Federalización de la Ley Micaela (AR0091)

• Federalización de la Ley Micaela (Agosto de 1, 2020)

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
Argentina ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos y participa activamente en los esfuerzos para implementar la Agenda 2030. A pesar de esto, la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema grave y persistente. Los registros oficiales revelan 251 feminicidios directos y 22 víctimas de feminicidios relacionados durante 2017 (1 mujer cada 28 horas). Como en 2016, la tasa de feminicidios del país es de 1 feminicidio por cada 100,000 mujeres, aunque con fuertes variaciones entre las diferentes jurisdicciones provinciales (OM, 2017). El compromiso aborda la federalización de la Ley Micaela No. 27499. Esta Ley surgió del feminicidio de Micaela García en 2017, una joven que fue violada y asesinada en la ciudad de Gualeguay por Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes penales que fue en libertad condicional, beneficio otorgado por la Justicia de la provincia de Entre Ríos. La Ley establece capacitación obligatoria sobre género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en el servicio público en todos los niveles y jerarquías en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. El Instituto Nacional de la Mujer es la autoridad para aplicar esta ley y se encarga de capacitar a las más altas autoridades de las tres ramas. El resto de las personas incluidas en este estándar llevarán a cabo la capacitación en el formato establecido por las agencias respectivas en las que desempeñan sus funciones. En este sentido, es esencial promover la federalización de la Ley de Micaela para que pueda ser adoptada por las jurisdicciones provinciales a fin de ampliar las capacitaciones sobre género y violencia contra las mujeres en los poderes provinciales.
El artículo 10 de la Ley invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias a adherirse.
● Hasta ahora, las jurisdicciones que se han adherido incluyen: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Salta, Córdoba, La Rioja, Misiones, Neuquén, Santa Cruz.
● Además, las siguientes provincias están en proceso de adherirse a la Ley: Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, San Luis, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El INAM trabaja de manera articulada con los gobiernos provinciales a través del Consejo Federal de Mujeres. El Consejo se reúne en diferentes provincias al menos 3 veces al año y está compuesto por representantes de los gobiernos provinciales, en general, las autoridades de género de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un espacio que tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto entre la nación y las provincias, al estilo de otros consejos como educación, justicia, infancia, entre otros. Asimismo, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil se creó en virtud del artículo 9 de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en las Áreas donde desarrollan sus Relaciones Interpersonales No. 26485. El Consejo está compuesto por dos organizaciones por provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lleva a un total de 48 representantes. Es un espacio de asesoramiento y consulta para la sociedad y una mesa redonda para la participación en la discusión de políticas públicas sobre cuestiones de género.

¿Cuál es el compromiso?
El objetivo general de este compromiso es avanzar en la federalización de la Ley Micaela promoviendo la adhesión de las provincias. Para este fin, el compromiso propone que el Instituto Nacional de la Mujer trabaje en este tema en coordinación con el Consejo Federal de la Mujer (CFM) y el Consejo Asesor de la Sociedad Civil (CCSC). Junto con el CFM, personal de se capacitarán los equipos de mujeres y representantes de los poderes legislativos y judiciales provinciales. Además, el INAM ayudará técnicamente a las organizaciones que conforman el Consejo Asesor a desarrollar campañas para promover la adhesión a la ley. Finalmente, el INAM, en el marco de las reuniones del Consejo Consultivo, informará sobre los resultados del monitoreo relacionado con el grado de implementación de la Ley en las provincias adheridas.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?
A través del cumplimiento de la Ley, cada una de las diferentes jurisdicciones puede tener un órgano de gobierno que será responsable de certificar la calidad de la capacitación brindada y de ofrecer capacitación a las máximas autoridades. Se espera que las personas que trabajan en las provincias puedan recibir capacitación sobre: ​​regulaciones nacionales e internacionales sobre el tema, contenidos conceptuales, herramientas y recursos básicos para la identificación y orientación en casos de violencia de género. El consenso entre las áreas provinciales y el INAM sobre las directrices clave para desarrollar contenidos permitirá establecer una línea de base a partir de la cual avanzar progresivamente para garantizar que el 100% de los funcionarios públicos y funcionarios estatales estén capacitados en perspectiva de género. Como institución rectora responsable de la ejecución de la Ley, el INAM considera que esta capacitación estatal en género y violencia contra las mujeres, tanto a nivel nacional como provincial, contribuirá positivamente a la transformación cultural hacia una sociedad justa e igualitaria.

¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP?
El compromiso es relevante para la transparencia, ya que se publicará información de las agencias provinciales que trabajan en la agenda de género. Asimismo, los ciudadanos podrán conocer el grado de implementación de la Ley Micaela en las provincias que se adhieren al acceder al informe de monitoreo sobre: ​​las organizaciones que brindan capacitación en materia de género y derechos de las mujeres, la cantidad de personas alcanzadas y los datos sobre el progreso de los programas de capacitación dentro de cada agencia.

Información Adicional
● En relación con el presupuesto, como se refleja en el art. 9 de la Ley 27.499 “los gastos exigidos por esta ley se tomarán de los créditos correspondientes a las partidas presupuestarias de los organismos públicos relacionados”.
● La capacitación obligatoria en cuestiones de género forma parte de las 35 acciones clave del Plan para la igualdad de derechos y oportunidades (2018-2020).
● Asimismo, la elaboración participativa de este Plan fue uno de los compromisos del INAM en el marco del Tercer Plan de Acción de Argentina OGP.
● El Plan para la igualdad de derechos y oportunidades se enmarca dentro de los Objetivos del Gobierno (punto 53) y está alineado con el ODS 5.

13. Federalización de la Ley Micaela

El compromiso propone que el Instituto Nacional de las Mujeres trabaje [en pos de la federalización de la Ley N ° 27499 sobre violencia de género] de manera coordinada con el Consejo Federal de las Mujeres (CFM) y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil ( CCSC). Con el CFM se capacitará a personal de los equipos de las áreas de mujer y representantes de los poderes legislativos y judiciales provinciales. Además, el INAM asistirá técnicamente a las organizaciones que conforman el Consejo Consultivo para desarrollar campañas de promoción de adhesión de la ley. Finalmente, el INAM reportará los resultados del monitoreo sobre el grado de implementación de la Ley en las provincias que adhirieron, en el marco de las reuniones del Consejo Consultivo.

Objetivo principal

Avanzar en la federalización de la Ley Micaela mediante la promoción de adhesión de las provincias.

Hitos

13.1 Elaboración de un mapeo público de organismos de los diferentes poderes que trabajan la agenda de género en todas las provincias.

13.2 Articulación, en el marco de las reuniones del Consejo Federal de las Mujeres, de acciones que contemplen la realización de un Curso "Formador de Formadores en Ley Micaela" para al menos una persona del equipo interdisciplinario de las áreas mujer y representantes del Poder Legislativo y Poder Judicial a nivel provincial.

13.3 Prestación de asistencia a las organizaciones que forman parte del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el desarrollo de campañas para promover la adhesión y la implementación efectiva de la Ley en las provincias.

13.4 Realización de informe de INAM sobre los resultados del monitoreo sobre el grado de implementación de la Ley en las provincias que adhirieron en el marco de las reuniones del Consejo Consultivo.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Analisis del compromiso

El objetivo del compromiso es federalizar la Ley 27.499 (Ley Micaela), promoviendo su adopción a nivel provincial en cumplimiento de su artículo 10, que invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya las provincias a adherirse [ 71 ]. La ley - que mandata la capacitación en materia de género y violencia contra las mujeres para funcionarios / as públicos / as de todos los niveles en las tres ramas del gobierno federal - lleva el nombre de Micaela García, una joven de Gualeguay, Entre Ríos, que en 2017 fue víctima de violación y femicidio. La responsabilidad por la impartición de la capacitación que manda la ley recae sobre el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) [ 72 ], que también es el organismo a cargo de este compromiso.

Para avanzar en la federalización de la Ley Micaela, el compromiso propone que el INAM trabaje esta temática de manera coordinada con el Consejo Federal de las Mujeres (CFM), integrado por representantes provinciales; y con el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC), proveyendo capacitaciones al personal de las áreas pertinentes de los gobiernos provinciales y asistencia técnica a las OSC del CCSC que desarrollaron campañas para promover la adhesión y la implementación de la ley.

El compromiso es verificable, dado que todas las actividades planificadas para cumplir el objetivo planteado son observables y es esperable que tengan resultados tangibles. Ellas incluyen la elaboración de un mapeo de organismos provinciales dedicados a temas de género; la coordinación, a través del CFM, de la impartición de un curso para formadores, destinada a por lo menos un funcionario en condiciones de replicarlo en cada poder de cada provincia involucrada; la prestación de asistencia técnica a OSC; y la producción de un informe con los resultados del monitoreo de la implementación de la Ley Micaela en las provincias.

Sin restar importancia a esta ley, se valora que el compromiso no versa sobre un problema que pareciera reclamar una solución basada en los valores del gobierno abierto: su objetivo de fondo es lograr la adhesión a la ley por parte de las provincias. El compromiso es relevante para los valores de participación ciudadana (bajo la forma de capacitaciones de las OSC involucradas en la campaña) y transparencia y acceso a la información (puesta a disposición del público de información sobre organismos provinciales que trabajan la agenda de género y grados de adhesión a implementación de la ley), pero estos componentes no son su eje vertebrador.

Sin lugar a dudas, en Argentina la violencia de género es un problema persistente y - gracias a la labor desplegada por la sociedad civil - cada vez más visible. Según el Informe 2019 de Femicidios publicado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, durante 2019 se registraron en Argentina 252 víctimas directas de femicidios, incluidos cinco travesticidios o transfemicidios - una tasa de 1,1 cada 100.000 mujeres, la misma que en 2017 y 2018. [ 73 ]. En los últimos años, la violencia de género ha sido, junto con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, un tema central para el movimiento feminista y de promoción de los derechos de las mujeres en Argentina.

La prominencia del tema de que trata es un factor central que da cuenta de la inclusión de este compromiso en el plan de acción. Tal como lo dijo una representante de la OSC Fundeps, “compromisos vinculados a género fue sin dudas la lectura de una demanda social. Sobre todo en un contexto nacional en el que se dieron grandes debates alrededor del tema a partir del año 2018 ” [ 74 ]. Además, se buscó dar continuidad al trabajo emprendido con éxito, también bajo el liderazgo del INAM, en el plan de acción anterior, con el compromiso “Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017 -2019 ”.

Sin embargo, según actores de la sociedad civil presentes en el proceso de cocreación, en esta oportunidad la sustancia del compromiso fue moldeada de antemano por el organismo de gobierno a cargo, en función de sus propias prioridades, sin incidencia significativa de la sociedad civil sobre el resultado [ 75 ]. El compromiso resultante no refleja con claridad de qué forma aplicar los principios de gobierno abierto podría marcar la diferencia en la solución del problema planteado. Pese a que el proceso de adhesión a la ley es relevante como medio para su generalización, el compromiso es muy poco ambicioso en sus objetivos. De hecho, a la fecha de su formulación ya se obtuvo avances: se encuentra adherido a la Ley Micaela nueve de las 23 provincias - Buenos Aires, Chaco, Chubut, Salta, Córdoba, La Rioja, Misiones, Neuquén y Santa Cruz - y otras siete, además de la ciudad de Buenos Aires, estaban en proceso de hacerlo. Además, no se observa mayor diferencia entre las actividades propuestas en el compromiso y las que el IMAM hubiera realizado de todos modos en su ausencia [ 76 ]. En consecuencia, se analizará que la implementación de este compromiso, de completarse tal como está planteado, tendrá un impacto menor.

Compromiso 13. Federalización de la Ley Micaela

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierta? Sí

● Potencial para obtener resultados: Menor

● Cumplimiento: sustancial

● ¿Abrió el Gobierno? sin resultados iniciales para reportar

Este compromiso fue implementado en su versión modificada incluida en el plan de acción revisado para el período 2019-22.

En su versión original, el compromiso tenía una relevancia tenue para los valores de participación ciudadana (bajo la forma de capacitaciones de las OSC involucradas en la campaña para la federalización de la Ley Micaela) y transparencia y acceso a la información (bajo la forma de la puesta a disposición del público de información sobre organismos provinciales que trabajan la agenda de género y grados de adhesión en implementación de la ley), pero estos componentes no eran su eje vertebrador.

En la versión revisada del plan, el elemento de asistencia técnica a OSC fue reemplazado por un componente de asistencia técnica a las provincias. Por su parte, el componente de publicidad, que fue trasladado a la nueva versión del plan, quedó sin implementar: el informe de relevancia de los avances realizados en la implementación de la Ley Micaela no se publicó.

Los demás hitos del compromiso se alcanzaron en tiempo y forma, pero no tienen relevancia en lo que concierne a la apertura del Gobierno: se trata de procesos de gestión interna a la Administración pública, que no involucran a la sociedad civil ni a la ciudadanía.

En efecto, el mapeo de consejeras federales y autoridades provinciales de aplicación de la Ley Micaela se realizó, aunque no existe constancia de que esté publicado. Asimismo, la Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Géneros y Diversidad produjo tres documentos que dictaminaron los lineamientos político-pedagógicos para la confección de programas de capacitación y certificación en la Ley Micaela, preparó e implementó un plan de capacitación dirigido a integrantes de los tres. poderes del Estado nacional, y condujo 31 reuniones bilaterales de asistencia técnica para el diseño y la puesta en práctica de programas de capacitación con todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.