Justicia abierta en España (ES0043)

Ministerio responsable: Ministerio de Justicia; Otros actores: Gobierno: Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con jurisdicción en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General, Abogados de la Administración de Justicia; Sociedad civil, iniciativa privada, grupos multilaterales y de trabajo: asociaciones pro transparencia, periodistas de datos, asociaciones de víctimas, consumidores, etc. Agentes de Información Reutilizables Consejos Generales de Abogados, Abogados y Graduados Sociales Comité Técnico Estatal de la Administración de la Corte Electrónica (CTEAJE) Comisión Nacional de Estadísticas Judiciales Consejo Nacional de Transparencia; Status quo o problema a tratar: muchos gobiernos y parlamentos han tomado diferentes medidas para adoptar una acción pública más abierta. Sin embargo, la Administración de Justicia todavía está comenzando a seguir este camino. La baja valoración que los ciudadanos tienen de la Ley como servicio público está en gran medida condicionada por su funcionamiento, esta circunstancia contribuye al hecho de que la Administración de Justicia, como otras instituciones, también se ve afectada por una reducción en la confianza que los ciudadanos tienen en él con la necesidad de equiparse con instrumentos que refuercen su alcance a la sociedad. Por lo tanto, es necesario incorporar nuevos instrumentos que abran la Administración de Justicia y coloquen al ciudadano en su núcleo. La transparencia es una de ellas, entendida dentro del contexto que estipula la naturaleza misma de la Administración de Justicia. Un sistema complejo donde los poderes se dividen entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas con poderes transferidos y los jueces y magistrados mismos que son constitucionalmente independientes y están sujetos exclusivamente al estado de derecho. Por otro lado, el ecosistema de Justicia ha sido tradicionalmente ajeno a la existencia de una sociedad civil suficientemente activa y con capacidad para exigir e influir en un funcionamiento adecuado de la Justicia. Además, partimos de una base tecnológica débil que hace que sea difícil aprovechar el potencial de la tecnología para aumentar la transparencia en las instituciones. Existe una gran diversidad y dispersión de los sistemas de información que actualmente apoyan la actividad judicial. Los datos se obtienen y procesan mediante sistemas manuales sin garantizar la calidad de los datos. Sin embargo, se han realizado algunos avances recientemente. El lanzamiento del servicio de subastas electrónicas permite un mayor acceso a la información, una mayor participación y competencia entre los licitadores, así como un mayor retorno de los activos subastados a la Administración. Por otro lado, el servicio "cómo va" actualmente en funcionamiento en la sede judicial electrónica del Ministerio de Justicia (compromiso del Segundo Plan de Gobierno Abierto de España) es un primer paso para proporcionar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. ; Objetivo principal: El objetivo principal es lograr una Administración de Justicia más transparente y accesible: • Ofrecer datos que permitan un control adecuado por parte de la sociedad civil y los ciudadanos, una mejor comprensión del funcionamiento del sistema de Justicia y un mayor estímulo del emprendimiento, la innovación y la economía. crecimiento a través de su reutilización. • Brindar a los ciudadanos servicios digitales que permitan un mejor acceso a la información cuando participen en procedimientos legales. Breve descripción del compromiso: El compromiso se incluirá en una línea específica de política pública sobre Justicia Abierta, que se incluirá en la Estrategia Nacional de Justicia que lanzará el Gobierno de España, con el apoyo y la participación de los actores políticos, institucionales y profesionales. del país y colocando la transparencia judicial como uno de sus ejes principales.
1 Los datos abiertos como instrumento de transparencia en la administración de justicia. El compromiso incluye tomar los pasos iniciales para evolucionar el modelo actual de estadísticas judiciales a otro en el que las estadísticas mencionadas se mejorarán en cuanto a la calidad de los datos, su recopilación y gestión. La publicación se realizará en formatos reutilizables y amigables para facilitar la comprensión de los ciudadanos. Se fortalecerá el papel de la Comisión Nacional de Estadísticas Judiciales y se promoverá la colaboración a través del CTEAJE.
2 Mejorar el derecho de acceso a la información judicial. El compromiso incluye el acceso a través de la transmisión de ciertas audiencias orales y el acceso a través de la Sede Judicial Electrónica al archivo judicial de las partes involucradas en un caso. Se abordó el desafío de la OGP mediante el compromiso: aumentar la calidad de la información relacionada con la actividad judicial, automatizar su extracción y mejorar las posibilidades de explotación y difusión es un salto cualitativo para avanzar en la transparencia del funcionamiento del sistema de justicia y un medio para facilitar una mejor rendición de cuentas y control del funcionamiento de la administración judicial en España. Todo esto contribuye a fortalecer el sistema de justicia como Poder del Estado y como servicio público dándole legitimidad adicional y un mayor reconocimiento social que servirá para proteger mejor los derechos y garantías de los ciudadanos, así como una mayor seguridad jurídica en nuestro país. Además, la orientación y coordinación de datos a través del CTEAJE permitirá procesos más eficientes que resultarán en una gestión más eficiente de los recursos.
Finalmente, el acceso a los servicios de la Administración de Justicia se proporcionará mejorando el funcionamiento de este servicio público eliminando las barreras para los ciudadanos y ayudando a reducir los costos de terceros (por ejemplo, periodistas o profesionales para poder acceder telemáticamente a juicios y registros respectivamente).; Relevancia: El compromiso descrito fortalece los valores de OGP de la siguiente manera: • Mejora el acceso a la información: o Se pretende que cada vez más información sobre el funcionamiento del sistema de justicia esté disponible para los ciudadanos (estadísticas, datos, audiencias orales, documentos de un tribunal judicial expediente). o Se pretende divulgar la información en formatos abiertos o, en su defecto, de una manera fácilmente comprensible para los ciudadanos. o Su objetivo es fortalecer el derecho a la información, informando no solo sobre el estado del archivo judicial sino también sobre el contenido del mismo. o El objetivo es mejorar la calidad de la información sobre la actividad de la información, mediante la homogeneización de los conceptos y concretos. hitos para proporcionar información a cada indicador. o Su objetivo es reducir los costos de obtener información, promoviendo soluciones que extraen, depuran, agregan y presentan datos en tiempo real. • Participación ciudadana: o Su objetivo es consultar e involucrar a los actores de la sociedad civil y al sector de reutilización de información, mediante la creación de foros específicos para la participación en la política de justicia de datos abiertos. • Responsabilidad: o El objetivo es mejorar el acceso a la justicia, mediante la implementación de un sistema simple de acceso al archivo judicial y sin costos de uso. o Su objetivo es mejorar los mecanismos de escrutinio público del sistema de justicia mediante la publicación de datos sobre su funcionamiento y organización en formatos amigables y reutilizables. Objetivo: se espera contribuir a una mejor rendición de cuentas y control social sobre el funcionamiento del sistema de justicia, así como a mejorar el servicio a los ciudadanos y fortalecer sus derechos, como a través del acceso a la información judicial que se incluye en las leyes procesales. Además, este compromiso mejorará la eficiencia en los procesos de gestión y la toma de decisiones en los diferentes niveles del Ministerio de Justicia y los agentes involucrados en la actividad judicial.

EJE FORMACIÓN

5.3 Educación en Gobierno Abierto

Nota editorial: Este compromiso, tal como se formula en el tercer plan, consta de siete metas. A fin de facilitar su evaluación se reduce a cuatro metas. Se analizan continuamente por su conexión entre ellas: las metas 1 y 4 Diseño y testeo de las Guías en Gobierno Abierto; metas 2, 5 y 6 actividades complementarias y de difusión. Las metas 3 y 7 se analizan por separado.

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

Formar a alumnos para el desarrollo de las competencias sociales y cívicas y, en concreto, sobre los principios del Gobierno Abierto. Formar al profesorado para la evaluación de las competencias sociales y cívicas. Preparar a los alumnos para el ejercicio de la ciudadanía democrática, la transparencia y para poder interactuar y participar en el ámbito público.

Fecha de inicio: Julio 2017 Fecha de término: Diciembre 2019

El texto completo del compromiso se encuentra en Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto, disponible aquí: https://bit.ly/2Wubeyk.

Contexto y objetivos

Objetivo general y relevancia

La infancia y juventud son públicos que tradicionalmente no se han tenido en cuenta a la hora de planificar políticas, ni siquiera para aquellas en las que son el público objetivo. La desafección o falta de interés en las administraciones es aún más acuciante en la sociedad juvenil europea. Por ello, es necesario conducir acciones para: “… animar a los jóvenes y dotarlos de los recursos necesarios para que se conviertan en ciudadanos activos, agentes de solidaridad y cambio positivo” [90] .

Este compromiso propone la realización de las siguientes metas:

1. Elaboración de guías de gobierno abierto.
2. Difusión de los recursos.
3. Formación y en línea. para el profesorado.
4. Ejecución de la actividad formativa en Ceuta y Melilla y otras CCAA.

5 Actividades complementarias en centros educativos.

6. Difusión de la actividad a través de la Comisión General de Educación.
7. Evaluación de la formación.

Respecto a la relevancia de las metas propuestas, la formación y divulgación suponen un aspecto crucial para el cambio cultural que implica la apertura del Gobierno, sobre todo cuando se trata de acciones dirigidas a la comunidad educativa. La formación orientada a este colectivo es relevante para mejorar las capacidades, condiciones y espacios para la promoción de la participación ciudadana, en la medida en que suponen la formación y empoderamiento de una ciudadanía activa que siembre las semillas del cambio cultural que entraña la apertura del Gobierno. Sin embargo, no se les puede asignar una relevancia directa en relación al acceso a la información: las acciones divulgativas mejoran las condiciones para el acceso a la información, pero no implican per se una mayor divulgación de información pública o de mejor calidad. Respecto a la rendición de cuentas, no se observan mecanismos de asunción de responsabilidades y consecuencias claras en correlación con las mismas.

Las metas contenidas en el presente compromiso, las guías de gobierno abierto, la formación y en línea. dirigida al profesorado (MOOC [91] ) así como las acciones complementarias y divulgativas, introducirán los conceptos de acceso a la información, participación y colaboración entre la comunidad educativa de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla así como en las comunidades autónomas de Asturias, Galicia, Madrid y Valencia entre otras.

Verificabilidad e impacto potencial

Las metas del compromiso son verificables porque resultan en productos tangibles como formaciones y en línea.. Las acciones divulgativas, si bien se pueden comprobar, resultan menos específicas.

Las guías de gobierno abierto son herramientas con un impacto potencial moderado, puesto que formar a alumnos sobre los principios del gobierno abierto a través de herramientas adaptadas a su edad ya sus intereses contribuyen a generar una cultura de gobierno abierto, a formar a la ciudadanía del futuro, una ciudadanía activa, democrática, y comprometida con estos valores.

Que el alumnado pueda conocer e interiorizar qué supone una cultura de gobierno abierto es un resultado del compromiso que estará supeditado a que su implementación venga acompañada de una formación específica para los equipos docentes responsables de impartir sus contenidos. Si la comunidad educativa no se involucra en su diseño, implementación y evaluación, los materiales no tendrán el impacto deseado. En este sentido se valora el impacto de los cursos MOOC orientados a los docentes como menor (los cursos contienen competencias específicas para formadores, diferenciándose de los cursos MOOC orientados a la ciudadanía). Las actividades complementarias vendrían a completar los contenidos incluidos en las guías, ayudando al alumnado a comprender mejor la labor de los empleados públicos. Por esta razón también se valoran con un impacto potencial menor. Por su parte las actividades de difusión son un pilar necesario para ampliar el conocimiento sobre los materiales didácticos y poder dotar a las guías de un impacto mayor, tal como se viene trasladando a lo largo de este informe como recomendación transversal.

Siguientes pasos

La investigadora del IRM recomienda continuar con la implementación de las guías de gobierno abierto y expandir su uso a otras comunidades autónomas, sin necesidad de que estas formen parte del plan próximo de acción, al entenderse que sus bases están lo suficientemente consolidadas para continuar su desarrollo y expansión. Asimismo recomienda:

• Analizar la posibilidad de realizar materiales y en línea. [92] sobre la base de las guías elaboradas, en una sola herramienta digital dirigida a distintos públicos: escolares, sociedad civil y empleados públicos.
• Tener en cuenta que el interés y la motivación de todos los participantes en un proceso multiactor está conectado con el grado de impacto que su participación pueda alcanzar. Ello es primordial para ofrecer a los participantes una mejor comprensión de los intereses de cada parte, así como una orientación clara sobre las áreas en las que los participantes pueden influir y aquellas en las que la decisión es retenida por la administración responsable del compromiso. De lo contrario se desincentivará la participación de los distintos actores involucrados en el proceso de cocreación.