Justicia abierta en España (ES0043)

Ministerio responsable: Ministerio de Justicia; Otros actores: Gobierno: Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con jurisdicción en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General, Abogados de la Administración de Justicia; Sociedad civil, iniciativa privada, grupos multilaterales y de trabajo: asociaciones pro transparencia, periodistas de datos, asociaciones de víctimas, consumidores, etc. Agentes de Información Reutilizables Consejos Generales de Abogados, Abogados y Graduados Sociales Comité Técnico Estatal de la Administración de la Corte Electrónica (CTEAJE) Comisión Nacional de Estadísticas Judiciales Consejo Nacional de Transparencia; Status quo o problema a tratar: muchos gobiernos y parlamentos han tomado diferentes medidas para adoptar una acción pública más abierta. Sin embargo, la Administración de Justicia todavía está comenzando a seguir este camino. La baja valoración que los ciudadanos tienen de la Ley como servicio público está en gran medida condicionada por su funcionamiento, esta circunstancia contribuye al hecho de que la Administración de Justicia, como otras instituciones, también se ve afectada por una reducción en la confianza que los ciudadanos tienen en él con la necesidad de equiparse con instrumentos que refuercen su alcance a la sociedad. Por lo tanto, es necesario incorporar nuevos instrumentos que abran la Administración de Justicia y coloquen al ciudadano en su núcleo. La transparencia es una de ellas, entendida dentro del contexto que estipula la naturaleza misma de la Administración de Justicia. Un sistema complejo donde los poderes se dividen entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas con poderes transferidos y los jueces y magistrados mismos que son constitucionalmente independientes y están sujetos exclusivamente al estado de derecho. Por otro lado, el ecosistema de Justicia ha sido tradicionalmente ajeno a la existencia de una sociedad civil suficientemente activa y con capacidad para exigir e influir en un funcionamiento adecuado de la Justicia. Además, partimos de una base tecnológica débil que hace que sea difícil aprovechar el potencial de la tecnología para aumentar la transparencia en las instituciones. Existe una gran diversidad y dispersión de los sistemas de información que actualmente apoyan la actividad judicial. Los datos se obtienen y procesan mediante sistemas manuales sin garantizar la calidad de los datos. Sin embargo, se han realizado algunos avances recientemente. El lanzamiento del servicio de subastas electrónicas permite un mayor acceso a la información, una mayor participación y competencia entre los licitadores, así como un mayor retorno de los activos subastados a la Administración. Por otro lado, el servicio "cómo va" actualmente en funcionamiento en la sede judicial electrónica del Ministerio de Justicia (compromiso del Segundo Plan de Gobierno Abierto de España) es un primer paso para proporcionar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. ; Objetivo principal: El objetivo principal es lograr una Administración de Justicia más transparente y accesible: • Ofrecer datos que permitan un control adecuado por parte de la sociedad civil y los ciudadanos, una mejor comprensión del funcionamiento del sistema de Justicia y un mayor estímulo del emprendimiento, la innovación y la economía. crecimiento a través de su reutilización. • Brindar a los ciudadanos servicios digitales que permitan un mejor acceso a la información cuando participen en procedimientos legales. Breve descripción del compromiso: El compromiso se incluirá en una línea específica de política pública sobre Justicia Abierta, que se incluirá en la Estrategia Nacional de Justicia que lanzará el Gobierno de España, con el apoyo y la participación de los actores políticos, institucionales y profesionales. del país y colocando la transparencia judicial como uno de sus ejes principales.
1 Los datos abiertos como instrumento de transparencia en la administración de justicia. El compromiso incluye tomar los pasos iniciales para evolucionar el modelo actual de estadísticas judiciales a otro en el que las estadísticas mencionadas se mejorarán en cuanto a la calidad de los datos, su recopilación y gestión. La publicación se realizará en formatos reutilizables y amigables para facilitar la comprensión de los ciudadanos. Se fortalecerá el papel de la Comisión Nacional de Estadísticas Judiciales y se promoverá la colaboración a través del CTEAJE.
2 Mejorar el derecho de acceso a la información judicial. El compromiso incluye el acceso a través de la transmisión de ciertas audiencias orales y el acceso a través de la Sede Judicial Electrónica al archivo judicial de las partes involucradas en un caso. Se abordó el desafío de la OGP mediante el compromiso: aumentar la calidad de la información relacionada con la actividad judicial, automatizar su extracción y mejorar las posibilidades de explotación y difusión es un salto cualitativo para avanzar en la transparencia del funcionamiento del sistema de justicia y un medio para facilitar una mejor rendición de cuentas y control del funcionamiento de la administración judicial en España. Todo esto contribuye a fortalecer el sistema de justicia como Poder del Estado y como servicio público dándole legitimidad adicional y un mayor reconocimiento social que servirá para proteger mejor los derechos y garantías de los ciudadanos, así como una mayor seguridad jurídica en nuestro país. Además, la orientación y coordinación de datos a través del CTEAJE permitirá procesos más eficientes que resultarán en una gestión más eficiente de los recursos.
Finalmente, el acceso a los servicios de la Administración de Justicia se proporcionará mejorando el funcionamiento de este servicio público eliminando las barreras para los ciudadanos y ayudando a reducir los costos de terceros (por ejemplo, periodistas o profesionales para poder acceder telemáticamente a juicios y registros respectivamente).; Relevancia: El compromiso descrito fortalece los valores de OGP de la siguiente manera: • Mejora el acceso a la información: o Se pretende que cada vez más información sobre el funcionamiento del sistema de justicia esté disponible para los ciudadanos (estadísticas, datos, audiencias orales, documentos de un tribunal judicial expediente). o Se pretende divulgar la información en formatos abiertos o, en su defecto, de una manera fácilmente comprensible para los ciudadanos. o Su objetivo es fortalecer el derecho a la información, informando no solo sobre el estado del archivo judicial sino también sobre el contenido del mismo. o El objetivo es mejorar la calidad de la información sobre la actividad de la información, mediante la homogeneización de los conceptos y concretos. hitos para proporcionar información a cada indicador. o Su objetivo es reducir los costos de obtener información, promoviendo soluciones que extraen, depuran, agregan y presentan datos en tiempo real. • Participación ciudadana: o Su objetivo es consultar e involucrar a los actores de la sociedad civil y al sector de reutilización de información, mediante la creación de foros específicos para la participación en la política de justicia de datos abiertos. • Responsabilidad: o El objetivo es mejorar el acceso a la justicia, mediante la implementación de un sistema simple de acceso al archivo judicial y sin costos de uso. o Su objetivo es mejorar los mecanismos de escrutinio público del sistema de justicia mediante la publicación de datos sobre su funcionamiento y organización en formatos amigables y reutilizables. Objetivo: se espera contribuir a una mejor rendición de cuentas y control social sobre el funcionamiento del sistema de justicia, así como a mejorar el servicio a los ciudadanos y fortalecer sus derechos, como a través del acceso a la información judicial que se incluye en las leyes procesales. Además, este compromiso mejorará la eficiencia en los procesos de gestión y la toma de decisiones en los diferentes niveles del Ministerio de Justicia y los agentes involucrados en la actividad judicial.

EJE RENDICION DE CUENTAS

4.1 Impulsar los datos abiertos como instrumento para una Justicia Abierta en España

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

Lograr una Administración de Justicia más transparente y accesible:

• Ofreciendo datos que hacen un control adecuado por parte de la sociedad civil y los ciudadanos, una mejor compresión del funcionamiento de la Justicia y un mayor estímulo del emprendimiento, la innovación y el crecimiento económico a través de su reutilización.
• Dotando a los ciudadanos de servicios digitales que permitirán un mejor acceso a la información cuando estén involucrados en un procedimiento judicial.

1.- Datos abiertos como instrumento de transparencia en la Administración de Justicia 1.1. Estandarizar los datos sobre la actividad judicial 1.2. Publicar los datos de actividad judicial en el Punto General de Acceso 1.3. Diseñar un nuevo modelo de datos en la Administración de Justicia que apueste por el consumo externo de los datos

2.- Mejora del derecho de acceso a la información para profesionales y ciudadanos: 2.1. Ofrecer el servicio de acceso electrónico al Expediente Judicial Electrónico. 2.2. Ofrecer retransmisión en streaming de determinadas vistas judiciales.

Fecha de inicio: Julio 2017 Fecha de término: Junio ​​2019

El texto completo del compromiso se encuentra en el Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto, disponible aquí: https://bit.ly/2Wubeyk.

Contexto y objetivos

Objetivo general y relevancia

El poder judicial español vive uno de sus peores momentos respecto a la percepción de la independencia judicial. Esto impacta directamente en el aumento de la desconfianza de la ciudadanía: en 2018 un 90% de la población española consideró muy débil la independencia de jueces y tribunales (Puesto 23 de 27 estados europeos) debido a la interferencia y / o presión del Gobierno y las políticas fuerzas y económicas. En contraste, para el año 2018 EU Justice Scoreboard, el indicador de la percepción interna (de jueces y magistrados) de la independencia judicial la calificó como “altamente positiva” [ 70 ]. Por su parte, Transparencia Internacional España [ 71 ] llevó a cabo una encuesta que concluyó: “El 67% de los jueces y magistrados considera que en los nombramientos que realiza el CGPJ no predomina los criterios de capacidad y mérito. Esto es apoyado por un 79% de los encuestados de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y un 77% en el TSJ ”. Además de su independencia, es el propio funcionamiento de la rama judicial la variable que más puede explicar la percepción negativa ciudadana. Tal como reconoce el texto del compromiso:

“La baja valoración que los ciudadanos hacen de la Justicia como servicio público está en gran parte condicionada por su funcionamiento… Es preciso pues incorporar nuevos instrumentos que abran la Administración de Justicia y sitúen al ciudadano en el centro...el ecosistema Justicia ha sido tradicionalmente ajeno a la existencia de una sociedad civil lo suficientemente activa y con capacidad de exigir e influir en un funcionamiento adecuado de la Justicia ”.

El compromiso contiene dos metas que se consideran relevantes para el derecho de acceso a la información: apertura datos estadísticos y mejora del derecho de acceso a la información para ciudadanos y profesionales. El compromiso busca avanzar en línea con una estrategia de apertura basada en datos abiertos. Sin embargo, no incluye actividades específicas que busquen la creación de espacios para la participación ciudadana. Aunque el diseño de la medida mencionó que pretende crear foros específicos de participación en la política de datos abiertos de la justicia, no se desprende del texto un compromiso claro y no se identifica ninguna prueba para establecer una relación de causalidad entre el compromiso y la participación ciudadana.

Asimismo, la investigadora tampoco considera relevante el presente compromiso para la rendición de cuentas públicas, puesto que no es suficiente con el aumento de la información disponible para la ciudadanía. La rendición de cuentas pública presupone la transparencia en el sector público, así como la determinación y asignación de responsabilidad por parte de las administraciones y gobernantes como requisito básico, de modo que las acciones sean sujeto de escrutinio público y en caso de incumplimiento, se tengan Consecuencias.

Verificabilidad e impacto potencial

El incluye actividades verificables como: extracción de datos de forma automática, publicación de datos en el Punto General del Acceso y retrasmisión en streaming de vistas judiciales. Otras actividades en cambio son más inespecíficas como la estandarización de datos sobre actividad judicial la cual no es muy verificable pues no se aporta más información sobre los criterios a utilizar y los usos que se darán un este proceso una vez finalizado. Igualmente, tal como está redactado, el hito de acceso al expediente judicial electrónico trata de una medida de gobierno electrónico verificable, pero poco específico en cuanto al alcance y al tipo de información que se entregará y cómo.

La investigadora valora que de implementarse este compromiso en su totalidad el impacto potencial sería moderado. En primer lugar, el acceso a un expediente judicial en curso es una medida de administración electrónica positiva. La retransmisión en en streaming de algunas vistas es una medida novedosa en materia de transparencia y que despierta interés en la ciudadanía. Esta medida contribuye a una mejor compresión del funcionamiento de la justicia e incrementa el acceso y difusión de información de interés para los ciudadanos. Sin embargo, tiene algunas limitaciones de alcance. Por ejemplo, no se puede considerar que aumente la rendición de cuentas del poder judicial o que fortalezca el control social de la ciudadanía; no establece canales de interacción entre ciudadanos y Administración de justicia, ni un sistema de designación de responsabilidades ante una irregularidad o una desviación del procedimiento. Estos aspectos son indispensables para poder considerar que la medida contribuye a la rendición de cuentas públicas. Por ello su impacto potencial se considera significativo, aunque con algunas limitaciones de alcance.

En segundo lugar, es preciso destacar las metas 1.1 Estandarizar los datos sobre la actividad judicial; 1.2 Publicación de datos de actividad judicial en el Punto General de Acceso y 1.3 Diseñar un nuevo modelo de datos en la Administración de justicia que apueste por el consumo externo de los datos. Ellas, de ser implementadas en su totalidad ya cabalidad, ofrecerían un nuevo punto de partida para apostar por una mayor transparencia pública de la rama judicial, ante lo cual la investigadora del IRM los valora con un impacto potencial moderado.

Siguientes pasos

El texto del compromiso mencionó: “El compromiso se enmarcará en una línea de política pública específica sobre Justicia abierta, que irá incluida en la Estrategia Nacional de Justicia que el Gobierno de España pondrá en marcha con el apoyo y participación de los actores políticos, institucionales y profesionales del país y situando la transparencia judicial como uno de sus ejes principales. ”  

Debido a lo referido anteriormente sobre contexto español y la percepción ciudadana sobre la independencia judicial, esta propuesta es oportuna. Para dotar a este compromiso de aún más ambición se sugiere seguir promoviendo la participación del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, las consejerías autonómicas competentes en la materia, entre otros actores de Gobierno relevantes. Se podría crear un espacio de participación para acercar a estas entidades a la ciudadanía ya las OSC. De esta manera podrán sumarse al próximo plan de acción de OGP con propuestas ambiciosas que mejoren su funcionamiento interno y que, al tiempo, redunden en una mayor confianza ciudadana avanzando en el concepto de justicia abierta / Estado abierto.

El proceso de OGP ha servido a otros países como un espacio para la inclusión de compromisos ambiciosos en el sector de la justicia. Por ejemplo, Argentina llevó a cabo una reforma de la participación ciudadana en el sector de justicia mientras que Colombia se comprometió a desarrollar una plataforma de asistencia legal. [ 72 ]. España podría desarrollar propuestas ambiciosas que nazcan del proceso de consulta de futuros planos de acción.

Algunos ejemplos de recomendaciones son los siguientes;

• Estudiar las recomendaciones emitidas por GRECO en su IV Ronda de Evaluación acerca de “Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales” para la construcción de propuestas ambiciosas.
• Considerar el diagnóstico y ejecución de propuestas que busquen la incorporación de la ciudadanía en el monitoreo y seguimiento o que apunten a aumentar el acceso a los datos del sector judicial. ^{[ 73 ]}.
• Abrir la Comisión de Ética Judicial a representantes de la sociedad (ciudadanía, jueces y magistrados, personal Administración de justicia, OSC jueces y expertos en transparencia), configurándose de esta forma como un órgano de control de composición mixta, que pueda velar por el cumplimiento del Código Ético ^{[ 74 ]}.
• Avanzar en materia de publicidad activa en los conceptos que sean más relevantes respecto del funcionamiento, operación y problemáticas de la rama judicial (lo que implicaría generar información pública para saber con detalle las demoras existentes, los cuellos de botella, los gastos e inversiones existentes, etc. así como la publicación de las agendas, gastos de viaje, declaraciones de bienes y rentas, etc.).

4.1 Impulsar los datos abiertos como instrumento para una justicia abierta en España

EJE RENDICION DE CUENTAS

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

Lograr una Administración de Justicia más transparente y accesible:

• Ofreciendo datos que hacen un control adecuado por parte de la sociedad civil y los ciudadanos, una mejor compresión del funcionamiento de la Justicia y un mayor estímulo del emprendimiento, la innovación y el crecimiento económico a través de su reutilización.
• Dotando a los ciudadanos de servicios digitales que permitirán un mejor acceso a la información cuando estén involucrados en un procedimiento judicial.

1.- Datos abiertos como instrumento de transparencia en la Administración de Justicia 1.1. Estandarizar los datos sobre la actividad judicial 1.2. Publicar los datos de actividad judicial en el Punto General de Acceso 1.3. Diseñar un nuevo modelo de datos en la Administración de Justicia que apueste por el consumo externo de los datos

2.- Mejora del derecho de acceso a la información para profesionales y ciudadanos: 2.1. Ofrecer el servicio de acceso electrónico al Expediente Judicial Electrónico. 2.2. Ofrecer retransmisión en streaming de determinadas vistas judiciales.

El texto completo del compromiso se encuentra en el Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto, disponible aquí: https://bit.ly/2VRxyXy.

Fecha de inicio: julio de 2017 Fecha de término: junio de 2019

El objetivo general del compromiso es lograr una administración de justicia más transparente y accesible a través de una estrategia de apertura basada en datos abiertos y herramientas tecnológicas de acceso a la información. La implementación de políticas de gobierno abiertas en el sistema judicial supone la contribución al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 [ 71 ], en particular a las metas 16.6, orientada a crear a todos los niveles instituciones, responsables y transparentes que rindan cuentas, y 16.10, garantizando el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales.

El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) [ 72 ]y el Ministerio de Justicia lideraron la estrategia de apertura de la justicia española a través de la promoción de datos abiertos. Las metas comprenden en el presente compromiso contenían análisis de procesos y sistemas como premisa para la apertura de la información, así como la creación de soluciones tecnológicas como la puesta en marcha del Expediente Judicial Electrónico o la retransmisión de vistas judiciales en canales abiertos (transmisión), las cuales no se completaron en el periodo de implementación del tercer plan de acción OGP de España, por lo tanto el cumplimiento del compromiso ha sido limitado.

Sin embargo, el análisis realizado por las entidades implicadas ayudó a progresar en aspectos relevantes para avanzar hacia una estrategia de apertura de la información en el sector judicial como:

• Estandarización de procesos: Esquemas de tramitación e hitos procesales, registrando la estandarización de aproximadamente el 80% de los procesos que se tramitan en España.
• Extracción automática de datos: A través de un programa piloto llevado a cabo en cuatro juzgados, se espera superar el 80% de datos estadísticos obtenidos automáticamente.
• Inclusión en el Punto de Acceso General de Administración de Justicia (PAGAJ): El acceso a los datos abiertos de estadística judicial que proporciona la página del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) [ 73 ] ofrece un catálogo muy completo y actualizado de datos, en diversos formatos. Asimismo, se agregó el acceso a informes sobre comunicaciones electrónicas a través de Lexnet con órganos judiciales para profesionales o entidades.
• Definición funcional y desarrollo tecnológico, previo a la puesta en funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico.
• Desarrollo del programa eFidelius 6 y la renovación tecnológica de las salas de vistas, para permitir la retrasmisión de algunos juicios.

Adicional, el tablero de seguimiento del compromiso [ 74 ] destaca un estudio en curso sobre la colisión entre la apertura de datos y la protección de estos, así como posibles desarrollos de inteligencia artificial. El estudio hace mención a incluir dichas acciones a futuro en el marco del proyecto general de Justicia abierta, trasparencia y buen gobierno del Ministerio. Por consiguiente, las acciones emprendidas suponen un avance en los procesos internos, acciones necesarias para contribuir al avance de la estrategia de apertura y reutilización de datos. Estas mejoras no suponen por sí mismas un aumento de la publicación de la información judicial disponible para la ciudadanía, por lo que este compromiso no ha influido en la apertura del Gobierno en materia de acceso a la información pública. No obstante, sí contribuirá a sentar las bases para mejorar el acceso a la información pública judicial.