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España

Reglamento de la Ley de Transparencia (ES0036)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de Acción de España 2017-2019

Ciclo del plan de acción: 2017

Estado: inactivo

Instituciones

Institución principal: Ministerio de Hacienda y Servicio Civil

Instituciones de apoyo: Ministerios y organismos públicos: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) .; Ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de consumidores y usuarios y usuarios del mundo académico.

Áreas de política

Acceso a la información, Gobierno Electrónico, Apertura fiscal, Legislación y Regulación, Legislativo, Regulaciones abiertas, Publicación de información presupuestaria / fiscal, Derecho de información

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de España 2017-2019

Estelares: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Detalles

Ministerio responsable: Ministerio de Hacienda y Servicio Civil; Otros actores: Gobierno: Ministerios y organismos públicos: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) .; Sociedad civil, iniciativa privada, grupos multilaterales y de trabajo: ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de consumidores y usuarios y usuarios del mundo académico .; Status quo o problema a tratar: la Ley 19 / 2013, de diciembre 9, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno favorece la consolidación de una sociedad participativa y representa una nueva forma de entender las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, proporcionando medios de rendición de cuentas, estableciendo obligaciones de transparencia y articulando el derecho de acceso a la información. Desde su entrada en vigor, ha quedado claro que existe la necesidad de desarrollar aspectos de la ley por medios reglamentarios .; Objetivo principal: Desarrollo de la Ley 19 / 2013, de noviembre 9, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con la participación de las partes interesadas durante el período de consulta pública y el proceso de audiencia .; Breve descripción del compromiso: El Reglamento de la Ley de Transparencia tiene la intención de desarrollar algunas de las disposiciones de la Ley de tal manera que sea posible definir conceptos, especificar ciertas disposiciones y aumentar la seguridad jurídica; Desafío abordado de la OGP
por el compromiso: mejora de los servicios públicos y aumento de la integridad pública .; Relevancia: Transparencia y participación ciudadana; Objetivo: El desarrollo regulatorio significa un hito muy importante en Transparencia y Responsabilidad. Permitirá publicar un marco de acción general detallado para que se pueda publicar la información más demandada y con los detalles necesarios para responder a las necesidades detectadas y que han sido reveladas por diferentes grupos. La regulación cubre la necesidad de establecer criterios más acordes con la realidad tanto en la publicación activa como en el ejercicio del derecho de acceso. Para este desarrollo, se llevará a cabo una consulta pública previa y un proceso de audiencia que enriquecerá el debate y tendrá en cuenta las contribuciones de los ciudadanos a este respecto.

Resumen de estado intermedio de IRM

EJE TRANSPARENCIA

3.5 Desarrollo del Reglamento Ley de Transparencia

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

Desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno contando con la participación de los agentes interesados ​​durante el período de consulta pública y el trámite de audiencia… que permita acotar conceptos, precisar determinadas disposiciones e incrementar la seguridad jurídica.

El compromiso contiene las siguientes metas: 1. Consulta pública previa (líneas generales del Reglamento). 2. Redacción de borrador de reglamento y borrador de MAIN. 3. Consultas internas al Ministerio 4. Trámite de audiencia e información pública. 5. Informe de coordinación y calidad normativa. 6. Informes de otros departamentos y órganos. 7. Informes de Administraciones Públicas. 8. Informe de la Secretaría General Técnica. 9. Dictamen del Consejo de Estado. 10. Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 11. Elevación al Consejo de Ministros.

Fecha de inicio: Julio 2017 Fecha de término: Julio 2018

El texto completo del compromiso se encuentra en Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto, disponible aquí: https://bit.ly/2Wubeyk.

Contexto y objetivos

Objetivo general y relevancia

Este compromiso busca el desarrollo del reglamento para la Ley 19/2013 y atender una demanda compartida por los actores de Gobierno y sociedad civil implicados en su creación y promoción. Se inició la elaboración del primer borrador de reglamento previo al compromiso para lo cual se habilitaron dos consultas públicas sobre el citado borrador elaborado en 2014: una primera consulta, de carácter restringido a varias organizaciones pro transparencia en julio de 2015 y una consulta pública realizada entre julio y septiembre de 2017 []. El 28 de febrero de 2019 se publicó un nuevo borrador del reglamento [] de desarrollo de la Ley 19/2013 en el portal de transparencia estatal, el cual llevó asociado otro periodo de consultas públicas (abierto del 1 al 21 de marzo de 2019). El contenido de las propuestas ciudadanas y su impacto en la normativa se analizarán en el próximo informe del IRM sobre la implementación del tercer plan de acción.

Las OSC consultadas reconocieron unánimemente la importancia de un desarrollo reglamentario de esta ley. Una gran parte de las propuestas ciudadanas iniciales solicitaban ya, en el primer trámite de consultas públicas a mediados del 2015, la aprobación de un reglamento de desarrollo de la ley que acotase conceptos vagos e indeterminaciones, así como avanzar en cambios claves en la ley reduciendo , por ejemplo, los tiempos de respuesta. De igual forma que no se exigiera la identificación electrónica en las solicitudes de información pública.

Este compromiso se orienta a continuar la tramitación del proyecto de reglamento, a través de las consultas públicas y de los informes de los órganos correspondientes, y termina con su presentación al Consejo de Ministros. Contiene lo que podríamos denominar "la piedra angular" para optimizar la garantía y simplificación del ejercicio del derecho de acceso a la información y constituye una medida de gran relevancia para el acceso a la información.

Sin embargo, las metas definidas son vagas en relación con su contenido y no aportan información relativa al alcance que pretenden conseguir. De acuerdo con Alba Gutiérrez,

“El compromiso podía haber sido diseñado de forma más específica, incluso haber incluido medidas concretas y evaluables como puede ser la elaboración de un protocolo de actuación para mejorar los plazos de respuesta (de las solicitudes de acceso a la información) o haber adquirido el compromiso de publicación proactiva de la información clave para la toma de decisiones, como por ejemplo: agendas, gastos de viaje, asistentes a reuniones, actas de dichas reuniones, documentos considerados como accesorios pero que influyen en la toma de decisiones importantes ”. []

En esencia, el compromiso busca continuar el debate público, mientras que las OSC pro transparencia buscan que el plan de acción incluir un compromiso de ajustar el reglamento con el fin de mejorar los plazos de respuesta, conseguir la publicación proactiva de cierta información, entre otros .

El Gobierno replanificó la presente medida como parte de las modificaciones introducidas en la segunda versión del tercer plan. presentada en junio de 2018.

Verificabilidad e impacto potencial

El compromiso contiene 11 metas que son verificables pues suponen los requisitos necesarios para la tramitación de un proyecto normativo.

En cuanto al impacto potencial del compromiso, su implementación completa concretaría reglamentariamente aspectos relevantes de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aportando así mayor seguridad jurídica al ejercicio del derecho de acceso ya las obligaciones de publicidad activa .

En opinión de la investigadora del IRM, el impacto potencial dependencia de dos cuestiones. La primera es que en la redacción del reglamento se tomen en consideración las demandas de las OSC, así como de la ciudadanía y del resto de partes del proceso OGP (comunidades autónomas, ministerios, FEMP, Agencia Española de Protección de Datos, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Consejo de Estado).

La segunda es que el reglamento sea efectivamente aprobado por el Gobierno, puesto que el compromiso termina con elevarlo al Consejo de Ministros. Sobre la primera cuestión, el tercer plan de acción (y este compromiso en particular) deja fuera de su diseño un profundo debate acerca de la necesidad de modificación de la Ley 19/2013 de transparencia en los aspectos que las OSC pro transparencia resumieron en su carta abierta al Gobierno [] de la siguiente manera:

“Una Ley de Acceso a Información en línea con los estándares internacionales: El derecho de acceso a la información está reconocido como derecho humano fundamental por jurisprudencia a nivel internacional. España debe garantizar que no existan barreras en el acceso a la información. Para ello, España debe mejorar urgentemente su Ley de Transparencia, y en particular debe: eliminar los requisitos de identificación electrónica y permitir realizar solicitudes de acceso a información a través de correo electrónico; eliminar las causas de inadmisión de información considerada auxiliar o de apoyo (artículo 18b); reforzar las competencias del Consejo de Transparencia dotándole de poder sancionador e inspección ”.


A lo anterior se unen solicitudes para la configuración de un procedimiento jurisdiccional sumario de protección del derecho de acceso a la información, para agilizar el sistema de determinación de competencias dentro de la AGE a fin de reducir los plazos de respuesta. También se unen peticiones para la consideración del silencio administrativo positivo en la normativa estatal, como ya lo reconocen las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Este último es un tema sujeto a polémica jurídica [].

Respecto a la consideración del derecho de acceso a la información como derecho fundamental, la DGGP optó por no incluir [] tal cuestión dentro del tercer plan de acción indicando que: "No será objeto del tercer plan de Gobierno Abierto interpretar o dirimir sobre una cuestión de tanta relevancia y que merece nuestro máximo respeto". Las opiniones arrojadas durante la fase de recolección de pruebas para la elaboración de este informe coinciden en que este tema es un aspecto fundamental que debería abordar en España a fin de aportar seguridad jurídica y claridad. Helen Darbishire afirma: "Si contamos con un reglamento fuerte que verdaderamente concreto los aspectos ambiguos de la Ley, no sería imprescindible que esta tenga el estatus de un derecho fundamental, aunque sería lo correcto y en línea con los estándares internacionales" [].

Por todo ello, la investigadora considera que este compromiso podría tener un impacto significativo en el avance de la aplicación de la ley. Para que sea transformador, se considera importante que se amplíe su alcance determinando el impacto potencial del compromiso, el cual es moderado, lo que quiere decir que es de gran potencial pero de alcance más limitado.

Siguientes pasos

Todas las partes entrevistadas consideran que el desarrollo reglamentario de la ley de transparencia estatal es un aspecto prioritario para el gobierno abierto en España que se debe finalizar en este tercer plan de acción. En este sentido la investigadora recomienda que se retome el diálogo y las negociaciones con las OSC representadas en el Foro de Gobierno Abierto español, a fin de reconsiderar la regulación de los aspectos expuestos. En consecuencia, se sugiere:

  • Agilizar la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto de desarrollo reglamentario de la normativa estatal de transparencia, a fin de proporcionar seguridad jurídica ante la dispersión normativa en materia de transparencia. Recordemos que España tiene 13 leyes autonómicas en materia de transparencia y acceso a la información con regulaciones diferentes.
  • Asegurar que el reglamento recogerá los criterios interpretativos emitidos tanto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como por la jurisprudencia española a fin de aportar mayor seguridad jurídica al mapa de la transparencia española.
  • Considerar la creación de un espacio colaborativo (por ejemplo, mesas de trabajo) con expertos en el tema, miembros del público y entidades relevantes sobre el desarrollo del reglamento. Esto con el fin de discutir la incorporación de los aportes y recomendaciones ciudadanas más relevantes, rescatadas en los tres periodos de consultas públicas, al desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013. Estas abordan una diversidad de temas, por ejemplo: obligaciones de publicidad activa, definición de información pública, obligaciones de información de sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones, acceso a la información sustituida, objeto de la solicitud de acceso a la información pública, protección de la identidad del interesado, derechos e intereses de terceras personas, entre muchos otros [].
[] Consultas públicas previas relativas al Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos/proyectoRDTransparencia/ConsultaPublica.html
[] Alba Gutiérrez, ex integrante de la OSC Access Info Europe y actual investigadora del IRM para Madrid, entrevista de la investigadora del IRM, enero 2019.
[] Carta abierta al Gobierno español para avanzar en Open Data y Gobierno Abierto, 7 de octubre de 2016: https://civio.es/novedades/2016/10/07/carta-abierta-al-gobierno-espanol-avanzar-en-datos-y-gobierno-abierto-iodc16/
[] Aspecto no exento de polémica tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional la expresión “y sentido del silencio”: https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_102/2017-5228STC.pdf
[] 1er Informe de valoración de abril de 2017 sobre el primer plazo consulta pública, correspondiente al tercer plan OGP:  http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:63cecaa1-0ea3-434b-b8e5-898647b60c3d/Fase%20I_Actividad%204_Informe%20de%20valoración.pdf
[] Helen Darbishire (Directora de Access Info Europe), entrevista de la investigadora del IRM, enero 2019.
[] Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos resumieron algunas de estas recomendaciones, aunque sugerimos la ampliación de esta discusión a otros expertos y entidades de Gobierno relevantes. Destacamos dos:
  1. Recomendaciones de CIVIO al proyecto de Real Decreto de Desarrollo a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno:
  1. Comentarios al borrador del Reglamento de la Ley 19/2013 de transparencia (Tercera versión 28-2-2019). Miguel Ángel Blanes. Blog de Transparencia y Gobierno Abierto, abril 2019: https://miguelangelblanes.com/2019/04/04/comentarios-al-borrador-del-reglamento-de-la-ley-19-2013-de-transparencia-tercera-version-28-2-2019/

Compromisos

  1. Creación de un foro de gobierno abierto

    ES0024, 2017, Participación pública

  2. Comisión Sectorial de Gobierno Abierto

    ES0025, 2017, desarrollo de capacidades

  3. Autoridades locales para la transparencia y la participación ciudadana

    ES0026, 2017, Acceso a la información

  4. Iniciativas de gobierno abierto en el extranjero

    ES0027, 2017, anticorrupción

  5. Espacio web participativo sobre gobierno abierto

    ES0028, 2017, desarrollo de capacidades

  6. Observatorio de Participación

    ES0029, 2017, desarrollo de capacidades

  7. Presupuestos participativos

    ES0030, 2017, Gobierno electrónico

  8. Jóvenes en Políticas Públicas

    ES0031, 2017, desarrollo de capacidades

  9. Portal de Transparencia y Derecho de Acceso

    ES0032, 2017, Acceso a la información

  10. Programa de divulgación de información y su reutilización

    ES0033, 2017, Acceso a la información

  11. Carpeta Ciudadana

    ES0034, 2017, Gobierno electrónico

  12. Sistema de archivo

    ES0035, 2017, Acceso a la información

  13. Reglamento de la Ley de Transparencia

    ES0036, 2017, Acceso a la información

  14. Ampliar Centro Económico-Financiero

    ES0037, 2017, Acceso a la información

  15. Coordinación del Catastro y del Registro de la Propiedad.

    ES0038, 2017, desarrollo de capacidades

  16. Información sobre violencia de género

    ES0039, 2017, Género

  17. Formación de empleados públicos.

    ES0040, 2017, desarrollo de capacidades

  18. Concienciación y formación de la sociedad civil.

    ES0041, 2017, desarrollo de capacidades

  19. Educación en gobierno abierto

    ES0042, 2017, desarrollo de capacidades

  20. Justicia abierta en España

    ES0043, 2017, Acceso a la información

  21. Portal de transparencia

    ES0014, 2014, Acceso a la información

  22. Portal de Archivos Españoles, PARES

    ES0015, 2014, Gobierno electrónico

  23. Recursos de educación abierta

    ES0016, 2014, Educación

  24. Accesibilidad de los microdatos del sistema nacional de salud

    ES0017, 2014, Acceso a la información

  25. Acceso y reutilización de información geográfica

    ES0018, 2014,

  26. Programas sobre la apertura de información y su reutilización en el sector público

    ES0019, 2014, Acceso a la información

  27. Portal de la Administración de Justicia

    ES0020, 2014, Acceso a la información

  28. Compromiso destacado Mayor control y transparencia en las subvenciones públicas

    ES0021, 2014, espacio cívico

  29. Creación del Consejo Español de Farmacodependencia.

    ES0022, 2014, Salud

  30. Mayor participación de las partes interesadas del sector en la definición de los objetivos de los planes nacionales de rescate marítimo.

    ES0023, 2014, Medio ambiente y clima

  31. Compromiso destacado Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

    ES0001, 2012, Acceso a la información

  32. Compromiso destacado Transparencia y responsabilidad en la asistencia oficial para el desarrollo

    ES0002, 2012, Ayuda

  33. Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

    ES0003, 2012, Apertura fiscal

  34. Becas de reforma legal

    ES0004, 2012, espacio cívico

  35. Justicia electrónica

    ES0005, 2012, Gobierno electrónico

  36. Promoción de redes sociales para facilitar la participación ciudadana

    ES0006, 2012, Gobierno electrónico

  37. Publicación de datos estadísticos sobre delincuencia

    ES0007, 2012, Gobierno electrónico

  38. Revisión y simplificación regulatoria

    ES0008, 2012, Legislación y Regulación

  39. Compromiso destacado E-Salud

    ES0009, 2012, Salud

  40. Sistema ROJO

    ES0010, 2012, Gobierno electrónico

  41. Simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental

    ES0011, 2012, anticorrupción

  42. Procedimientos de racionalización para la creación de empresas

    ES0012, 2012, Gobierno electrónico

  43. Reducción de cargas administrativas para agricultores y ganaderos

    ES0013, 2012, Subnacional

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