Justicia abierta en la Oficina del Defensor Público (CL0053)

Nombre del compromiso: Justicia Abierta en la Defensoría Penal Pública
Plazo de ejecución: 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020
Institución o actor responsable de la
implementación
Defensoría Penal Pública
Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?
Distintos estudios han determinado el bajo nivel de conocimiento que
tienen los ciudadanos en Chile sobre sus derechos frente al sistema de
justicia y los movimientos de acción de sus actores, lo cual se traduce en baja
confianza y satisfacción respecto a la justicia.
El Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DESUC),
en conjunto con la Defensoría Penal Pública, en 2018 afectados un
estudio cuantitativo a nivel país en el cual destaca un alto grado de
desinformación y desconfianza frente al sistema, problemática que
desde la institución se busca resolver a través de la propuesta de Justicia
Abierta En este sentido, se incluyen datos como:
- La ciudadanía evalúa a la justicia otorgándole solo una nota 3,2
(de un máximo de 7).
- El 71% de los ciudadanos piensa que la justicia no es igual para
todos, mientras que el 15% estima que las condenas aplicadas a
los imputados son correctos.
- El 87% de la ciudadanía piensa que es importante que exista una
institución que defienda a personas imputadas.
- Respeto a los atributos que más valorarían de un servicio de
defensa penal, el 29% considera que lo más importante es que
le expliquen de manera clara su situación, seguido por 25% que
considera que lo más relevante es contar con profesionales
que tengan experiencia.
- El 62% dice conocer la Defensoría Penal Pública y de ellos 49%
puede describir su función principal de "describir que toda
Persona imputada por un delito cuente con un abogado
defensor ".
En la misma línea, las mesas de co-creación realizadas en el país expresan
que el sistema de justicia entrega poca información, en formatos poco
claros y amigables lo que influye en la baja compresión respecto de su
quehacer y la desconfianza en las instituciones. También se representa
que se perciben baja coordinación y articulación entre los actores del
sistema, así como escasa articulación operativa. Igualmente, otro
elemento que aparece es la baja educación y formación ciudadana en el
ámbito de los derechos.
Con esto lo que se quiere abordar es el desconocimiento que existe en
general con la población en temas de justicia, y por otra parte fomentar
La participación y formación ciudadana en esta materia. ¿Cuál es el compromiso? Acercar la justicia a la ciudadanía a través de la democratización el
conocimiento de los derechos de los ciudadanos en materia penal, así
como aclarar y transparentar los distintos roles de los actores del sistema
de justicia, para mejorar la confianza en las instituciones y fortalecer el
Estado de Derecho y la paz social.
Esto a través de mesas de participación ciudadana, participación del
programa de lenguaje claro, implementación de datos abiertos,
estrategias de atención de usuarios.
¿Cómo contribuir a resolver la
problemática?
La propuesta Justicia Abierta busca acercar el sistema de justicia a las
personas, a través de la creación de una mesa coordinación entre los
actores del sistema, mediante la cual se establezcan líneas de
comunicación con acciones conjuntas, que afectan transparentar el
quehacer de las instituciones y facilitar la comprensión del sistema,
además de realizar educación en derechos.
Respecto a la Defensoría Penal Pública, la institución además llevará a
cabo un programa integral de mejoramiento de los distintos soportes,
formatos y puntos de contacto mediante los cuales el servicio se
relaciona con sus usuarios y viceversa, otros actores del sistema de
justicia y la sociedad en su conjunto.
La base de este programa es que para velar por la dignidad y los derechos
humanos de todas las personas y necesitan acceso a la justicia a
aquellos en situación de especial preocupación, es necesario que la
ciudadanía conozca y ejerza su derecho a la defensa.
Para ello, se contemplan acciones que abordan dos ejes ciudadanos
definido en el marco del Gobierno Abierto:
- Eje 1: "Empoderamiento Ciudadano"
- Producto: Mesa de coordinación institucional para una
Justica Abierta.
Conformación de mesa de trabajo donde las
instituciones públicas del sistema de justicia puedan
acordar acciones comunicacionales conjuntas que
difusión una mejor y mayor difusión de los roles del
sistema, sus actores y derechos ciudadanos (talleres,
campañas, ferias de difusión, encuestas, entre otros).

- Producto: Programa de lenguaje claro.
Elaboración de Programa de contenidos que permiten
que las personas con sus distintas características
(migrantes, jóvenes, pueblos originarios, personas
privadas de libertad, minorías sexuales y personas con
capacidades diferentes y ciudadanía en general)
podemos conocer y exigir sus derechos en el ámbito
penal. Estos contenidos serán difundidos a través de
diversos soportes y canales como cápsulas
audiovisuales para redes sociales y web. Al mismo
tiempo, considera el rediseño de la web institucional que jerarquizará sus contenidos para hacer más
accesible a los usuarios.

- Producto: Datos abiertos.
Implementación de una plataforma digital participativa
donde organizaciones, ciudadanía y usuarios, pueden
acceder a información de manera clara (en términos
gráficos y en formatos abiertos como CSV) sobre el
quehacer de la DPP en materia de estadísticas, política
institucional, presupuestos, contratos y otras
informaciones relevantes del servicio.
Esta plataforma también implica un espacio interactivo
de participación y retroalimentación ciudadana, en
donde se proponga qué datos se desean conocer.

- Producto: Estrategia multicanal de atención al usuario.
Fortalecimiento de atención al usuario (con especial
foco en migrantes, integrantes de pueblos originarios,
jóvenes y personas privadas de libertad) a través de
todos los puntos de contacto (presencial y virtual),
brindando información en línea sobre causas, así como
ubicación de oficinas y agendamiento de entrevistas
con el defensor asignado.

- Eje 2: “Retroalimentación del Servicio”
- Producto: Política de Gobierno Abierto.
Co-creación con funcionarios de la Defensoría de un
documento con principios y valores que regirán en la
institución para la aplicación concreta del plan de
Gobierno Abierto enfocado en el derecho a la defensa
jurídica. Esta política será difundida en toda la
institución a lo largo del país, con el fin que cada
funcionario y funcionaria sepa cómo puede contribuir,
desde una perspectiva de gobierno abierto, a
necesitamos el acceso igualitario a la justicia y la dignidad
de las personas.
¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?
El compromiso de “Justicia Abierta” está fundado en los principios de
Gobierno Abierto:
- Transparencia: El proyecto está enfocado para abrir datos y acercar
la justicia a la ciudadanía.
- Colaboración: Comienza con la co-creación de la política de
gobierno abierto junto a todos los funcionarios y operativos
de la institución.
- Participación ciudadana: La propuesta incluye un rol activo de
nuestros usuarios, nuestras demandas se verán plasmadas en
nuevos canales de comunicación y contenidos.
- Innovación: Se considera la aplicación de nuevas tecnologías
que empoderen al ciudadano en el conocimiento y ejercicio de
sus derechos fundamentales. Información adicional El compromiso de Justicia Abierta comprende acercar el derecho a la
defensa a la comunidad, a través de la aplicación de los principios de
transparencia, colaboración, participación e innovación, para contribuir al
cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 16 de las Naciones
Unidas, el cual, dentro de sus objetivos específicos está orientado a
"Garantizar el acceso a la justicia para todos".
Para lograr que existan sociedades pacíficas, justas e inclusivas, se hacen
propias las metas específicas del objetivo precedentemente
mencionado, las cuales buscan:
- 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacionales e
internacional y relativa a la igualdad de acceso a la justicia para
todos.
- 16.7. Garantizar en todos los niveles la toma de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades de las personas.
- 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.
El proyecto cuenta con la voluntad y respaldo institucional para su
ejecución (estructura organizacional y factibilidad presupuestaria), con el
fin de contribuir a modernizar a la justicia chilena para ponerla al día con
los desafíos de transparencia que impone la sociedad actual.
Asimismo, el proyecto de Gobierno Abierto se enmarca en dos de los
cuatro objetivos estratégicos de la institución, orientados a “[m] ejorar
continuamente la calidad del servicio brindado, a través de la
especialización de la prestación de defensa penal, la optimización de los
mecanismos de evaluación y control, y con orientación a la atención al
usuario "ya" [f] ortalecer la difusión de derechos y rol de la Defensoría
Penal Pública a la comunidad, en el marco del sistema de justicia criminal,
a través de la gestión del conocimiento y su política comunicacional ",
respectivamente.
La Defensoría Penal Pública de Chile es líder en la región, siendo Chile
uno de los países pioneros en América Latina en el desarrollo de una
institucionalidad centrada en detectar el derecho a defensa y de un
trabajo sinérgico en rojo. En esa línea, el Defensor Nacional, Andrés
Mahnke, liderada como Coordinador General de la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), que agrupa a más de 10
mil defensores públicos de la región. La Defensoría Penal Pública forma
parte del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur
(Blodepm).
La Defensoría es reconocidamente una institución de excelencia. Ha sido
finalista en los últimos años en el Premio Anual de la Excelencia
Institucional, siendo merecedora de este reconocimiento en 2014,
cuando destacó por la mejora en sus tiempos de respuesta a usuarios en
tramitación de reclamos, buen ambiente laboral, procesos transparentes
y participación funcionalia. Actividad y producto entregable Fecha de inicio Fecha de término
Política de Gobierno Abierto 1 de enero de 2019 31 de diciembre de 2019
Conformación de mesa de coordinación
para Justicia Abierta
1 de enero de 2019 31 de diciembre de 2019
Programa de lenguaje claro 1 de enero de 2019 31 de diciembre de 2019
Datos abiertos 1 de enero de 2019 31 de diciembre de 2019
Estrategia multicanal de atención al
usuario
1 de enero de 2019 31 de diciembre de 2020
Información de contacto
Nombre de la persona responsable Javiera Nazif Muñoz
Título, Departamento Jefa de Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana de la
Defensoría Penal Pública
Correo electrónico y teléfono [email protected] / + 56224396862 / + 56224396883
Otros actores
involucrados
Actores de
Gobierno
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y
Transparencia
OSC, sector
privado,
organizaciones
multilaterales
grupos de trabajo
- Consejo de la sociedad civil de la Defensoría Penal Pública
- Consejos de la sociedad civil de los actores elegidos en el
cuadro anterior
- Asociaciones de funcionarios de la Defensoría Penal Pública
- Contar con el apoyo técnico de la Red de Lenguaje Claro,
fundamental para el buen desarrollo de este compromiso

3. Justicia Abierta en la Defensoría Penal Pública

¿Cuál es el compromiso?

Acercar la justicia a la ciudadanía a través de la democratización el conocimiento de los derechos de los ciudadanos en materia penal, así como aclarar y transparentar los distintos roles de los actores del sistema de justicia, para mejorar la confianza en las instituciones y fortalecer el Estado de Derecho y la paz social.

Esto a través de mesas de participación ciudadana, incorporación del programa de lenguaje claro, implementación de datos abiertos, estrategias de atención de usuarios.

¿Cómo contribuir a resolver la problematica?

Para ello, se contemplan acciones que abordan dos ejes definidos en el marco del Gobierno Abierto:

- Eje 1: “Empoderamiento Ciudadano” - Producto: Mesa de coordinación institucional para una Justica Abierta. Conformación de mesa de trabajo donde las instituciones públicas del sistema de justicia pueden acordar acciones comunicacionales conjuntas que lograr una mejor y mayor difusión de los roles del sistema, sus actores y derechos ciudadanos (talleres, campañas, ferias de difusión, encuestas, entre otros) .

- Producto: Programa de lenguaje claro. Elaboración de Programa de contenidos que permite que las personas con sus distintas características (migrantes, jóvenes, pueblos originarios, personas privadas de libertad, minorías sexuales y personas con capacidades diferentes y ciudadanía en general) puedan conocer y exigir sus derechos en el ámbito penal. Estos contenidos serán difundidos a través de diversos soportes y canales como cápsulas audiovisuales para redes sociales y web. Al mismo tiempo, se considera el rediseño de la web institucional que jerarquizará sus contenidos para hacerla más accesible a los usuarios.

- Producto: Datos abiertos. Implementación de una plataforma digital participativa donde organizaciones, ciudadanía y usuarios, podrán acceder a información de manera clara (en términos gráficos y en formatos abiertos como CSV) sobre el quehacer de la DPP en materia de estadísticas, política institucional, presupuestos, contratos y otros informaciones relevantes del servicio. Esta plataforma también implica un espacio interactivo de participación y retroalimentación ciudadana, en donde se proponga qué datos se desean conocer.

- Producto: Estrategia multicanal de atención al usuario. Fortalecimiento de atención al usuario (con especial foco en migrantes, integrantes de pueblos originarios, jóvenes y personas privadas de libertad) a través de todos los puntos de contacto (presencial y virtual), brindando información en línea sobre causas, así como ubicación de oficinas y agendamiento de entrevistas con el defensor asignado.

- Eje 2: “Retroalimentación del Servicio” - Producto: Política de Gobierno Abierto. Co-creación con funcionarios de la Defensoría de un documento con principios y valores que regirán en la institución para la aplicación concreta del plan de Gobierno Abierto enfocado en el derecho a la defensa jurídica. Esta política será difundida en toda la institución a lo largo del país, con el fin de que cada funcionario y funcionaria sepa cómo puede aportar, desde una perspectiva de gobierno abierto, a garantizar el acceso igualitario a la justicia y la dignidad de las personas.

Hits y Actividades:

• Politica de Gobierno Abierto
• Conformación de mesa de coordinación para Justicia Abierta
• Programa de lenguaje claro
• Datos abiertos
• Estrategia multicanal de atencion al usuario [ 7 ]

Institución o actor responsable de la implementación: Defensoría Penal Pública

Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2018 Fecha de término: 31 de diciembre de 2020

Contexto y objetivos

En un contexto de baja confianza en las instituciones (ver Sección II sobre el contexto nacional), donde además, según información de la Defensoría Penal Pública (DPP), existe un alto descrédito de la Rama Judicial y una baja creencia en la imparcialidad de la Justicia [ 8 ], el DPP adopta este compromiso de Justicia Abierta, el cual busca generar una estrategia que busque acercar a la ciudadanía al Poder Judicial en su conjunto.

Para ello se proponen varias acciones: la creación de una Política de Justicia Abierta de la DPP (documento interno de principios y valores); la conformación de una Mesa de Coordinación con otras entidades de la Rama Judicial (como el Ministerio de Justicia y la Corporación de Asistencia Judicial); la implementación de programas de lenguaje claro y de atención ciudadana; y la creación de un portal de cara a la ciudadanía con datos abiertos. Dado que se busca generar lineamientos internos para mejorar la calidad de la información a recibir por la ciudadanía, este compromiso es relevante para el principio de acceso a la información. Es también relevante para el principio de participación ciudadana, aunque se limita a la construcción de un espacio que permitirá la retroalimentación ciudadana sobre los datos que deberían ser publicados. El texto del compromiso no plantea la participación ciudadana o de organizaciones de sociedad civil en las mesas de coordinación institucional o en la creación de la Política de Gobierno Abierto para el sector justicia.

El texto del compromiso es extenso, específico y claro, además de contar con productos concretos que permiten que sea verificable.

En cuanto a su impacto potencial, aunque todos los entrevistados de la Mesa de Gobierno Abierto [ 9 ] (Funcionarios como organizaciones sociales) subrayaron la importancia de contar con una entidad de la Rama Judicial en este Plan de Acción, sus comentarios sobre el impacto de este compromiso fueron variados. La funcionaria de gobierno entrevistada y el consultor del BID subrayaaron la importancia de este primer paso como un cambio sustancial en la Justicia, mientras que los representantes de sociedad civil y academia, así como el representante del PNUD, mencionaron que esta iniciativa debe ser liderada por el Ministerio de Justicia, y no por la DPP, para que tuviera un impacto real y no se quedara en la formalidad.

Aun así, la encargada del compromiso menciona que el Ministerio sí estaría involucrado a través de la mesa de coordinación. [ 10 ], lo cual podría darle un impulso importante al proyecto. En todo caso, es un primer paso que podría iniciar un cambio sustancial en la forma como la ciudadanía acceder a la información de la Rama Judicial, aunque al no ser liderado por el Ministerio podría perder capacidad de influencia en los otros estamentos de la Justicia. Se considera entonces que su impacto potencial, en la forma actual del compromiso, es menor.

Siguientes pasos

Para el investigador del MRI, el principal reto que enfrenta este compromiso es el poco liderazgo que parece haber adoptado el Ministerio de Justicia en la estrategia, lo cual reduce su potencial de impacto. También sería aconsejable que los lineamientos internos y el trabajo de datos abiertos del compromiso incluyeran temas de acceso a la justicia (en las competencias de la DPP), al mismo tiempo que estos esfuerzos podrían apoyarse en el trabajo de organizaciones sociales expertas en la materia ( Transparencia Internacional, Ciudadanía Inteligente, etc.).

Otro punto que podría mejorarse es ampliar los mecanismos de participación más allá de las solicitudes de información y la atención al ciudadano, lo cual podría ampliar con una mayor participación de la ciudadanía en la implementación de estas medidas, a través de encuentros ciudadanos, cuentas públicas o talleres de formación y construcción de capacidades con población específica. Con esto, se podría incrementar el impacto y se aprovecharían aún más los esfuerzos realizados.

3. Justicia Abierta en la Defensoría Penal Pública

Sustancial [ 8 ]

El compromiso tuvo un nivel de implementación sustancial, en particular en relación con sus componentes más relevantes para el vínculo con la ciudadanía. Como resultado de su implementación, la Defensoría se integró a la Red de Lenguaje Claro y avanzó en la capacitación de funcionarios. [ 9 ]. En el marco del compromiso de apertura de datos, se publicaron informaciones sobre las causas ingresadas [ 10 ] y también se creó la plataforma Mi Defensoría [ 11 ].

Los hitos 1 y 2, en contraste, quedaron incompletos, ya que, si bien se realizaron 17 talleres en distintas regiones, no hay evidencia de que como resultado de ellos se haya procedido a la confección y difusión del documento marco comprometido. Asimismo, aunque efectivamente se realizaron las reuniones preparatorias para el establecimiento de una mesa de coordinación interinstitucional, no se abandonará dicha mesa instalada y en funcionamiento.

La responsable del compromiso de garantía: “la mayor complejidad fue poder avanzar con otros servicios y poderes del Estado en el establecimiento de una mesa interinstitucional, lo cual tuvo que ver con la contingencia que afectó al país principalmente impacto del estallido social y la pandemia en el sistema de justicia”. Asimismo, destacó: “resultados favorables respecto del mejoramiento del posicionamiento institucional y cercanía con las personas” [ 12 ].

En efecto, la implementación del compromiso resultó en un cambio positivo, aunque marginal, en la apertura de gobierno, en la medida en que puso a disposición de la ciudadanía información clave para navegar el sistema de justicia penal y acceder a servicios de asistencia jurídica. un paso importante para derribar una de las múltiples barreras para el acceso efectivo a la justicia de los sectores vulnerables en Chile.