Asamblea de siete países de OGP
Siete países de OGP que están trabajando en mejorar la libertad de asamblea
Sept pays du PGO régissent les réunions
Lecciones de los reformadores
Este estudio de caso fue publicado originalmente en el Informe global de OGP.
El Centro Europeo de Derecho Sin Fines de Lucro (ECNL), un proyecto innovador sobre la libertad de reunionLa reunión pacífica, un derecho humano fundamental, es esencial para instituciones democráticas sanas y eficaces. Especificaciones técnicas: Protección del derecho individual de reunión pacífica, ..., evaluó siete países de OGP en Europa Central y del Este en cuanto a leyes y prácticas relevantes entre 2017 y 2019. (También hubo dos países que no pertenecen a OGP incluidos en la evaluación). Muchos de estos países de OGP tienen marcos legales sólidos, pero enfrentan desafíos de implementación en torno a vigilancia policial de eventos y carecen de procesos estandarizados entre las autoridades, especialmente a nivel local.
- Albania: El marco legal del país protege la asamblea. Aún así, en la práctica, Albania tiene margen de mejora. No está claro si los organizadores necesitan notificación o autorización para demostrar. De hecho, esto restringe las asambleas espontáneas y crea una falta de coordinación con la policía. Los organizadores han sido multados por falta de autorización. Un proceso de autorización más estandarizado, unificado y transparente podría resolver algunos de estos problemas.
- Armenia: Desde la aprobación de la Ley 2011 sobre libertad de reunión, la implementación ha mejorado gradualmente. Antes de la Revolución de Terciopelo 2018, había habido una marcada disminución de la violencia durante las elecciones 2016 en comparación con los años anteriores. No obstante, hubo una discreción significativa en el uso de la fuerza, especialmente durante las manifestaciones de la oposición, con violencia ilegal y excesiva bien documentada contra los participantes de la asamblea, incluidas granadas de destello y policías encubiertos. Hubo enjuiciamiento agresivo y detención prolongada de los participantes de la asamblea.
- Croacia: La legislación y la práctica de Croacia están bien armonizadas con las normas internacionales. La estandarización podría limitar la discreción y la discriminación de las autoridades locales y crear un organismo independiente para decidir prohibiciones y restricciones.
- Macedonia del norte: El marco legal es sólido, aunque no está completamente alineado con los estándares y protocolos internacionales para las autoridades locales y los organizadores no son todos transparentes o claros. Una serie de restricciones legales limitan el montaje; una "asamblea" está restringida a 20 o más personas y los organizadores deben pagar una tarifa por vigilancia, en desacuerdo con las pautas de la OSCE. (Vea el recuadro en la página 112 del Informe global de OGP para más.)
- Moldavia: A pesar de uno de los marcos más liberales para la libertad de reunión en la región, Moldavia enfrenta desafíos de implementación en torno a reclamos competitivos por el espacio público, particularmente en los niveles más bajos del gobierno. Algunos municipios y ciudades más pequeñas cierran espacios públicos para ceremonias oficiales. Varias organizaciones han enviado notificaciones con años de anticipación, incluidos, en un caso, años 80, bloqueando de hecho a otros para que no puedan reunirse al mismo tiempo y lugar. Además, los organizadores de la asamblea de oposición perciben una diferencia en el trato de las asambleas progubernamentales. Al igual que con otros países en la encuesta, los procedimientos y protocolos relacionados con el uso de la fuerza, el equipo y los oficiales siguen siendo opacos.
- Serbia: A pesar de la reciente Ley de Asamblea Pública (2016), Serbia ha perdido terreno en la libertad de reunión. En la práctica, las asambleas espontáneas, legales incluso sin ningún organizador, enfrentan restricciones, especialmente si los grupos son políticamente sensibles. La vigilancia y posiblemente sanciones excesivas han restringido las asambleas.
- Ucrania: A pesar del progreso inequívoco, Ucrania aún carece de una ley específica sobre la libertad de reunión. El proyecto de ley propone extender el control militar sobre las reuniones pacíficas, a pesar de las protecciones constitucionales. Las autoridades locales restringen la libertad de reunión mediante procesos engorrosos de notificación y autorización. La policía carece de pautas claras y capacitación para tratar con las asambleas públicas, incluidas las detenciones preventivas y la identificación poco clara de los oficiales. (Como se mencionó anteriormente en esta sección, Ucrania hizo una OGP temprana compromisoLos compromisos de OGP son promesas de reforma creadas conjuntamente por los gobiernos y la sociedad civil y presentadas como parte de un plan de acción. Los compromisos suelen incluir una descripción del problema, una acción concreta... sobre el derecho fundamental de reunión).
Crédito de la foto: CCat82, Adobe Stock
Este caso de estudio se publicó originalmente en el OGP Informe Global.
El European Center for Not-for-profit Law (ECNL), a través de un proyecto innovador enfocado en la libertad de asamblea, realizó una evaluación a siete miembros de OGP de Europa central y del Este en función de una serie de leyes y prácticas relevantes implementadas entre 2017 y 2019. (La evaluación incluyó también a países que no son miembros de OGP.) Muchos de estos países cuentan con marcos legales sólidos, pero tienen dificultades de implementación relacionados con la participación de la policía en eventos y carecen de procesos estandarizados para las autoridades, sobre todo a nivel local:
- Albania: El marco legal del país protege la libertad de asamblea. Sin embargo, en la práctica, Albania tiene mucho por mejorar. No está claro si los organizadores de las manifestaciones están obligados a enviar una notificación o solicitar un permiso. Esta falta de claridad restringe las asambleas espontáneas y genera una falta de coordinación con la policía. Algunos organizadores han sido multados por no contar con una autorización. El establecimiento de un proceso estandarizado, unificado y transparente para solicitar autorización, podría ayudar a resolver algunos de estos problemas.
- Armenia: Desde la publicación de la Ley de Libertad de Asamblea en 2011, la implementación ha mejorado gradualmente. Antes de la Revolución de Terciopelo de 2018, hubo una reducción de la violencia durante la elección del 2016 en comparación con los años anteriores. Sin embargo, la discreción en el uso de la fuerza era significativo, sobre todo durante manifestaciones organizadas por grupos de oposición. Se documentaron una serie de casos de violencia excesiva en contra de los participantes, incluyendo el uso de granadas y de policías encubiertos. Hubo un proceso intenso de persecución legal y detenciones prolongadas de los participantes en las asambleas.
- Croacia: La ley y prácticas de Croacia están bien alineadas con los estándares internacionales. Esta estandarización podría limitar la discreción y discriminación por parte de las autoridades locales y establecer un organismo independiente para definir las restricciones relevantes.
- Macedonia del Norte: El marco legal del país es robusto, aunque no está totalmente alineado con los estándares internacionales y los protocolos para las autoridades locales y los organizadores no son claros ni transparentes. Existe una serie de restricciones legales que limitan el derecho de asamblea; una “asamblea” está restringida a 20 personas o más y los organizadores deberán pagar una cuota para cubrir los costos de la supervisión policiaca, lo cual no está permitido según los lineamientos de la OSCE. (Ver el recuadro en la página 115 del OGP Informe Global).
- Moldavia: A pesar de contar con uno de los marcos más liberales para la libertad de asamblea de la región, Moldavia tiene dificultades de implementación relacionadas con temas encontrados sobre el espacio público, sobre todo a los niveles de Gobierno más bajos. Algunos municipios y localidades pequeñas cierran espacios públicos para organizar ceremonias oficiales. Diversas organizaciones han enviado notificaciones con años de anticipación (en un caso, 80 años antes), lo cual evita que otros grupos puedan reunirse al mismo tiempo y en el mismo lugar. Además, la percepción de los organizadores de asambleas de la oposición es que reciben un tratamiento diferente al que reciben los grupos que están a favor del Gobierno. Como ocurre en otros países que participaron en este estudio, los procedimientos y protocolos sobre el uso de la fuerza, equipo y funcionarios son opacos.
- Serbia: A pesar de la publicación reciente de la Ley de Asambleas Públicas (2016), Serbia ha perdido terreno sobre la libertad de asamblea.63 En la práctica, las asambleas espontáneas, legales a pesar de no contar con organizadores, enfrentan restricciones, sobre todo si los grupos son políticamente sensibles. La policía y presumiblemente la aplicación excesiva de sanciones han restringido a las asambleas.
- Ucrania: : A pesar de lograr avances inequívocos, Ucrania aún no cuenta con una ley de libertad de asamblea. Un borrador de ley propone ampliar el control militar sobre las asambleas pacíficas, a pesar de que la Constitución establece protecciones. Las autoridades locales restringen la libertad de asamblea a través de trámites engorrosos de notificación y autorización. La policía carece de lineamientos claros y de una capacitación adecuada sobre el manejo de asambleas públicas, incluyendo detenciones preventivas y una falta de claridad para la identificación de funcionarios. (Como se mencionó anteriormente en esta sección, Ucrania estableció un compromiso de OGP sobre el derecho fundamental de asamblea).
Cette étude de cas a été initialement publié dans le OGP Rapport Mondial.
L’European Center for Not-for-profit Law (ECNL), dans le cadre d’un projet novateur sur la liberté de réunion, a évalué sept pays membres du PGO en Europe centrale et en Europe de l’Est quant aux lois et aux pratiques pertinentes entre 2017 et 2019. (L’évaluation visait aussi deux pays non membres du PGO.) Plusieurs de ces pays membres du PGO se sont dotés de robustes cadres juridiques, mais ils sont aux prises avec des difficultés de mise en œuvre concernant le contrôle policier des activités et ils n’ont pas de processus normalisés entre les autorités, surtout au niveau local.
- Albanie: Le cadre juridique du pays protège les réunions. Cependant, en pratique, l’Albanie peut encore s’améliorer. Nous ignorons si les organisateurs doivent produire un avis ou recevoir une autorisation afin de manifester. De facto, une telle mesure restreint les réunions spontanées et entraîne un manque de coordination avec les policiers. Des organisateurs ont été mis à l’amende pour ne pas avoir obtenu d’autorisation. Un processus d’autorisation plus normalisé, unifié et transparent pourrait résoudre certains de ces problèmes
- Arménie: Depuis l’adoption de la Loi de 2011 sur la liberté de réunion, la mise en œuvre s’est graduellement améliorée. Avant la Révolution de velours de 2018, on a observé une forte diminution de la violence pendant l’élection de 2016 par rapport aux années précédentes. Néanmoins, le recours à la force comportait une bonne part d’arbitraire, surtout lors des rassemblements de l’opposition, et des actes de violence excessive, illégale et bien documentés contre les participants ont été commis, y compris l’usage de grenades aveuglantes et d’agents infiltrés. Les participants aux réunions ont été la cible de poursuites agressives et d’incarcération prolongée.
- Croatie: Les lois et les méthodes de la Croatie sont bien harmonisées aux normes internationales. La normalisation pourrait réduire la discrétion et la discrimination des autorités locales et créer un organisme indépendant chargé de décider des interdictions et des restrictions.
- Macédoine du Nord: Le cadre juridique est robuste, sans être totalement conforme aux normes et protocoles internationaux, car les autorités locales et les organisateurs ne sont pas tous transparents ou clairs. Certaines restrictions juridiques limitent la définition de « réunion » à au moins 20 personnes et les organisateurs doivent verser un montant pour le contrôle policier, en opposition aux lignes directrices de l’OSCE. (Pour de plus amples renseignements, voir l’encadré à la page 110.)
- Moldavie: Malgré un des cadres les plus permissifs en matière de liberté de réunion dans la région, la Moldavie est aux prises avec des difficultés de mise en œuvre à l’égard de demandes concurrentes pour l’utilisation de l’espace public, surtout dans les ordres inférieurs de gouvernement. Certaines municipalités et certains villages de moindre envergure ferment les espaces publics pour des cérémonies officielles. Certains organismes ont transmis un avis plusieurs années à l’avance, y compris, dans un cas, 80 ans, ce qui empêche de facto d’autres organismes de pouvoir se réunir au même moment à cet endroit. De plus, les organisateurs de réunions opposées au gouvernement perçoivent un traitement différent par rapport aux organisateurs favorables au gouvernement. Tout comme d’autres pays au sondage, les procédures et les protocoles concernant le recours à la force, à l’équipement et aux policiers demeurent nébuleux
- Serbie: Malgré la récente Loi sur les réunions publiques (2016), la liberté de réunion perd du terrain en Serbie. En pratique, les réunions spontanées, légales sans même d’organisateur, sont frappées de restrictions, surtout si les groupes sont politisés. Les réunions ont été entravées par la surveillance et des sanctions que certains qualifieront d’excessives.
- Ukraine: Malgré des progrès incontestables, l’Ukraine ne dispose toujours pas de loi portant spécifiquement sur la liberté de réunion. Un projet de loi propose d’imposer un contrôle militaire aux réunions pacifiques, malgré les protections garanties par la constitution. Les autorités locales restreignent la liberté de réunion à l’aide de processus fastidieux d’avis et d’autorisation. Les forces policières n’ont aucune ligne directrice claire et n’ont pas la formation idoine pour la gestion des réunions publiques, ce qui comprend des détentions prioritaires et l’identification équivoque des agents de police.(Comme nous le mentionnons plus haut, l’Ukraine a pris un engagement anticipé dans le cadre du PGO à l’égard du droit fondamental de se réunir.)
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