Monitoreo Participativo de Convenios Anticorrupción (GT0118)

¿Cuál es la problemática que aborda el compromiso? El problema de los altos niveles de corrupción en las instituciones del sector público en Guatemala se evidencia en las debilidades institucionales en la estructura normativa y organizacional para atender de manera eficiente e integral las diferentes manifestaciones del fenómeno en la gestión pública, falta de herramientas tecnológicas adecuadas para identificar y prevenir la riesgos de corrupción, selección poco objetiva y técnica de los funcionarios; porque los sistemas de elección, promoción, ascenso, destitución e indemnizaciones no obedecen a los principios de la carrera profesional, poca transparencia en el manejo de la información pública, débil formación social e institucional en una cultura de probidad y falta de adecuación de la normativa en la materia. requerimientos y compromisos internacionales en la materia. Las manifestaciones de corrupción que se observan en varios niveles del sector público, según los estudios analizados así como los indicadores de medición que utilizan los organismos internacionales, hacen del tema un problema central, por el impacto que tiene en varios aspectos del desarrollo humano. , limitando las capacidades de los gobiernos para brindar de manera eficaz, eficiente y efectiva los servicios básicos y derechos esenciales de la población, produciendo a nivel social pérdida de confianza ciudadana en las instituciones del Estado y el propio régimen democrático. En ese mismo orden, se ha señalado que la corrupción es una de las características que ha estado presente como una constante en el ejercicio del poder por parte de los gobiernos, en complicidad con actores privados. Por otro lado, en distintas ocasiones se ha mencionado que el país se encuentra entre los Estados más corruptos del mundo, esto derivado de la falta de transparencia en la formulación y evaluación de las intervenciones públicas y la mala percepción de los actores locales de decisión. . decisión y sociedad civil guatemalteca sobre la calidad de los procesos públicos. El Estado de Guatemala ha adquirido compromisos internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción, a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita el 9 de diciembre de 2003; y, la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita el 29 de marzo de 1996, y cumple con participar en los procesos de evaluación en los que se examina tanto a través del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como como el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), del cual se han recibido recomendaciones para fortalecer y mejorar los vacíos normativos detectados, superar los obstáculos y desafíos que se han evidenciado y fortalecer las acciones de prevención y combate. contra la corrupción en general. Sin embargo, a nivel nacional existe un desconocimiento de lo dispuesto en ambos convenios y no se han institucionalizado mecanismos de seguimiento para la implementación de lo dispuesto en los mismos y de las recomendaciones emanadas de los respectivos mecanismos de seguimiento. Por lo tanto, es necesario implementar una estrategia nacional para hacer positivos los convenios y recomendaciones.

¿Cuál es el compromiso? Coordinar la implementación y seguimiento de los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, contenidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, promoviendo una evaluación participativa para determinar el grado de cumplimiento tanto de las convenciones como de las recomendaciones. derivados del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción reflejados en los informes de evaluación realizados al Estado de Guatemala. Para lo cual, se formarán grupos técnicos que integren a las entidades públicas encargadas de implementar acciones para prevenir y combatir la corrupción en Guatemala; y, a las organizaciones de la sociedad civil organizada, con el fin de impulsar una estrategia nacional que promueva el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de ambas convenciones.

¿Cómo contribuirás a resolver la problemática? A través de la generación de informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas al Estado de Guatemala, como Estado adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como a través del establecimiento de alianzas estratégicas que contribuyan a fortalecer la transparencia. en el ejercicio de la función pública, se podrá determinar el grado de avance en el cumplimiento de ambos convenios y se podrá impulsar la Estrategia Nacional que un plan de acción para cada convenio y así poder continuar con sus aplicación en el país. De tal manera que, a través de este compromiso, se evidenciarán los avances y desafíos del Estado de Guatemala en la aplicación de las convenciones, con base en datos cuantitativos y cualitativos, que permitirán generar propuestas concretas para el abordaje efectivo de la prevención. y lucha contra la corrupción.

¿Por qué es relevante para los valores de OGP? Este compromiso es de especial importancia ya que, al revisar y dar seguimiento nacional a los compromisos internacionales contra la corrupción, se promueve la transparencia en el ejercicio de la función pública y la mejora de los mecanismos anticorrupción; Asimismo, se propone incluir a la sociedad civil con mayor presencia, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. La rendición de cuentas por parte de las instituciones encargadas de monitorear ambos mecanismos contra la corrupción es fundamental para poder realizar ejercicios serios de contraloría social y su control. Generar y exponer información sobre los avances en el cumplimiento de las obligaciones internacionales necesariamente mejora la rendición de cuentas a la población. Además, este compromiso integrará a más de 20 instituciones públicas involucradas en el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción, con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, este proceso generará credibilidad y confianza ciudadana en la gestión pública.

Información Adicional Este compromiso está estrechamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, respecto de los siguientes ejes: a) Eje de Riqueza para Todos, que establece que “El fortalecimiento del Estado debe ir acompañado de un mayor rendición de cuentas, lo que implica abolir todo tipo de prácticas que la atenten, como el clientelismo, el nepotismo, la corrupción, así como la toma del poder político y económico por parte de determinadas élites”; y, b) Estado Garante de los Derechos Humanos y Eje Impulsor, que busca: “Generar las capacidades políticas, jurídicas, técnicas, administrativas y financieras de las instituciones públicas, para poner al Estado en condiciones de liderar un proceso de desarrollo sostenible, con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática”. Además, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, destaca el Objetivo de Desarrollo 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. ”, que en una de sus metas establece “Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”. Por lo tanto, para materializar lineamientos internacionales para fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública como base para el desarrollo social del Estado de Guatemala, es necesario realizar acciones institucionales encaminadas a fortalecer los mecanismos contra la corrupción en el país. Por otra parte, la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035, determina como uno de sus ejes transversales la “Lucha contra la Corrupción”, para lograr la “Implementación de mecanismos institucionales tendientes a eliminar prácticas corruptas en el ejercicio de la función pública”. administración pública y el sector privado, fortaleciendo la promoción de los valores del Estado democrático de derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de denuncia, asegurando mecanismos de protección a los denunciantes, así como el desarrollo de campañas de sensibilización, entre otros. Finalmente, uno de los cinco pilares de la Política General del Gobierno de Guatemala 2020-2024, es el de “Estado Responsable, Transparente y Eficaz” dirigido a gestionar de manera eficaz y transparente las instituciones del Estado, para ponerlas al servicio de los ciudadanos. . ciudadanos, a través del fortalecimiento institucional, la modernización y la reducción de la corrupción.

Hitos: metas/etapas que permitan verificar el cumplimiento del compromiso 10.1 Convocar a las instituciones públicas con competencias en la materia a la conformación de dos mesas multisectoriales, la primera, la Mesa de Trabajo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; y el segundo, la Mesa de Trabajo de la Convención Interamericana contra la Corrupción. El propósito de cada Mesa de Trabajo será dar seguimiento al 2023 a la implementación de la respectiva convención ya las recomendaciones recibidas en el marco de los mecanismos de seguimiento de la misma. Ambas Mesas estarán integradas por un delegado titular y un delegado suplente designados oficialmente por cada entidad. 10.2 Generar un informe sobre el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a Guatemala, contenidas en los Informes al país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción; así como las recomendaciones emanadas del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en las cuales se ha evaluado al Estado de Guatemala . 10.3 Realizar un proceso de consulta abierta, en las mesas de seguimiento tanto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como de la Convención Interamericana contra la Corrupción, colocando el informe de cumplimiento en un sitio web y otros eventos de consulta con expertos, buscando también la participación ciudadana, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad civil. CPCC CPCC CPCC Enero 2022 Enero 2022 Septiembre 2022 Agosto 2023 Agosto 2022 Diciembre 2022 10.4 Formular y validar una hoja de ruta para cada uno de los convenios, para dar seguimiento a la implementación de los compromisos y/o recomendaciones incumplidas. CPCC Septiembre 2022 Diciembre 2022 10.5 Elaborar y presentar un informe ejecutivo, en el que se evidencie la implementación de las hojas de ruta que contienen los compromisos y/o recomendaciones que se han definido para ambas convenciones. 10.6 Elaborar el informe final de evaluación y presentar públicamente los resultados de cada hoja de ruta implementada, así como los mecanismos que se utilizarán para ejecutar las acciones que garanticen la implementación de las recomendaciones. CCCP CCCP Enero 2023 Julio 2023 Junio ​​2023

Revisión del plan de acción

Compromiso 10. Seguimiento a convenciones internacionales en materia de transparencia y anticorrupción

● Verificable: Sí

● ¿Tiene un enfoque de gobierno abierto? Si

● Potencial de resultados: Sustancial

Comisión Presidencial contra la Corrupción, CPCC. Cost Guatemala y Prosperiti Guatecívica.

Para una descripción completa del compromiso, ingresa al siguiente vínculo: https://bit.ly/3uKdrdf

Contexto y objetivos:

Tal como señala el plan de acción, el combate a la corrupción continúa siendo un reto importante para Guatemala. La edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción ubica al país en el puesto 150 de 180 países, con una calificación de 25/100 ^{[ 39 ]}. De igual forma, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción 2019, un 46% de la población sospecharon que la corrupción había advertido en el último año, mientras que un 25% de los usuarios de servicios públicos encuestados admitieron haber pagado un soborno ^{[ 40 ]}.

En diciembre de 2006, mediante un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado guatemalteco se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el objetivo de “apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala encargados de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” ^{[ 41 ]}. Las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público revelan prácticas de corrupción en los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. Bajo el gobierno de este último, iniciaron una serie de acciones en contra del trabajo de la Comisión que terminaron con la no prorrogación de su mandato y su disolución en septiembre de 2019. ^{[ 42 ]}. 

El país ha suscrito diferentes instrumentos internacionales como la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Para ambos instrumentos, el Gobierno se somete a mecanismos de examen y seguimiento a la implementación, de las recomendaciones que surgen en diferentes áreas. Por ejemplo, el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), en su quinta ronda hizo recomendaciones al país relativo al manejo de los sistemas de vinculación de servidores públicos y al cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado por parte de las municipalidades ^{[ 43 ]}.

El Gobierno reconoce en el plan de acción que existe el conocimiento público de las disposiciones de ambos instrumentos y que no existe un mecanismo de seguimiento que asegure una implementación efectiva y que incluya la participación de la sociedad civil. Dentro del cuarto plan de acción, bajo el compromiso 14, se incluye un hito relativo a la elaboración de informes de seguimiento al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de corrupción, que no alcanzó mayores avances, entre otras cosas, por la afectación de la pandemia por la COVID-19 al proceso de implementacion.

La propuesta de este plan contempla un proceso en tres etapas. Primero, el establecimiento de mesas multisectoriales conformadas por instituciones del Gobierno para dar seguimiento a la implementación de ambas convenciones y generar los informes estrictos de cumplimiento. Segundo, un proceso de consulta abierta que permitirá la participación de la sociedad civil para la revisión, validación y observaciones a los informes de cumplimiento. Y tercero, la formulación de planes de acción para el seguimiento a la implementación, incluyendo informes trimestrales y un informe final sobre los resultados alcanzados para ambos planes ^{[ 44 ]}.

La publicación de los informes de seguimiento, informes trimestrales e informe final de resultados son relevantes al valor de transparencia de OGP, ya que pondrán a disposición información relevante para la ciudadanía. El proceso de consulta abierta propiciará la participación cívica, abriendo espacios para que las organizaciones de la sociedad civil presenten sus puntos de vista y recomendaciones para fortalecer el proceso.

Potenciales para resultados: Sustancial

En la actualidad la información sobre los mecanismos de examen para ambas convenciones y las recomendaciones para Guatemala no se encuentran disponibles en un sitio web centralizado. Los usuarios interesados ​​deben dirigirse a los sitios web de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos para consultar los compromisos asumidos por el país. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC) presentan actualizaciones sobre estos procesos en sus portales de noticias, de una forma que no facilita el seguimiento en el tiempo.

Por ello, ofrece de forma centralizada esta información, incluyendo también las acciones específicas que el Gobierno está tomando para su cumplimiento, representa un cambio importante en esta área de política pública. En este punto también destaca el proceso de simplificación de información que, de acuerdo con funcionarios consultados por el IRM, se llevará a cabo para promover la participación de grupos tradicionalmente excluidos [ 45 ].

Por otro lado, considerando que el fenómeno de la corrupción genera graves consecuencias para la ciudadanía en general. ^{[ 46 ]}, se vuelve crucial propiciar espacios para que la sociedad civil pueda contribuir y fiscalizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno. En este sentido, la iniciativa propuesta representa un potencial sustancial para generar resultados.

Para alcanzar el potencial de resultados de este compromiso, el IRM considera crucial mejorar las condiciones para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en espacios con el Gobierno. Como señalaron los representantes de las OSC entrevistados, dada la discrecionalidad otorgada por las reformas a la ley de funcionamiento de las ONG en el país, se ha generado un clima de incertidumbre y temor respecto a las consecuencias que podría traer para una organización señalando el incumplimiento de actores del Gobierno. Este clima es uno de los primeros aspectos que abordarán para asegurar una participación en igualdad de condiciones.

Oportunidades, desafíos y recomendaciones durante la implementación:

Este compromiso podría permitir al Gobierno de Guatemala mejorar significativamente no solo la percepción de corrupción entre la ciudadanía, sino también fortalecer las diferentes áreas de funcionamiento del Gobierno que todavía presentan vacíos que facilitan la corrupción. Institucionalizar los espacios de coordinación gubernamental y participación ciudadana será fundamental para alcanzar este objetivo.

Como se mencionó anteriormente, dos desafíos importantes dentro de este proceso serán: garantizar la calidad de la participación de la sociedad civil, más allá de la recepción de sus comentarios y propuestas, y generar procesos de rendición de cuentas que contemplan consecuencias por incumplimiento por parte de los funcionarios de gobierno. En este sentido, el IRM recomienda:

● Incluir la participación de la sociedad civil dentro de los procesos de coordinación y formulación de los informes de seguimiento y para la implementación de los planos de acción. Así se asegura contar con sus perspectivas en todo el proceso.

● Desarrollar, en coordinación con las entidades correspondientes como la Contraloría General de Cuentas, procedimientos que autorizan sanciones administrativas para funcionarios que no están dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por sus instituciones.