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Alianzas para gobiernos abiertos: el enfoque del BID

Nicolas Dassen|

El Banco Interamericano de Desarrollo comparte la opinión de que el concepto de gobierno abierto es una plataforma para repensar la gestión pública y la forma en que los gobiernos interactúan con la sociedad civil. Open Government Partnership (OGP) no es solo otro transparencia iniciativa, sino más bien una oportunidad para reformular la agenda tradicional en este campo. Al avanzar hacia una estrategia prointegridad y prociudadanía, pensamos que la promoción de políticas de transparencia y rendición de cuentas son herramientas útiles para fortalecer y modernizar la gestión pública a fin de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Al mismo tiempo, OGP faculta a los ciudadanos a ejercer auditoría social más eficazmente.

Cada vez que los países trabajan en reformas del servicio civil, mediante la descentralización de los servicios, la mejora de la gestión de ingresos y la responsabilidad fiscal, la modernización contratación pública, la reducción de trámites burocráticos, el fortalecimiento de los órganos de auditoría y control, el fomento de la transparencia y el acceso a la información, buscan mejorar la gestión pública y, al mismo tiempo, disminuir los riesgos de corrupción al trabajar sobre las entradas vulnerables de la Administración.

¿Cómo implementa el BID esta estrategia? A través de un enfoque doble: primero, apoyando la implementación de políticas de gobierno abierto. Los países están desarrollando cada vez más sus planes de gobierno en torno a este concepto de apertura para la modernización de sus sistemas de gestión. En segundo lugar, los países están desarrollando políticas de transparencia específicas en diferentes sectores sociales y económicos. Este concepto se refiere a la provisión de información específica y útil para un grupo objetivo de usuarios actuales y potenciales, de manera oportuna y amigable. De esta manera, la transparencia focalizada empodera a los ciudadanos para tomar decisiones mejor informadas sobre los servicios públicos a los que tienen derecho, y les permite abogar e influir de manera más efectiva en los procesos de toma de decisiones de políticas públicas y realizar actividades de monitoreo.

El BID, a través del Fondo Fiduciario de Transparencia, está participando de manera proactiva con 11 países en la aplicación de la transparencia focalizada en sectores clave como las industrias extractivas en Ecuador y la vivienda en Colombia. El BID también está contribuyendo a ayudar a varios países a mejorar su capacidad para consolidar e implementar sus planes de acción de OGP y la implementación de compromisos específicos. En Colombia, el BID está colaborando con el establecimiento de una hoja de ruta para el cumplimiento del plan de acción. En Perú, el Banco está contribuyendo a incrementar la información publicada en los portales de transparencia de los organismos públicos, regiones y municipios, implementando un portal de datos abiertos y elaborando un diagnóstico y un curso de acción para mejorar la política de archivos públicos. El BID también está comprometido con la difusión de conocimientos y el diálogo de políticas regionales. Recientemente ha copatrocinado una Conferencia Regional de OGP (Chile, enero de 2013); y publicó un estudio sobre Gobierno Abierto y Transparencia Dirigida (ver capítulo 2, de Álvaro Ramírez Alujas y Nicolás Dassen). Este estudio mostró que aproximadamente el 73% de los 243 compromisos de OGP presentados por los países miembros de América Latina y el Caribe están relacionados con la mejora de los servicios públicos (27%, en su mayoría gobierno electrónico) y con la mejora de la integridad pública (46%, en su mayoría datos abiertos portales e implementación de políticas de acceso a la información). Creemos que estas cifras muestran una tendencia incipiente pero positiva en los países de América Latina y el Caribe que se desplazan del enfoque tradicional de transparencia hacia uno que considera la apertura y la rendición de cuentas como principios integrados de eficiencia y eficacia en la gestión pública y la prestación de servicios, adoptando un estado más ambicioso. modernización.