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Argentina

Transparencia en las industrias extractivas (AR0079)

Visión General

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Argentina 2019-2022

Ciclo del plan de acción: 2019

Estado: Activo

Instituciones

Institución líder: Secretaría de Política Minera, Ministerio de Producción y Trabajo. Subsecretaría de Planificación Energética, Ministerio de Hacienda.

Institución (es) de apoyo: ACIJ, Directorio Legislativo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Poder Ciudadano, Cambio Democrático & Universidad Nacional de San Martín

Áreas de política

Acceso a la información, Anticorrupción, Gobierno Electrónico, Medio ambiente y clima, Industrias extractivas, Apertura fiscal, Datos Abiertos, Participación pública, Servicio público de entrega, Impuestos

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de Argentina 2019-2021

Destacado: Pendiente revisión de IRM

Resultados iniciales: revisión de IRM pendiente

Diseño i

Verificable: si

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, participación cívica

Impacto potencial:

Implementación i

Finalización: Revisión de IRM pendiente

Descripción

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
La sociedad argentina no accede a información precisa y confiable en formatos abiertos sobre ciertos aspectos legales, sociales, ambientales y económicos de las actividades extractivas (petróleo, gas y minería), que son fundamentales para la gobernanza y la transparencia de estas industrias. En este sentido, identificamos como un problema la falta de información sobre los flujos económicos de pagos de las empresas al Estado por impuestos, tasas u otros pagos no tributarios, como regalías, contribuciones a fideicomisos, distribución de utilidades en UTE (Uniones de transición de empresas), así como información sobre los beneficios y costos fiscales del régimen de inversión minera e información social y ambiental de los proyectos incorporados en el mismo.

¿Cuál es el compromiso?
El compromiso consiste en publicar información sobre las industrias extractivas en relación con los aspectos económicos, legales y fiscales de las actividades extractivas, así como las evaluaciones de los costos y beneficios fiscales del régimen de inversión minera (Ley 24,196) realizadas sobre la base de una Metodología creada con organizaciones de la sociedad civil (OSC). La información social y ambiental existente en la Secretaría de Política Minera (SPM) también se sistematizará y se pondrá a disposición de los proyectos que soliciten el beneficio de la estabilidad fiscal dentro de dicho régimen. El objetivo general que guía este compromiso es contribuir a la gobernanza y la transparencia de estas industrias en nuestro país. Busca garantizar la transparencia de la información sobre objetivos, beneficiarios, requisitos, montos y resultados del régimen en términos económicos y financieros, tanto en diseño metodológico como en su implementación.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?
La falta de información y transparencia crea problemas de gobernanza en estas industrias porque aumenta la desconfianza entre las partes interesadas involucradas. Por esta razón, es importante resolver el problema del registro de información y su acceso fácil y amigable, así como proporcionar elementos para la interpretación de los datos. Del mismo modo, la evaluación del régimen de inversión minera, sobre la base de un acuerdo con las partes interesadas sobre los aspectos metodológicos, proporciona confianza y credibilidad en los resultados. Al mismo tiempo, tener evaluaciones de impacto nos permitirá saber si se logran los objetivos buscados con el régimen de promoción de la actividad minera y si se trata de una política pública eficiente, razonable y equitativa o si es necesario revisarla. Por lo tanto, resolver el problema es una condición para mejorar la participación ciudadana y la calidad de las discusiones sobre políticas públicas que apuntan a lograr el desarrollo social, económico y ambientalmente responsable de estas industrias.

¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP?
El compromiso es principalmente relevante para la transparencia porque implica un aumento en la cantidad y calidad de la información, entendiendo que la calidad tiene en cuenta tanto la consistencia técnica como la capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios en general. Mejora el acceso a la información y facilita el ejercicio de este derecho. También implica la creación conjunta de una herramienta de evaluación de políticas públicas con la participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de diseño metodológico, así como la publicación de los resultados de las evaluaciones que surgen de su implementación. Además, conlleva casos de responsabilidad en la implementación de una política pública. Por lo tanto, este compromiso también involucra los valores de participación ciudadana y responsabilidad.

Información Adicional
La Secretaría de Política Minera y la Secretaría de Planificación Energética participan activamente en el proceso de implementación del estándar EITI en Argentina junto con las empresas del sector extractivo y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en este tema. La Oficina del Gabinete y la Secretaría de Ingresos Públicos también participan en representación del gobierno. El proceso también incluirá provincias que se adhieran voluntariamente a la implementación de la. Por otro lado, ambas agencias apoyan y continúan desarrollando sistemas de información relacionados con las industrias de hidrocarburos y minería. Estos sistemas cumplen con los estándares de datos abiertos y tienen como objetivo facilitar el acceso a la información pública a diversos usuarios, tanto expertos como no expertos.

Resumen de estado intermedio de IRM

1. Transparencia en industrias extractivas

Texto del compromiso:

El compromiso consiste en publicar información sobre las industrias extractivas referida a aspectos económicos, jurídicos y tributarios de las actividades extractivas, así como las evaluaciones de los costos y beneficios fiscales del régimen de inversiones mineras (Ley 24196) realizadas sobre la base de una metodología cocreada con OSC. También se sistematizará y disponibilizará información social y ambiental existente en la Secretaría de Política Minera sobre los proyectos que solicitan el beneficio de la estabilidad fiscal dentro de dicho régimen.

Objetivo principal

Contribuir a la gobernanza y la transparencia de estas industrias en nuestro país. Se busca asegurar la transparencia de la información relativa a objetivos, beneficiarios, requisitos, montos y resultados del régimen en términos económicos y financieros, tanto en el diseño metodológico como en la implementación del mismo.

Hitos

1.1 Publicación semestral de información relativa al proceso de implementación del estándar EITI en Argentina en un formato amigable y suministro de elementos de interpretación de esa información; así como enlace a las publicaciones del proceso EITI con los portales públicos ya existentes.

1.2 Publicación semestral de información catastral de fuentes provinciales en el CIMA (Centro de Información Minera de Argentina).

1.3 Colaboración entre Secretaría de Política Minera (SPM) y las OSC para la evaluación de los costos y beneficios del régimen de estabilidad fiscal minera:

1.3.1 Realización de al menos tres (3) reuniones para acordar una metodología de evaluación consensuada por las partes involucradas (se acordará la frecuencia de actualización, el formato y la publicación de estas evaluaciones);

1.3.2 Publicación en los sitios web oficiales de la SPM de los resultados de la implementación de la metodología para realizar la evaluación del régimen;

1.3.3 Realización de al menos una (1) reunión presencial de rendición de cuentas convocada por el organismo responsable, permitiendo la formulación de consultas y recepción de comentarios y / o sugerencias sobre los resultados de la evaluación.

1.4 Sistematización y disponibilidad de la información social y ambiental existente en la SPM referida a los proyectos que solicitan el beneficio de la estabilidad fiscal en el marco del régimen de inversiones mineras (entendiendo que no se trata de los estudios de impacto ambiental que presentan ante las autoridades provinciales competentes). Para ello, se cocreará el producto de esa sistematización: el formato en el que se podrá disponer de esa información.

1.5 Implementación de una estrategia de sensibilización -entre la SPM y la Subsecretaría de Planeamiento Energético- para la adhesión de las provincias a este compromiso y de una política de comunicación para el involucramiento de las OSC provinciales. Se convocará a las organizaciones que participan de la mesa de cocreación para diseñar conjuntamente la estrategia de sensibilización. Asimismo, se promoverá la generación de un debate informado, y la participación de las comunidades y pueblos involucrados en la problemática de las industrias extractivas.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Evaluación del informe de diseño de IRM

Verificable:

Relevante:

Acceso a la información, Participación ciudadana

Impacto potencial:

Moderado

Análisis del compromiso

A partir del diagnóstico de que la falta de información y transparencia alimenta la desconfianza y favorece la corrupción, este compromiso persigue el objetivo de aumentar la transparencia de las industrias extractivas (petróleo, gas y minería) mediante la publicación de información en formatos abiertos sobre aspectos jurídicos, sociales, ambientales y económicos del régimen de inversiones mineras. En particular, busca poner a disposición del público datos, faltantes en el momento de la cocreación del compromiso, relativo a los flujos económicos que suponen los pagos de las empresas al Estado en concepto de impuestos, tasas o pagos no tributarios, ya los beneficios y costos fiscales del régimen de inversiones mineras, así como sobre los impactos sociales y ambientales de los proyectos extractivos incorporados a ese régimen.

Además, el compromiso busca involucrar a la sociedad civil en un proceso de evaluación de los costos y beneficios del régimen de estabilidad fiscal minera, actualmente en discusión.

El primer componente del compromiso fue incluido en el plan de acción en línea con un compromiso internacional recientemente contraído por el país. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la cual Argentina forma parte desde principios de 2019 [1] , exige gobiernos y empresas la divulgación de información sobre sus ingresos provenientes del gas, el petróleo y la minería; así como sobre el marco legal, la emisión de licencias y contratos, la exploración y producción, y el gasto social y económico, entre otros. El estándar EITI proporciona una metodología para la apertura de información, la participación ciudadana y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas, incluida la conformación de un grupo multiactor [2] para gestionar la implementación del estándar.

El segundo componente del compromiso apunta a generar una relación de colaboración entre la Secretaría de Política Minera (SPM) y las OSC para producir y aplicar una metodología de evaluación de los costos y beneficios del régimen de estabilidad fiscal minera vigente, un mecanismo cuya efectividad ha sido disputada debido a la inestabilidad de la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras, que ha generado incertidumbre ante las empresas inversas en el sector [3] . Asímismo, busca sistematizar y disponibilizar la información social y ambiental existente referida a los proyectos que hacen parte del régimen de inversiones mineras.

El compromiso es verificable, ya que sus hitos suponen la realización de actividades y / o de productos comprobables (reuniones con determinados actores y con objetivos predefinidos; publicación de ciertas categorías de datos con una frecuencia predeterminada). El compromiso es relevante a los valores de OGP de transparencia y acceso a la información y de participación ciudadana.

Según lo expresaron varias fuentes de sociedad civil en sus respuestas a la encuesta del IRM, si bien el compromiso no responde a una demanda de larga data de la sociedad civil ni a una necesidad expresa de la ciudadanía, hay actores interesados ​​en disponer de la información que resultaría de su implementación, y en condiciones de sacar provecho de ella [4] . Las mismas OSC también señalaron, en ese sentido, que una falencia del proceso de cocreación de este compromiso fue la ausencia de representantes de pueblos indígenas, así como de representantes de los gobiernos provinciales, las entidades con competencia originaria en materia de recursos naturales [5] .

Desde su ingreso a la EITI, Argentina cuenta con un Portal de Transparencia de las Industrias Extractivas, que ya contiene algunas de las informaciones requeridas en las categorías de exploración y explotación, comercio exterior, recaudación de ingresos e impacto ambiental (en orden decreciente de densidad y completitud de la información ofrecida). Es de esperar que esta base de datos se incremente como resultado del trabajo de Argentina el marco del EITI, independientemente del compromiso asumido ante OGP.

En ese sentido, el valor agregado del componente de publicación de datos incluido en el compromiso se reflejaría ante todo en los productos del hito 1: la publicación semestral, en formatos amigables para un público más amplio, de información relativa a los avances realizados en la implementación del estándar EITI, con enlaces a las publicaciones efectuadas en los portales públicos ya existentes. Desde la perspectiva de la sociedad civil consultada, la implementación de este componente redundará en la publicación de alguna "información que hasta ahora no es pública" [6] . Sin embargo, según la misma entrevistada, esa información sería insuficiente debido a que “la información de impacto social no ha podido ser incluida y se trata de un análisis que debería realizarse en el conjunto con los gobiernos provinciales involucrados para que sea completa”.

Por su parte, el componente de participación ciudadana del compromiso busca involucrar a la sociedad civil en la discusión de la efectividad del régimen de estabilidad fiscal vigente. Se trata de una actividad importante, sobre todo en vistas de la inestabilidad en la aplicación del régimen fiscal y el involucramiento limitado de la sociedad civil en la toma de decisiones en el sector minero. En consecuencia, esta actividad se puede considerar ambiciosa. Sin embargo, tiene limitaciones de alcance. El problema principal en el sector minero es la falta de consultas públicas en las etapas de evaluación ambiental. A pesar de la existencia de un marco regulatorio minero que incluye con carácter obligatorio la consulta libre, previa e informada, los pueblos indígenas que pueden ser afectados negativamente por la actividad minera no han sido involucrados efectivamente en el proceso, lo cual ha generado desconfianza [7] . Por ello, se reconoce la importancia de estas instancias de participación. No obstante, a la hora de enfrentar los problemas de gobernanza de esta industria quedan retos importantes, en particular en materia de provisión de información e involucramiento de la ciudadanía, y específicamente de los grupos directamente afectados.

[2] En Argentina, por el lado de la sociedad civil este grupo multiactor está integrado por la Fundación Directorio Legislativo, la Fundación Cambio Democrático, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Universidad Nacional de San Martín ( UNSAM) y la Universidad Católica Argentina (UCA); en representación del sector empresarial, por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) e YPF SA; y en representación del gobierno nacional, por la Secretaría de Gobierno de Energía y la Secretaría de Ingresos Públicos (Ministerio de Hacienda), la Secretaría de Política Minera (Ministerio de Producción y Trabajo) y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional (Jefatura de Gabinete de Ministros ).
[3] Diego I. Murguía y Julieta Godfrid, “Continuidades y rupturas en el marco regulatorio y las políticas públicas para el secto minero metalífero argentino (1990-2019)”, Revista de Economía Política de Buenos Aires, Año 13 - Vol. 19 de noviembre de 2019: file: /// Users / gustavoperezara / Downloads / 1594-Texto% 20del% 20art% C3% ADculo-4661-6-10-20191209% 20 (1) .pdf
[4] Este interés trascendería a las organizaciones que se especializan en temas mineros, ya que como se puntualizó desde una OSC involucrada, “transparentar la información sobre producción, ingresos, puestos de trabajo y efectos socioambientales generados por las industrias extractivas (entre otros) es el primer paso para discutir sobre el modelo productivo del país. De esta manera, la información no solo es importante para los actores interesados ​​del sector sino para todo aquel que quiera involucrarse a un nivel macro de la industria y producción ”. Cf. Andrés Bertona, Directorio Legislativo, comentario escrito, 6/07/20.
[5] Respecto de la participación de sociedad civil, desde una OSC consultada se dijo que “hubo mucha reticencia a permitir la participación de FARN (la única organización con concimientos ambientales que terminó participando) en la segunda reunión, con fundamentos meramente formales sobre la falta de asistencia a la primera reunión ”. Cf. Julieta Izcurdia, ACIJ, comentario escrito, 3/07/20; Andrés Bertona, Directorio Legislativo, comentario escrito, 6/07/20.
[6] Cf. Julieta Izcurdia, ACIJ, respuesta a encuesta, 25/03/20.
[7] Diego I. Murguía y Julieta Godfrid: file: /// Users / gustavoperezara / Downloads / 1594-Texto% 20del% 20art% C3% ADculo-4661-6-10-20191209% 20 (1) .pdf

Compromisos

  1. Transparencia en las industrias extractivas

    AR0079, 2019, Acceso a la información

  2. Mapa interactivo para información sobre pueblos indígenas

    AR0080, 2019, desarrollo de capacidades

  3. Transparencia Presupuestaria

    AR0081, 2019, Acceso a la información

  4. Apertura de información en el sistema de contratación de obras públicas

    AR0082, 2019, Acceso a la información

  5. Encuesta de necesidades legales

    AR0083, 2019, Acceso a la información

  6. Información pública sobre la trata de personas

    AR0084, 2019, Acceso a la información

  7. Publicación de datos de agua y saneamiento

    AR0085, 2019, E-Government

  8. Transparencia del Consejo Judicial Nacional

    AR0086, 2019, Acceso a la información

  9. Recomendaciones transparentes de la Oficina General de Auditoría

    AR0087, 2019, anticorrupción

  10. Diagnóstico Penitenciario Federal

    AR0088, 2019, Acceso a la información

  11. Iniciativa de transparencia activa

    AR0089, 2019, Acceso a la información

  12. Programa Federal de Gobierno Abierto

    AR0090, 2019, desarrollo de capacidades

  13. Federalización de la Ley Micaela

    AR0091, 2019, desarrollo de capacidades

  14. Datos de empleo desglosados ​​por género

    AR0092, 2019, Acceso a la información

  15. Sistematizar información sobre políticas de salud sexual y reproductiva

    AR0093, 2019, desarrollo de capacidades

  16. Plan de Acción del Congreso Abierto

    AR0094, 2019, Parlamentos abiertos

  17. Seguimiento del programa integral de educación sexual

    AR0095, 2019, Acceso a la información

  18. Diseño del plan de acción del Open Congress

    AR0096, 2019, E-Government

  19. Apertura de información sobre el proceso de selección de jueces

    AR0035, 2017, Acceso a la justicia

  20. Apertura de información pública sobre procedimientos disciplinarios para jueces

    AR0036, 2017, Acceso a la información

  21. Segunda Etapa del Portal "Datos.Jus.Gov.Ar"

    AR0037, 2017, Acceso a la información

  22. Abrir en los archivos de proceso de cambio para abrir gobierno

    AR0038, 2017, Acceso a la información

  23. Llevar el presupuesto a los ciudadanos: presupuesto de difusión de facturas y seguimiento de la prioridad de las políticas públicas

    AR0039, 2017, E-Government

  24. Sistema Integrado de Información Minera

    AR0040, 2017, anticorrupción

  25. Portal de datos productivos

    AR0041, 2017, Acceso a la información

  26. Plataforma sobre Cambio Climático: Transparencia de Información y Acción

    AR0042, 2017, Acceso a la información

  27. Implementación del Estándar de Datos para Adquisiciones Abiertas (EDCA)

    AR0043, 2017, Acceso a la información

  28. Información de apertura Equidad de género en ciencia y tecnología para influir en la política pública

    AR0044, 2017, Acceso a la información

  29. Compromiso destacado Datos de apertura del Congreso Nacional

    AR0045, 2017, Acceso a la información

  30. Transparencia y participación en la política de salud: implementación de mecanismos para prevenir conflictos de intereses

    AR0046, 2017, anticorrupción

  31. Profundizar la apertura y la transparencia de la información relacionada con la adquisición y contratación de PAMI

    AR0047, 2017, Acceso a la información

  32. Elaboración de un proyecto de ley de financiación de partidos políticos

    AR0048, 2017, anticorrupción

  33. Seguimiento del Plan de acción nacional para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra la mujer 2017-2019

    AR0049, 2017, Acceso a la información

  34. Publicación de recomendaciones de auditoría en las cárceles argentinas

    AR0050, 2017, Acceso a la información

  35. Fortalecimiento del régimen de informes de divulgación financiera e intereses

    AR0051, 2017, anticorrupción

  36. Publicación proactiva de informes y auditorías por parte de la Contraloría General

    AR0052, 2017, anticorrupción

  37. Desarrollo de capacidades en el análisis de cuentas públicas para actores específicos

    AR0053, 2017, E-Government

  38. Junta Nacional de Proyectos Prioritarios del Ministerio de Modernización

    AR0054, 2017, E-Government

  39. Mejorando el Mecanismo de Iniciativa Popular

    AR0055, 2017, Apertura fiscal

  40. Capacitación práctica sobre gobierno abierto

    AR0056, 2017, desarrollo de capacidades

  41. Desarrollo participativo de un plan nacional para la igualdad de oportunidades

    AR0057, 2017, Género

  42. Promoción de mecanismos para involucrar a la sociedad civil en el ciclo de auditoría

    AR0058, 2017, Acceso a la información

  43. Apertura de espacios de debate y capacitación sobre el proceso electoral en Argentina

    AR0059, 2017, anticorrupción

  44. Consulta pública para la generación de datos estadísticos sobre educación

    AR0060, 2017, desarrollo de capacidades

  45. Fortalecimiento del Área de Participación Ciudadana "Compromiso con la Educación"

    AR0061, 2017, E-Government

  46. Participación ciudadana en el ciclo de políticas culturales Inicio Programas Historia y cultura del Bicentenario

    AR0062, 2017, E-Government

  47. Percepciones y representaciones de personas con discapacidad en instituciones de servicio

    AR0063, 2017, desarrollo de capacidades

  48. Bureau of Policy Dialogue Habitat

    AR0064, 2017, E-Government

  49. Guía joven

    AR0065, 2017, E-Government

  50. Laboratorio de innovación para garantizar organismos de derechos y control externo

    AR0066, 2017, desarrollo de capacidades

  51. Tecnología y proceso electoral

    AR0067, 2017, anticorrupción

  52. Promoción y fortalecimiento de políticas de gobierno abierto en los municipios de la provincia

    AR0068, 2017, Acceso a la información

  53. Compromiso destacado Open Urban Observatory Works: responsabilidad y participación ciudadana

    AR0069, 2017, Acceso a la información

  54. Plataforma de Enlace de Organizaciones Civiles y el Gobierno Provincial

    AR0070, 2017, desarrollo de capacidades

  55. Fortalecimiento de políticas de gobierno abierto: para promover la participación ciudadana en Chubut

    AR0071, 2017, desarrollo de capacidades

  56. Institucionalización de políticas de gobierno abierto en la provincia de Córdoba

    AR0072, 2017, Acceso a la información

  57. Red de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y el estado

    AR0073, 2017, E-Government

  58. Ampliación del ecosistema de acceso a la información en los municipios

    AR0074, 2017, Acceso a la información

  59. Fortalecimiento de políticas de datos abiertos en municipios de la provincia de Mendoza

    AR0075, 2017, Acceso a la información

  60. Plataforma participativa para la protección ciudadana

    AR0076, 2017, E-Government

  61. Preparación participativa de un proyecto de Ley de Gobierno Abierto Provincial

    AR0077, 2017, Legislación y Regulación

  62. Servicio de Información de Apertura Justicia

    AR0078, 2017, Acceso a la información

  63. Capacidades estatales en gobierno abierto

    AR0020, 2015, desarrollo de capacidades

  64. Portal de datos públicos

    AR0021, 2015, Acceso a la información

  65. Políticas participativas para personas con discapacidad

    AR0022, 2015, desarrollo de capacidades

  66. Reglas de publicidad

    AR0023, 2015, Acceso a la información

  67. Universidad Abierta

    AR0024, 2015, Acceso a la información

  68. Nuevos compromisos en promedio

    AR0025, 2015, Participación pública

  69. Mesa Redonda

    AR0026, 2015, Compromisos locales

  70. Estadísticas de la seguridad social

    AR0027, 2015, Acceso a la información

  71. Federalización de prácticas de gobierno abierto

    AR0028, 2015, desarrollo de capacidades

  72. Plataforma Piloto Información Pública

    AR0029, 2015, Acceso a la información

  73. Plataforma "Justicia 2020"

    AR0030, 2015, Acceso a la información

  74. Map Support

    AR0031, 2015, E-Government

  75. Tecnología de unidad de red virtual

    AR0032, 2015, E-Government

  76. Unidad Virtual de Enlace Tecnológico - Gestión de Datos

    AR0033, 2015, Acceso a la información

  77. Transparencia de informacion

    AR0034, 2015, Acceso a la información

  78. Firma digital

    AR0001, 2013, E-Government

  79. Software público argentino

    AR0002, 2013, E-Government

  80. Programa Nacional de Información de Infraestructura Crítica y Seguridad Cibernética (ICIC) e Internet Sano

    AR0003, 2013, desarrollo de capacidades

  81. Sistema Electrónico de Adquisiciones

    AR0004, 2013, anticorrupción

  82. Despapelización

    AR0005, 2013, E-Government

  83. Expansión de la Encuesta Ict (ENTIC)

    AR0006, 2013, desarrollo de capacidades

  84. Crear un portal de datos públicos

    AR0007, 2013, Acceso a la información

  85. Manual de Mejores Prácticas Gobierno Abierto

    AR0008, 2013,

  86. Portal de nuevos procedimientos

    AR0009, 2013, E-Government

  87. Mapa del estado

    AR0010, 2013, desarrollo de capacidades

  88. Plan de formación de enlaces y los responsables del acceso a la información pública

    AR0011, 2013, desarrollo de capacidades

  89. Matriz de procesamiento de datos del Decreto 1172 / 2004

    AR0012, 2013, Acceso a la información

  90. Proyecto de ley para reformar el poder judicial

    AR0013, 2013, Acceso a la información

  91. Federalización de los Grupos de Trabajo de la Agenda Digital

    AR0014, 2013, E-Government

  92. Evento nacional de gobierno abierto

    AR0015, 2013, Acceso a la información

  93. Hackathon Public Data

    AR0016, 2013, desarrollo de capacidades

  94. Fomentar mecanismos de participación proporcionados por el Decreto 1172-1104

    AR0017, 2013, Acceso a la información

  95. Regulación de la Ley 26654

    AR0018, 2013, desarrollo de capacidades

  96. Programa Ciudadano de Carta de Compromiso Mejorado

    AR0019, 2013, desarrollo de capacidades

Open Government Partnership