Saltar navegación
Panamá

Observatorio Ciudadano Anticorrupción (PA0026)

General

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de Acción de Panamá 2017-2019

Ciclo del Plan de Acción: 2017

Estatus

Instituciones

Institución líder: Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)

Institución(es) de apoyo: Asamblea Nacional (AN), Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Procuraduría General de la Nación (PGN) Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, Juntos Decidimos, Kernel Community Think Tank, María Isabel de Núñez, Ciudadana Independiente, Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN), PRAXIS Otros actores: Fundación Ciudadano Inteligente de Chile Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania

Áreas de política

Anticorrupción e integridad, Instituciones anticorrupción, Participación pública

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de Implementación de Panamá 2017-2019, Informe de Diseño de Panamá 2017-2019

Primeros resultados: importante Clasificacion Mayor

Diseño i

Verificable: Sí

Relevante para los valores de OGP: Sí

Ambición (consulta: definición): Bajo

Implementación i

Terminación:

Descripción

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
Existe una total desconfianza ciudadana en las operaciones de los servidores públicos producto de la cantidad de casos de corrupción que han sido denunciados y hasta la fecha no han recibido castigo; por otro lado no existe una plataforma ni un procedimiento claro para las organizaciones de la sociedad civil, podemos observar y dar seguimiento a las contrataciones públicas, las actuaciones de los Diputados en la Asamblea Nacional, ni las investigaciones y juicios de corrupción que se están dando en la actualidad en el ámbito de la administración de justicia.

¿Cuál es el compromiso?
Creación de un observatorio ciudadano para la medición, análisis y seguimiento de los actos de corrupción, a partir de la interacción entre ciudadanos y los Órganos del Estado, con base en la información divulgada.

Este se enfoca en las iniquidades e irregularidades que se observan en las contrataciones públicas, gestión parlamentaria y la administración de justicia. Entre los resultados esperados está incidido en la elaboración, ejecución, seguimiento y reforma de las políticas públicas, programas, acciones, mecanismos y leyes dirigidas a la prevención y lucha contra la corrupción.

¿Cómo contribuir a resolver la problematica?
La creación de un mecanismo claro para la sociedad civil observar y seguir las contrataciones públicas, las operaciones de los diputados de la Asamblea Nacional y los procesos judiciales sobre corrupción, aumentar la confianza de la ciudadanía en estos tres Órganos del Estado, al igual que mejorar el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de estos servidores públicos.

¿Por qué es relevante a los valores de la AGA?
Este compromiso es relevante frente a:
a) transparencia: se publicará más información, mejorando la calidad de la misma y el acceso a esta por parte del público, propiciando el derecho de acceso a la información;
b) participación pública: se crearán y mejorarán las oportunidades y capacidades en el público para influir o tomar decisiones, al igual que las condiciones favorables para la sociedad civil del país.

Información adicional
Este compromiso se vincula con:
a) Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, meta 16.5: Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas, meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones y transparentes que rindan cuentas

Resumen de estado intermedio de IRM

1. Observatorio Ciudadano Anticorrupción

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

Creación de un observatorio ciudadano para la medición, análisis y seguimiento de actos de corrupción, a partir de la interacción entre ciudadanos y los Órganos del Estado, con base en la información divulgada. Este se enfocará en las iniquidades e irregularidades que se observarán en las contrataciones públicas, gestión parlamentaria y la administración de justicia [ 1 ].

Fecha de inicio: Agosto 2017 Fecha de término: Febrero 2019

Contexto y objetivos

Este compromiso pretende crear un observatorio mediante el cual se haga un seguimiento consistente a los procesos de licitaciones y contrataciones públicas, a la gestión parlamentaria ya la administración de justicia en el país.

Como se describe en la sección de Contexto Nacional del presente informe, Panamá tiene altos índices de percepción de corrupción impulsados ​​por escándalos ocurridos en los últimos ocho años. Por ellos el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 ubica a Panamá en la posición 96 de 180 países [ 2 ]. Entre estos casos destacan los Documentos de Panamá y los sobornos realizados por la empresa constructora Odebrecht, y que condujeron a la detención en 2015 del primer magistrado de la Corte Suprema de Justicia panameña condenado por corrupción. También llevaron a la aprehensión de más de US $ 397,7 millones en efectivo y bienes relacionados a casos de corrupción [ 3 ].

A través del observatorio se consolidaría y publicaría información sobre la labor de los diputados de la Asamblea Nacional, la gestión de las contrataciones públicas y sobre las investigaciones y juicios de corrupción que se llevan a cabo por actos cometidos por funcionarios públicos. El observatorio permitirá que la ciudadanía pueda también hacer un seguimiento más cercano sobre la evolución de los procesos en los temas mencionados. El resultado esperado, de acuerdo al plan de acción, es “incidir en la elaboración, ejecución, seguimiento y reforma de las políticas públicas, programas, acciones, mecanismos y leyes dirigidas a la prevención y lucha contra la corrupción”. Las principales tareas señaladas para cumplir con los objetivos son las siguientes:

  • Realice un laboratorio cívico con actores del gobierno, sociedad civil, academia, hackers cívicos, desarrolladores y medios de comunicación, para establecer las estrategias de cada temática del observatorio ciudadano.
  • Ejecutar los tres planos de trabajo surgidos del laboratorio cívico
  • Definir el ciudadano interés sobre las tres temáticas del observatorio
  • Definir los criterios de medicion para cada uno de los aspectos a observar
  • Definir los parámetros administrativos, financieros y operativos
  • Establecer los aspectos técnicos y procesales que se deban crear / modificar para facilitar el acceso a la información que nutrirá el observatorio.
  • Crear la pagina Web del observatorio
  • Lanzar el observatorio y realizar actividades de sensibilización y divulgación.

Estas actividades propuestas podrían ayudar a consolidar información publicada sobre delitos contra la corrupción, lo que facilitaría darle seguimiento a los casos y el involucramiento de actores de la sociedad civil. Además, el compromiso indica que el observatorio estará integrado por miembros de la sociedad civil, quienes trabajarán con órganos del Estado involucrados de alguna manera en los casos a los que dé seguimiento, por lo que el compromiso es relevante a los pilares de acceso a la información y participación ciudadana.

Las actividades señaladas son concretas, lo que facilita verificar su cumplimiento. Sin embargo, lo que no está claro es de dónde provendrían los recursos para la implementación del compromiso, cuál sería la participación de las instituciones públicas en su creación y mantenimiento, si la tienen, ni cuál sería la organización responsable del observatorio. Tal y como está redactado el compromiso, aparece la ANTAI como encargada de su implementación, pero da la impresión de que sería la sociedad civil la encargada de hacer realidad el observatorio. El plan de acción tampoco indica quién será el responsable de darle continuidad una vez creada, si el gobierno o la sociedad civil.

En caso de que sea la sociedad civil quien deba implementar este compromiso, se corre el riesgo de que la iniciativa nunca llegue a institucionalizarse y que, por lo tanto, se perjudique su sostenibilidad en el largo plazo y no logre el impacto esperado a la hora. de corregir comportamientos inadecuados dentro del gobierno, o configurar políticas públicas para el control de la corrupción.

Siguientes pasos

Conviene clarificar cuál será la procedencia de los recursos y la distribución de tareas para la implementación del compromiso, de manera que se conozca quién será el responsable de implementar línealo y que existe una clara rendición de cuentas sobre su cumplimiento.

Si fuera sociedad civil la responsable de su implementación resultaría confusa esta línea de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del compromiso, pues sería una o varias organizaciones de sociedad civil la que terminaría dando cuentas ante el resto de la ciudadanía o ante el mismo gobierno. Desde esta perspectiva, el observatorio se convertiría más en un instrumento de control ciudadano que de participación. Además, la implementación podría verse truncada por la limitación de fondos y de tiempo con que, como es conocido, cuentan las organizaciones de la sociedad civil panameña. Por estas razones, más las mencionadas anteriormente, no suele ser conveniente que las organizaciones de sociedad civil asuman como principales responsables la implementación de compromisos. La expectativa es que estos sean asumidos por instituciones de gobierno y que las organizaciones civiles trabajen con ellas en el proceso de definición, desarrollo e implementación de las iniciativas. De esta manera, el gobierno podrá empoderar a la ciudadanía a lo largo de las diferentes etapas.

Por otro lado, conviene enfocar parte de las actividades por implementar en las acciones que tomará el observatorio a partir de la información divulgada sobre corrupción. En el próximo plan de acción podría incluirse un compromiso con mayor potencial si se considera como parte de las iniciativas del observatorio los siguientes elementos:

  • El desarrollo de planes de acción para evitar situaciones de corrupción a partir de la información consolidada y calificada por el observatorio,
  • La sistematización de lecciones aprendidas a partir de los casos encontrados y el involucramiento ciudadano en la fiscalización de la función pública, a través de oportunidades detectadas por los datos arrojados por la iniciativa.
  • La definición de situaciones de riesgo de corrupción, o malas prácticas en la función que podrían abrir portillos a actos corruptos, a partir de experiencias pasadas.

Todas estas iniciativas pasan por un trabajo de análisis de la información que vaya más allá de su publicación y requiere profundizar en ella. Existen ejemplos internacionales sobre la implementación de observatorios podrían que podrían analizarse para sacar de ellas lecciones, tanto de lo que ha funcionado como de lo que no, que ayuden a conseguir el éxito de esta iniciativa en Panamá. Entre ellas están los casos de Chile [ 4 ] y de colombia [ 5 ].

La organización de Estados Americanos también cuenta con un estudio sobre cómo considera que funcionarán los observatorios de políticas públicas [ 6 ].

[ 1 ] Se puede encontrar el texto completo del compromiso en el documento del plan de acción.
[ 2 ] "Índice de percepción de la corrupción 2017”, Transparencia Internacional, febrero de 2018
[ 3 ] “Fiscalía investiga a 1.656 personas por corrupción durante la era Martinelli”, Agencia EFE, 15 de octubre de 2018
[ 4 ] Observatorio Anticorrupción en Chile.
[ 5 ] Observatorio de Transparencia y Anticorrupción en Colombia.
[ 6 ] "Observatorios de Políticas Públicas en las Américas. Una Guía para su diseño e implementación en nuestras administraciones públicas ”, Organización de Estados Americanos, 2015.

Resumen de estado de fin de período de IRM

1. Observatorio Ciudadano Anticorrupción

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

Creación de un observatorio ciudadano para la medición, análisis y seguimiento de los actos de corrupción, a partir de la interacción entre ciudadanos y los Órganos del Estado, con base en la información divulgada.

Este se enfocará en las iniquidades e irregularidades que se observaron en las contrataciones públicas, gestión parlamentaria y la administración de justicia.

Entre los resultados esperados está incidir en la elaboración, ejecución, seguimiento y reforma de las políticas públicas, programas, acciones, mecanismos y leyes dirigidas a la prevención y lucha contra la corrupción.

Evaluación del informe de diseño del IRM

Evaluación del informe de implementación del IRM

  • Verificable:
  • Relevante:
  • Potencial de impacto: Menor
  • Cumplimiento esencialmente
  • ¿Contribuyó a la apertura del Gobierno? increíblemente
  • Este compromiso buscó crear un observatorio en tres áreas de interés: los procesos de las contrataciones del Estado, la gestión parlamentaria de la Asamblea Nacional y los procesos judiciales de casos de corrupción contra el funcionariado público. De acuerdo con el plan de acción, aumentaría la publicación de información, su seguimiento y documentación facilitaría a la sociedad civil la medición y análisis de la gestión pública, promovería un mejor uso de los recursos del Estado, y contribuiría a informar la toma de decisiones. por parte de los ciudadanos en procesos electorales.

    Las características del observatorio se definirían a través de un laboratorio cívico en el que participarían tanto representantes del Gobierno como organizaciones de la sociedad civil, la academia, desarrolladores y medios de comunicación. De este taller se obtendrían los planos de trabajo para cada una de las tres áreas del observatorio. También se realizaron encuestas para conocer la información de mayor interés para la ciudadanía en las tres áreas temáticas, y se realizarían los cambios necesarios para que las plataformas de divulgación del Estado incluyeran la información que el observatorio les proveería.

    El compromiso tuvo un nivel de cumplimiento sustancial. Hay varias razones que pueden explicar por qué la implementación no fue completa. En primer lugar, el compromiso no contó con una institución implementadora ni fondos por parte del Estado. Fue la sociedad civil la que obtuvo recursos y tomó la iniciativa de las acciones ejecutadas [ 1 ]. Por otra parte, el Órgano Legislativo no confirmó su aceptación del compromiso, por lo que no se trabajó la temática de transparencia parlamentaria. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil interesada en el área de contrataciones del Estado se separaron de las acciones de implementación tras involucrarse activamente en otras actividades dentro del proceso de elecciones presidenciales que vivió Panamá en 2019 [ 2 ].

    Debido a lo anterior, las acciones del compromiso se circunscribieron a la creación de un observatorio sobre la trabajo y sentencias del Poder Judicial. El plan de trabajo se creó mediante talleres y se puso en línea a disposición del público. [ 3 ]. El observatorio se lanzó en febrero de 2019. [ 4 ], y publicó su primera observación el 30 de septiembre de ese mismo año. [ 5 ], gracias al trabajo de la Fundación para el Desarrollo y la Libertad Ciudadana [ 6 ].

    Un aspecto que retrasó la implementación del compromiso fue la dificultad inicial de la sociedad civil para especificar la información requerida del Gobierno. Asimismo, el Órgano Judicial no cuenta con procedimientos para la publicación proactiva de datos abiertos. Representantes del Órgano Judicial admitieron desafíos pendientes en el proceso de recolección y publicación de la información [ 7 ]. En entrevista con el investigador del IRM, indicaron dependiente de las personas responsables de capturar los datos de cada despacho judicial. Si bien es obligatorio por ley el uso de plataformas informáticas [ 8 ], eso no siempre se cumple y no existen consecuencias por su incumplimiento. Muchos procesos de recolección de datos siguen haciéndose manualmente: algunos despachos usan ventanillas únicas para recibir demandas, solicitudes de servicios y tramitar procesos.

    La ambición de la sociedad civil es continuar con las tareas realizadas, pero para ello requiere de la colaboración de la institución judicial y de recursos. Entre los datos que la sociedad civil aspira a divulgar en el futuro están los históricos de sentencias, cómo llegaron los jueces y juezas a sus puestos, los puntos otorgados a sus hojas de vida, y si han enfrentado procesos disciplinarios. Asimismo, considerar importante mejorar la metodología de levantamiento de información y los formatos de presentación [ 9 ].

    Al momento de realizar el análisis de este compromiso, el observatorio estaba a la espera de que se atendiera una petición de información pendiente, que mostró datos de viáticos, divulgados solamente en formato PDF y de forma desactualizada, y la lista de jueces y juezas con sanciones por temas eticos [ 10 ].

    La implementación del compromiso contribuye significativamente a mejorar las condiciones de apertura del Gobierno en el área de acceso a la información. Las acciones de implementación del compromiso, aunque no alcanzaron a cubrir todas las áreas incluidas en el plan de acción, ayudaron a publicar información no disponible anteriormente sobre el actuar del Órgano Judicial y mejorar las prácticas de divulgación de este último. Además, el observatorio publicó sus primeras tres observaciones a partir del análisis de esta información, lo que ayudó al Órgano Judicial a empezar a desarrollar procesos de divulgación proactiva de datos abiertos.

    [ 1 ] La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana aplicó un concurso de fondos de Transparencia Internacional en agosto de 2017, de donde obtuvo una donación de cinco mil euros con los que realizó el taller con la sociedad civil, representantes de la Asamblea Nacional y la Dirección General de Contrataciones Públicas (actas del Laboratorio facilitado por Ciudadano Inteligente, 30 y 31 de agosto de 2018). Posteriormente esta misma Fundación concursó por fondos para la implementación de compromisos de donde obtuvo diez mil euros. Con ellos contrató a Think Tank de la comunidad de Kernel para conceptualizar, diseñar y desarrollar la plataforma del observatorio. En marzo de 2019 aplicó a fondos otorgados por el "Centro Internacional de Periodistas" (ICFJ, por sus siglas en inglés) que buscaba plataformas promover de datos abiertos de organismos públicos y obtuvo seis mil dólares que permitieron contratar un analista de datos y conseguir el software y la plantilla para publicar datos en la página web. Hasta entonces, lo que se publicaba era la agenda con actividades (entrevista del investigador del IRM con Think Tank de la comunidad de Kernel).
    [ 2 ] Entrevista realizada por el investigador del IRM a Olga Abadía, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, 03 de octubre de 2019.
    [ 3 ]plan de trabajo del observatorio
    [ 5 ] El análisis realizado por el observatorio concluyó que dos tercios de jueces y juezas trabajan en condiciones de interinidad y solo una tercera parte se encuentra en propiedad en su puesto. Al momento de analizar este compromiso, en octubre de 2019, el Observatorio había publicado tres observaciones: “Internautas en el sitio web del Órgano Judicial”; “Avances en datos abiertos en la página del Órgano Judicial”, y “Dos tercios de los operadores de justicia en Panamá no son permanentes”.
    [ 6 ]https://observatoriociudadanopanama.org/category/observaciones/. Se realizó a partir del análisis de la planilla del Órgano Judicial, que la Fundación debió descargar manualmente ya que la página de internet del Órgano solo permitió visualizar 10 líneas a la vez como máximo. Como consecuencia de ello, la Fundación solicitó cambiar la forma en que los datos se compartían en la página web de la institución. Su solicitud fue acogida en septiembre de 2019, lo que hizo que el Órgano Judicial mejorara sus prácticas de divulgación por este medio, al hacerlas más abiertas y facilitar su uso. En la primera observación se lee: “Cuando el Observatorio inició el análisis de las planillas al final del mes de agosto de 2019, había que recurrir a realizar un proceso manual de captura de la información para su análisis, ya que el Órgano Judicial todavía no se había puesto al día con la publicación en datos abiertos, de acuerdo a lo ordenado para las entidades públicas por el Decreto Ejecutivo N ° 511 de 24 de noviembre de 2017 y la Resolución N ° DS-3513-2018 de 17 de enero de 2018 . Sin embargo, el pasado miércoles 25 de septiembre de 2019, el Órgano Judicial cambió la forma de publicación de sus planillas y se adaptó a lo establecido en la normativa… ”. Ver Avances en datos abiertos en la página del Órgano Judicial, 30 de septiembre de 2019, Observatorio Ciudadano Panamá.
    [ 7 ] Entrevista del investigador del IRM con los funcionarios del Órgano Judicial el 4 de octubre de 2019: Joselyn Vos, Secretaría técnica de modernización y desarrollo institucional; Marisol González, Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional; José Alamanza, Dirección Estadística; Manuel Silvera, Secretaría Administrativa y Oficial de Información; Ginete Díaz, Dirección Administrativa de Auditoria Judicial.
    [ 8 ]Ley 75 de 2015, que subroga la Ley 15 de 2008, que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales, y dicta otras disposiciones.
    [ 9 ] Algunas de las oportunidades de mejora en la captura de información expresada por Kernel Community Think Tank son: metodología de levantamiento de la información susceptible de errores humanos, como de digitación; datos en formatos que dificultan su análisis, inconsistencia de estos formatos, problemas de interoperabilidad y falta de una API que permiten extraer la información.
    [ 10 ] La información que se publica trimestralmente incluye solamente los procesos en curso, sin que se llegue a publicar su resultado ni si se encuentra a los magistrados enjuiciados culpables o no. El Órgano Judicial tampoco publica información histórica sobre los resultados de procesos, que resulta del interés del observatorio.

    Compromisos

    Open Government Partnership