Transparencia en las industrias extractivas (AR0079)

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
La sociedad argentina no accede a información precisa y confiable en formatos abiertos sobre ciertos aspectos legales, sociales, ambientales y económicos de las actividades extractivas (petróleo, gas y minería), que son fundamentales para la gobernanza y la transparencia de estas industrias. En este sentido, identificamos como un problema la falta de información sobre los flujos económicos de pagos de las empresas al Estado por impuestos, tasas u otros pagos no tributarios, como regalías, contribuciones a fideicomisos, distribución de utilidades en UTE (Uniones de transición de empresas), así como información sobre los beneficios y costos fiscales del régimen de inversión minera e información social y ambiental de los proyectos incorporados en el mismo.

¿Cuál es el compromiso?
El compromiso consiste en publicar información sobre las industrias extractivas en relación con los aspectos económicos, legales y fiscales de las actividades extractivas, así como las evaluaciones de los costos y beneficios fiscales del régimen de inversión minera (Ley 24,196) realizadas sobre la base de una Metodología creada con organizaciones de la sociedad civil (OSC). La información social y ambiental existente en la Secretaría de Política Minera (SPM) también se sistematizará y se pondrá a disposición de los proyectos que soliciten el beneficio de la estabilidad fiscal dentro de dicho régimen. El objetivo general que guía este compromiso es contribuir a la gobernanza y la transparencia de estas industrias en nuestro país. Busca garantizar la transparencia de la información sobre objetivos, beneficiarios, requisitos, montos y resultados del régimen en términos económicos y financieros, tanto en diseño metodológico como en su implementación.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público?
La falta de información y transparencia crea problemas de gobernanza en estas industrias porque aumenta la desconfianza entre las partes interesadas involucradas. Por esta razón, es importante resolver el problema del registro de información y su acceso fácil y amigable, así como proporcionar elementos para la interpretación de los datos. Del mismo modo, la evaluación del régimen de inversión minera, sobre la base de un acuerdo con las partes interesadas sobre los aspectos metodológicos, proporciona confianza y credibilidad en los resultados. Al mismo tiempo, tener evaluaciones de impacto nos permitirá saber si se logran los objetivos buscados con el régimen de promoción de la actividad minera y si se trata de una política pública eficiente, razonable y equitativa o si es necesario revisarla. Por lo tanto, resolver el problema es una condición para mejorar la participación ciudadana y la calidad de las discusiones sobre políticas públicas que apuntan a lograr el desarrollo social, económico y ambientalmente responsable de estas industrias.

¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP?
El compromiso es principalmente relevante para la transparencia porque implica un aumento en la cantidad y calidad de la información, entendiendo que la calidad tiene en cuenta tanto la consistencia técnica como la capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios en general. Mejora el acceso a la información y facilita el ejercicio de este derecho. También implica la creación conjunta de una herramienta de evaluación de políticas públicas con la participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de diseño metodológico, así como la publicación de los resultados de las evaluaciones que surgen de su implementación. Además, conlleva casos de responsabilidad en la implementación de una política pública. Por lo tanto, este compromiso también involucra los valores de participación ciudadana y responsabilidad.

Información Adicional
La Secretaría de Política Minera y la Secretaría de Planificación Energética participan activamente en el proceso de implementación del estándar EITI en Argentina junto con las empresas del sector extractivo y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en este tema. La Oficina del Gabinete y la Secretaría de Ingresos Públicos también participan en representación del gobierno. El proceso también incluirá provincias que se adhieran voluntariamente a la implementación de la. Por otro lado, ambas agencias apoyan y continúan desarrollando sistemas de información relacionados con las industrias de hidrocarburos y minería. Estos sistemas cumplen con los estándares de datos abiertos y tienen como objetivo facilitar el acceso a la información pública a diversos usuarios, tanto expertos como no expertos.

1. Transparencia en industrias extractivas

Texto del compromiso:

El compromiso consiste en publicar información sobre las industrias extractivas referida a aspectos económicos, actividades jurídicas y tributarios de las extractivas, así como las evaluaciones de los costos inversiones y beneficios fiscales del régimen de mineras (Ley 24196) realizadas sobre la base de una metodología cocreada con OSC. También se sistematizará y disponibilizará la información social y ambiental existente en la Secretaría de Política Minera sobre los proyectos que solicitan el beneficio de la estabilidad fiscal dentro de dicho régimen.

Objetivo principal

Contribuir a la gobernanza y la transparencia de estas industrias en nuestro país. Se busca asegurar la transparencia de la información relativa a objetivos, beneficiarios, requisitos, montos y resultados del régimen en términos económicos y financieros, tanto en el diseño metodológico como en la implementación del mismo.

Hitos

1.1 Publicación semestral de información relativa al proceso de implementación del estándar EITI en Argentina en un formato amigable y suministro de elementos de interpretación de esa información; así como enlace a las publicaciones del proceso EITI con los portales públicos ya existentes.

1.2 Publicación semestral de información catastral de fuentes provinciales en el CIMA (Centro de Información Minera de Argentina).

1.3 Colaboración entre la Secretaría de Política Minera (SPM) y las OSC para la evaluación de los costos y beneficios del régimen de estabilidad fiscal minera:

1.3.1 Realización de al menos tres (3) reuniones para acordar una metodología de evaluación consensuada por las partes involucradas (se acordará la frecuencia de actualización, el formato y la publicación de estas evaluaciones);

1.3.2 Publicación en los sitios web oficiales de la SPM de los resultados de la implementación de la metodología para realizar la evaluación del régimen;

1.3.3 Realización de al menos una (1) reunión presencial de rendición de cuentas convocada por el organismo responsable, permitiendo la formulación de consultas y recepción de comentarios y / o sugerencias sobre los resultados de la evaluación.

1.4 Sistematización y disponibilidad de la información social y ambiental existente en la SPM referida a los proyectos que solicitan el beneficio de la estabilidad fiscal en el marco del régimen de inversiones mineras (entendiendo que no se trata de los estudios de impacto ambiental que presentan ante las autoridades provinciales competentes). Para ello, se cocreará el producto de esa sistematización: el formato en el que se podrá disponer de esa información.

1.5 Implementación de una estrategia de sensibilización -entre la SPM y la Subsecretaría de Planeamiento Energético- para la adhesión de las provincias a este compromiso y de una política de comunicación para el involucramiento de las OSC provinciales. Se convocará a las organizaciones que participen de la mesa de cocreación para diseñar conjuntamente la estrategia de sensibilización. Asimismo, se promoverá la generación de un debate informado, y la participación de las comunidades y pueblos involucrados en la problemática de las industrias extractivas.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Analisis del compromiso

A partir del diagnóstico de que la falta de información y transparencia alimenta la desconfianza y favorece la corrupción, este compromiso persigue el objetivo de aumentar la transparencia de las industrias extractivas (petróleo, gas y minería) mediante la publicación de información en formatos abiertos sobre aspectos jurídicos, sociales, ambientales y económicos del régimen de inversiones mineras. En particular, busca poner a disposición del público datos, faltantes en el momento de la cocreación del compromiso, relativo a los flujos económicos que suponen los pagos de las empresas al Estado en concepto de impuestos, tasas o pagos no tributarios, ya los beneficios y costos fiscales del régimen de inversiones mineras, así como sobre los impactos sociales y ambientales de los proyectos extractivos incorporados a ese régimen.

Además, el compromiso busca involucrar a la sociedad civil en un proceso de evaluación de los costos y beneficios del régimen de estabilidad fiscal minera, actualmente en discusión.

El primer componente del compromiso fue incluido en el plan de acción en línea con un compromiso internacional recientemente contraído por el país. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la cual Argentina forma parte desde principios de 2019 [ 1 ], exige gobiernos y empresas la divulgación de información sobre sus ingresos provenientes del gas, el petróleo y la minería; así como sobre el marco legal, la emisión de licencias y contratos, la exploración y producción, y el gasto social y económico, entre otros. El estándar EITI proporciona una metodología para la apertura de información, la participación ciudadana y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas, incluida la conformación de un grupo multiactor [ 2 ] para gestionar la implementación del estándar.

El segundo componente del compromiso apunta a generar una relación de colaboración entre la Secretaría de Política Minera (SPM) y las OSC para producir y aplicar una metodología de evaluación de los costos y beneficios del régimen de estabilidad fiscal minera vigente, un mecanismo cuya efectividad ha sido disputada debido a la inestabilidad de la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras, que ha generado incertidumbre ante las empresas inversas en el sector [ 3 ]. Asímismo, busca sistematizar y disponibilizar la información social y ambiental existente referida a los proyectos que hacen parte del régimen de inversiones mineras.

El compromiso es verificable, ya que sus hitos suponen la realización de actividades y / o de productos comprobables (reuniones con determinados actores y con objetivos predefinidos; publicación de ciertas categorías de datos con una frecuencia predeterminada). El compromiso es relevante a los valores de OGP de transparencia y acceso a la información y de participación ciudadana.

Según lo expresaron varias fuentes de sociedad civil en sus respuestas a la encuesta del IRM, si bien el compromiso no responde a una demanda de larga data de la sociedad civil ni a una necesidad expresa de la ciudadanía, hay actores interesados ​​en disponer de la información que resultaría de su implementación, y en condiciones de sacar provecho de ella [ 4 ]. Las mismas OSC también señalaron, en ese sentido, que una falencia del proceso de cocreación de este compromiso fue la ausencia de representantes de pueblos indígenas, así como de representantes de los gobiernos provinciales, las entidades con competencia originaria en materia de recursos naturales. [ 5 ].

Desde su ingreso a la EITI, Argentina cuenta con un Portal de Transparencia de las Industrias Extractivas, que ya contiene algunas de las informaciones requeridas en las categorías de exploración y explotación, comercio exterior, recaudación de ingresos e impacto ambiental (en orden decreciente de densidad). y completitud de la información ofrecida). Es de esperar que esta base de datos se incremente como resultado del trabajo de Argentina el marco del EITI, independientemente del compromiso asumido ante OGP.

En ese sentido, el valor agregado del componente de publicación de datos incluido en el compromiso se reflejaría ante todo en los productos del hito 1: la publicación semestral, en formatos amigables para un público más amplio, de información relativa a los avances realizados en la implementación del estándar EITI, con enlaces a las publicaciones efectuadas en los portales públicos ya existentes. Desde la perspectiva de la sociedad civil consultada, la implementación de este componente redundará en la publicación de alguna "información que hasta ahora no es pública" [ 6 ]. Sin embargo, según la misma entrevistada, esa información sería insuficiente debido a que “la información de impacto social no ha podido ser incluida y se trata de un análisis que debería realizarse en el conjunto con los gobiernos provinciales involucrados para que sea completa”.

Por su parte, el componente de participación ciudadana del compromiso busca involucrar a la sociedad civil en la discusión de la eficacia del régimen de estabilidad fiscal vigente. Se trata de una actividad importante, sobre todo en vistas de la inestabilidad en la aplicación del régimen fiscal y el involucramiento limitado de la sociedad civil en la toma de decisiones en el sector minero. En consecuencia, esta actividad se puede considerar ambiciosa. Sin embargo, tiene limitaciones de alcance. El problema principal en el sector minero es la falta de consultas públicas en las etapas de evaluación ambiental. A pesar de la existencia de un marco regulatorio minero que incluye con carácter obligatorio la consulta libre, previa e informada, los pueblos indígenas que pueden ser afectados negativamente por la actividad minera no han estado involucrados efectivamente en el proceso, lo cual ha generado desconfianza [ 7 ]. Por ello, se reconoce la importancia de estas instancias de participación. No obstante, a la hora de enfrentar los problemas de gobernanza de esta industria quedan desafíos importantes, en particular en materia de provisión de información e involucramiento de la ciudadanía, y específicamente de los grupos directamente afectados.

Compromiso 1. Transparencia en industrias extractivas

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierta? Sí

● Potencial para obtener resultados: moderado

● Cumplimientoniño en general

● ¿Abrió El Gobierno?marginalmente

El compromiso fue implementado en su totalidad, aunque no exactamente en la forma en que estaba formulado debido, según el funcionario a cargo. [ 1 ], a la “discontinuidad institucional” en el organismo y al “desconocimiento” de quienes habían redactado el compromiso. Según dicho funcionario, se logró avanzar gracias a la cooperación con una entidad académica y una OSC.

El compromiso redundó en el rediseño de la página web de EITI Argentina [ 2 ] y la publicación de información actualizada de todas las provincias sobre la localización de los proyectos mineros, cantidad por provincia, estado y minerales producidos, así como de información socioambiental sistematizada. Todo ello se encuentra disponible en el Sistema de Información Abierta a la Comunidad de la Actividad Minera (SIACAM) [ 3 ], establecido para reemplazar al CIMA (Centro de Información Minera de Argentina).

Asimismo, se realizaron algunas acciones de sensibilización en el marco del Plan de Acción Nacional EITI Argentina y se organizaron tres reuniones con la sociedad civil, aunque solamente dos de las seis organizaciones invitadas a participar efectivamente y una que había tenido fuerte participación en el proceso de cocreación. declinó participar por considerar que el compromiso asumido “distaba de la propuesta acercada originalmente por nuestra organización” [ 4 ]. De la colaboración con las dos organizaciones mencionadas, sin embargo, surgió un documento de trabajo (publicado en septiembre de 2022) sobre los costos y beneficios de la minería en Argentina. [ 5 ].

Por diferentes motivos, el Gobierno y la sociedad civil concuerdan en que el compromiso produjo cambios positivos, pero menores. Desde la sociedad civil se manifestó que el compromiso estaba demasiado “focalizado en el EITI”, con lo cual duplicaba otras iniciativas, no respondía a la demanda y carecía de ambición. [ 6 ]. El funcionario consultado, por su parte, admitió que “el alcance y la viabilidad” del compromiso podrían haber sido mayores de haber sido redactado con mejor conocimiento de la materia, y que su implementación se vio entorpecida por “la falta de asistencia de la mayoría”. de las OSC” [ 7 ].