública. Y para que sean abordados desde una perspectiva de derechos humanos, además, es clave el involucramiento de la sociedad civil, la academia y otros expertos en el tema, en condiciones de aportar sus conocimientos especializados a la vez que de ejercer un rol de control y Monitoreo.

Ambos elementos son contemplados en el compromiso. Sin embargo, sus alcances no son fáciles de dilucidar de antemano, dado que su formulación ofrece poco detalle en relación con las características de los “espacios de diálogo con OSC” y la profundidad de los procesos de cocreación que se piensa encarar, así como de las informaciones que serán recogidas y puestas a disposición del público como resultado de la aplicación de la herramienta de recolección de datos resultantes de la mencionada labor de cocreación.

El compromiso no ofrece indicios en relación con el tipo de metodología que se utilizará para el relevamiento, el grado de cobertura y la representatividad de la muestra, y la existencia o no de mecanismos para hacer del estudio de diagnóstico producido en el curso de la implementación del compromiso un insumo para la confección de políticas públicas en el área. Sin embargo, tal como está formulado, supone –en palabras del representante de una OSC que intervino en su formulación– “un avance en materia de información penitenciaria hoy inexistente”, lo cual “es mucho para [un] sector” históricamente hermético al escrutinio público. Dadas las deficiencias de la información oficial actualmente disponible, en parte debidas a que ella es recolectada por el propio SFP, de ser implementado en su totalidad el compromiso tendrá, cuanto menos, un impacto moderado. Es importante señalar que, en caso de que su implementación busque alcanzar los estándares más rigurosos, cabe la posibilidad de que el impacto efectivo del compromiso acabe siendo transformador [ 49 ].

Compromiso 10. Diagnóstico federal penitenciario

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierta? Sí

● Potencial para obtener resultados: moderado

● Cumplimiento: limitado

● ¿Abrió el Gobierno? Sin resultados iniciales para reportar

Desde una organización que participó de la cocreación de este compromiso se informó que no había constancia de que se hubiera implementado, lo que se atribuyó en primer lugar al cambio de Gobierno producido en diciembre de 2019 y adicionalmente a la pandemia, que según la organización consultada Se volvió imposible el relevamiento en las cárceles. [ 22 ].

Sin embargo, la evidencia disponible indica que el relevancia y el diagnóstico sí fueron realizados, solo que con retrasos y en ausencia de la sociedad civil. En efecto, no hubo reuniones de trabajo con la sociedad civil, ni siquiera de carácter virtual; en cambio, tuvieron lugar reuniones internas para la discusión del instrumento metodológico para la realización del relevamiento, tras lo cual se realizaron las pruebas piloto y se refinaron los instrumentos de recolección de datos que luego se procedió a aplicar en todas las unidades carcelarias que componen el sistema penitenciario federal. Dado que hasta agosto de 2021 las condiciones sanitarias no permitieron el ingreso a las unidades carcelarias, el relevamiento no estuvo concluido a la fecha de cierre del período de implementación, por lo cual solo se cuenta con un informe preliminar en borrador y la base de datos. comprometido aún no se encuentra publicado.

El funcionario a cargo del compromiso [ 23 ] coinciden en que éste no fue implementado en su totalidad, y explica que ello se debió, por un lado, a las demoras resultantes de la pandemia y, por el otro, a que en el proceso se ampliaron las dimensiones del trabajo a realizar, ya que la obtención del Fondo Especial OPCAT de las Naciones Unidas resultó en la extensión del relevamiento a todos los centros de reclusión. Señala asimismo que la implementación del compromiso produjo importantes resultados preliminares en materia de política penitenciaria, en particular en relación con la fijación de cupos para los establecimientos penitenciarios y la fijación de estándares para las condiciones de detención.

Sin embargo, los logros obtenidos no se vinculan con avances en la apertura del Gobierno. El compromiso fue originalmente evaluado como relevante para los valores de participación ciudadana y acceso a la información en virtud de dos componentes – el trabajo conjunto con la sociedad civil y la publicación del Diagnóstico Nacional Penitenciario y de la base de datos en formato abierto – que no se concretaron. En ese sentido no hay resultados para destacar: la implementación del compromiso no ha producido hasta ahora ningún cambio positivo en materia de apertura gubernamental.